Author: Gabriela Barro Gil
En noviembre de 2015, siete hombre criollos –tres de ellos menores de edad– violaron a una niña wichí en Alto La Sierra, provincia de Salta. Contra hegemonía entrevistó a Mónica Menini, asesora jurídica del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta. “La violación a mujeres indígenas comenzó hace más de 500 años y hoy sigue siendo una práctica de sometimiento que ni la Justicia ni los organismos estatales de Derechos Humanos frenan”. La fuerza de la organización es la que busca justicia y denuncia al Estado salteño.
Siete hombres criollos violaron a una niña wichí, 3 de ellos menores de edad. Este hecho ocurrió en noviembre de 2015, en Alto La Sierra, paraje salteño ubicado hacia el nordeste de Salta capital, en el límite con Formosa y Paraguay. Perteneciente al Municipio de Santa Victoria Este, tiene una población de 4000 personas, en su mayoría wichís, por lo que el “otro” merece su designación: criollo. Quizás se deba a la necesidad de diferenciar una política que no opera igual para unos y “otros”. A la niña, “Juana”, se le negó información, atención y derecho al Aborto No Punible (ANP). Se la obligó por inacción de los órganos competentes salteños a conservar el embarazo que fue interrumpido a las 31 semanas de gestación por malformaciones del feto. “Juana” tenía 12 años en noviembre del año pasado, y posee un retraso madurativo.
Mónica Menini, asesora jurídica del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, fue entrevistada para Contrahegemonía.
-¿Cómo está hoy la situación personal de Juana y la instancia judicial de su caso?
-Juana era “una beba hermosa cuando nació”, nos dijo Francisca, su mamá, pero con el tiempo comenzó a padecer de ataques de epilepsia. No recibió diagnósticos adecuados ni tratamientos, y los ataques se sucedieron uno tras otro, dejándole secuelas por las que hoy padece retraso madurativo. Como casi toda la infancia en general, habla la lengua materna -wichí- y como casi toda la infancia en general, no es bilingüe, aunque en su caso no poder hablar bien dos lenguas le jugó en contra en el juicio penal que se abrió después que 7 criollos la violaron en banda.
Con Francisca, la mamá, nos comunicamos en castellano, nosotras no hablamos wichí pero ella sí habla perfecto el castellano. Desde la violación y durante casi 7 meses Francisca nos cuenta que su hija no se quería levantar de la cama, dormía todo el día, lloraba. La familia también la pasaba mal, fueron amenazados, trataron de entregarles dinero a cambio de que levanten las denuncias. Después transcurrió la etapa de la internación en la Maternidad Central de Salta. Ahí la pasó mal, una cesárea, muchos dolores y la internación misma en una habitación que para ella, que está acostumbrada a vivir en el monte, es como una celda. Extrañaba muchísimo a su familia, a sus hermanos menores, quería jugar, extrañaba, y extrañaba.
Ahora está en su comunidad de Alto La Sierra, con sus hermanos y hermanas y su papá y mamá. Son 11 en total en la familia. Está bien, pero falta mucho para reparar la desidia. Su vida cotidiana, con todas sus faltas de recursos, sin escuela, sin salud, está rodeada también de una familia que la ama y la cuida muchísimo.
Cronología de un maltrato anunciado
-Se le negó el acceso al Aborto No Punible, ¿cuáles fueron todos los organismos estatales en Salta cómplices de esta inacción?
