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"MEMORIA, LUCHA Y RESISTENCIA POR JAVIER CHOCOBAR"

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1º ESPACIO INTERCULTURAL DE REFLEXIÓN 

"MEMORIA, LUCHA Y RESISTENCIA POR JAVIER CHOCOBAR"

Nosotros, la Comunidad Los Chuschagasta pertenecientes a la Nación Diaguita (Pers. Jurídica Nº 03 RENACI - INAI) desde nuestro territorio ancestral ( Valle de Choromoro actualmente provincia de Tucumán) hemos constituido el mes de octubre como un mes de Memoria, Lucha y Resistencia honrando así a nuestra autoridad asesinada Javier Chocobar. En su lucha por defender nuestro territorio también nos reconocemos nosotros quienes desde aquel 12 de octubre de 2009 no hemos dejado ni un solo día de exigir justicia por su asesinato y por el avasallamiento que sufrimos sobre nuestros derechos colectivos como Pueblo Diaguita preexistente y vivo.

Durante estos ocho años de impunidad donde "la justicia es solo para unos pocos", para los que tienen poder, para los que nos persiguen y nos hostigan , para un sector oligárquico que históricamente sometió a nuestro pueblo y que quiso seguir haciendo lo mismo con nosotros. Pero, no les fue posible. La falta de justicia, la discriminación y el hostigamiento no hicieron otra cosa que fortalecer nuestra identidad originaría, nuestra lucha, nuestra Institución propia como Pueblo Chuschagasta y nuestra memoria colectiva. Como resultado hoy estamos con más fuerzas que nunca con la convicción de que no solo alcanzaremos la justicia tan ansiada para Javier, para su familia y para todos los Chuschagasta.

Si bien hemos alcanzado muchas metas siempre con el objetivo de visibilizar y exigir justicia para Javier Chocobar , entendemos que no solo luchamos por defender nuestros derechos como Diaguitas, luchamos también para que no haya otro Javier Chocobar en ningún territorio originario. Sabemos de otras luchas territoriales, de hermanos nuestros que al igual que nosotros defienden diariamente su territorio luchan por no ser desalojados, violentados en sus derechos como seres humanos. Nuestra herramienta fundamental es el fortalecimiento de nuestra organización y el reconocernos como lo que somos: Pueblos Originarios, en nuestro caso Diaguitas, Chuschagastas.

En este marco surge esta nueva propuesta de crear este "1º espacio Intercultural de reflexión: Memoria, Lucha y resistencia por Javier Chocobar" en conjunto con la Universidad Nacional de la Matanza, ejerciendo la interculturalidad con el compañero Felix Acuto quién viene acompañando nuestro proceso territorial poniendo sus conocimientos a disposición nuestra. 

Los Chuschagasta queremos poner en palabras nuestra lucha por el territorio ancestral, la importancia de conocer y poner en ejercicio nuestros derechos colectivos. Pero sobre todo una vez más exigir justicia por nuestra autoridad Javier Chocobar.

Por todo lo expresado hacemos extensiva esta convocatoria a todos aquellos que deseen acompañarnos el viernes 27 de octubre a las 18:30hs en la Universidad Nacional de la Matanza.

SUM. Departamento de Derecho y Ciencia Politica.

Calle Florencio Varela 1903 - San Justo.

La Matanza - Buenos Aires.

¡¡¡JUICIO Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARIO AMIN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!!!

¡¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!!!

Contactos: Audolio Chocobar 0381 5999189. Nancy Chocobar 1158396726

Historia criminal de la Gendarmería

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Las masacres indígenas de los "Centinelas de la Patria"

Escribe Daniel Cecchini | Nov 1, 2017 



Las masacres de indígenas por orden de los ingenios del norte argentino y la participación activa en el plan sistemático del Terrorismo de Estado muestran que el accionar de la Gendarmería en la represión de los mapuches que culminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado no es una excepción sino una línea de conducta.

En la década de los ’60, quizás hasta principios de los ’70, miles de adolescentes – y no tanto – esperaban todas las semanas la llegada a los kioscos de la revista D’Artagnan, que junto con El Tony y Fantasía constituían el trípode que sostenía el éxito de ventas de Editorial Columba, por entonces líder indiscutible del mundo de las historietas en la Argentina. En las páginas de D’Artagnan, entre personajes mucho más famosos como Nippur de Lagash y Gilgamesh el inmortal o el agente de inteligencia Dennis Martin, se colaba un gendarme recio llamado Hilario Corvalán, creado por Sergio Almendro y dibujado, entre otros, por Néstor Olivera y Horacio Altuna.
El Sargento Morales, historieta de D’Artagnan.


Corvalán – igual que su antecesor, también en D’Artagnan, el Sargento Morales, vaya apellido – era de los buenos: tenía una conciencia moral impecable, respetaba la ley, obedecía las órdenes siempre correctas y mesuradas de sus superiores, perseguía a ladrones y contrabandistas, y nunca, pero nunca, cometía una injusticia contra un indio. No debe extrañar: el gendarme bueno Corvalán era por entonces una pieza más de una batería de penetración cultural que incluía historietas protagonizadas por buenos policías, buenos soldados y buenos marinos a través de los cuales se buscaba instalar –y sostener – en la sociedad argentina una imagen impoluta de las fuerzas armadas y de seguridad. Porque la bondad y la corrección de estos personajes no era una excepción sino que se mostraba como el reflejo del espíritu de las fuerzas que integraban.

En todo caso, el espíritu de cuerpo que se dibujaba en Hilario Corvalán estuvo ausente el 1° de agosto pasado cuando fuerzas de Gendarmería entraron de manera violenta e ilegal en la Pu Lof de Cushamen para escarmentar a la comunidad mapuche y, en medio de una represión brutal, desaparecer a Santiago Maldonado. Tampoco se hizo presente los días que siguieron, cuando la Gendarmería, el gobierno nacional que la comanda y los medios hegemónicos montaron una batería de acciones de distracción, encubrimiento y criminalización de las víctimas para ocultar su responsabilidad en una desaparición forzada que, ahora se sabe, terminó en una muerte cuyas circunstancias y causas todavía deben investigarse a fondo en medio de una maraña de versiones falsas.

Si algo tienen en común la ficción encarnada en el gendarme Hilario Corvalán de la historieta y la actuación de la Gendarmería Nacional en los hechos de Cushamen –pero también a lo largo de toda la existencia de la fuerza – es la vocación de encubrimiento del accionar criminal que atraviesa toda su historia.

Centinelas de (los dueños de) la Patria
Bullrich: “Centinelas de la Patria”.


“Debemos recordarlos como lo que fueron: centinelas de la Patria que eligieron servir al país por vocación”, dijo en diciembre de 2015 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la ceremonia de despedida de los 43 gendarmes muertos en un accidente vial cuando se dirigían a la provincia de Jujuy para colaborar en la represión de la Túpac Amaru como parte del plan del gobierno provincial de Gerardo Morales para desmantelar la organización social encabezada por Milagro Sala.

La funcionaria reflotó así la imagen pública que el gobierno del conservador de Jaime Gerardo Roberto Marcelino María Ortiz buscó imprimirle cuando la creó, por Ley 12.367, en julio de 1938, durante la “década infame”. Centinelas de la Patria, guardianes de las fronteras, detrás de esas funciones manifiestas la Gendarmería no demoró en desnudar otro rostro, el de fuerza represiva del Estado al servicio de los grandes intereses económicos privados.
La Gendarmería Volante.


Esa misión ya venía impresa en su nombre, tomado de la Gendarmería Volante, un cuerpo mercenario privado creado por La Forestal, con el apoyo del gobierno santafesino de Enrique Mosca (futuro número dos de la fórmula de la Unión Democrática que enfrentó a Juan Domingo Perón en los comicios de 1946), luego de la gran huelga de los trabajadores de esa empresa en 1919. Conformada con los mismos criterios de reclutamiento que la Legión Extranjera francesa, la Gendarmería Volante fue utilizada sistemáticamente para reprimir a los obreros organizados hasta el cierre de la empresa de capitales británicos, en 1923.

Quince años más tarde, la Gendarmería estatal nacerá con esa historia cargada en sus genes.

La masacre de Rincón Bomba

En junio de 2005, el abogado Julio García, representante de la Federación Pilagá, interpuso una denuncia contra el Estado nacional por “crímenes de lesa humanidad” en el Juzgado Federal N°1 de Formosa. Fue la primera vez que la inmensa mayoría de los argentinos escuchó hablar de “La masacre de Rincón Bomba” o “La masacre de La Bomba”, cometida por fuerzas de Gendarmería Nacional en octubre de 1947, en la zona formoseña de Las Lomitas, contra integrantes de los pueblos originarios pilagá que se habían concentrado allí cuando venían corridos desde Salta luego de trabajar en el Ingenio San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, sin que se les pagaran los salarios prometidos.
Gendarmes en Rincón Bomba.


Unos meses antes de la matanza, alrededor de siete mil hombres, mujeres y niños de esa etnia habían llegado caminando desde Las Lomitas hasta Tartagal, en Salta, con la promesa de trabajo en la zafra. Las condiciones que ofrecía el ingenio eran paupérrimas, pero el hambre pesaba más. Un artículo publicado en 1946 por el diario El Laborista describe la situación sin eufemismos: “Los toma a trabajar en su ingenio y les paga lo que quiere. Si encuentran que las condiciones del ingenio son demasiado duras se escapan antes de cumplir con su contrato, la policía particular de Patrón Costas los persigue como si fueran caza mayor y los balea y mata si es necesario”, relataba.

Terminada la zafra, les negaron los salarios y, ante las amenazas de la policía privada de Patrón Costas, emprendieron nuevamente a pie el largo viaje de regreso a Las Lomitas, en cuyo transcurso decenas murieron víctimas del hambre y las enfermedades. “Volvieron a pie hasta Las Lomitas porque carecían de medios para hacerlo por ferrocarril”, cuenta en otro artículo el diario Norte del 13 de mayo de 1947. Se instalaron en La Bomba, un paraje cercano, donde los pilagás se reunían para escuchar la palabra de un líder evangelista de la comunidad, Luciano Córdoba, conocido como Tonkiet.
Ingenio San Martín del Tabacal.


Pero en Las Lomitas tampoco había trabajo y el hambre los seguía matando. Ante la gravedad de la situación, las autoridades provinciales se comunicaron con el presidente Juan Domingo Perón, quien ordenó, como parte de una ayuda mayor, el envío de tres vagones con alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa y permaneció en la estación, a la intemperie, diez días aproximadamente. Cuando llegó a Las Lomitas había un solo vagón lleno y dos semivacíos, con los alimentos en mal estado. De todos modos fueron distribuidos entre los miles de indígenas que los reclamaban. “Qué tanto se preocupa si al final son indios”, le contestó el delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, al jefe del Escuadrón de Gendarmería, comandante mayor Teófilo Ramón Cruz, cuando éste le pidió explicaciones sobre el mal estado de los alimentos. El remedio fue peor que la enfermedad: se produjo una intoxicación masiva que causó decenas de nuevas muertes.

Mientras tanto, comenzaron a circular rumores de un ataque indígena contra Las Lomitas para conseguir alimentos y Gendarmería formó un “cordón de seguridad” alrededor del campamento pilagá, con nidos de ametralladoras, carabinas y fusiles. Nadie podía traspasarlo, de modo que los indígenas quedaron encerrados en lo que en la práctica era un campo de concentración. El 10 de octubre, el cacique pilagá Paulo Navarro, conocido como Pablito u Oñedié, pidió una entrevista con el jefe de los gendarmes para buscar una solución.
Prisioneros pilagá, junto a un gendarme.


Los gendarmes contestaron con balas y en minutos causaron más de trescientos muertos entre los indígenas atrapados sin salida. La masacre continuó durante toda la noche: “Pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad, debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte, al que obviamente conocían palmo a palmo”, se justificaría después el comandante mayor Cruz.

