La decisión se instituyó como un aviso al Gobierno provincial, en tanto algunos dijeron que si es necesario quemar las topadoras para que los escuchen, están dispuestos a llevar la acción adelante.
Van a frenar los desmontes y reclamarán la tierra que les pertenece.
Esa fue la consigna principal que acordaron ayer los referentes de distintas organizaciones y comunidades campesino-indígenas en una asamblea que se realizó en la comunidad de Arbol Solo, en Hickman, departamento San Martín, que se encuentran más afectados por los desmontes que consiguieron los referentes de los agronegocios en zonas que estaban protegidas.
Los engaños de los empresarios, encubrimientos del Gobierno, divisiones de las comunidades, y traiciones de algunos referentes fueron volcados en la mesa que en la palabra fue iniciada por Ramón Paz, de Misión Salim, que junto a otras comunidades wichí decidió convocar a una urgente reunión, preocupado por el avance de los desmontes en territorios comunitarios. Una acción a fin de contrarrestar diversos mecanismos que invisibilizan y silencian a las comunidades a través de un aparato de operaciones que involucran a empresarios, algunos medios de comunicación, y el Gobierno.
En los relatos de los referentes de las distintas comunidades se repitió el apellido Cenci. Fernando Cenci es uno de los referentes de los empresarios agrícolas que concentran grandes extensiones de tierra para expandir la frontera agropecuaria. Su presencia se conoce más en los emprendimientos iniciados en los departamentos Orán y San Martín. Logra 'acuerdos' con caciques y referentes de las comunidades que a su vez dejan de consultar a quienes representan aceptando el desmonte a cambio de motosierras, la madera, o guías que les permitan sacar la madera de manera legal. Sobrevolaba así la sospecha de que Ambiente facilita las guías para estas negociaciones, y las niega a las comunidades bajo el pretexto de que no tienen regularizado su territorio.
La mano de Ambiente
La mano visible de la Secretaría de Ambiente se hace más clara con la demora de las inspecciones en lugares que fueron denunciados por actividades ilegales de tala y desmonte. El titular de la organización Corazón de Palo Santo (Hickman), Pascual Torres, contó que ante las denuncias que se hacen por los desmontes ilegales, los inspectores de Ambiente llegan pero "son guiados por los empresarios hacia una zona donde el desmonte no está y donde esperan algunas comunidades que hablan a favor de la empresa" denunciada. En la comunidad criolla de Corzuela Blanca, Rivadavia Banda Norte, la situación no varía demasiado. Pues tras la denuncia "nunca nos informaron de la inspección", dijo María Burgos, Indicó que casualmente cuando los inspectores llegaron lo hicieron con el administrador de la finca" de Pablo Isa, a quien denuncian por haber talado el monte por fuera de los límites de las 300 hectáreas que le había autorizado Ambiente. Se suma, entre muchas otras irregularidades, la falta de notificación de las audiencias públicas para desmontes, en las que "sólo participan los empresarios y las comunidades que los apoyan para poder desmontar", sin que las comunidades lleguen a enterarse.
Denuncian y desmienten al Diario corporativo de Romero
Un mapa mostrado en la Asamblea indica donde se prevén los próximos desmontes autorizados.
"Estamos en desacuerdo con los desmontes y lo que publicaron (en un medio gráfico de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero), no es representativo de todos nosotros", afirmaron al referirse a una nota que se armó para mostrar que las comunidades avalan los desmontes. En la nota de la publicación se apuntaló la posición de Dino Salas.
Salas fue uno de los referentes que había presentado un amparo que logró detener los desmontes en el Chaco salteño entre 2008 y 2011 ante la política de desmontes que había aplicado Romero durante su gobierno. Ya en aquella época la afirmación de los funcionarios romeristas ante la Ley de Bosques (que nació con la desafectación del área protegida de Pizarro, en Anta, para luego venderla y hacer rutas que ocupan los empresarios agrícolas), era que darían motosierras a los indígenas para que acaben con su monte.
Entre las notas publicadas por el medio romerista surgió otra más que apuntaba a la misión Asamblea de Dios. "Trasladaron una foto", dijo Ramón Roca, al indicar que si bien parte de la comunidad aceptó realizar algunos desmontes, el (que salía en la foto), "nunca" estuvo de acuerdo. Explicó que la foto que sacó el diario era de una visita que había hecho a Salta por el conflicto con un docente bilingüe. Roca apareció en la reunión a fin de aclarar la situación en la que se lo había involucrado. Uno de los más ancianos de la asamblea no escatimó en retos. Pero Paz entendió que ante la actual y grave coyuntura, era necesario saldar diferencias que generaron quienes terminan ganando con la división de las comunidades.
Pese a la dificultad de reunirse en un territorio tan extenso para continuar acciones, las comunidades (que no fueron acompañadas por ninguna asociación ambientalista en esta ocasión), decidieron volver a reunirse para seguir organizados y en unidad.
Esta es la única manera que conciben, puede llegar a confrontar con ese poder que los está llevando a generar acciones concretas contra los desmontes indiscriminados que los excluye para siempre del tan ponderado "progreso y desarrollo" de un modelo productivo que se erige sobre el permanente despojo de las comunidades.
Fuente: Nuevo Diario.