-Juana fue violada en noviembre de 2015 por siete criollos, tres de los cuales son menores de edad. Al momento del ataque sexual Juana estaba con otras dos adolescentes de su comunidad. Ellas lograron huir viendo cómo arrastraban a Juana hacia el monte y corrieron a avisar a la madre, quien hizo la denuncia de la violación en la Comisaría de Alto La Sierra y llevó a Juana a atender de las lesiones en el Hospital del lugar. Alli la atendió el único médico que hay, el Dr. Mamani que es boliviano y estudió en Cuba, por lo que al momento de la consulta, aun cuando está contratado por el Ministerio de Salud de Salta, no cuenta con matrícula habilitante en el país ni en la provincia. El Dr. Mamani pidió que se haga presente un médico legista, que nunca llegó a Alto La Sierra. Tampoco recibió protección según el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual de Salta, simplemente porque no cuentan con los recursos, no hay pastilla de emergencia ni reactivos. Una semana después, los denunciados fueron trasladados a Tartagal donde se desarrolla el proceso penal; pero al tiempo volvieron a caminar por la comunidad riéndose de la familia de Juana y amenazándolos. En el proceso participaban el Juez Dr. Astigueta, el fiscal Dr. Armando Cazón, la asesora de menores Dra. Hernández. Ninguno de ellos se hizo presente en Alto La Sierra durante la primera etapa del proceso; no diligenciaron ninguna medida de seguimiento o protección de salud ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio Público que debe velar promiscuamente por los derechos de las personas menores de edad. El juez no aceptó los informes médicos firmados por un médico sin matrícula (que fueron refrendados por el Dr. Bustamante del Hospital de Tartagal, pero no estuvo presente en el momento de realizar la consulta médica), tampoco proveyó la declaración en cámara Gesell de Juana porque no habla castellano, vulnerando derechos que la Ley 5642 impone para todos los ciudadanos de Salta respecto de contar con traductor, incluso de entre los idóneos para asumir el cargo, mas teniendo en cuenta que Salta es la provincia con mayor diversidad étnica de la Argentina. Cuando el diputado departamental Ramón Villa puso en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el caso, la ministra Dra. Pamela Calletti dijo que no se podía aplicar el protocolo de Aborto No Punible porque Juana cursaba el quinto mes de embarazo y el protocolo del decreto 1170/12 pone un plazo de 12 semanas para realizar la práctica. Luego la ministra se excusa y dice que es un tema que debe tratar el Ministerio de Asuntos Indígenas que dirige el Dr. Gómez Almaraz, quien tampoco toma bajo su responsabilidad la situación. El 26 de mayo de 2016 el diputado Villa realiza la denuncia pública de la inacción del Estado salteño de “una niña wichí violada en banda”, en la sesión de la Cámara de Diputados. Inmediatamente el ministro de Salud dice que la familia no pidió el Aborto No Punible y decide trasladar a la niña desde Alto La Sierra en avión sanitario hasta la Maternidad de Salta donde POR PRIMERA VEZ se le hace una ecografía donde se diagnostica POR PRIMERA VEZ que el embarazo producto de la violación es de un anencefálico.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades difunde un comunicado que se llamó “Siempre fue un aborto no punible” -ver aparte- explicitando la inacción del Estado salteño desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infancia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Asuntos Indígenas. Cabe aclarar, también, que Juana llegó a Salta con un DNI no actualizado, con una partida de nacimiento en la que difiere el apellido de la madre del asentado en el DNI de la madre, sin carnet de discapacidad, sin haber recibido nunca una pensión por discapacidad. Cuando se le preguntó por la falta de cobertura de la discapacidad a la secretaria de Discapacidad de la Provincia, Lic. Fabiana Ávila, sólo atinó a afirmar que no esta probada la discapacidad de Juana. Sin embargo, de sólo conocerla en toda su belleza y ternura, cualquiera, a simple vista, entiende que está frente a una persona con capacidades mentales disminuidas.
Cuestiones de clase
-¿Cuántas dimensiones de desigualdad atraviesa este hecho?