Los asesinatos se prolongaron durante diez días, a medida que iban acorralando a los indígenas que habían podido escapar en dirección a Pozo del Tigre y Campo del Cielo, dos localidades cercanas. Patrullas de gendarmes, apoyadas por un avión, localizaron y mataron a otras doscientas personas, cuyos cadáveres iban quemando porque “no había tiempo para enterrarlos”.

La demanda contra el Estado en 2005 calcula que en Rincón Bomba y sus alrededores fueron asesinados más de mil indígenas y que otros doscientos desaparecieron. El gobierno jamás investigó los hechos y no hubo sanciones de ningún tipo para los gendarmes asesinos. Al contrario, no pocos de ellos fueron ascendidos por su participación en la masacre.

Ledesma a la caza de los nivaĉle

Una serie de entrevistas a ancianos nivaĉle realizadas entre 2014 y 2016 por los investigadores Gustavo Núñez, Marcelo Mendieta y Pablo Chianetta, permitió también reconstruir, setenta años más tarde, otras masacres cometidas por la Gendarmería Nacional contra trabajadores indígenas de otros dos ingenios del norte argentino, Ledesma y Esperanza. Los entrevistados refirieron también que, a continuación de cada masacre, sufrieron ataques de la Gendarmería en sus propias aldeas, lo que los obligó a cruzar el Río Pilcomayo y refugiarse en Paraguay.
A caballo en Formosa.


Las causas y las consecuencias se repiten: “Muchos nivaĉle fueron engañados por el Ingenio Ledesma, y muchos murieron ahí y también en el Ingenio La Esperanza. Muchos trabajan los nueve meses, pero no cobraban, no les pagaron. Le daban por ahí pantalón, camisa, o un poco de tela, y nada más. Los blancos decían: ‘no hay que pagarles’. Había sido idea de los blancos que a esta gente no le vamos a pagar porque allá vamos a matar a todos”, relató uno de los entrevistados, Ts’ivanti (Eduardo Ponce Duarte).

Los testigos de los hechos ya están muertos, pero sus historias fueron transmitidas oralmente de generación en generación, como parte del acervo identitario de sus comunidades. Sus testimonios fueron recopilados en el trabajo ¡Están! El Pueblo Nivaĉle en Formosa, de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo, que fue presentado en julio pasado en el Congreso Nacional.

A los efectos de esta breve historia criminal de la Gendarmería Nacional se recuperará aquí uno de esos testimonios, referido a la segunda de una serie de masacres relacionadas con el Ingenio Ledesma, hoy propiedad de la familia Blaquier.

“Esta historia es muy mala que me contó mi papá. La segunda matanza de nivaĉle fue en Fortín Chávez. Esta matanza ya se sabía en el Ingenio Ledesma. Los gendarmes hablaron con los jefes del ingenio y les dijeron que les querían matar a los indios. El jefe de obra les dijo que no todavía, que les dejen terminar el trabajo y después ellos les largan, y ahí sabrán qué hacer ustedes. Trabajaron muchos meses, nueve meses, un año, y el jefe de la obra les decía a los nivaĉle que compren armas. Vat’ôsĵat compró una escopeta”, relató Môshee (Esteban Madrid Cano), que en el momento de la entrevista tenía 74 años.
Moshee da testimonio.


“Siempre volvían en distintos grupos, de veinte, de quince. Así llegaron a ese fortín y les dijeron que descansen, que les iban a dar de comer, parecido a la otra matanza. A algunos les gustó la idea y a otros no les gustó y decían no hay que aceptar. Así que algunos quedaron y otros no. Los gendarmes les dijeron: pueden descansar acá, vamos a carnear una vaca para que coman asado y puedan cocinar, y eso le puso bien arisco a la gente, así contó mi padre. Él estaba en ese grupo, decía que ellos se separaron sino los gendarmes iban a matar a todos. Mi papá cuenta que el papá de una señora, que se llama Marta, desarmó su arma y puso en una maleta chica, y se fue con la gente que no quiso quedar. Cuando iban a mil metros, más o menos, ya se escucharon los tiros. Griterío dice que había, y ahí algunos en ese momento se escaparon. La matanza anterior fue en El Quemado, y ésta en Fortín Chávez, en el año ’40 más o menos. Los nivaĉle que iban solos se escaparon, y a los otros que quedaron, como era campo, los mataron”, continuó.

“Vat’ôsĵat, que desarmó su escopeta, fue herido, y ahí se dio cuenta que también tenía escopeta y armó su escopeta. Mató dos gendarmes y corrió para escapar – siguió relatando -. Le seguían. Él encontró un pozo y se escondió en un chañaral tipo isla. Ahí se metió. Llegaron los gendarmes y vieron que entró ahí, y cuando fueron a ver él les tiró. Ellos también tiraron pero no le veían a él. Después vino el jefe de los gendarmes y él le tiró y le mató, y ahí vinieron los gendarmes y alzaron a su jefe y se fueron, y después de eso pudo salir para este lado y venir. Los gendarmes los perseguían con perros, con caballos, y algunos iban a pie. Esta historia no es buena”.

El Estado tampoco investigó jamás ninguna de estas masacres, que recién más de medio siglo después comienzan a salir a la luz pública.

Una historia repetida

La participación de la Gendarmería Nacional en el plan sistemático de desaparición de personas implementado por el Estado Terrorista durante la última dictadura cívico-militar exigiría un artículo aparte. Los juicios por delitos de lesa humanidad han demostrado sin lugar a dudas la activa participación de la fuerza en la represión ilegal y probaron la presencia de muchos de sus integrantes en los grupos de tareas y los centros clandestinos de detención.
En la Pu Lof, la misma historia.


En pleno siglo XXI, cuando la Argentina lleva más de tres décadas viviendo en una institucionalidad republicana que no desconoce los altibajos en la calidad de vida democrática, la participación de la Gendarmería en la represión de los reclamos de las comunidades indígenas retorna, a la manera de los síntomas freudianos, dando cuenta de su verdadera estofa.

Las acciones represivas brutales de los últimos tiempos contra las comunidades mapuches, con su momento (hasta ahora) más trágico en la irrupción en la Pu Lof de Cushamen que culminó con la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, muestran una vez más cuál ha sido una de sus funciones básicas a lo largo de toda su historia: la de una fuerza der seguridad del Estado instrumentada al servicio del poder económico.

Ayer fueron los Arrieta-Blaquier de Ingenio Ledesma y los Patrón Costas del Ingenio San Martín del Tabacal; hoy se llaman Luciano Benetton y Joe Lewis. Los nombres cambian, pero la historia es la misma.

Mientras tanto, el gobierno nacional y los medios de comunicación hegemónicos quieren contarles a los argentinos una nueva versión de la historieta de Hilario Corvalán, el gendarme bueno, centinela de la Patria.

Pero la verdad no se puede encubrir con una historieta. La historia es muy distinta.

(Una primera versión de esta nota fue publicada en Revista Zoom)

Acta de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el CRIC

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5 noviembre 2017

En el resguardo de La Mercedes, del territorio Sat-Tama Kiwe del municipio de Caldono nos reunimos el gobierno nacional y las autoridades indígenas de la minga, Por la vida, el territorio, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos, celebrando el siguiente acuerdo.

Compromisos del Gobierno Nacional
  • Las mesas se reinstalan oficialmente mañana lunes 6 de noviembre de 2017 lo más temprano, dependiendo de las situación de transporte de la comisión.
  • Una vez se reinstale la mesa de negociación entre el gobierno y el CRIC, el lunes 6 de noviembre, empezará el despeje de la carretera Panamericana y al mismo tiempo se retirará el ESMAD.
  • El Decreto con fuerza de ley que da fuerza el 982 de 1999 estará firmado el miércoles 8 de noviembre de 2017.
  • El Gobierno Nacional hará una solicitud a las autoridades judiciales para aplicar la directiva No 008 de 2016. El gobierno propiciará una reunión con el director nacional de fiscalías en el menor tiempo posible.
  • El gobierno hará un llamado, a través de los medios de comunicación regional, a la no estigmatización de la protesta social y rechazará las expresiones que incitan a la violencia contra el CRIC y las comunidades indígenas.
  • Se reinstala la mesa con la minga regional el lunes 6 de noviembre e inmediatamente se agoten los temas relativos al Departamento del Cauca, se instalará la mesa nacional.
Compromisos de la Minga
  • Desbloqueo de las vías en todos los puntos una vez se reinstale la mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional el lunes 6 de noviembre, y se mantendrá acorde con el cumplimiento en el marco del desarrollo de las mesas.

El CRIC manifiesta que continuará con la “minga por el territorio, la vida, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos”, hasta agotar el desarrollo de las negociaciones con el Gobierno Nacional.

Compromiso Conjunto

El Gobierno Nacional y el CRIC, en la medida en que a partir del lunes 6 de noviembre empezará el desbloqueo de las vías, harán, desde este momento, todo lo posible para evitar cualquier acto de confrontación y mantener un clima de paz y convivencia que permita un dialogo fluido para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de los pueblos indígenas del Cauca.

Naciones Unidas, MAP OEA y la Defensoría del Pueblo, harán monitoreo de este acuerdo, en los diferentes puntos geográficos en coordinación con el programa de defensa de la vida y los derechos humanos del CRIC.

Barrick Gold y las dos Justicias

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Están acostumbrados a destruir montañas. Se dedican a eso, a extraer oro y minerales de sus entrañas. Y para hacerlo no sólo cuentan con máquinas, trabajadores, tecnología y expertos internacionales. También, por supuesto, con mucho dinero y capacidad de lobby. Son estas las herramientas que les permiten perforar otras estructuras: la de los poderes de los Estados, generalmente más permeables que las montañas y más contaminadas que los ríos que las empresas mineras también se dedican a destruir.

¿Pero qué pasa cuando no alcanzan los billetes ni las influencias para avanzar en sus proyectos? ¿Qué sucede cuando enfrente hay personas, organismos o instituciones que, pese a presiones y amenazas, se mantienen firmes?

Un ejemplo y un principio de respuesta -temporaria, porque habrá que ver cómo sigue la historia- puede encontrarse en la reacción de Barrick Gold respecto a la causa que investiga violaciones a la Ley de Glaciares en los emprendimientos mineros Veladero y Pascua Lama.

La “noticia” que en los últimos días “se repitió” fue que la minera canadiense, a través de su director ejecutivo, Fernando Giannoni, pidió la recusación del juez federal Sebastián Casanello por "prejuzgamiento inadmisible, una marcada animosidad en contra de Barrick y una clara parcialidad en favor de la Asamblea Jáchal No Se Toca”.

Como Casanello rechazó la acusación, ahora será la Cámara Federal porteña quien tenga la última palabra.

Pero la “noticia” que no circuló es que, hace poco más de un mes, la Cámara rechazó otro pedido de nulidad de la causa presentado por Barrick e instruyó a Casanello a seguir investigando. Significó un nuevo revés para la minera, que desde un principio puso trabas en la investigación: ya cuestionó, sin éxito, la competencia del juez, la constitución como querellante de la Asamblea de Jáchal No se Toca y hasta el peritaje del reconocido hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, quien tras su visita a la mina, además de revelar que se le negó información, confirmó que “Veladero está construida sobre ambiente periglaciar” y que “cuando deje de operar, la roca de desechos que permanezca va a seguir contaminando el agua”.

En ese sentido, el escrito presentado hace unos días por Barrick aparece como un manotazo más de una empresa que, por primera vez, ve que corren riesgo sus proyectos. El propio juez manifestó en abril pasado que “la producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados".

