A 91 años de la Masacre de Napalpi, la justicia todavía intenta determinar la verdad

Bajo el supuesto de que podrían tratarse de crímenes de lesa humanidad, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco inició hace un año una investigación preliminar para reconstruir los hechos que dieron lugar a la denominada masacre de Napalpi, donde fueron asesinadas 423 personas –en su mayor parte integrantes de diversas comunidades originarias- bajo las balas de las fuerzas de seguridad de Chaco y grupos de civiles.

La investigación que es llevada adelante por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay –junto al fiscal federal de distrito Federico Carniel- y busca echar luz sobre uno de los capítulos más trágicos de la historia nacional y provincial y, en el caso de enmarcarse en crímenes de lesa humanidad, llevaría al Estado a la obligación ineludible de juzgarlos, en base a los compromisos ante la comunidad internacional.

Así, el trabajo llevado adelante por los fiscales podría llevar a promover un requerimiento de apertura de un juicio por la verdad, ya que no existen responsables con vida.

“En la reducción Napalpi eran mocovíes los que estaban, había unos cuantos paisanos, había hacheros y obrajeros. Mataron a muchos y los taparon en un pozo grande, un solo pozo”. El crudo testimonio reproducido por el portal de la Procuración General de la Nación pertenece a Pedro Balquinta, de 107 años y uno de los tres sobrevivientes .

La Masacre de Napalpi tuvo lugar el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi, ambas localidades ubicadas en la provincia de Chaco, por orden del gobernador del territorio nacional de esa provincia, Fernando Centeno, para reprimir el reclamo de integrantes de comunidades de los pueblos Qom, Moqoit y en menor medida Vilelas y criollos. Entre las demandas que exigían, se encontraban una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga. También pedían mejoras en las condiciones de sedentarismo forzado, de extrema pobreza y hambruna en la que vivían en la reducción, demandando una justa retribución por el trabajo que realizaban, y el pago en dinero y no en vales. La huelga contó con un nivel muy alto de participación de los indígenas.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos eran tobas y mocovíes. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregada como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir. Un avión sobrevoló el lugar aportando información y sin ninguna advertencia durante una hora la policía disparo miles de balas de fusil sobre las tolderías donde estaban asestadas y protestando las familias enteras.

“Vinieron dos camiones con policías”, continuó Balquinta. “Tenían un cuchillo en la punta”, dijo, sobre las armas empleadas, presuntamente una suerte de ballestas. “Murieron como 18 mujeres. Perdieron todos los caballos”, agregó en su testimonio.

De los relatos de los abuelos, de los documentos históricos y de análisis sociológicos, se revelan determinadas razones económicas y culturales en la represión a los pueblos originarios. La Reducción Napalpi tenía el objetivo de aglutinar a los pueblos originarios nómades del Chaco en un territorio determinado y controlado, para poder apropiarse los sectores aristocráticos de sus tierras para la plantación de algodón, considerado por entonces como el “oro blanco”. También existía una explotación económica en condiciones de esclavitud y miseria a la que eran sometidas las distintas etnias, desconociendo y avasallando la cultura de los pueblos originarios de carácter comunitaria, nómade y de convivencia y armonía con la Naturaleza.

Una vez finalizado, la Fiscalía deberá requerir – al no existir imputados con vida – la apertura de un juicio por la verdad con la pretensión de que sea oral y público; donde se reproduzcan todos los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, de los historiadores e investigadores, los videos documentales con entrevistas a sobrevivientes y de reconstrucción de los hechos y toda la prueba que sea de interés.

Fuente: http://www.radionacional.com.ar/?p=68845