Días atrás se conoció la muerte de un joven mapuche quien fue baleado por la espalda por efectivos de Prefectura Naval durante operativo de desalojo y represión en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Esta situación se enmarca en las crecientes críticas a la lucha de las comunidades originarias y la justificación de las represiones constantes a las que son sometidas por parte de los gobiernos nacional y provincial. La abogada Verónica Huber habló al respecto y dejó en claro cuáles son las normativas constitucionales que protegen a los pueblos originarios y que son violadas permanentemente por el Estado. Denunció, además, que lo ocurrido en Bariloche no es ni más ni menos que un homicidio.
Para comenzar a conocer sobre los derechos de los pueblos originarios y sus comunidades, recomendó leer el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, en donde se habla sobre las comunidades y sus derechos, principalmente a la posesión y propiedad comunitaria. Luego, sugirió la lectura del inciso 22, el cual enumera una serie de tratados de derechos humanos y los equipara con la Constitución Nacional. “Esa lista no es cerrada, los distintos tratados de derechos humanos que se vayan ratificando por el Estado nacional a través de leyes tienen las mismas características, tienen el mismo rango que la Constitución”, explicó.
“En función de eso vayan y busquen la ley 24071- continuó- en la que el Estado argentino, a través del Congreso de la Nación, ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen los derechos de los pueblos originarios. No solamente a la propiedad comunitaria sino a la protección por parte del Estado a través de todos sus poderes”.
Así, al analizar la situación actual remarcó: “Lo que uno escucha en los medios es: ‘La propiedad privada está en la Constitución’, ese es el primer argumento, porqué usurpan, y no están usurpando, están reclamado”.
Al respecto, recordó que la semana pasada el Congreso ratificó la ley 26160, que dispone la emergencia territorial y la suspensión de los desalojos de las comunidades que están siendo relevadas o que han solicitado relevamiento, y cuestionó: “No escuché a nadie que pregunte, en particular en los reportajes que se han dado a los funcionarios públicos, que pregunte sobre las normativas indígenas, y no son normativas que pusieron los indios, son normativas del Estado argentino que protegen a las comunidades indígenas, que además han sido declarados por las Reglas de Brasilia como sujetos especialmente vulnerables, por lo cual requieren una protección superior del Estado a la de cualquier ciudadano común”.
“El Estado no está haciendo más que violar los derechos, en este caso, de una comunidad mapuche específica, igual que lo hizo con la Pu Lof Cushamen”, aseveró la abogada sobre la situación que se vive en el sur del país y agregó. “Son comunidades que están en proceso de relevamiento, son comunidades que están cumpliendo con las normativas del Estado, a la espera de que el Estado cumpla alguna vez con las que tiene a su cargo”.
Asimismo, sostuvo: “Acá tenemos comunidades que ya tienen resolución de relevamiento y el Estado no tiene ni miras de empezar a comenzar el trabajo para titularizar las tierras”, y enfatizó: “El Estado está en un incumplimiento constante”.
Un homicidio
“¿En qué parte de la Constitución Nacional o de las leyes argentinas está habilitado el asesinato o la pena de muerte por la comisión de algún supuesto delito?”, cuestionó la abogada respecto a lo ocurrido en Bariloche y subrayó que “lo que debiera ser la noticia en todos los medios nacionales es que Prefectura mató a una persona por la espalda con una bala de plomo que no debía estar utilizando”.
En esta línea, criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, sentada al lado del Secretario de Derechos Humanos de Nación, “dijo que ellos no iban a cumplir órdenes que ellos entiendan que no corresponden”. “Dijeron que no van a cumplir la orden de un juez, y quién tiene autoridad sobre la fuerza de seguridad es el juez, no es la Ministra de Seguridad. El juez es el que tiene la autoridad en cada actuación específica respecto a la fuerza de seguridad”, explicó la abogada.
“Están peleando por la tierra, están resistiendo dentro de su casa, de su territorio, para que no ingresen quienes son ajenos a él”, enfatizó sobre la situación de las comunidades y, comparando lo ocurrido con los casos del periodista Baby Echecopar y del juez Claudio Bonadío, quienes asesinaron a personas que intentaron robarles, lamentó: “Según quién sea el que mata parece que está habilitado, y no sería de extrañar que en cuanto se diluya toda esta situación esto prescriba”.
Continuando con su análisis, puntualizó: “Actuando una fuerza de seguridad estando un operativo bajo supervisión del Estado y existiendo un muerto, la presunción es en contra del Estado, que debe probar que no fue su responsabilidad y que no se está soslayando por la vía de la represión la aplicación de una pena de muerte no permitida ni por la ley ni por los tratados internacionales”. “La responsabilidad directa es de quien disparó, pero la responsabilidad más importante para mí es del Estado que está avalando estas conductas represivas violentas y que ha decidido prácticamente exterminar a aun sector social a fuerza de represión”, aseveró.
Remarcó que “ninguna argumentación justifica la muerte de una persona, más cuando se da en una situación en la que intervienen fuerzas de seguridad que no deberían utilizar armas de fuego porque las normativas dicen que no deben utilizarlas, y además cuando le disparan a una persona por la espalda”, y dijo: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”.
Cuestionó también: “No veo que me estén contando que ya se han requisado las armas de todos los efectivos que intervinieron para determinar cuál de ellas fue la que disparó, se está obviando esto”, y alertó respecto a que “están circulando fotos de supuestos mapuches armados y son fotos de otros hechos que no se corresponden con lo que pasó en Bariloche”.
La situación en Salta
La abogada se refirió a lo que ocurre con el desmonte en la zona de Corralito, autorizado por el gobierno provincial con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques a pedido de los titulares registrales, y acorralando a las comunidades wichi que habitan esos territorios.
“¿Cómo puedo zonificar y decirles a los titulares registrales que pueden o no utilizar esas tierras si todavía estoy resolviendo acerca de la propiedad?”, cuestionó Huber para quien “lo que hicieron fue otorgar una serie de permisos a aquellos que estaban dentro de las áreas que se podían explotar y les dieron la libertad de hacer lo que se les cantara, mientras tanto en los mismos lugares hay distintos pueblos”.
La abogada recordó que “Salta es la provincia que tiene mayor cantidad de pueblos y cada pueblo tiene, algunos más y otros menos, comunidades”, por lo que subrayó: “Hay un montón de ciudadanos salteños que tienen la situación de su territorio, de su casa, sin resolver. El mismo Estado dice que es su casa y al mismo tiempo les da permiso a otras personas para que hagan lo que quieran con ese territorio, con esa casa”.
Para la abogada, “no debió haberse hecho esa distribución de la Ley de Bosques porque fue solamente para soslayar que estaba el relevamiento en la provincia recién poniéndose en marcha”.
Siguiendo esta línea, cuestionó el accionar de la justicia frente a las necesidades de los originarios. “Mientras tanto las comunidades denuncian los atropellos que se comete contra ellas, los fiscales nunca hacen ni siquiera una indagación mínima”.
Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.