“Están desesperados porque en esta causa lo que se está reconstruyendo es la Ley de Glaciares y ellos saben que la violan. Por eso están buscando todas las formas de frenarla, a pesar de que ni siquiera son parte en el expediente, porque esta es una causa penal en la que se están investigando las complejas maniobras que se llevan adelante para incumplir la ley”, dice Enrique Viale, abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, único querellante de una causa “histórica”, con más de 30 testimonios y en la que fueron llamados a indagatoria ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente, de la Administración de Parques Nacionales y del Instituto Argentino de Nivología y Glacilogía (IANIGLA).

La contracara es la causa que en San Juan -por decisión de la Corte Suprema, que decidió desdoblar la competencia- lleva adelante el juez Pablo Oritja, encargado de juzgar la responsabilidad de los funcionarios provinciales y de los directivos de Barrick Gold en el mayor derrame de cianuro en la historia argentina. Pese a que no se conoce la cifra exacta del accidente del 13 de septiembre de 2015 (fueron millones de litros de solución cianurada y otros metales pesados que se vertieron en el Valle y el río Potrerillos) y que volvieron a repetirse fugas en 2016 y 2017, Oritja decidió que Veladero vuelva a funcionar en junio pasado. Por otra parte, rechazó el pedido de los asambleístas para presentarse como querellantes.

“La parte provincial es una muestra evidente de lo que pasa, a lo que están acostumbrados. Oritja les garantiza impunidad y las causas no avanzan”, apunta Viale, para quien “sería un escándalo si se acepta la recusación a Casanello, porque eso ya significaría que Barrick elige directamente a los jueces que quiere”.

“Acá lo que no se dice es que están queriendo reflotar el proyecto Pascua Lama, que del lado argentino ocupa el glaciar Toro 1, que mide menos de una hectárea”. ¿A qué se refiere Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca?

“La Ley de Glaciares dice que se deben inventariar todos los cuerpos de hielo sin importar su forma ni su dimensión. Sin embargo, en el manual trucho realizado por IANIGLA y avalado por el Ministerio de Ambiente, se modifica la ley y dice que se van a inventariar sólo los cuerpos de hielo superiores a una hectárea. De eso justamente se agarra Barrick para dejar afuera el glaciar Toro 1 y que se pueda hacer la obra de Lama”, dice Zeballos, quien además agrega que “del lado chileno, la obra también está detenida por sentencias judiciales, ya que se detectaron al menos 21 faltas graves al medioambiente”.

Consultado por este y otros temas, desde Barrick respondieron que “los emprendimientos Veladero y Lama han sido debidamente auditados conforme al artículo 15 de la ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección de glaciares, y se concluyó que sus actividades -actuales y proyectadas- no afectan directa ni indirectamente ninguna de las geoformas existentes en los ambientes glaciares y/p periglaciares protegidos por esta ley”.

Desde el departamento de Prensa también negaron responsabilidad de la minera canadiense respecto a otro tema que alarma en Jáchal y otras poblaciones cercanas a Veladero: los altos niveles de mercurio detectados en el agua para consumo humano, según estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan.

“Mientras que el máximo de mercurio establecido, según el Código Alimentario Argentino, no puede superar un microgramo por litro, en julio los niveles alcanzaron los 4 microgramos por litro, y 3 en agosto”, denunciaron desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, desde donde vienen reclamando al municipio los resultados de septiembre y una explicación sobre los motivos que no llega.

Si bien este incremento representa hasta un 300 por ciento más de los niveles de mercurio permitido, desde Barrick insistieron que “los incidentes ocurridos en Veladero y comunicados a las autoridades de control fueron mitigados y controlados. Asimismo, los monitoreos realizados por la compañía, por la autoridad y por terceros demostraron que no causaron ningún tipo de impacto en las personas o a las comunidades”.

“Es que este tema no lo quieren tratar justamente porque Barrick, allá en Veladero, además de los productos principales, como el oro, la plata y otros metales, también produce como subproducto mercurio”, precisa Saúl Zeballos. Y agrega: “En todos los derrames que hubo, confirmado por los estudios, se elevó el nivel de mercurio en el agua superficial, la que llegaba por el río, hasta en un 1000 por ciento. Pero esto del agua de consumo es nuevo, allí no se habían detectado niveles de mercurio. Por eso nos preocupamos. Incluso algunos padres fuimos a las escuelas para que no se consuma el agua de las canillas y eso les generó problemas a las autoridades escolares. Lamentablemente acá en Jáchal es así. Se trata de meter miedo y de que no se hable del tema del agua”.

Por: Maxi Goldschmidt
Fuente: Foro Ambiental(07.11.17)

EXTIENDEN HASTA 2021 LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD INDÍGENA

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EN UNA VOTACIÓN UNÁNIME, DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA.

En un debate de más de dos horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley por 214 votos afirmativos la prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena hasta el 23 de noviembre de 2021. La ley busca frenar los desalojos de los pueblos originarios y realizar un relevamiento de sus tierras.

El miembro informante del proyecto fue Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, quien mencionó que en el país “viven más de 30 pueblos indígenas, que representan entre el 2,4 y el 3 % de la población, organizados en 1.600 comunidades”.

“Quedan por relevar más de un 70% de sus tierras. Esperamos que sea la última prórroga; hay muchos pueblos originarios que están esperando tener certezas sobre los derechos de las tierras que ocupan”, dijo Lipovetzky. “La prórroga es muy importante, tenemos que avanzar hacia verdaderas políticas de diálogo y articulación con los pueblos originarios”, manifestó.

Por su parte, el diputado Jorge D´Agostino, de la Unión Cívica Radical, se mostró de acuerdo con el proyecto pero expuso sus reparos sobre la prórroga. “Debería ser una ley que se incorpore a los tratados internacionales para que los consejos de participación indígena participen en la conceptualización sobre qué es un pueblo originario”, afirmó. Y enfatizó que “hay que terminar con la prórroga eterna”. 

El diputado Eduardo Amadeo, de Unión PRO, manifestó que “no es cierto que la única vía para la resolución de estas problemáticas sea el conflicto”. “La ley que estamos prorrogando es resultado de un fracaso, no lograremos hacer valer los derechos de los pueblos originarios con bombas molotov”, resumió. 

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Santiago Igón denunció que “desde el 2015 al 2017 no se entregó un solo título de propiedad comunitaria”. “A lo largo de este año hemos visto el maltrato y la vejación hacia los pueblos originarios”, criticó. “Ojalá sea la última prórroga; debemos respetar la Constitución Nacional donde se incluye a los pueblos originarios como tales”.

Darío Martínez, de la misma bancada, dijo que en Neuquén “ha generado angustia que no se haya avanzado en los relevamientos”. “No alcanza con la prórroga porque hay que dotarla de partidas presupuestarias y de equipos técnicos”, agregó. 

En tanto, la diputada Adriana Nazario, de Unidos por una Nueva Argentina, dijo: “Hace más de diez años que está en emergencia este tema. Es muy urgente que lo resolvamos, tendrán que funcionar las auditorías para que las cosas se hagan”.

Por el bloque Justicialista, el diputado Pedro Rubén Miranda adelantó la postura favorable de su bancada y pidió a las Comisiones y al Jefe de Gabinete informes acerca del avance sobre el cumplimiento de la ley.

En nombre del Peronismo para la Victoria, la diputada Silvia Horne respaldó la normativa, pero criticó que “están faltando las voces de los protagonistas; estamos haciendo interpretaciones con la ausencia expresa sobre quienes estamos legislando”.

“En Río Negro se relevó el 50% del territorio: es la presencia de la lucha indígena la que posibilita la prórroga por cuatro años. Este Congreso tiene una deuda histórica con los pueblos originarios”, sostuvo Horne. 

Asimismo, los bloques de Libres del Sur, Proyecto Sur, Compromiso Federal y del Partido Socialista también apoyaron la media sanción que extiende la ley 26160. “Esperamos que el Estado nacional y las provincias cumplan con sus objetivos”, apuntó Alicia Ciciliani, del socialismo. 

El Frente de Izquierda, representado por el diputado Pablo López, denunció que “hay empresas que se quieren quedar con las tierras de los pueblos originarios”. “Hemos tenido una brutal represión al pueblo mapuche que terminó en la muerte de Santiago Maldonado. Esta ley garantiza un amparo y permite ganar tiempo a los pueblos por el derecho a su tierra”, afirmó López.

México: por primera vez identifican con nombre y apellido a los casi 32 mil desaparecidos que hay en el país

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Regresan nombre y apellido a casi 32 mil desaparecidos

De las 33,482 personas desparecidas que había en México hasta junio 2017, la cifra más reciente en las estadísticas oficiales, en 70% de los casos hay omisiones y errores en descripción física, que impide saber con precisión a quién se busca.

Por eso, la organización civil Data Cívica se dio a la tarea de devolverle su identidad a los desaparecidos del fueron común que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), con el propósito de que no sean sólo una cifra en el portal de la Secretaría de Gobernación.

El resultado es la plataforma personasdesparecidas.org.mx, que identifica con nombre y apellido 31,968 casos, a partir de cotejar tres fuentes de información pública: los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la propia base de datos del RNPED.

Pero hay 309 personas sobre las cuales las fiscalías y procuradurías locales no tienen más información que su nombre, conocido sólo hasta ahora gracias a la base de datos de Data Cívica.

“En México, los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. No sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias. Este es un ejercicio que los nombra para poder convertir cifras en personas. #PersonasNoRenglones”, dice la página que contiene la base de datos elaborada por Data Cívica con el apoyo de otras 12 organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Entre las organizaciones que participaron están Enjambre Digital, Serapaz, el Movimiento por nuestros desaparecidos México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el sitio de noticias Animal Político.

“Nosotros no estamos poniéndole nombre a nadie, estamos regresándole nombre a las personas desparecidas que ya lo tienen”, dijo Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto suman 18,778 las personas desaparecidas, mientras que el panista Felipe Calderón cerró su sexenio con 13.486 casos que todavía están en el registro.

RETOMAN BASES DE DATOS

El RNPED se integró en febrero de 2013 con el registro de 24,957 personas desaparecidas hasta entonces, divididas en dos categorías: fuero común (por denuncia ante autoridades locales) y fuero federal.

A partir de ese momento, se ha actualizado y depurado de manera periódica, hasta sumar hoy 33,482 casos contabilizados hasta junio de 2017. De ese número, 32,277 corresponden al fuero común y 1,205 al fuero federal.

Para su base de datos, Data Cívica sólo consideró el fuero común porque, a diferencia del registro federal, los casos no tienen ni siquiera nombre, aunque sí el lugar y fecha de la desaparición, la edad y algunas características físicas como talla y complexión.

El nombre más reciente integrado a la plataforma es Elezar Efraín Hernández Trejo, quien desapareció en Querétaro. Tiene 15 años, una cicatriz en la pantorrilla y mide 1.67 de estatura.

“A la base de datos del RNPED entran y salen personas sin que tengamos claridad sobre por qué es así”, dijo Meltis, durante la presentación de la plataforma que ya está disponible en internet para cualquier usuario.

Un ejemplo es el caso de Alejandra, la hija de Bertha Beltrán que desapareció en 2013. Su madre, quien participó en la presentación de la plataforma, se hizo buscadora para hallar a su hija. Y lo hizo 3 años después, el 29 de noviembre de 2016. Pero el nombre de Alejandra sigue apareciendo en los registros oficiales.

“Mi hija no debería estar ahí, debería estar siendo investigada por feminicidio, y me dicen que no”, dijo Bertha.

Pero México “sabe mejor cuántos barriles de petróleo produce al día que cuántas desaparecen y quiénes son esas personas”, dijo Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

LABORIOSA BÚSQUEDA

Data Cívica hizo la reconstrucción de nombres de personas desaparecidas, cotejando los atributos que contiene la base de datos del RNPED con los padrones de la Sedesol y el IMSS.

