La presencia de Gabriela Michetti en Rivadavia dejó un gusto a poco. Tuvo como prolegómeno una desenfrenada represión policial que se transformó en la respuesta más ágil de la que es capaz de dar el Gobierno frente a las demandas de los pueblos originarios.
La actividad oficial de la que vino a participar Michetti el viernes 26 fue la presentación del “Plan Agua Segura”. Un emprendimiento en el que interviene el Estado nacional y un sector privado que tiene al primero como principal patrocinador. La información oficial da cuenta de que se instalaron ocho purificadores de agua en la localidad de La Merced (a tres kilómetros de Santa Victoria Este).
El acto oficial – desarrollado en la escuelita del paraje La Merced con fuerte custodia policial – tuvo ausencias notorias: las de la mayoría de los caciques que, durante gran parte del viernes, permanecieron en la plaza central de Santa Victoria Este, reclamando la liberación de cuatro manifestantes apresados en la noche del jueves.
Tampoco asistió el cantante Jorge Rojas ni su familia, pese a que Michetti y Urtubey habían anticipado su presencia en el festival de la Cultura Nativa, organizado por el cantante. En un pueblo tan pequeño no tardó en conocerse el malestar de Rojas por la supuesta utilización politiquera de su iniciativa que este año cumplirá su novena edición.
La previa es represión
Una actividad de tal envergadura como la instalación de ocho purificadores de agua en un lugar donde la presencia de arsénico en el líquido elemento hace estragos en los pobladores, provocó una enorme conmoción social en gran parte del extenso departamento Rivadavia. El saldo de la represión fue la detención de cuatro referentes de las comunidades originarias que, al cierre de nuestra edición, esperaban la firma del juez Fernando Mariscal Astigueta para su liberación.
Este magistrado actuó una vez más a instancias del fiscal Armando Cazón, quien ordenó la represión. Mariscal Astigueta y Armando Cazón conforman una dupla que sigue en funciones gracias a la benevolencia de la mayoría del Jurado de Enjuiciamientos, que no hicieron lugar a las denuncias por su actuación en el caso de la niña discapacitada wichí de Alto La Sierra, la cual estuvo embarazada y en total estado de abandono durante siete meses tras una violación múltiple.
Los referentes de varias comunidades habían logrado establecer un contacto en la tarde del 25 de mayo con el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaráz. Allí le plantearon la urgencia de los reclamos en tres ejes específicos: Salud Pública en estado de abandono, caminos vecinales intransitables gran parte del año y la problemática de las tierras y las posesiones.
El compromiso del Ministro fue concretar una nueva reunión al día siguiente. Mientras tanto, una manifestación se desarrollaba en el acceso al municipio de Santa Victoria Este. Los manifestantes aseguran que en ningún momento se cortó la ruta provincial 54 pero, sin mediar palabras, la policía los reprimió con balas de goma.
El gobierno que pondera el diálogo como una instancia capaz de resolver cualquier conflicto, estando en medio de esa instancia reprimió a los originarios y apresó a cuatro de ellos. La voracidad del accionar policial dispersó a los manifestantes y obligó a muchos de ellos a refugiarse monte adentro. Horas después, al reagruparse, se dieron con que los hombres de Carlos Cayetano Oliver habían destruido los neumáticos de una camioneta que los trasladó, además de secuestrar una veintena de motocicletas.
Entre los detenidos estuvo Pedro Lozano, un verdadero líder de las comunidades originarias del noreste provincial. Con él, fueron trasladados hasta una dependencia policial de Aguaray Giliberto Barbier, Pedro Galarza y Esteban Lozano.
Tolerancia cero con los pobres
Tanto los referentes de las comunidades originarias -caciques y presidentes de las juntas vecinales-, como el diputado provincial Ramón Villa, no dudaron en asegurar que la represión y el apresamiento de los cuatro dirigentes, tuvo como objetivo desarticular cualquier atisbo de protesta durante la visita del Gobernador y de la Vicepresidenta.
El allanamiento del camino y la obsesión por esconder los problemas endémicos de la zona pudieron más. La decisión claramente fue diseñada desde el Poder Ejecutivo ya que, según se supo en las últimas horas de ayer, el fiscal Armando Cazón deslindó responsabilidades a la hora de ordenar el desalojo de la protesta, en un “exagerado informe” de parte de la policía provincial, en el que se habló de un radicalizado corte de ruta.
Claro está que la policía provincial responde orgánica y políticamente al Poder Ejecutivo y un dato significativo fue la ausencia de explicaciones de los hechos por parte del ministerio de Seguridad. En un lugar tan lejano y en medio de la pobreza extrema, gobiernos como el de Macri y Urtubey se envalentonan en mostrar una comunidad paciente y armoniosa, aunque para ello acudan al uso de la fuerza. En definitiva, lo que estaba en juego una vez más era el enjundioso discurso del Gobernador ante el pueblo de Rivadavia, en el que resaltó la figura de Mauricio Macri superando en elogios a la propia Gabriela Michetti. El escenario de ese acto de demostración de adhesión ferviente al macrismo no podía ser empañado por ninguna protesta.
Domingo Cristian Paz
La muerte de Domingo Cristian Paz, el adolescente de 15 años de la comunidad San Patricio, ubicada en la jurisdicción de Rivadavia Banda Norte, ha despertado la creciente movilización en la zona.
Tal vez la muerte de un joven que se sobrepuso a las carencias y prometía convertirse en un referente de los suyos porque, como no muchos, cursaba la secundaria sin haber perdido años de escolaridad, haya sido el factor de la indignación generalizada.
Domingo esperó una semana la atención médica que no pudo llegar hasta el puesto sanitario del lugar donde vivía y, cuando llegó al hospital de Morillo, previo paso por el Centro de Salud de Los Blancos, murió. No hubo ambulancia ni helicóptero para salvarlo. Su familia, en un relato cargado de dolor e indignación, contó cómo, trepados a los árboles, buscaban señal de telefonía para pedir ayuda al hospital. Un cuadro desesperante y conmovedor.
La respuesta del ministro de Salud Pública de Salta, Roque Mascarello, fue la de pedir al Procurador General de la Provincia que ordene la investigación de la muerte del joven, la cual ya fue iniciada por la fiscal penal de Embarcación, Lorena Martínez.
Las sospechas de Mascarello recayeron en que el joven pudo haberse suicidado al ingerir una fruta silvestre tóxica que, curiosamente, no se encuentra en esta época del año. Además, hizo propia una versión acerca de que la familia se había negado al traslado del paciente hasta Morillo. A esto se sumó las declaraciones del Ministro en las que niega rotundamente la falta de medicamentos elementales en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de Rivadavia, y atribuyó las denuncias afines a “cuestiones políticas de quienes abandonaron el frente oficialista”. Tales dichos fueron entendidos como una dantesca provocación.
En esta ocasión, la arrogancia de un funcionario “multifunciones” no sometió a los originarios a la resignación. Tampoco la represión logró ese cometido y ya se anticiparon nuevas protestas.
Fuente: Cuarto Poder