Líderes de diferentes etnias de Nicaragua trabajan en una normativa que contribuya a detener la invasión de sus territorios ancestrales, una práctica que ya les ha costado más de 120.000 hectáreas y ha causado daños severos a los recursos naturales, además de la muerte de indígenas.
El ecosistema de los indígenas de Nicaragua está en peligro.”En cinco o diez años ya no habrá indígenas ni biodiversidad. Tenemos que verlo de una manera seria y responsable“, dijo a Efe Murphy Almendárez, dirigente indígena del gobierno Nación Mayangna, que rige en unas tierras de 810.100 hectáreas de extensión que están siendo expoliadas por las autoridades del país, declaró Almendárez.
Almendárez, brindó sus declaraciones durante un encuentro en Managua con 14 dirigentes de las etnias rama, creole, mískito, garífunas, mayangnas, sutiavas, entre otros.
La normativa busca garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.
Dentro del documento se contempla la conformación de una Comisión Nacional en Defensa de la Madre Tierra que buscará pedir apoyo a las autoridades del Gobierno nicaragüense mediante comunicados, foros y debates, para que sensibilicen sobre los derechos colectivos de los indígenas.
Territorios indígenas
El documento, una vez revisado, se implementará “pronto” en cada uno de los territorios indígenas, indicó el líder del territorio mískito, con 168.000 hectáreas de extensión, Constantino Romel.
Todos lo indígenas presentes en la reunión señalaron el severo problema de invasión y destrucción a sus tierras ancestrales y aseguraron que el Estado nicaragüense “no ha mostrado estrategias efectivas” para detener la situación.
Una hectárea de bosque es negociada y vendida entre 134 dólares y 330 dólares, por personas ajenas a las etnias o por la “misma gente del Estado (nicaragüense), que propicia este tipo de transacciones“, señaló Romel.
La llegada de “colonos” a las comunidades indígenas ha provocado situaciones de violencia, que ha dejado docenas de muertos y heridos.
Los indígenas calculan que al menos 120.000 hectáreas de tierras ancestrales han sido invadidas y destruidas por los colonos.
El Estado, en la Ley del Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas, reconoce la existencia de esos pueblos, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales.
Las etnias de las Costa Caribe son autónomas y tienen sus propios Gobierno, no así las del Pacifico nicaragüense.
EFE/David de la Paz -