En un comunicado explica que “para hacer esta reconstrucción hicimos miles de consultas automatizadas a la plataforma de consulta en línea del RNPED, que permite buscar a las personas por atributos personales, nombre o apellido”.

Por ejemplo, explica, “si buscas a alguien de apellido González la plataforma arroja todos los registros de alguien que tiene ese apellido, aunque no hay manera de saber los nombres completos de las personas que tienen de apellido materno o paterno González”.

Data Cívica, por lo tanto, hizo miles de búsquedas automatizadas, usando un diccionario de nombres comunes que construyó a partir de las bases públicas del padrón de beneficiarios del IMSS y de la Sedesol.

“Durante este proceso automatizado descargamos 17 mil 731 bases de datos de registros relacionados con cada nombre y apellido y luego reconstruimos los nombres completos de cada persona a partir del resto de información de cada renglón (estado, municipio, sexo, edad, etc.)”.

Es decir, una vez descargados todos los nombres y apellidos del registro en bases pequeñas e independientes, se utilizaron los atributos asociados a cada nombre y cada apellido para generar identificadores únicos por fila. Los identificadores únicos permiten conectar los nombres con los apellidos y poder reconstruir el nombre completo de una persona.

Para verificar la precisión de este ejercicio, después de asociar a cada individuo con un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, buscaron sus nombres completos reconstruidos en la misma plataforma y comprobaron que estaba cada uno relacionado con un registro.

De esta manera, Data Cívica le ha devuelto su nombre a 31,968 personas no localizadas en México, como obliga la Ley General de Desaparecidos, que todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

DECLARATORIA del Foro Internacional “CONSULTA, CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO Y AUTODETERMINACIÓN”

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Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe se pronuncian sobre la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. –

Pueblos y comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y conocer el estado de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en América Latina y el Caribe, denuncian que este derecho no se garantiza de conformidad con los estándares internacionales.

En México y en otros países de la región domina la captura política de los estados por parte de las empresas que privilegia el acceso a los bienes comunes naturales para las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial, a costa de los pueblos indígenas. En las iniciativas legislativas sobre consulta, tales pueblos son excluidos de los procesos políticos y, como regla general, la presión corporativa ejerce mayor influencia que sus reivindicaciones y prioridades de desarrollo. 

En algunos países se viene discutiendo la adopción de leyes sobre consulta, bajo el argumento de que su ausencia impide la implementación del referido derecho y perjudica la seguridad jurídica para las inversiones. Nos preocupa profundamente que, en México, una ley de este tipo institucionalice la consulta como un mero trámite administrativo que atenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables. 

Los pueblos y comunidades indígenas que firman este pronunciamiento destacan que los procesos de consulta que se han desarrollado en la región no han servido para garantizar sus derechos humanos. Muy por el contrario, los procesos de consulta se han convertido en espacios de legitimación y regulación de proyectos de inversión previamente negociados entre empresas y gobiernos. En general, los procesos de consulta no son previos; se han llevado a cabo cuando los proyectos de inversión ya están siendo implementados y/o aprobados. Asimismo, se han caracterizado por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, la promoción de la división comunitaria, la criminalización de líderes y lideresas, la omisión de medidas para garantizar la participación de las mujeres y de identificación de los impactos diferenciados en perjuicio de ellas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así también los procesos de consulta no han sido procesos que se han llevado en buena fe: no se reconoce la autoridad de los representantes de las comunidades y sus procesos internos de decisión. Así también en varios casos se han reemplazado a funcionarios con los que se ha logrado llegar a acuerdos con funcionarios que no buscan el diálogo sino la imposición. Lo anterior agrava la situación de discriminación histórica y estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Así también, cuando los pueblos obtienen sentencias judiciales que amparan sus derechos y las autoridades gubernamentales las desacatan, el poder judicial no adopta medidas para exigir el cumplimiento de las mismas. Ello ha sucedido incluso ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este marco denunciamos la creciente presión política y las estrategias de manipulación en las comunidades, con el fin de destruir sus procesos políticos organizativos e imponer decisiones que favorecen los intereses de terceros sobre sus territorios y bienes naturales. De esta forma, subrayamos lo siguiente: 

a) Bajo los estándares internacionales aplicables, la consulta y el CPLI es un derecho autoejecutable. Es decir, no requiere reglamentación específica a través de ley para que surta efectos inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales;

b) Algunos aspectos de los proyectos de ley en discusión en los países de la región ya se encuentran normados en tratados y jurisprudencia de cortes constitucionales, de la Corte Interamericana y de otros órganos supranacionales de derechos humanos;

c) Varias organizaciones y pueblos indígenas en la región han manifestado su preferencia por otros mecanismos de implementación de la consulta y CPLI, tales como los protocolos comunitarios de autoconsulta y la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales vigentes;

d) La adopción de una ley específica es un ejercicio improductivo si los gobiernos no asumen políticas públicas pautadas en el verdadero respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México y Honduras, luego de la adopción de leyes específicas para protegerlos;

e) Los mismos gobiernos que defienden la adopción de leyes sobre consulta han flexibilizado los requisitos ambientales y sociales para la concesión de proyectos de inversión en territorios indígenas, vulnerando además el derecho de acceso a la información en el marco de los procesos de consulta;

f) Las leyes o decretos adoptados en algunos países, así como los proyectos legislativos en discusión, restringen el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previo libre e informado, el cual es expresamente reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia internacional;

g) Si uno de los fundamentos para la adopción de una ley es brindar seguridad jurídica, cabe recordar que, como regla general, los pueblos indígenas carecen de la debida titulación sobre sus territorios. La inseguridad jurídica que afecta de forma más grave a tales pueblos no es la inexistencia de reglas claras sobre consulta previa, sino la ausencia de políticas estatales para demarcar y titular los territorios tradicionales, en común acuerdo con los pueblos y comunidades.

Finalmente, reafirmamos que la autodeterminación debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales. Exigimos que los Estados respeten los espacios de organización y deliberación internas de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a definir sus prioridades de desarrollo en esos espacios debe regir cualquier actuación estatal. 

Alcaldia Indígena de San Juan Cotzal, Departamento del Quiché, Guatemala
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco
AIDA
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto
Centro Alexander von Humboldt (Nicaragua)
Colectivo Abogad@s
Colectivo MA OGM
Colectivo Apícola de los Chenes
Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta
CooperAcción
Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
Cooperativa Chac-Lol
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Derechos a la Tierra YA!
EDUCA
Fundación para el Debido Proceso
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
LAVIDA
Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya
Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida 
Oxfam México
PODER
ProDESC
Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPEE)
Servicios y Asesoría para la Paz
Tequio Jurídico A.C.

Ley 27400 - Prórroga. Ley N° 26.160

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COMUNIDADES INDÍGENAS
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1°.- Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga por la presente.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 08 NOV 2017

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27400 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

e. 23/11/2017 N° 90901/17 v. 23/11/2017

Fecha de publicación 23/11/2017

“Cayó Rafael al piso y gritaba: ‘No puedo respirar, no puedo respirar'"

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Desde la Lof Lafken Wincul Mapu, un integrante de la comunidad, herido de bala, describió cómo fue la represión del grupo Albatros de Prefectura, y el asesinato del joven mapuche de 22 años.

Crédito: Gustavo Zaninelli

“La represión empezó el jueves, cuando ingresaron al territorio, de madrugada. Empezaron a agarrar a las lamienes (mujeres) y a los niños. A nosotros nos persiguieron por todo el monte. Eran los del grupo especial Albatros, de Prefectura. Salieron a cazarnos. Nosotros nos defendimos con piedras y palos, nada más. Y ellos nos tiraban con municiones de plomo, sin medir consecuencias.

Pese a ese operativo seguimos resistiendo dentro del territorio. Estuvimos escapando durante toda la noche. Nos seguían con drones, con linternas. Los Albatros estaban con la cara pintada, camuflados, y arrastrándose por el suelo. 

Ayer pudimos descansar un poco, y comer algo. A las cuatro de la tarde, cuando estábamos reunidos, escuchamos un grito: "¡Quietos, al piso!", aparecieron de la nada y nos tiraron a matar. No dijeron quiénes eran. 

Nosotros respondimos con piedras, pero enseguida nos dimos cuenta que estaban tirando con plomo. Ahí hirieron al primer peñi (hermano). Él gritó: "¡Me dieron, me dieron! Nos dimos cuenta que estaban tirando con munición 9 milímetros. Nos agachamos, y las balas rebotaban por todos lados. Otra lamién (mujer) fue herida en el hombro, la bala le pasó de lado a lado.

En un momento sentimos un grito, cayó el peñi (hermano) Rafael al piso, y gritaba: "¡Ahhh, no puedo respirar, no puedo respirar!". Y cuando lo arrastramos para ver lo que tenía, se le había cerrado el pecho. El tiro le había entrado por ahí (y se señala el tórax a la altura de las costillas), y le había salido por atrás, por el pulmón. Pero en verdad no le terminó de salir, quedó encajado en la espalda, tenía como hinchado, como sobresalido, y estuvo agonizando un tiempo.

"Le hicimos reanimación. Ya se había puesto pálido, estaba frío. Y mientras lo bajábamos desde arriba del cerro, se nos murió.!

Cuando llegamos a la base nos quisieron seguir reprimiendo. Nos apuntaban con sus fusiles, y la Policía Federal estaba con pistolas en la mano, como si fuéramos terroristas. Nosotros veníamos con las manos levantadas, pidiendo por favor que nos dejen sacar el cuerpo, porque el peñi (hermano) se nos murió a la mitad del camino, en nuestros brazos. 

Bajamos al peñi y dejamos el cuerpo, porque nosotros no nos queríamos entregar. Ellos nos apuntaban con fusiles y pistolas. Nos dijeron "déjenlo ahí y vengan", como una forma de señuelo para cazarnos. Ahí lo dejamos, y lo tuvieron como hasta las 12 de la noche, tirado, como a un perro.

Lo que le pasó a Rafael Nahuel es una tristeza; se nos fue un peñi (hermano) que tenía 22 años. Mataron a un jovencito. Fue el grupo Albatros el que empezó a los balazos. No hubo un enfrentamiento. Y ahora quieren tapar la realidad de lo que pasó. Ellos vinieron a cazar mapuches. Quieren hacer lo mismo que en la Pu Lof, es decir, lavarse las manos. Pero en este caso no van a poder hacerlo, porque nosotros estamos todos baleados, y ellos no tienen ni un solo herido.

Nosotros teníamos piedras y palos. ¿Qué podíamos hacer con eso? ¡Una bala mata! 

No es verdad que haya habido diálogos de negociación ni nada por el estilo. Acá vino la fiscal el miércoles, se rió de nosotros, y dijo que si no desalojábamos pacíficamente, iba a reprimir y mandar a todos los efectivos que fueran necesarios. Estaban los niños jugando frente a ella, pero no le importó. El jueves por la madrugada, a eso de las 5, empezó el desalojo. A las mujeres que se quedaron allá arriba les pegaron, y a los nenes les tiraron gas pimienta en los ojos. 

"Pedimos que se acerque toda la gente mapuche. Esto es urgente. El apoyo tiene que ser rápido, porque no tenemos seguridad de que vengan a reprimirnos de vuelta." 

Ayer no dejaban pasar a nadie. Recién hoy, como a las 10 de la mañana, liberaron los accesos. Nosotros no tenemos celular ni cámaras, ni ningún medio, y queremos comunicarle a la gente de Bariloche, a la gente consciente, que nos venga a brindar apoyo. Hoy perdimos al peñi (hermano) Rafael, y podrían haber sido más los asesinados. 

LOS DÍAS EN LA LOF LAFKEN WINCUL MAPU

“Este es un territorio recuperado, un territorio mapuche. Nosotros queremos vivir tranquilos acá, que nos dejen trabajar la tierra, con nuestro ser mapuche, nuestros animales y nuestra gente. 

