En su reciente visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia, el Papa Francisco realizó una serie de declaraciones en su discurso que generaron una fuerte repercusión en la opinión pública mundial. Uno de los pilares de esta proclama se basó en el pedido de perdón en nombre de la Iglesia “por los crímenes cometidos contra los Pueblos Originarios durante la llamada conquista de América”, conquista llevada a cabo con la espada y con la cruz. Muchos sectores, de distintas extracciones, se han hecho eco de esto, catalogándolo como una conquista sin precedentes en el reconocimiento y visibilización de la lucha de los Pueblos Originarios en el continente.
Frente a esta situación sostenemos que la reparación histórica no puede quedar meramente en una declaración o pedido de perdón, sino por las acciones que conllevan las palabras. Sumado a ello, el Papa instó a "devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece" y consideró que "la propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos". Es en este sentido que la Iglesia, la cual se ha instalado históricamente en la región como socia plena y cómplice de la apropiación territorial y cultural de los Pueblos Originarios de la actual América, debería ser la primera en llevar a cabo la devolución de los territorios usurpados desde hace siglos para darle real entidad a sus palabras.
La misión evangelizadora emprendida en 1492 por la Iglesia Católica significó para los Pueblos Originarios el inicio de un largo proceso de apropiación territorial, el despojo de nuestra identidad, la prohibición de nuestros idiomas y creencias, la ruptura de nuestras instituciones políticas y sociales, el asesinato de nuestras autoridades tradicionales, el sometimiento a la esclavitud y el saqueo de nuestros bienes naturales. En los primeros 150 años de la conquista se registra un ingreso a las arcas de la corona española de 185.000 kilos de oro y 16.000.000 millones de kilos de plata, todos ellos producto del trabajo esclavo de los pueblos y naciones originarias en América. El genocidio de más de 100 millones de hermanas y hermanos fue promovido y justificado por la “Santa” Iglesia y los Reyes Católicos en nombre de la “civilización”. El genocidio y etnocidio cometido en América no puede seguir invisibilizado y negado.
Como Pueblos Originarios preexistentes en América entendemos que la Iglesia como institución debe reparar el ultraje a siglos de opresión e imposición cultural sobre nuestros territorios y retirar sus tropas evangelizadoras, para comenzar luego un camino de diálogo intercultural que permita generar los vínculos necesarios de convivencia y de respeto mutuo
Hoy los Pueblos Originarios estamos de pie y conservamos nuestras propias instituciones, nuestra propia espiritualidad y nuestra simbología. Somos culturas vivas y dinámicas, estamos organizados y no necesitamos mediadores ni voceros ajenos. Es por ello que rechazamos firmemente el pedido de audiencia con el Papa solicitado por el Encuentro de Coordinación Nacional del Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) con el objetivo de “informar sobre la realidad de los Pueblos Originarios de Argentina”. Somos Sujetos de Derecho con voz propia y no queremos que nunca más la Iglesia hable por nosotros. Asimismo consideramos que pedir al máximo representante de la Iglesia Católica su intervención en nuestros asuntos es realmente un retroceso y una continuidad de la campaña COLONIZADORA Y EVANGELIZADORA que atenta contra nuestras propias pautas culturales e instituciones.
El slogan que ha sostenido la Iglesia desde hace siglos de ser “la voz de los sin voz” ya no puede sostenerse más, especialmente en este contexto particular de los Pueblos Originarios en el continente, donde venimos afianzando y construyendo día a día el fortalecimiento de nuestra organización y de nuestra capacidad para incidir en los distintos ámbitos que nos competen. Tomar posición y rechazar estas intromisiones ajenas a nuestras prácticas forma parte de la aplicación de nuestro Derecho a la AUTONOMÍA y a la IDENTIDAD, derechos inalienables que no vamos a negociar ni delegar en ningún sector.