Puerto Rico reclama su derecho a la autodeterminación como pueblo soberano. | Foto:
A pesar de la denuncias ante la ONU, Estados Unidos sigue practicando en Puerto Rico una política injerencista y colonial.
Tras la guerra de Estados Unidos contra España en el año 1898, Las Antillas, Cuba y Puerto Rico pasaron a ser posesiones del país norteamericano.
A diferencia de Cuba, que tras varios periodos de ocupación estadounidense obtuvo su independencia, Puerto Rico permaneció bajo el control estadounidense, como posesión y luego como un "Estado asociado".
El pasado 21 de marzo se conmemoró en Puerto Rico un nuevo aniversario de la Masacre de Ponce, tragedia que marcó la lucha por la independencia de la isla de Estados Unidos en 1937. En el trágico hecho fallecieron 18 adultos y una niña de 13 años de edad.
La Masacre de Ponce es uno de los hechos más sangrientos de la lucha independentista de Puerto Rico. Foto: ACI25La Masacre de Ponce se produjo cuando la policía colonial estadounidense abrió fuego contra una manifestación civil organizada por el Partido Nacionalista de Puerto Rico en conmemoración de la abolición de la esclavitud en la isla por las Cortes de España (1873), y en protesta por la detención ilegal del líder independentista Pedro Albizu Campos. Hubo 19 muertos (2 de ellos policías) y 235 heridos.
Lucha independentista
A 80 años de la Masacre de Ponce la situación política y el proceso de autodeterminación no ha presentado mayores cambios, en la actualidad Puerto Rico continúa con el estatus de estado libre asociado de Estados Unidos vigente desde 1952.
La lucha por la autodeterminación de Puerto Rico de Estados Unidos data del fin de la Guerra Hispanoamericana, cuando la isla pasó a ser propiedad de los Estados Unidos de América.
Al ostentar la condición de estado libre asociado, Puerto Rico cuenta con poderes y competencias muy parecidas a las de un estado de los EE.UU., con la diferencia de que siempre se le ha reconocido autonomía fiscal. Los residentes en la isla no pueden votar por el presidente de los EE.UU. ni por congresistas que les representen en Washington.
Puertorriqueños se movilizan en contra de la Presencia de EE.UU.Tal condición otorga facultades al Congreso estadounidense de intervenir políticamente en las decisiones de la nación caribeña. A lo largo de los años, EE.UU. ha instalado bases militares para ejercer una amenaza y control en la cuenca del mar Caribe.
Sectores independentistas de Puerto Rico han denunciado que desde Estados Unidos se maneja a la isla como una colonia y esta situación ha sido denunciada ante la ONU.
La crisis económica que vive Puerto Rico con una deuda fiscal que supera los 70 mil millones de dólares ha llevado a los puertorriqueños y sectores independentistas a profundizar el proceso de autodeterminación, de ahí que el reclamo al Gobierno de EE.UU. de crear alternativas para crear un nuevo arreglo político sin rasgos coloniales, que impida que en el futuro el Congreso estadounidense pueda interferir con el Gobierno propio de la isla.
Este reclamo fue llevado ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por todos los partidos políticos de la isla en 20 de junio de 2016. Sin embargo, EE.UU. ha hecho caso omiso al reclamo puertorriqueño y sigue con su política intervencionista y colonial en la isla.
El pasado 1 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota con el fin de reestructurar la deuda pública anunció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
El procedimiento está amparado en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa. Esta ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, prevé un proceso de reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una Junta.
Dicha ley obliga a Puerto Rico a tener sus finanzas bajo el tutelaje de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nombrada desde Washington, que funcionará hasta que la isla tenga cuatro años seguidos sin déficit fiscal y que, a su vez, podría imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas.
A diferencia de países donde se han aplicado medidas de austeridad, como Grecia, Puerto Rico no tendrá ni voz ni voto con respecto a su destino, debido a que todo será decidido desde Washington.
Mientras tanto continua el debate sobre el estatus político de la isla caribeña y sectores de la población mantiene su lucha permanente por la independencia.