Continúan violando el Derecho a la Consulta y Participación de los Pueblos Originario

4 de marzo de 2015

La red vial ancestral, mal llamado “camino del Inca” o camino andino, está constituido por un sistema de antiguos caminos transitados desde tiempos inmemoriales por los Pueblos Originarios de la región, que recorren la cordillera de los andes conectando el territorio que en la actualidad corresponde a Colombia con la Patagonia Argentina y el sur de Chile.

Este sistema vial, al que los Incas habrían denominado (según la literatura existente) “Qhapaq Ñan” (el camino principal), es preexistente al pueblo incaico ya que fue construido y utilizado (y lo sigue siendo) por cientos de Pueblos Indígenas a lo largo de miles de años hasta la actualidad. En Argentina somos más de 20 pueblos los que seguimos recorriendo este camino para el intercambio y comercialización de productos, como así también con fines políticos, culturales y sociales.

En el mes de junio del 2014 este sistema vial fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad con el apoyo de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En el caso de Argentina, la provincia de Salta y el Estado Nacional impulsaron la patrimonialización a través del Programa “Qhapaq Ñan” basando su fundamento en “la pobreza de las comunidades del área” y argumentando que la misma significaría un gran “desarrollo” para las mismas. Sin embargo, a pesar de la aparente preocupación que intentan mostrar, al parecer olvidaron realizar el correspondiente proceso de Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado de los más de 20 Pueblos Originarios que habitamos en estos territorios y hacemos uso ancestral de dichos caminos, al igual que lo hicieron nuestros antepasados que los construyeron con sus propias manos. 

El Consejo Indígena del Pueblo Tastil (CIPT), espacio que nuclea a 14 comunidades de base y que forma parte del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios (ENOTPO), denuncia una vez más la violación del Derecho a la Consulta y Participación establecido en la Constitución Nacional, en el convenio 169 de la OIT (Ley Nº 24.071) y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

El 18 de febrero el Consejo Tastil recibió una comunicación de parte de la Dirección de Patrimonio Arqueológico de la Provincia informando que el día 20 (solo dos días después) llegaría al territorio donde se encuentra la ciudad sagrada del Pueblo Tastil, un equipo de producción audiovisual perteneciente al Sr. Gustavo Santaolalla para la realización de un documental sobre el “Qhapaq Ñan”. 

Ante esa situación, se convocó a una reunión a los técnicos de la Dirección de Patrimonio de la provincia y a la Unidad de Gestión Local (UGL) para pedir una explicación y exigir que se respete el derecho del Pueblo Tastil a definir las acciones que puedan afectarlos, como así también las que afecten su Territorio. Más tarde se incorporó el equipo de filmación a la reunión, no pudiendo contar con la presencia de Gustavo Santaolalla quien no quiso involucrarse en los planteamientos de nuestro Pueblo.

Al respecto, el Pueblo Tastil tomó nota de una serie de definiciones que fueron tomadas sin su consentimiento, como ser la incursión sin permiso en territorio del Pueblo Tastil por parte del equipo de producción y el equipo del Qhapaq Ñan hacía un mes atrás, la existencia de un guión elaborado sin consulta, la elección de los actores del documental sin contemplar la participación de miembros del Pueblo Tastil. Asimismo comunicaron que esta sería una primera parte del total de filmación, la cual continuará en el otro tramo patrimonializado, del lado del territorio del Pueblo Diaguita (Payogasta) en Los Graneros y La Kallanka, para la cual también contaban con una persona ya designada para la palabra guionada y el contenido para la filmación. 

Haciendo ejercicio del Derecho Indígena los delegados de Tastil tuvieron que solicitar que se detuviera la filmación para presentar su postura ante el Sr. Santaolalla y corregir los gruesos errores que estaban presentes en el contenido del guión. Ante el hecho consumado, sin dejar de exigir que se cumpla la consulta, propusieron ciertos cambios para que mínimamente se refleje el posicionamiento político y la cosmovisión del Pueblo Tastil que hasta el momento había sido invisibilizado. Asimismo se requirió tener en cuenta la consulta y participación durante la etapa de edición.

De acuerdo a lo informado por la producción, el trabajo documental fue convenido con el Ministerio de Cultura de Nación a cargo de Teresa Parodi, que como Estado tiene la obligación y responsabilidad de convocar a los Pueblos Originarios para realizar el proceso de Consulta. Este hecho no quita responsabilidad a los privados quienes también deben cumplir con lo que manda la Constitución Nacional y respetar al Pueblo Originario preexistente como Sujeto de Derecho.

Ante el panorama presentado, el Pueblo Tastil denuncia una vez más la violación de los derechos que amparan a los Pueblos Originarios ante la patrimonialización inconsulta de caminos ancestrales. Además, ante los nuevos hechos sucedidos se comienzan a revelar las consecuencias indeseables a las que lleva la patrimonialización como el crecimiento del turismo sin una correcta planificación ni control; incursiones a escondidas y no autorizadas a territorios indígenas por parte de turistas, documentalistas, emprendimientos comerciales; actividad de Enduro (modalidad de motociclismo); entre tantas otras. 

Dichas actividades perpetúan y multiplican la vulneración de los derechos indígenas y fueron denunciadas en innumerables oportunidades por los Pueblos Originarios sin conseguir hasta el momento una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales y provinciales.

Por todo lo expuesto, la asamblea comunitaria del Consejo Indígena del Pueblo Tastil definió:

Solicitar el diálogo directo con el Ministro de Cultura de Salta Dr. Mariano Ovejero, dado que las instancias intermedias no dieron respuestas concretas de los acuerdos entablados. 

Generar difusión y debates respecto a la Patrimonialización Inconsulta en diversos espacios como escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, organizaciones indígenas, etc.