-Condicionar el acceso a un tratamiento médico oportuno, del que dependía el ejercicio del derecho a la salud, a la vida y a la vida en condiciones dignas, a completar un embarazo involuntario e inviable, resultó en un trato discriminatorio que se basó en el estereotipo de dar prioridad a la función reproductiva por encima de su bienestar. El embarazo de Juana constituía una amenaza para su salud física y mental, lo que hacía procedente y necesario el aborto terapéutico. Las necesidades médicas de Juana y la debida protección de su derecho al acceso a la salud, tanto física como mental, sin discriminación, fueron totalmente ignoradas por quienes debían garantizar esos derechos. Entonces, estamos frente a la discriminación que garantiza el estereotipo de reproducción por encima del bienestar de cualquier mujer, pero también la discriminación étnica, porque al no poder hablar castellano el proceso penal se iba diluyendo en la nada, la violación de criollos, ayer colonizadores, a mujeres indígenas comenzó hace más de 500 años y hoy sigue siendo una práctica de sometimiento que ni la Justicia ni los organismos estatales de Derechos Humanos frenan. Los y las funcionarios/as del Estado salteño sostienen un régimen feudal en lo económico y por supuesto también en lo social, tanto en el Ejecutivo, el Judicial, como en el Legislativo, basado en el fundamentalismo religioso conservador que sigue naturalizando e invisibilizando prácticas de sometimiento de las mujeres, peor si son pobres y más si son indígenas.
La mamá
-¿Cómo describirías a Francisca?
-Francisca es una brava mujer, parió 9 hijos, enfrentó a las familias de los violadores de su hijita mientras se reían en su cara y la amenazaban. Nos cuenta que un día, ya cansada de tanta amenaza, se paró frente a los criollos y les dijo -acá estoy, mátenme- y nunca más la molestaron.
Nosotras escuchamos cómo le decían, “poné el dedo y firmá” y ella firmó con una letra hermosa, despacito, su nombre en castellano, pues ya grande aprendió a escribir poco, y aún no sabe leer bien. Es de una dignidad que sobresalta a unos cuantos. Nos mostraba con una sonrisa los 200 pesos que el ministro de Asuntos Indígenas le hizo llegar por un secretario cuando estaba con un pie en el avión de regreso a su comunidad después que le hicieron una cesárea a Juana a los 7 meses, porque llevaba en el vientre una beba fruto de una violación que era anencefálica. A Francisca nadie le contó nunca del fallo F.A.L., no sabía que era legal el aborto en estos casos y tampoco sabía que existe un anticonceptivo intradérmico, se enteró en el Hospital de Salta.
Su comunidad viene peleando por sus tierras en un litigio antiguo que ya está en la CIDH, se llama Lakha Honhat.
Ciudadanas de segunda en Salta
“La Provincia de Salta continúa, a pesar de la exigencia de todo el movimiento de mujeres, obstaculizando el derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos en que es permitido por nuestra legislación de fondo: cuando el embarazo proviene de una violación, cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer”, expresa uno de los párrafos del comunicado firmado por el Foro De Mujeres Por La Igualdad De Oportunidades, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-Salta.
-¿Cómo califacarías el trato recibido, y qué mas hace falta para que la Justicia salteña derogue el decreto 1170 y el protocolo de aplicación vinculado a éste?
-Cuando se conoció el fallo F.A.L. en 2012, inmediatamente el gobernador Urtubey dijo a la prensa que el fallo no se aplicaría en Salta. El Foro de Mujeres fue la primera organización en comunicar a la prensa que las declaraciones del gobernador atentaban contra el derecho adquirido de todas las mujeres argentinas, y discriminaba en especial a las mujeres salteñas transformándonos en ciudadanas de segunda en nuestro propio país. El debate tomó nivel nacional y en 48 horas el gobernador a través de sus ministros de Salud y Derechos Humanos dieron a conocer el decreto 1170/12 que el Foro de Mujeres de Salta accionó ante la Corte de Justicia de Salta por inconstitucional, pues además de poner un plazo para el ANP que no está escrito ni en la Ley de fondo ni en el fallo de la Corte de Nación -12 semanas-, también judicializa el ANP protocolizando que la víctima del abuso debe recurrir al Ministerio Público Fiscal para hacer una declaración jurada, pasando por encima de la confidencialidad de la relación médico-paciente. Además, entre otras, el protocolo sólo desarrolla la acción en casos de violación y no en las otras causales en las que el aborto es no punible en nuestro país. En un fallo entre gallos y media noche, cuando estaba de licencia por unos días la ministra de la Corte Kauffman -única mujer que integra la Corte salteña-, la Corte de Salta rechazó la acción de inconstitucionalidad del Foro de Mujeres y dejó firme el protocolo para la provincia.
