EN UNA VOTACIÓN UNÁNIME, DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA.
En un debate de más de dos horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley por 214 votos afirmativos la prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena hasta el 23 de noviembre de 2021. La ley busca frenar los desalojos de los pueblos originarios y realizar un relevamiento de sus tierras.
El miembro informante del proyecto fue Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, quien mencionó que en el país “viven más de 30 pueblos indígenas, que representan entre el 2,4 y el 3 % de la población, organizados en 1.600 comunidades”.
“Quedan por relevar más de un 70% de sus tierras. Esperamos que sea la última prórroga; hay muchos pueblos originarios que están esperando tener certezas sobre los derechos de las tierras que ocupan”, dijo Lipovetzky. “La prórroga es muy importante, tenemos que avanzar hacia verdaderas políticas de diálogo y articulación con los pueblos originarios”, manifestó.
Por su parte, el diputado Jorge D´Agostino, de la Unión Cívica Radical, se mostró de acuerdo con el proyecto pero expuso sus reparos sobre la prórroga. “Debería ser una ley que se incorpore a los tratados internacionales para que los consejos de participación indígena participen en la conceptualización sobre qué es un pueblo originario”, afirmó. Y enfatizó que “hay que terminar con la prórroga eterna”.
El diputado Eduardo Amadeo, de Unión PRO, manifestó que “no es cierto que la única vía para la resolución de estas problemáticas sea el conflicto”. “La ley que estamos prorrogando es resultado de un fracaso, no lograremos hacer valer los derechos de los pueblos originarios con bombas molotov”, resumió.
Desde el Frente para la Victoria, el diputado Santiago Igón denunció que “desde el 2015 al 2017 no se entregó un solo título de propiedad comunitaria”. “A lo largo de este año hemos visto el maltrato y la vejación hacia los pueblos originarios”, criticó. “Ojalá sea la última prórroga; debemos respetar la Constitución Nacional donde se incluye a los pueblos originarios como tales”.
Darío Martínez, de la misma bancada, dijo que en Neuquén “ha generado angustia que no se haya avanzado en los relevamientos”. “No alcanza con la prórroga porque hay que dotarla de partidas presupuestarias y de equipos técnicos”, agregó.
En tanto, la diputada Adriana Nazario, de Unidos por una Nueva Argentina, dijo: “Hace más de diez años que está en emergencia este tema. Es muy urgente que lo resolvamos, tendrán que funcionar las auditorías para que las cosas se hagan”.
Por el bloque Justicialista, el diputado Pedro Rubén Miranda adelantó la postura favorable de su bancada y pidió a las Comisiones y al Jefe de Gabinete informes acerca del avance sobre el cumplimiento de la ley.
En nombre del Peronismo para la Victoria, la diputada Silvia Horne respaldó la normativa, pero criticó que “están faltando las voces de los protagonistas; estamos haciendo interpretaciones con la ausencia expresa sobre quienes estamos legislando”.
“En Río Negro se relevó el 50% del territorio: es la presencia de la lucha indígena la que posibilita la prórroga por cuatro años. Este Congreso tiene una deuda histórica con los pueblos originarios”, sostuvo Horne.
Asimismo, los bloques de Libres del Sur, Proyecto Sur, Compromiso Federal y del Partido Socialista también apoyaron la media sanción que extiende la ley 26160. “Esperamos que el Estado nacional y las provincias cumplan con sus objetivos”, apuntó Alicia Ciciliani, del socialismo.
El Frente de Izquierda, representado por el diputado Pablo López, denunció que “hay empresas que se quieren quedar con las tierras de los pueblos originarios”. “Hemos tenido una brutal represión al pueblo mapuche que terminó en la muerte de Santiago Maldonado. Esta ley garantiza un amparo y permite ganar tiempo a los pueblos por el derecho a su tierra”, afirmó López.
