El último enfrentamiento del viernes, que dejó un civil muerto, vuelve a poner en el foco el proyecto cuprífero en Apurímac y el largo historial de olvido y mentiras que lo rodearon desde el inicio.
Cuando parecía haber algunos avances en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de PPK y representantes de Cotabambas, en torno al proyecto minero Las Bambas, en Apurímac, otra vez la violencia y la represión irrumpieron. El viernes una persona murió en un enfrentamiento con agentes de la Policía que querían desbloquear una vía que estaba tomada por los manifestantes en el distrito Challhuahuacho.
La víctima mortal fue identificada Quintino Cereceda Huisa (42 años). Recibió un impacto de bala en la cabeza, según reportes de la zona. El Ministerio del Interior anunció que se investigará esta muerte y que el enfrentamiento dejó 20 afectivos heridos. La Policía tiene mucho que explicar, una vez más, porque todo apunta a que usaron armas de fuego para intervenir en un conflicto social.
¿QUÉ PASA EN COTABAMBAS?
Lo que ocurre en esta provincia apurimeña es una historia conocida, marcada por la indiferencia oficial y las promesas incumplidas. El 88% de sus habitantes viven en la pobreza. La mayoría de ellos se dedica a la agricultura de subsistencia. Solo se les escucha cuando, cansados del olvido y las mentiras, deciden tomar una vía, bloquear una carretera. Muchas veces no tiene otra opción para evitar que sus derechos como comunidades sean avasallados. Y entonces viene la intervención de la Policía. Como ha ocurrido tantas veces, el conflicto se les sale de las manos. Muerte y violencia.
Una de las demandas de la sociedad civil en Cotabambas es que el Ejecutivo declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia. Su gente no tiene servicio básicos. Quieren inversión en agricultura, educación y salud, para tener esperanza en el futuro. Aspiran, como cualquiera, a mejorar sus condiciones de vida.
No es un conflicto social nuevo, viene del gobierno de Ollanta Humala. Estalló el 25 de septiembre del 2015, con una serie de protestas. Murieron tres personas, hubo decenas de heridos y detenidos. Luego, como suele ocurrir, se instaló la mesa de diálogo, con representantes del Frente de Defensa de Cotabambas y otros grupos sociales, del Ejecutivo y de la minera china MMG, que en 2014 compró el proyecto.
EL ENFRENTAMIENTO Y EL CONFLICTO
El origen del conflicto alcanzó uno de sus momentos más álgidos en 2015. cuando se modificó el estudio del impacto ambiental (EIA), sin consulta previa. El cambio implicaba que ya no se iba a construir el mineroducto y que los minerales (450 mil toneladas) se iban a sacar de la mina en camiones por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades campesinas hacia el puerto Matarani.
El enfrentamiento del viernes se dio justo cuando la Policía quiso desbloquear una de estas vías que había sido cerrada, mientras que un grupo de representantes de las comunidades locales evaluaban el impacto que generan los vehículos pesados en las zonas de influencia del proyecto. "Estábamos reunidos cuando de pronto los policías nos empezaron a disparar a quemarropa. Fueron enviados por la mina”, dijo Alejandro Agüero, uno de los comuneros testigo de los hechos. Según contó, 15 de sus compañeros fueron alcanzados con perdigones y 12 fueron detenidos.
Policía por su lado asegura que no atacó a los civiles y que cuando los agentes quisieron habilitar la vía, los comuneros empezaron a soltar piedras desde el cerro, pero el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, insiste en que hubo una represión desmedida.
Las cuatro comunidades afectadas por el traslado de los minerales piden que la minera pague una compensación económica por el uso de las "vías comunales". Cerca de 400 camiones transitan al día por estas carreteras, lo que provoca altos niveles de polvareda y ocasiona la muerte de animales menores.
UNA HISTORIA DE ACIERTOS, TRASPIÉS, Y SILENCIOS
El proyecto Las Bambas se asignó a la empresa suiza Xstrata inicialmente. Fue en el 2004. Se respiraba optimismo y expectativa. El emprendimiento cuprífero era anunciado como el que iba a consolidar el despegue económico del Perú.
En el 2009 se concluyó el EIA. En el 2011 se aprobó. Ese mismo año, hubo cambio de gobierno: Ollanta Humala reemplazaba a Alan García en Palacio. La gestión nacionalista creó el Ministerio de Inclusión Social (Midis). En la gestión aprista se crearon los de Ambiente (Minam, 2008) y Cultura (Mincul, 2010). Estos nuevos ministerios no veían directamente temas mineros, pero sí asuntos vitales para la relación del Estado y las comunidades, como los programas sociales (Midis) y la consulta previa (Mincul).
Ya en el 2013, el clima social y el entorno institucional respecto al proyecto había cambiado. En ese momento, Xstrata decide vender la operación de Las Bambas a Glencore, y ese mismo año se aprobó el llamado "paquetazo ambiental", que relajó varios dispositivos legales para agilizar la inversión privada en el sector extractivo. En ese contexto, MMG adquiere la mina, en 2014. En el 2015 se anuncia que el proyecto, al 95% de avance, empezará a operar en el primer trimestre del 2016.
En el camino, en los últimos años, hubo marchas y contramarchas. Se hicieron promesas que no se cumplieron. Esto fue el caldo de cultivo para la desconfianza que hay entre la sociedad civil de Cotabambas frente las autoridades y la minera. Eso es lo que impide avanzar. Sin licencia social, ninguna inversión es sostenible.