Foto: Joaquín SalgueroUn chico de 10 años fue detenido por dos policías de la Ciudad. Uno de los de azul le sujetaba las manos y el nene gritaba pidiendo ayuda. Iba de zapatillas y pantalón corto. Un bolso de cuero le cruzaba el pecho flaquito y las piernas le temblaban. Otros dos agentes rodearon la pequeña amenaza humana. Un vecino filmó la escena con su teléfono y luego se difundió por canales de noticias como mensaje de la inmundicia del horror.
A 12 kilómetros de allí, en el barrio de Belgrano, 10 policías de la Ciudad rodearon el viernes a un joven que había corrido para no someterse a un control policial. Pedían testigos a discreción y, mientras la vecindad aprobaba el acoso del muchacho marginado y pobre, nadie acercó el DNI para seguir el hilo de la babosa burocrática. Eran las 16:30 y seguían llegando patrullas para seguir sometiendo al escarnio a un pibe que gritaba su número de documento que comenzaba en 27 millones.
En Mar del Plata, un grupo de turistas defendió a un vendedor ambulante que lloraba porque la Policía del intendente de ideas nazis levantó su puesto como un toldo ranquel en 1879. En suma: la vista de un retroceso cultural enorme a una paleta de colores de Martínez de Hoz y los peores años de la dictadura.
Mientras la administración del Estado persigue y criminaliza la pobreza que parió desde diciembre de 2015, los bancos extranjeros no cumplen con los convenios acordados con los trabajadores y todo el sistema bancario ejerce un robo a mansalva con comisiones astronómicas que ahogan a la clase media -ya sin cuotas- pero con interés de poder seguir adquiriendo cuatro limones españoles a 50 pesos con la mirada puesta abajo y a correcta distancia.
La semana se coronó con el vergonzoso accionar de la ministra de Seguridad que padece de inseguridad. Alguien le hackeó su cuenta de Twitter a Patricia Bullrich Luro Puyrredón. Y es que las huestes de la antigua Policía Federal –muy poderosa en su organigrama con cuadros altamente capacitados y un aceitado sistema de recaudación que va desde cuevas financieras a departamentos privados donde se ejerce la prostitución con cafishios habilitados- está molesta por la unificación con el engendro de la Metropolitana, el escalafón único, la pérdida de los adicionales, y la atención del Hospital Churruca. Así las cosas, el escenario para la ministra es difícil: se quebró el pacto tácito con la fuerza para mantener el statu quo y puertas afuera las patrullas persisten en la cacería de chicos pobres, pero del delito complejo nada, porque para eso hay que saber, y la ministra no sabe. Su nivel de análisis criminológico se resume a seguir a rajatabla las hipótesis de conflicto que plantea la DEA, la embajada de Israel y sus expertos antiterroristas que justifican la tortura y la aniquilación de niños palestinos en la Franja de Gaza.
La sociedad asiste perpleja a un cambio de paradigma: persecución de migrantes de países limítrofes con una narrativa xenófoba y humillante, estigmatización de los militantes y opositores políticos, e invento de causas penales a los dirigentes indígenas que tienen otro valor cultural sobre la propiedad y las leyes de supresión del otro del capitalismo neoliberal. La aniquilación de derechos inevitablemente irá de la mano de más represión como sucedió en 2016 en varias ocasiones. Además, los hechos de violencia institucional y gatillo fácil se precipitan y tienen como protagonistas a todas las fuerzas policiales del país. ¿La razón? El contexto: ahora la Policía anda armada en Plaza de Mayo y la libertad es un protocolo de vallas.
Los sobres del muerto
Durante la segunda semana de enero, una noticia sacudió la modorra de la crónica policial. El cuerpo del subcomisario Federico Jurado, uno de los nueve jefes policiales de la Bonaerense, acusados de integrar una presunta red de agentes corruptos que cobraban ilegalmente dinero descubierto dentro de sobres en la Jefatura Departamental de La Plata, fue hallado en su celda de la cárcel de Villa Elvira.
El caso es investigado a los saltos por el fiscal Marcelo Martini de La Plata, que vive atribulado por la peor causa de su carrera judicial: lucha solo contra la Maldita Policía y su ejército de las sombras.