Este territorio era de nuestros ancestros, ES de nuestros ancestros, y SERÁ de nuestros ancestros. 

Hace una semana que no comemos nada. Estamos a pura agua, porque cuando entraron se llevaron toda la comida que teníamos. También se robaron tres motosierras que compramos con esfuerzo de lucha y trabajo. 

Nos rompieron dos casas que habíamos hecho. Destrozaron la siembra, se llevaron nuestra ropa, la comida, rompieron y se llevaron todo, y nos contaminaron el territorio. 

Existe documentación que a nosotros nos avala -hasta legalmente- sobre que estos territorios son ancestralmente mapuches. Es una lucha de más de 500 años. Parques Nacionales y el Estado argentino, en la época de la matanza, venían a asesinarnos, se llevaban a los niños de chiquitos a Buenos Aires o a otros países.

"A los peñi (hermanos) de esta zona se los llevaron al Museo de La Plata, y ahí los exhibían. A nuestros abuelos los vinieron a matar, como a nosotros nos vinieron a matar ahora."

Nosotros vamos a seguir acá pacíficamente, como siempre estuvimos. Queremos que nos devuelvan un pedazo de tierra, para poder trabajarla. Ahora se metieron de esta forma, a matarnos, como nos mataron desde hace 200 años, en los barrios pobres, a los hermanos que trabajan en los campos. Y de eso no se sabe nada, no es noticia.

Parece que hay que morir para que la gente se dé cuenta que la nuestra es una lucha digna. Nos dicen que somos terroristas, porque nos encapuchamos. Pero en verdad, nos encapuchamos por seguridad: tenemos cuatro peñi detenidos, dos que bajaron a pedir que no nos disparen más, y otros dos que fueron quienes llevaron el cuerpo.

Nos tienen aislados, y por eso le pedimos a los medios que se acerquen a mostrar cómo nos tienen aquí. Para no decir las mismas mentiras que dice la Justicia.

Acá hubo heridos de bala, y somos nosotros los únicos heridos. El muerto es nuestro”.

Entrevista y Producción: Gioia Claro

Muerte del joven mapuche: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”

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Días atrás se conoció la muerte de un joven mapuche quien fue baleado por la espalda por efectivos de Prefectura Naval durante operativo de desalojo y represión en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Esta situación se enmarca en las crecientes críticas a la lucha de las comunidades originarias y la justificación de las represiones constantes a las que son sometidas por parte de los gobiernos nacional y provincial. La abogada Verónica Huber habló al respecto y dejó en claro cuáles son las normativas constitucionales que protegen a los pueblos originarios y que son violadas permanentemente por el Estado. Denunció, además, que lo ocurrido en Bariloche no es ni más ni menos que un homicidio.

Para comenzar a conocer sobre los derechos de los pueblos originarios y sus comunidades, recomendó leer el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, en donde se habla sobre las comunidades y sus derechos, principalmente a la posesión y propiedad comunitaria. Luego, sugirió la lectura del inciso 22, el cual enumera una serie de tratados de derechos humanos y los equipara con la Constitución Nacional. “Esa lista no es cerrada, los distintos tratados de derechos humanos que se vayan ratificando por el Estado nacional a través de leyes tienen las mismas características, tienen el mismo rango que la Constitución”, explicó.

“En función de eso vayan y busquen la ley 24071- continuó- en la que el Estado argentino, a través del Congreso de la Nación, ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen los derechos de los pueblos originarios. No solamente a la propiedad comunitaria sino a la protección por parte del Estado a través de todos sus poderes”.

Así, al analizar la situación actual remarcó: “Lo que uno escucha en los medios es: ‘La propiedad privada está en la Constitución’, ese es el primer argumento, porqué usurpan, y no están usurpando, están reclamado”.

Al respecto, recordó que la semana pasada el Congreso ratificó la ley 26160, que dispone la emergencia territorial y la suspensión de los desalojos de las comunidades que están siendo relevadas o que han solicitado relevamiento, y cuestionó: “No escuché a nadie que pregunte, en particular en los reportajes que se han dado a los funcionarios públicos, que pregunte sobre las normativas indígenas, y no son normativas que pusieron los indios, son normativas del Estado argentino que protegen a las comunidades indígenas, que además han sido declarados por las Reglas de Brasilia como sujetos especialmente vulnerables, por lo cual requieren una protección superior del Estado a la de cualquier ciudadano común”.

“El Estado no está haciendo más que violar los derechos, en este caso, de una comunidad mapuche específica, igual que lo hizo con la Pu Lof Cushamen”, aseveró la abogada sobre la situación que se vive en el sur del país y agregó. “Son comunidades que están en proceso de relevamiento, son comunidades que están cumpliendo con las normativas del Estado, a la espera de que el Estado cumpla alguna vez con las que tiene a su cargo”.

Asimismo, sostuvo: “Acá tenemos comunidades que ya tienen resolución de relevamiento y el Estado no tiene ni miras de empezar a comenzar el trabajo para titularizar las tierras”, y enfatizó: “El Estado está en un incumplimiento constante”.

Un homicidio

“¿En qué parte de la Constitución Nacional o de las leyes argentinas está habilitado el asesinato o la pena de muerte por la comisión de algún supuesto delito?”, cuestionó la abogada respecto a lo ocurrido en Bariloche y subrayó que “lo que debiera ser la noticia en todos los medios nacionales es que Prefectura mató a una persona por la espalda con una bala de plomo que no debía estar utilizando”.

En esta línea, criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, sentada al lado del Secretario de Derechos Humanos de Nación, “dijo que ellos no iban a cumplir órdenes que ellos entiendan que no corresponden”. “Dijeron que no van a cumplir la orden de un juez, y quién tiene autoridad sobre la fuerza de seguridad es el juez, no es la Ministra de Seguridad. El juez es el que tiene la autoridad en cada actuación específica respecto a la fuerza de seguridad”, explicó la abogada.

“Están peleando por la tierra, están resistiendo dentro de su casa, de su territorio, para que no ingresen quienes son ajenos a él”, enfatizó sobre la situación de las comunidades y, comparando lo ocurrido con los casos del periodista Baby Echecopar y del juez Claudio Bonadío, quienes asesinaron a personas que intentaron robarles, lamentó: “Según quién sea el que mata parece que está habilitado, y no sería de extrañar que en cuanto se diluya toda esta situación esto prescriba”.

Continuando con su análisis, puntualizó: “Actuando una fuerza de seguridad estando un operativo bajo supervisión del Estado y existiendo un muerto, la presunción es en contra del Estado, que debe probar que no fue su responsabilidad y que no se está soslayando por la vía de la represión la aplicación de una pena de muerte no permitida ni por la ley ni por los tratados internacionales”. “La responsabilidad directa es de quien disparó, pero la responsabilidad más importante para mí es del Estado que está avalando estas conductas represivas violentas y que ha decidido prácticamente exterminar a aun sector social a fuerza de represión”, aseveró.

Remarcó que “ninguna argumentación justifica la muerte de una persona, más cuando se da en una situación en la que intervienen fuerzas de seguridad que no deberían utilizar armas de fuego porque las normativas dicen que no deben utilizarlas, y además cuando le disparan a una persona por la espalda”, y dijo: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”.

Cuestionó también: “No veo que me estén contando que ya se han requisado las armas de todos los efectivos que intervinieron para determinar cuál de ellas fue la que disparó, se está obviando esto”, y alertó respecto a que “están circulando fotos de supuestos mapuches armados y son fotos de otros hechos que no se corresponden con lo que pasó en Bariloche”.

La situación en Salta

La abogada se refirió a lo que ocurre con el desmonte en la zona de Corralito, autorizado por el gobierno provincial con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques a pedido de los titulares registrales, y acorralando a las comunidades wichi que habitan esos territorios.

“¿Cómo puedo zonificar y decirles a los titulares registrales que pueden o no utilizar esas tierras si todavía estoy resolviendo acerca de la propiedad?”, cuestionó Huber para quien “lo que hicieron fue otorgar una serie de permisos a aquellos que estaban dentro de las áreas que se podían explotar y les dieron la libertad de hacer lo que se les cantara, mientras tanto en los mismos lugares hay distintos pueblos”.

La abogada recordó que “Salta es la provincia que tiene mayor cantidad de pueblos y cada pueblo tiene, algunos más y otros menos, comunidades”, por lo que subrayó: “Hay un montón de ciudadanos salteños que tienen la situación de su territorio, de su casa, sin resolver. El mismo Estado dice que es su casa y al mismo tiempo les da permiso a otras personas para que hagan lo que quieran con ese territorio, con esa casa”.

Para la abogada, “no debió haberse hecho esa distribución de la Ley de Bosques porque fue solamente para soslayar que estaba el relevamiento en la provincia recién poniéndose en marcha”.

Siguiendo esta línea, cuestionó el accionar de la justicia frente a las necesidades de los originarios. “Mientras tanto las comunidades denuncian los atropellos que se comete contra ellas, los fiscales nunca hacen ni siquiera una indagación mínima”.


Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.

El juicio de la Historia

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La Megacausa ESMA llegó a sentencia, con un saldo de 29 prisiones perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, y 6 absoluciones. Astiz, Acosta, Pernías y todos los otros nombres. La represión ilegal, el terrorismo de Estado, el sistema de desaparición y muerte pudo ser juzgado de un modo inédito en el mundo. La emoción del fallo vivida en Comodoro Py.

Al pronunciar su alegato de defensa ante la Cámara Federal porteña en el primero de los juicios al terrorismo de Estado, en 1985, el almirante Emilio Eduardo Massera emitió un augurio: “Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la Historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”.

Este 29 de noviembre aquel delirio de grandeza de quien comandó la Armada durante la dictadura comenzó a tener respuesta.

¿Qué significan la historia, la crónica y la búsqueda de justicia? 789 víctimas y 54 genocidas eran las primeras cifras que figuraban en el volante que se repartía en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py, donde se leyó la sentencia del mayor de los juicios realizados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) o la Unidad 3.3.2. Modos técnicos de nombrar al infierno.

La llamada Megacausa ESMA, por el volumen y la intensidad del crimen, fue llevada adelante por el Tribunal Oral Federal número 5, duró 5 años entre desarrollo y testimonios. Pero tal vez fue llevada adelante, en mayor medida aún, por más de 40 años de memoria y reconstrucción de la verdad por parte de las victimas sobrevivientes y familiares que convirtieron a esa memoria en un hecho colectivo.

“Todos y cada uno de estos juicios empezaron en los lechos de tortura, en las noches , encapuchados. Cuando estábamos encadenados y veíamos con dolor e impotencia que se llevaban a nuestros compañeros los días de traslado (el término que se usaba en la ESMA para referirse a los vuelos de la muerte). Desde ahí nos comprometimos y sobrevivimos para esto. Los compañeros que hoy no están , si hubieran estado, hubiesen luchado con nosotros por la justicia. Por justicia por los crímenes de la dictadura y por la justicia en todo terreno para nuestro pueblo. La lucha que nos hizo ser desaparecidos”, dice Graciela Daleo, una de las tantas sobrevivientes que aportó su testimonio en cada juicio, desde 1985, en busca de condena y justicia.

Y algo que había dicho en 2011, en una de las causas previas seguidas por los crímenes de la ESMA: “Hubo organizaciones que tuvieron innegablemente una dinámica profunda para que esto ocurra, como las organizaciones de derechos humanos. Pero esto es colectivo. Ojalá lo viva como una victoria todo nuestro pueblo”.

Una “X” junto a 29 fotos

Un Comodoro Py rodeado de mujeres y hombres de las más variadas generaciones. Se respiraba al comienzo un clima de atención y preocupación. Nietos, hijos, sobrevivientes y las infaltables Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sentadas con sus pañuelos blancos de siempre, y sus bastones de ahora. Todas piezas fundamentales para entender el festejo del logro histórico, y mundial, que implicó esa sentencia.