El caso de Juana no es el único caso que develó la trama de obstáculos y vulneración de derechos que este protocolo suscita. En 2014 hubo otro caso que fue conocido a nivel nacional y por el cual la Corte salteña ordenó se haga lugar al ANP, también por intervención en el litigio del Foro de Mujeres que patrocinó a la madre de la niña. En aquel caso, se elevó jury de enjuiciamiento al juez de la causa, Dr. Víctor Soria, y a la asesora de Menores, Dra. Flores Larssen, quien presentó un amparo por “el niño por nacer” . En la actualidad, en el caso de Juana se elevó jury de enjuiciamiento contra el juez Astigueta y contra el fiscal Dr. Cazo, y la defensa de los imputados acaba de elevar jury contra el ministro de la Corte de Justicia, Abel Cornejo; en menos de 2 años, 5 jury de enjuiciamientos por vulnerar derechos de niñas embarazadas a causa de violación que solicitan el ANP. Toda una crisis institucional.
La Cámara de Diputados, ante este panorama, está discutiendo la posibilidad de llevar al recinto una ley sobre ANP para Salta que deje claro el panorama. Existen tres proyectos: uno del oficialismo (PJ) que indica adherir a la Guía de ANP del Ministerio de Salud de Nación del año 2010; otro del Partido Obrero que se basa en la Ley de ANP de Chubut, y un último proyecto de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados/as que aún no tiene dictamen y tuvo muchas observaciones del conjunto de las organizaciones de mujeres de la provincia.
Moviendo el avispero
Como fue relatado más arriba, el 26 de mayo de 2016, Ramón Villa realizó en la sesión de la Cámara de Diputados la denuncia pública por la inacción del Estado salteño respecto de “una niña wichí violada en banda”. De allí surgieron distintas acciones que fueron informadas en la Resolución 108/16 de la Comisión de Derechos Humanos: “Luego del análisis de la investigación realizada, los testimonios recibidos y la información recabada, se puede concluir preliminarmente que todas las autoridades judiciales y administrativas no cumplieron con lo dispuesto en los Protocolos de atención integral para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violaciones sexuales”. A su vez, en la misma resolución se dejó constancia de “las fallas de los mecanismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial para la contención y el acompañamiento de la víctima y su familia, teniendo en cuenta las obligaciones legales a su cargo, en particular lo dispuesto por las leyes 26.061 (Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)”. El informe finaliza con la indicación de ser remitido al jefe de Gabinete de ministros electos “para que se inicie sumario de investigación en los Ministerios de: Derechos Humanos y Justicia; Salud Pública; Asuntos Indígenes; Seguridad, y Primera Infancia, con el objeto de que se deslinden las eventuales responsabilidades que les corresponden a los funcionarios intervinientes”.
La lucha continúa
El 2 de agosto próximo -explica la abogada Mónica Menini- las organizaciones de mujeres, agrupaciones políticas y de Derechos Humanos nos juntamos frente a la Legislatura provincial para dar una clase pública sobre Aborto No Punible en la Argentina y en Salta ante la falta de formación específica de legisladores y sus asesores, y la falta de difusión y promoción de derechos de la ciudadanía en general.
Para agregar -continúa Menini- los tres menores de edad imputados no están detenidos pero sí tienen medidas de seguridad y cautelares dentro del sistema del régimen penal de menores. De los mayores de edad, todos están detenidos, uno sigue prófugo.
El Consejo Nacional de las Mujeres a cargo de Fabiana Túñez, le envió a Francisca un Ayuda Urgente de dos sueldos mínimos $12.120. Actualmente estamos trabajando la presentación del caso ante organismos internacionales para lograr la No repetición y reparación -finalizó la abogada.
gbarrog@hotmail.com
Fuente: contrahegemoniaweb