"NUNCA NOS ACOSTUMBRAREMOS A SUFRIR"

Los Pueblos Originarios Wichi y Weenhayek de la región de Tartagal, provincia de Salta, se encuentran realizando un corte sobre la Ruta nacional 86 desde el día 19 de diciembre de 2014, en protesta por las condiciones de emergencia que viven en sus territorios, específicamente en relación al paso del gasoducto NEA por sus territorios de forma inconsulta.

El 13 de enero de 2015, a pocos días de cumplir un mes del inicio del corte de ruta y aún sin respuestas, autoridades de más de 38 comunidades indígenas se reunieron en asamblea en el territorio comunitario de la comunidad “El Quebracho” del Pueblo Weenhayek, con el fin de exigir a las autoridades nacionales y provinciales acciones y respuestas concretas a su situación: “ordenamos al poder ejecutivo nacional, provincial y municipal, y a los ministros de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Salta que ordenen la mediación de la audiencia que exigimos con la empresa(Bertúa, ubicada sobre lote fiscal Nº4), porque las propuestas son claras, que se haga efecto el principio de participación”.

A través de un comunicado denuncian graves hechos de discriminación, despojo, ninguneo, falta de acceso al agua, falta de escuelas, desempleo, desalojos y desmontes ilegales, los cuales entienden como una “aniquilación cultural”: “estamos hartos de la discriminación a la que nunca nos acostumbraremos a sufrir”. Asimismo manifiestan que luego de ocho años de la vigencia de la Ley Nº 26160 los territorios comunitarios aún no fueron relevados y que tanto en la comisaría, como en la fiscalía de Tartagal se han negado a recibir las denuncias al respecto. 

Apelando a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, solicitan que se respete el correspondiente procedimiento de Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado, conforme al Artículo 19 de la citada declaración y solicitan:

1) Que la empresa Bertúa y el Estado respeten el Derecho a la Consulta y Participación.

2) Que se respete el derecho de los Pueblos Originarios a vivir y desarrollarse en su territorio pacíficamente sin ser desalojos, ni discriminados.

3) Efectiva protección de los territorios comunitarios y revocación de los permisos de desmonte y deforestación.

4) Recepción de las denuncias por parte de la policía y de la fiscalía para poder acceder a la defensa jurídica y al relevamiento territorial.

5) Puestos genuinos de trabajo y el pago del derecho de uso de los territorios comunitarios. 

6) Acceso al agua para todas las comunidades.

7) Acceso a planes sociales.