La lectura del fallo se iba viendo en una pantalla entre el silencio, los chiflidos y los gritos de festejos ante cada condena.

Unas jóvenes anotaban sobre un papel con las fotos de cada genocida: “X” era perpetua, “0” era absuelto, o anotaban el número de años de prisión.

La lectura de los números de la muerte pareció infinita. Cada foja de cada causa significaba cifras desmesuradas. Cifras de los crímenes, vejámenes y torturas cometidos por cada uno de los 54 genocidas:

Privaciones ilegítimas de la libertad agravada.

Imposición de tormentos.

Homicidios agravados.

Sustracción de menores de edad.

Y en el medio del desglose del horror se escuchaba algún grito desgarrado: “Hijos de puta”, o “Queremos todas perpetuas”, como gritó una hija de desaparecidos al aire con la foto blanco y negro de su padre en la mano.

“Esto es para las Madres”, fue uno de los muchos gritos que se escucharon cuando dijo finalmente el juez dijo “Alfredo Astiz: perpetua”. Fue uno de los casos que recibió como respuesta una ovación que también pareció infinita. Varios de los presentes comenzaron a recordar en voz alta que fue el culpable, entre muchas otras atrocidades, de la

desaparición de tres de las Madres fundadoras: Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Careaga, Mary de Bianco, en diciembre de 1977.

Mabel Careaga, una de las hijas de Esther, con las voz quebrada dice: “Después de que secuestró a las tres Madres, ellas fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Me consta que las madres volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo con miedo y con temor y con esa vuelta a la Plaza derrotaron a la dictadura. A esa vuelta a la Plaza le debemos la democracia de hoy. Las perpetuas de Astiz, los pilotos y todos los genocidas son también gracias a que volvieron aquella vez, y siempre”.

Otras dos condenas ovacionadas fueron la de Adolfo Donda y Jorge “Tigre” Acosta. Los jóvenes seguían escribiendo la “X”.

Cada tanto el juez Daniel Obligado interrumpía la lectura para pedir silencio en la sala porque algunos familiares de genocidas gritaban que no estaban de acuerdo con la condena.

El resultado final de la sentencia de la Mega Causa fue:

29 perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, 6 absoluciones.

Todos los nombres

Es imposible memorizar tantos nombres, pero conviene el registro:

Jorge Eduardo Acosta (prisión perpetua), Alfredo Astiz (perpetua), Juan Antonio Azic (perpetua), Randolfo Agusti Scacchi (prisión perpetua), Juan Alemann (absuelto), Ricardo Miguel Cavallo (perpetua), Adolfo Miguel Donda (perpetua), Antonio Pernías (perpetua), Juan Carlos Fotea (25 años), Rubén Oscar Franco (20 años), Miguel Ángel García Velasco (perpetua) y Pablo García Velasco (perpetua), Juan Arturo Alomar (13 años), Carlos Guillermo Suárez Mason (perpetua), Paulino Oscar Altamira (8 años), Mario Daniel Arru (perpetua), Daniel Humberto Baucero (10 años), Julio César Binotti (8 años), Carlos Octavio Capdevilla (15 años), Miguel Enrique Clements (8 años), Daniel Néstor Cuomo (perpetua) y Rodolfo Cionchi (perpetua). Juan de Dios Daer, Alejandro Domingo D’Agostino (perpetua), Hugo Enrique Damario (perpetua), Carlos Eduardo Daviou (12 años), Jorge Manuel Díaz Smith (12 años), Francisco Di Paola (perpetua), Alberto E. González (perpetua), Orlando González (perpetua), Ricardo Jorge Lynch Jones (absuelto), Jorge Luis Magnacco (24 años), Roque Ángel Martello

(absuelto), Rogelio José Martínez Pizarro (perpetua), Luis Ambrosio Navarro (perpetua), Víctor Roberto Olivera (14 años), Rubén Ricardo Ormello (absuelto), Eduardo Aroldo Otero (17 años), Mario Pablo Palet (8 años), Guillermo Pazos (16 años), Antonio Rosario Pereyra (10 años), Claudio Orlando Pittana (perpetua), Julio Alberto Poch (absuelto), Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice (perpetua), Francisco Lucio Rioja (perpetua), Miguel Ángel Alberto Rodríguez (8 años), Juan Carlos Rolón (perpetua), Néstor Omar Savio (perpetua), Hugo Sifredi (perpetua), Emir Sisul Hess (absuelto), Gonzalo Torres de Tolosa (perpetua), Eugenio Vilardo (perpetua) y Ernesto F. Weber (perpetua).
No pudieron

En cuanto terminó la lectura del fallo el canto fue general: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar” y no tardó mucho en llegar el grito de 30 mil detenidos desaparecidos presentes.

Sobre la avenida Comdoro Py muchos de los miembros de organismos de Derechos Humanos hablaron desde el escenario dijeron las mismas palabras: “Apelaremos las sentencias insuficientes pero sobre todo sepamos que somos capaces de conseguir esto porque luchamos y hay que festejarlo”.

Lita Boitano unía pasado y presente: “Creo que es una gran jornada porque muchos jóvenes van a poder ver que muchos por lo menos la pagan. Por Santiago y por Rafita tenemos que pensar que por lo menos la pagan. Será la policía, será la prefectura, pero la impunidad no la vamos a volver a permitir. El único lugar donde se logran estas cosas es en la calle. Con la cara, el cuerpo y la palabra todo el tiempo”.

En una gran pantalla instalada en la calle se proyectaron en blanco y negro las fotografías de los detenidos desaparecidos de la ESMA, que todos se quedaron mirando y aplaudiendo.

Graciela Daleo, Vicky, leyó dos fragmentos de poemas que hicieron emocionar a la mayoría de sus compañeros de juicio:

“Y cuando finalmente llegue ese día,

cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver,

y ahí me veas,

y una voz te diga lo matamos,

se nos escapó en tortura,

está muerto,

cuando te digan absolutamente,

definitivamente muerto,

no les creas,

no les creas,

no les creas”.

Agregó: “No les creamos porque somos capaces de hacer vivir a nuestros compañeros en la memoria y en estos juicios que construyamos cada día de un país más justo para todos”.

Y volvió a leer:

“Ellos saltan las rejas,

ellos salen del río,

y derriban los muros,

van contigo y conmigo,

más allá del silencio,

más allá del olvido,

los compañeros nuestros,

nuestros seres queridos,

van contigo y conmigo,

no pudieron con ellos,

no pudieron conmigo,

no pudieron con nosotros,

con todos nosotros”.

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!

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Territorio Chuschagasta, 28 de noviembre de 2017

Pueblo - Nación Diaguita (Actualmente provincia de Tucumán. Valle de Choromoro, Dto. Trancas)

Desde nuestro Territorio Ancestral, nosotros, Los Chuschagasta (Pers. Jurídica N°03 Re.Na.Ci/INAI) Pueblo Originario preexistente a la creación del Estado Argentino, expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución que vienen padeciendo nuestros hermanos y hermanas de la NACIÓN MAPUCHE, esta escalada de violencia que fue incrementándose en este último tiempo y que dio como resultado despojos territoriales, persecuciones, encarcelamientos y muertes.

Enviamos toda nuestra fuerza a la familia del hermano Rafael Nahuel, asesinado el pasado sábado 25 de noviembre, en el marco de una fuerte represión sufrida en territorio del LOF LAFKEN WINKUL MAPU (actualmente provincia de Río Negro, lago Mascardi, Bariloche) a manos del grupo especial de Prefectura Albatros, Gendarmería Nacional y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), donde más de 400 efectivos participaron de la inhumana cacería que dio como resultado hermanas y hermanos mapuches heridos de gravedad y el asesinato de nuestro hermano Rafael Nahuel.

Desde nuestro territorio nos unimos en un pensamiento colectivo para rechazar y repudiar el accionar violento de las fuerzas de "seguridad" que nuevamente actúan avasallando nuestros derechos humanos colectivos consagrados en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, Convenios y Declaraciones Internacionales. Asimismo violan los derechos que tenemos por ser ciudadanos argentinos.

Hacemos público nuestro repudio a los dichos cargados de discriminación, ignorancia y xenofobia expresados por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quién calificó el "accionar de las fuerzas de seguridad como legal y legítimo". Al respecto, de más está decir que el accionar llevado a cabo carece de "legalidad" y que, por el contrario, es totalmente inconstitucional, ya que va en contra de todos los derechos antes mencionados. También cabe aclarar que la Constitución Nacional contempla en su artículo 75 inciso 17 nuestros derechos colectivos que no sólo reconocen nuestra preexistencia sino que también reconoce nuestra identidad originaria y el derecho a vivir en nuestros territorios, entre otros derechos.

Le comunicamos a la Ministra de Seguridad Bullrich que los Pueblos Originarios no tenemos resuelto el "problema" territorial de ninguna manera. Muestra de ello es el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar, quién fue asesinado a quemarropa por defender nuestro territorio el 12 de octubre de 2009. No sólo asesinaron a nuestra Autoridad sino que también dispararon indiscriminadamente hacia nuestros comuneros, comuneras y nuestros niños, hiriendo a tres de los nuestros. Los asesinos Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso (estos dos últimos ex policías) al día de hoy gozan impunemente de libertad.

Para que cesen los conflictos territoriales el Estado Argentino debe reconocer en primera instancia que se estableció sobre territorios habitados por nuestros pueblos desde hace miles de años, a fuerza del genocidio de nuestros antepasados. Es obligación y responsabilidad de este Estado garantizar que esa historia de violencia no se repita y establecer mecanismos de diálogo intercultural, para hacer efectivos nuestros derechos como Pueblos Originarios y también como ciudadanos argentinos.

La titularización de nuestros territorios comunitarios es parte de la deuda de reparación histórica hacia los pueblos.

Enviamos fuerza y acompañamiento para los hermanos y hermanas del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por último reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable en defensa de nuestro territorio ancestral.

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!

¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!!

¡¡BASTA DE PERSEGUIR A LA NACIÓN MAPUCHE!!

¡¡ PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!

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Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - Salta

Como Pueblos Naciones preexistentes y ciudadanos argentinos, nos preocupa el acelerado debilitamiento del estado de derecho que se está produciendo en nuestro país en la actualidad, donde comienzan a violarse las garantías constitucionales y pareciera estar instalándose un virtual estado policial. Es sumamente peligrosa la militarización del territorio ancestral Mapuche en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros en clara violación de los derechos constitucionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios, así como también de los derechos consuetudinarios o derechos propios de esencia ancestral.

Este  gobierno es el responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, hechos sucedidos en circunstancias represivas y fuera del marco legal ejercidos por la Gendarmería Nacional, y del asesinato por la espalda del hermano mapuche Rafael Nahuel en territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, villa Mascardi, territorio ancestral Mapuche. Este mismo gobierno avala el accionar violento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien actúa sistemáticamente en contra de las garantías constitucionales. La ministra Bullrich no sólo legitima la violencia institucional en base a una supuesta y dudosa legalidad, sino que lo hace cuestionando la legitimidad de la preexistencia de los Pueblos Originarios a través de relatos ficticios, difamaciones y mentiras que atentan contra la dignidad, el derecho y el ser de los Pueblos Originarios.

Notamos con suma preocupación la reemergencia de discursos autoritarios, represivos, discriminadores y racistas que creíamos superados a partir del proceso democrático, y que nos retrotraen a los sangrientos procesos de colonización y genocidio vividos por los Pueblos Originarios a lo largo de la historia. Pero aún más preocupante es la reinstalación de un poder represivo con atribuciones arbitrarias por encima de la justicia, que utiliza como herramienta legitimadora a los medios hegemónicos de comunicación para impartir “justicia” y mostrar un falaz estado de derecho. Prácticas como estas han sido utilizadas en el pasado para torturar, desaparecer y tener un Pueblo empobrecido y de rodillas que no demande derechos.