Entre el resto de los acusados se cuenta quien estaba al mando de la jefatura, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo, y el jefe de Operaciones, Ariel Huck. Los demás son el ex jefe la comisaría de Tolosa, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez, de la seccional segunda, Sebastián Cuenca, de la tercera, y Raúl Frare, de la comisaría 12.
Hace unos días, tres de estos ex jerarcas de la Bonaerense recibieron la visita de un abogado penalista que estuvo preso con Luis “El Gordo” Valor y estudió Derecho en prisión. La entrevista no pudo ser más inquietante para el letrado que quisiera tomarse un vuelo a Alaska y desaparecer de semejante pesadilla.
La investigación comenzó el 26 de febrero de 2016 con un llamado anónimo a la División Asuntos Internos en el que se afirmaba que todos los primeros días hábiles de cada mes desde, las distintas comisarías de La Plata, se enviaban sobres con dinero para el titular de la Departamental y otros jefes de la fuerza. Una caja adicional e ilegal muy común entre los uniformados.
En abril, el auditor general Guillermo Berra secuestró 36 sobres que contenían 153.700 pesos. Los jefes acusados fueron desplazados de sus cargos, aunque lograron evitar los arrestos hasta que en noviembre la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó sus pedidos de eximición de prisión. Casi un año después, a fines de enero, ocho efectivos, acusados de conformar una asociación ilícita para recaudar dinero a cambio de protección, recuperaron la libertad luego de un fallo del Tribunal de Casación bonaerense. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pidió a los jueces que “sean garantes de la pelea contra las mafias”.
En tanto, el fiscal Martini se queja de la falta total de colaboración de otros organismos del Estado, recibe llamados a toda hora, está de pésimo humor, y tiene el rostro de un detective que no duerme hace semanas. Chandler hubiese hecho un personaje risueño con el señor fiscal y su método de investigación a puro rejunte de papel. Es más vital la degustación de buenas botellas de bourbon y los involucrados lo saben mientras andan en sus autos importados a toda velocidad por las rutas de la Provincia.
Los unitarios
Con el mapa del incendio en la cúpula de la Bonaerense, la Federal y sus vasallos campean su propia crisis de representación.
El flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar es un abogado y docente universitario, que tuvo a cargo los principales distritos de la Policía Federal. Entre otros, la estratégica zona del centro porteño repleta de cuevas y prostíbulos. El legajo de Potocar luce una medalla: es egresado del FBI. La agencia estadounidense que mantiene convenios de capacitación con varias fuerzas policiales del país desde hace al menos siete años. Pero el mayor problema de Potocar son los 25 mil hombres y mujeres de la Federal y la Metropolitana, que debe dirigir y esta semana le plantaron una burla circense a su jefa directa, la ministra Luro Puyrredón. Sucede que no hay argumentos suficientes para convencer a una parte de la tropa insurrecta: quieren seguir luciendo el mismo uniforme y se niegan a portar la credencial de OSDE. Prefieren seguir siendo tratados en el Churruca y continuar con otros trabajos como agentes de seguridad de caudales y demás derroteros en agencias de seguridad de ex oficiales del Ejército.
El desenlace es un misterio.
Esta gestión del Estado que inició su vínculo con la tan ansiada seguridad luego de la escandalosa fuga de los tres condenados por el Triple Crimen, tuvo su correlato publicitario con la llegada al país del ex prófugo y aliado de la DEA, Ibar Pérez Corradi, quien no sólo no aportó nada a la investigación del tráfico de efedrina, sino que anhela radicarse en Estados Unidos con la brillantina de su abogado socio del ex comisario Juan José Ribelli cuyo estudio representa a los grandes narcos de la historia criminal reciente.
Con todo, la sociedad gendarme avanza contra la marginalidad y mantiene intacta la pulcritud de los delincuentes de guante blanco que por medio de un decreto esta semana endeudaron a los argentinos en 20 mil millones de dólares con la mediación de Gran Bretaña y la jurisdicción de Estados Unidos.
La carpa de Sarrasani abre sus brazos a los actores del grotesco.
@JotaAlonso
*Periodista y escritor. Ex jefe de Policiales de Tiempo Argentino. Coautor de la investigación de Papel Prensa. Columnista de Radio del Plata en el programa de Roberto Caballero.
Fuente: Nuestras Voces