La comunidad del Mocase en Santiago del Estero hizo pública la lucha que vienen teniendo desde 2011 con Orlando Canido, representante de la empresa Manaos, por los desmontes de bosques nativos donde viven comunidades indígenas.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) dio a conocer su lucha con uno de los titulares de la empresa familiar de bebidas Manaos, Orlando Canido, quien desde hace 10 años desaloja a campesinos y desmonta terrenos para el cultivo de soja en la provincia.
Según la agrupación, las topadoras del empresario arrasaron con 500 hectáreas a pesar de que la Dirección de Bosques de la provincia se lo prohibió. A principios de febrero, la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero se reunió con representantes del movimiento y con el empresario para intentar destrabar el conflicto. En las tierras que él dice poseer, viven 60 familias desde hace más de dos generaciones. Adolfo Farías, de la ciudad santiagueña de Quimilí y miembro de Mocase señaló que un punto central del encuentro fue consensuar “que las bandas armadas se vayan del lugar, ya que no queremos lamentar la muerte de ningún compañero”.
Canido avanza sobre tierras comunales en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi, en la Provincia de Santiago del Estero. Se trata de más de 4 mil hectáreas en las que por irregularidades en las escrituras, existen hasta 8 dueños por lote. Sin embargo, en ellas viven segundas y terceras generaciones de campesinos indígenas, que además de habitar las tierras, viven de la producción que allí realizan. “Las familias de la zona son poseedoras veinteañales con ánimo de dueño, que nunca pudieron completar las escrituras de posesión por falta de recursos”, explica a Página/12 Gustavo Vasallo, miembro de Mocase. En ese sentido, “empresarios como Canido, aunque no es el único, aprovechan una situación legal confusa para meterse al monte y alambrar diciéndole a las familias que están en desobediencia judicial”, agrega.
A través de redes sociales la comunidad denuncia:
“En la comunidad de Bajo Hondo, a 15 km de Pozo del Toba y a 80 km de la ciudad de Quimili, Santiago del Estero, las familias decidieron frenar los desmontes y decir ¡BASTA! a los atropellos de este empresario”.
“El día viernes 18 de diciembre, luego de esperar dos años que la justicia tome medidas en el conflicto, la comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar las 4000 hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias”.
“Ante el silencio de la justicia, Orlando Canido llevaba desmontadas ya 500 ha, quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso (otorgado en agosto de 2014 por la Direccion Provincial de Bosques) estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el MOCASE-VC”, señala una publicación de Javier Liza a través de Facebook.
“El día lunes 21, exigimos la presencia de la Dirección de Bosque y Fauna y del Comité de Emergencia de la provincia que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes puestos distribuidos en las 4000 ha de la comunidad. La policía se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrenamientos, sin embargo las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercadería o por distintas necesidades”.
“Denunciamos a Claudia Díaz, comisionada de Pozo del Toba, que cuando tuvo conocimiento de la situación su postura fue la de defender a los empleados de Canido en desmedro de las familias que necesitan la tierra y el monte para producir y vivir dignamente”.
Hoy somos más de 100 compañeros del MOCASE-VC, hombres, mujeres y niños que permanecemos en el lugar acompañando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta más caiga, este monte es nuestra vida…”.
“A pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Direccion de Bosque y Fauna, en los últimos días, gente contratada por Orlando Canido, entró al territorio y se llevaron la leña y el carbón de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada”, reclamaron.
Exigieron al juez que tiene la causa y a las autoridades del Gobierno provincial que convoquen a una mesa de diálogo donde ambas partes sean escuchadas.
Fuente: El Federal