El Gobierno Nacional instala la teoría del enemigo interno, culpando de violencia a grupos virtuales creados por el relato de medios de comunicación hegemónicos afines a sus intereses, y representa a los Pueblos Originarios como usurpadores ilegales y revoltoso de sus propios territorios. Este discurso implica el regreso del relato de la doctrina de la Seguridad Nacional que reivindica un modelo económico-político de características elitistas y verticalista que suprime la participación amplia y plena de los Pueblos Originarios en su diversidad cultural y en relación intercultural entre el Estado y las instituciones legitimas de los Pueblos Originarios, de acuerdo a sus propias pautas organizativas y culturales. Los Pueblos Originarios, como sujeto de derecho y sujeto político, tenemos derecho a incidir en las políticas públicas destinadas al sector. Sin embargo, vemos con claridad que este gobierno elimina y coarta derechos y se instala desde una matriz militar – represiva, con apariencia democrática.

En nombre de la soberanía y la Seguridad Nacional, el gobierno nacional timbea y saquea nuestros bienes naturales, culturales y espirituales, espacios que son parte indivisible de la vida de cada uno de los Pueblos Originarios. Preservar estos espacios es preservar la vida de nuestras futuras generaciones. Pero no sólo esto ocurre en la Argentina en la actualidad. El gobierno nacional está promoviendo la exclusión de la mayoría de los argentinos a través de falaces reformas laborales, previsionales y tributarias, que no son más que la institucionalidad del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de la riqueza a las corporaciones del capital extranjero, la pérdida de derechos adquirido, y la retirada del estado y de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales de incidencia colectiva que tenemos como seres humanos. Esto es lo que lo caracteriza a este gobierno de carácter CEOcrático, neoliberal, cruel y depredador que, para sostenerse, recurre a la violencia encubierta en la legalidad y en la impunidad.

Desde nuestro territorio ancestral repudiamos energeticamente y con toda la fuerza de los cuatro vientos el accionar de este gobierno neoliberal que ataca sistemáticamente los derechos fundamentales de incidencia colectiva, de rango constitucional, consuetudinario y supra legales vigentes para los Pueblos Originario, atentando con la vida de los poseedores ancestrales de los territorios quienes, como Pueblos Naciones preexistentes, estamos desde miles de años antes de la conformación del Estado argentino y tenemos derecho a vivir en paz en nuestros territorios. Los más de 40 Pueblos Originarios que habitamos este país plural, apelamos y convocamos a la PAZ y a la LIBERTAD, únicos garantes para que podamos convivir en igualdad y diversidad junto a la sociedad. Sólo queremos vivir en nuestros Territorios y luchamos por nuestros derechos que nos asisten y por la construcción de un Estado de iguales, inclusivo y plural.

Nuestra abrazo a la Nación Mapuche, y con este abrazo enviamos nuestra solidaridad, fuerzas y energías a la familia del hermano Rafael Nahuel. Su espíritu continuará junto a cada uno de nuestros mártires y héroes que entregaron su vida en defensa de nuestra Identidad y Territorio.

¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS IQUINES Y TITAQUINES!



¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL! 

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO MAPUCHE!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!

¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO, CONSULTA Y PARTICIPACION!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

COMUNIDADES DIAGUITAS EN CONTRA DE UN PROYECTO MINERO EN CATAMARCA

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LA MINERÍA ESTÁ PROHIBIDA EN ANDALGALÁ, PERO EL GOBIERNO DE CATAMARCA DICE HABER HABLADO CON CACIQUES QUE HABRÍAN DADO EL VISTO BUENO PARA INICIAR EXPLOTACIONES EXTRACTIVISTAS. COMUNIDADES DIAGUITAS DESMIENTEN ESTAS REUNIONES.

El gobierno de Catamarca quiere hacer realidad su controvertido proyecto “Coherencia Minera” que establece las normas para distribuir las regalías económicas a aquellos municipios que dejen entrar a empresas mineras. Las comunidades diaguitas de la provincia, compuestas por 18 caciques expresaron su rechazo al polémico proyecto y comunicaron que cualquier tema que tenga que ver con el manejo de los recursos naturales, ellos deben intervenir en una mesa de diálogo.

“Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, declararon en un comunicado el conjunto de las Comunidades Diaguitas. La “Coherencia Minera” es una política de premio y castigo, porque sólo permite el ingreso de dinero a aquellos municipios que aprueben y permitan la actividad extractivista. Para los que defienden la vida, siguen con sus magros presupuestos.

El gobierno catamarqueño está jugando sucio. Según se pudo saber integrantes de comunidades de pueblos originarios habrían estado de acuerdo con permitir el ingreso de la minería, algo que los propios indígenas se encargan de desmentir: “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”

“Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”, aclaran desde las Comunidades. Al parecer las “reuniones” mantenidas con caciques no habrían sido del todo ciertas, y en todo caso, no se trató de personas representativas de los pueblos originarios.

El comunicado firmado por los 18 caciques diaguitas, es determinante con respecto a la “Coherencia Minera” y al accionar de un gobierno que quiere introducir la contaminación en lugares en donde la población ha dicho que no a la industria extractivista: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años”

Catamarca y especialmente Andalgalá han decidido decirle que no a la minería. Los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras le hacen llegar un mensaje final a la gobernación: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”.

Los derechos de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la OIT

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Mapuches. Reclaman su derecho a las tierras en la Patagonia.

Urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La desaparición de Santiago Maldonado y el conflicto mapuche son dos de los temas que han ocupado la mayor atención y preocupación en el último mes.

Esta lamentable situación nos ha llevado, después de mucho tiempo y casi sin querer, a debatir sobre cuestiones indígenas, reclamos de tierras, lugares sagrados, autodeterminación de los pueblos originarios y tantos otros más.

Sin embargo, la materia indígena es mucho más compleja y no puede quedar reducida al pueblo mapuche; mucho menos, identificarse con un grupo radicalizado como la RAM o con un flogger devenido en líder mapuche.

Por lo anterior, cuando hablamos de los pueblos originarios y sus derechos y obligaciones debemos preguntarnos en qué instrumentos están consagrados estos y cuál es su vigencia en la práctica.

En ese sentido, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 17 que le corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

A su vez, Argentina asumió compromisos a nivel internacional en esta materia. En 2000, ratificó el instrumento más importante que existe en la actualidad, que es el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989)”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El instrumento citado, a diferencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –respecto de la cual Argentina también votó a favor de su adopción–, es obligatorio y como tal debe ser cumplido.

Dicho convenio establece el deber para los estados de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar de modo directo a los pueblos originarios, a través de procedimientos apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Consagra, además, el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece principios acerca del uso y la transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización, y reconoce el derecho de estos pueblos de participar en los beneficios que reporten los proyectos de inversión que se desarrollen en sus territorios.

Por último, se refiere a la conservación de su cultura, a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles y a temas de seguridad social, entre otros.

Como puede apreciarse, estamos frente a un instrumento amplio y complejo, cuyo objetivo central fue dejar de lado los procesos y políticas de asimilación que se aplicaban respecto de los pueblos, para dar lugar al reconocimiento de sus propias aspiraciones, el control de sus instituciones, formas de vida, fortalecimiento de su identidad, desarrollo económico y religión.

No obstante, a diferencia de los esfuerzos que otros países de la región vienen realizando para garantizar la vigencia real de este Convenio, a la fecha Argentina no ha demostrado mayor interés en este instrumento internacional. En materia de consulta indígena y restitución y entregas de tierra, está lejos de Chile –más allá de la gravedad del conflicto actual en la Araucanía, el país vecino impulsa, de modo permanente, acciones para la observancia del Convenio 169–, Perú y Colombia, entre otros,

En mi opinión, urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (competencia que fue reconocida por Argentina), tanto en materia de consulta indígena como sobre los límites a la propiedad privada y el debido respeto a la existencia e identidad cultural de estos pueblos, para así desarrollar una verdadera política de Estado sobre esta importante cuestión.

En la medida en que esto no suceda, se corre el riesgo de que se produzca una mayor radicalización de posiciones y más violencia, menos seguridad jurídica para el desarrollo de inversiones en lugares en donde existan comunidades indígenas y un grave desconocimiento de la multiculturalidad y de los derechos de estos pueblos reconocidos a nivel internacional.

* Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile

Publicado en:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-derechos-de-los-pueblos-originarios-y-el-convenio-169-de-la-oit

Volver a la tierra

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La agroecología se multiplica al igual que la conciencia de sus beneficios: conocer y producir qué necesita nuestro organismo, comer sin veneno y dejar de alimentar el negocio de multinacionales no son sólo decisiones “saludables”. Son políticas.

Juan Ignacio Calcagno

"No habrá paz en el mundo con estómagos vacíos”, solía decir Norman Borlaug. Durante la Revolución Verde, el padre de la agricultura moderna logró un importante incremento de la productividad agrícola a nivel mundial, gracias a la cruza selectiva de plantas de maíz, arroz y trigo. Y lo cierto es que muchas personas de países con pocos recursos, como para entonces eran Pakistán e India, sobrevivieron a la hambruna. Aunque, bien en el fondo, sabemos que esos miles de millones de personas, no hicieron más que envenenar su cuerpo: Borlaug motivó el uso de fertilizantes químicos, como pesticidas y herbicidas. También la explotación intensiva del suelo mediante el monocultivo, la deforestación de los bosques y el uso de grandes cantidades de agua de riego y energía a base de petróleo.

Más allá del atropello, hoy, casi medio siglo después, los saberes campesinos echan raíces sanas y fuertes. Recobran fuerza en medio de la ciudad, son el sustento de un movimiento que busca un cambio de conciencia y le hace frente al agronegocio. 

Muchos de los que practican Agroecología encuentran un refugio en la huerta comunitaria que autogestiona el centro cultural El Transformador, en Haedo. “Es el modo ancestral de conectarse con la tierra”, nos dice Melina Tassara, quien trabaja en este espacio del conurbano bonaerense. Allí, aprenden a sembrar, siempre cuidando no dañar la tierra. A respetar los procesos naturales de las plantas. A combatir las plagas con recetas caseras, sin el uso de agrotóxicos, para causar el menor daño posible. Hay naturaleza viva alrededor. Al mismo tiempo, hay un compromiso social y ambiental, arropado por una visión holística de la realidad.

Elegir qué comer y de dónde obtener el alimento, es una de las premisas de aquellos que se involucran en este mundo consciente. Y que sostienen emprendimientos artesanales con productos agroecológicos, como alternativa a la perversidad del sistema alimentario convencional; que envenena, mata, y responde a los intereses de las grandes corporaciones.

“Apostamos por la generación de un núcleo local con el barrio. Lo bueno es que hay cada vez más gente queriendo alimentarse mejor. El mercado surgió así. A partir de la inquietud de un grupo de compañeros, armando grandes compras y organizándonos”, cuenta Melina. Cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños y medianos productores -cerca de 40-; todos tienen su lugar en la Flor de Feria, los segundos sábados de cada mes, en el Transformador. 

El Ombú de las Piernas Cruzadas, en General Rodríguez, produce verduras aromáticas y frutales, y plantines con humus de lombriz, de manera agroecológica. Es decir: libres de veneno. “Trabajamos con fertilizantes naturales, se trata de producir alimentos sanos. Hay sistemas para hacer huertas que no son tan invasivos, como lo es hacer un surco. Nosotros no usamos máquinas. Hacemos todo a pala”, asegura Gastón, que confiesa haberse escapado de la ciudad al campo más bien por “una necesidad espirituosa”.

