La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama” y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, con presencia en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), somos firmes amigos del actual proceso de paz, por el cual hemos caminado y luchado con la profunda convicción que la dejación de armas se traduce en un buen vivir para nuestras comunidades, ya que continuamos siendo víctimas del conflicto armado y social, por esto somos los primeros en desear que este proceso avance y se implemente, sin desvirtuar el espíritu que fue dado al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
En el marco del diálogo político entre Gobierno y Pueblos Indígenas, hemos acordado un mecanismo excepcional para realizar la Consulta Previa de las iniciativas que tienen por objeto la implementación del Acuerdo Final, esto por tres razones fundamentales: la primera, es ejercer el derecho fundamental a la Consulta Previa, derecho que ha sido una salvaguarda para elevar la voz de los Pueblos Indígenas como sujetos políticos; la segunda, el deseo de ver este proceso avanzar con todas las garantías para nuestros pueblos y la tercera brindar seguridad jurídica a la implementación del Acuerdo.
Debemos denunciar públicamente, como lo hicimos ante diferentes estamentos, incluyendo la Defensoría, que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los acuerdos de la Ruta Metodológica pactada en el marco del Fast Track y que esta falta de garantías, no sólo se convierte en una profunda violación a nuestro legítimo ejercicio de la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, sino que vicia de forma y fondo normas radicadas ante el Congreso de la República, afectando la estabilidad misma del Acuerdo.
No permitiremos que nuestro derecho fundamental siga siendo violentado, poniéndose en riesgo la paz verdadera, nuestra existencia como pueblos y la vida de nuestra Madre Tierra, por lo cual recurriremos a todas las instancias, recursos y acciones judiciales y políticas necesarias para que se reconozcan y ejerzan efectivamente nuestros derechos. Si es necesario, extender nuestro caminar de la palabra a las calles y carreteras de este país lo haremos.
Recordamos al Gobierno Nacional las órdenes constitucionales e instrumentos internacionales en materia de derechos Indígenas, que son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto.
Exigimos al Gobierno Nacional:
– Honrar su palabra frente a lo acordado con el Gobierno Indígena consignado en múltiples acuerdos establecidos en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y que se incumplen día tras día.
– El Gobierno Nacional deberá dar cumplimiento estricto a la Ruta Metodológica pactada, para todas las normas que sean tramitadas en el marco del Mecanismo Abreviado.
– Radicar las iniciativas normativas, que ya cuentan con sus textos. Nos miente el Gobierno al decir que no se han radicado normas porque no existen los textos, por ejemplo, el Proyecto de Ley que busca establecer reglas para la gestión del Sistema Nacional Catastral Multipropósito, cuando este ya ha sido presentado para su consulta a otros grupos étnicos; incluso miente el gobierno a las FARC-EP, al decirles que ya inició la consulta sobre estas normas.
– Concertar y definir cuál será el mecanismo para garantizar la consulta de las iniciativas normativas que ya han sido radicadas ante el Congreso de la República y no surtieron la consulta con los Pueblos Indígenas; ya que es inadmisible que el Gobierno determine de manera unilateral cuáles son las normas que requieren consulta y cuáles no, esto se convierte en una clara violación a nuestros Derechos. Por lo cual cuestionamos: ¿Acaso no somos nosotros quienes sabemos qué es lo que nos afecta?, ¿Acaso no somos víctimas como para ser marginados del mecanismo de memoria histórica?, ¿Acaso la circunscripción especial indígena no es un derecho político de nuestros pueblos?, ¿Acaso nuestros comuneros no tienen derechos de participación social y política?, ¿Acaso los defensores del medio ambiente no debemos participar en los procesos ambientales?, ¿Acaso nuestros territorios no son afectados por las normas de tierras?
– Retirar del Congreso de la República, el proyecto de Acto Legislativo por el cual se crean las Circunscripciones Temporales Especiales de Paz y que se convoque la MPC para cerrar la ruta metodológica de la Consulta Previa de esta norma. Es necesario aclarar que frente a esta norma no se ha llegado a ningún acuerdo, el Gobierno afirma que llegamos a consenso en tres de las cinco propuestas planteadas por los pueblos indígenas, lo cual es falso, carece de realidad, ya que no se dio la discusión final en sesión de la MPC, por la ausencia de funcionarios con poder de decisión en este escenario y por lo tanto el documento no se protocolizó. Al radicar este Acto Legislativo ante el Congreso afirmando que se surtió la consulta respectiva, se incumplió la ruta planteada y se violó flagrantemente el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.
– Gestionar una reunión entre los miembros de la Comisión de Seguimiento, Implementación, Verificación e Impulso del Acuerdo de Paz (CSIVI) y delegados de los Pueblos Indígenas, para que nos reunamos en un diálogo social y que conozcan de cerca esta realidad de vulneración a nuestros derechos y los riesgos que esto implica para la implementación efectiva del Acuerdo.
– Sobre el proyecto del Gobierno Nacional que buscan reglamentar la Consulta Previa, por ningún motivo admitimos que se radique en el marco de la excepcionalidad del fast track ante la MPC, ni mediante el trámite ordinario de este escenario, puesto que exigimos el cumplimiento de la ruta de acercamiento pactada desde octubre de 2015 y que se acordó suspender, hasta finalizar la ruta fast track.
EXIGIMOS que la consulta previa sea entendida, respetada y aceptada como es, un derecho fundamental que no sólo protege a los pueblos indígenas, que aporta a la paz y que se constituye en un bien para la pervivencia de la humanidad.
Llamamos a nuestras comunidades y sociedad en general, a todos aquellos comprometidos con la paz, que debemos estar vigilantes, ya que nuestras voz se alza no para deslegitimar el proceso, sino para blindarlo y seguir con nuestro caminar eterno de la palabra y el bastón en busca de construir siempre un mejor mañana para todos quienes habitamos este planeta.
“Por la paz, el territorio y la vida, los Pueblos Indígenas Caminan”
Mayo 11 de 2017