Para algunos, el cambio de conciencia respecto de una alimentación saludable, es gradual. “Te das cuenta que hay otras posibilidades. Que hay plantas silvestres que son alimento y las podés comer. Ni siquiera tenés que ir a comprar”, sostiene Gastón. Otras veces, es sólo cuestión de estar atento a las señales que nos da el cuerpo.

“En mi caso, el detonante de seguir este camino fue una enfermedad. Y cambiar las prácticas me fue devolviendo poco a poco la salud”, suelta Juan Daga, de Al Natural, donde “planteamos una solución para celíacos, y aquellos que están dejando las harinas”.

Tiene que ver con un estilo de vida más allá de la alimentación, asegura su compañera de ruta, Aldana: “Si hay una persona celíaca, podemos comer todos lo mismo y alimentarnos lo más sano posible.

Mucha gente piensa que comerse un yogurt del supermercado es saludable. Lo que se vende ahí es alimento balanceado para humanos.

Los precios de los alimentos agroecológicos -que son más baratos que los “orgánicos”, porque no requieren certificación- varían, según dónde se hagan las compras. En ocasiones pueden ser más caros que las frutas y verduras que se venden en los mercados convencionales. Pero lo que es incomparable es el sabor: “Es como la fruta que comíamos cuando éramos chicos”, es una frase repetida por muchas de las personas que eligen alimentos realmente más “saludables”.

Generar un acercamiento entre el productor y el consumidor es otro de los propósitos que se persiguen en las ferias y almacenes con venta a la calle. Como ejemplo de esto, la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde tiene relación directa con los pequeños productores familiares hortícolas, avícolas, de la pequeña industria, harineros y aceiteros. “No somos meros comercializadadores, nosotros nos preguntamos. ¿De dónde viene lo que vendemos? Pensamos la producción, la comercialización y el consumo desde una mirada integral. Para ofrecer un producto primero lo consumimos y lo aprobamos, y después se comercializa”, explica la tesorera María Caroli.

“Es una fuente de salud y equilibrio con la naturaleza. La verdura se puede comer casi sin condimentos”, comenta Alba, quien hace dos años se acercó a Morón Surco (una de las cooperativas que produce de modo agroecológico en el oeste del Gran Buenos Aires), para escaparle a los transgénicos. Y algo más: “Me conecta con mi padre, que fue campesino y tenía huerta en San Juan. Él tuvo una vida muy dura y así y todo gozó de una buena salud, porque comía agroecológico. Eran tiempos en los que no había agrotóxicos”. 

Tampoco había tanta información disponible al alcance de la mano, como sucede ahora. Internet dejó en evidencia el oscurantismo empresarial. Y, de alguna manera críptica, favoreció el desarrollo de la agroecología en nuestro país, según apunta Juan: “Hoy se está luchando por comprobar que se puede producir a gran escala.

La agroecología está en una etapa de expansión, de a poco se van contagiando todos. Y las corporaciones saben que si esto se sigue expandiendo, ellos pierden. Con el sistema alimentario que ellos proponen, vos comés, pero no te nutrís. 

“Es un mito que no se pueda producir sin agrotóxicos”

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, especialista en Agrotecnología y vicepresidente del centro de graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, explica que "la agroecología viene a darnos elementos propios de la ecología, que son principios universales que tiene la biología para manejar sistemas productivos".

Cerdá es asesor de varios municipios que empezaron a practicar la agroecología, un sistema natural que comenzó a poner en duda el de la adicción al agrotóxico. Cada vez más productores analizan despegarse del “agronegocio” que deja de ser negocio.

Hace años se decía que el glifosato duraba "un par de días" y no se percibía la peligrosidad de los insumos químicos. Hoy los resultados están a la vista con innumerables problemas de salud. Y cada año se necesitan mayores cantidades, situación que convierte a los productores en dependientes de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes cada vez más caros.

La contracara es lo que se hizo desde tiempos inmemoriales, es decir, la agroecología, que utiliza la rotación, la bosta de los animales para nutrir la tierra y diferentes técnicas más efectivas y menos nocivas para producir, evitar plagas y nutrir a los suelos.

También mirada con desconfianza en las universidades, la agroecología empieza a ser materia obligatoria en varias de ellas, donde justamente -multinacionales, mediante- se enseña la agricultura predominante, industrial y basada en agrotóxicos y monocultivo.

"Es un mito que no se pueda producir sin agroquímicos", asegura quien asesora desde hace 27 años a La Aurora, un campo agroecológico modelo en Benito Juárez, que incluso fue reconocido por Naciones Unidas. Esta experiencia fue replicada en Guaminí, en Coronel Suárez, Coronel Pringles, Gualeguaychú, Bolívar, Lincoln, lo que suman un total de más de 20 mil hectáreas que no están usando agroquímicos, han bajado sus costos y mantienen rendimientos similares.

Cerdá remarca que ante "una agricultura drogodependiente”, que multiplica el uso de herbicidas, “la agroecología no es una alternativa, sino que es la agronomía que se va a venir en los próximos años”.

Multitudinaria manifestación de rechazo a la reforma previsional

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La masiva marcha que fue invisibilizada

Mientras las piedras y la represión se llevaban la atención de los medios masivos, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron y colmaron la Plaza del Congreso y sus alrededores. Los dirigentes destacaron que “se amplió la base social de la protesta”.
Por Laura Vale

Los miles y miles de personas que se manifestaron casi no fueron mostradas por los canales de TV, que se concentraron en los incidentes. 

“No se quejen... ¡Esto es un juego de niños!”, dice Beto López Camelo, ex dirigente de los municipales de San Miguel, hoy devenido en profesor de historia en un colegio secundario. Lo dice cuando en la plaza del Congreso, con mucha gente a pesar de los choques con la policía que se siguen produciendo contra las vallas, unos metros más adelante, varios manifestantes comienzan a señalar hacia los pisos altos de un edificio donde la policía abrió las ventanas para disparar desde la altura gases lacrimógenos. “¿Qué no se queje quién?”. Pero López Camelo ya no responde: acaba de caer cerca un cartucho de gas, y después otro. Desde adelante llega una oleada: los manifestantes que están más cerca de las vallas ya vienen retrocediendo en masa. “¡No corran! ¡Tranquilos!”, gritan mientras retroceden. Todo el mundo sabe que en medio de una corrida lo que no hay que hacer es correr.

El problema son los gases. Las fuerzas de Seguridad tienen nuevas armas que les permiten tirarlos a distancia, desde 60 o 70 metros. Si se riega una plaza llena, habrá empujones para salir. Si se siguen tirando gases durante varios minutos –los cartuchos caen en medio de las columnas que tratan de retirarse–, lo que se produce es una avalancha.

Muchos logran salir por la Avenida de Mayo, pero las calles paralelas a la avenida son angostas. Pronto hay escenas de ahogamiento: personas que caen al piso y son pisoteadas, pánico. El dueño de un bar de esta zona de embudo abre sus puertas cuando los vidrios parecen a un paso de estallar por la presión humana. Una vez que los gases se dispersan, la policía, desde atrás del vidrio, filma a los manifestantes refugiados dentro. Después empiezan las detenciones.

Hasta ese momento, en la franja de plaza que bordea el Congreso habían transcurrido dos horas de piedrazos contra una policía que, a su vez, tiraba balas de goma y gases, a corta distancia. Jóvenes con pulmones de 20, piernas de 20 y nada que perder cargaron contra el vallado que se desplegó para el blindaje del Congreso. Los primeros piedrazos comenzaron unos minutos después de las dos de la tarde, cuando en la Cámara de Diputados se reunía el quórum para a sesionar.

Los canales de televisión lo mostraron en directo, ya que todos sus móviles estaban instalados en el lugar. En cambio, quedó invisibilizado lo que pasaba unos metros más atrás, sobre gran parte de la plaza, donde los gremios y los movimientos sociales permanecían en el lugar. Por la Avenida de Mayo, cubrieron desde la mitad posterior de la plaza hasta la Avenida 9 de Julio. A su vez, por la 9 de Julio hacia el Obelisco se extendieron por otras tres cuadras más. 

En la plaza o sus cercanías, hasta la avanzada policial que gaseó toda la zona, permanecieron también sus dirigentes: entre ellos, Héctor Amichetti (Gráficos), Sergio Palazzo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas). 

–¿Por qué se quedan? –le preguntó PáginaI12 al titular de la Federación Gráfica, que en uno de los canteros se mantenía con su columna, a pesar de que radios y canales sólo hablaban de grupos violentos. Las transmisiones en vivo de los choques ya llevaban más de una hora. 

–Para mantener esto, que es una expresión de las organizaciones sindicales y sociales contra la reforma. Hay que sacar esa idea de que lo que está protestando es el activismo- dijo Amichetti. 

Sobre la Avenida de Mayo, casi llegando a la 9 de Julio, estaban los Bancarios, con Sergio Palazzo. 

–¿Cómo ve esto que pasa?

–Se amplió la base social de la protesta –contestó el dirigente–. Es lógico que haya reacción frente lo que es un paquete de leyes insensible, que implica un despojo a los sectores más vulnerables. Por eso nos vamos a quedar a pesar de que haya represión.

Otros gremios que movilizaron: sectores de la CGT, como la Unión Obrera Metalúrgica, con sus seccionales del conurbano y San Lorenzo; delegaciones de las regionales cegetistas, como la de Rosario; todos los gremios de la Corriente Federal (bancarios, gráficos, docentes del Sadop, curtidores); los gremios de las dos CTA, como Ctera, Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato del Neumático, entre otros; también seccionales de Luz y Fuerza, del Sipreba (trabajadores de prensa), taxistas (los de la CTA), los telefónicos, ladrilleros, aceiteros, entre otros.

Marchó también todo el arco de los movimientos sociales –completo– y el movimiento cooperativo –aquí hay que listar desde las empresas recuperadas del MNER hasta las cooperativas de trabajo nacidas de los programas de construcción de viviendas, creadoras de la CNCT–.

***

Con el antecedente de la represión del jueves, la gente fue a la marcha mucho más organizada. Esto se vio en que armaron columnas acordonadas, listaron a los integrantes de cada grupo, designaron encargados de centralizar la información y abrieron grupos de WhatsApp. Esto fue algo generalizado. 

A las 10 de la mañana, en la estación San Martín, Caseros: un grupo de Pueblo Unido (organización barrial que integra la CTEP) se junta en el andén esperando el tren. Antes de la partida, un referente reúne a todos y explica: “Esta marcha es diferente a las que venimos yendo. Los que estuvieron el jueves vieron la represión: se llevaron detenidos, tuvimos corridas, nos desorganizamos. Hoy tenemos que mantenernos juntos, no separarnos ni empezar a correr para cualquier lado. Hicimos un listado, si alguien se pierde hay que avisar enseguida. Pero, sobre todo, no corran. Vamos todos y volvemos todos juntos”.

***

La argumentación que atribuye los choques con la policía a “infiltrados” es un discurso fácil, además de contagioso, pero tiene poco que ver con la plaza real. Aquí viene el difícil trabajo de explicar lo que se podía ver sin la intermediación de las pantallas: los tiradores de piedras contaron todo el tiempo, a pocos metros, con la permanencia de los gremios y movimientos sociales. Nadie en la plaza se escandalizó por estos choques. Las columnas de manifestantes se acordonaron, corrieron a sus integrantes unos pasos más atrás y cuando pudieron, trataron de recuperar terreno, de nuevo hacia el vallado. 

Algunos testimonios tomados entre estos sectores –los de los piedrazos–, en palabras de protagonistas que aquí se evitará identificar: 

“Hoy seguramente a la reforma la van a aprobar y van a estar sesionando por varias horas. Para nosotros, la mayoría de la cúpula ya arregló. Ya hicieron sus cuentas, se quedan con menos afiliados pero les cierran los números, no van a plantarse. Por otro lado, este no es un Gobierno como los anteriores, que no podían sostenerse sin un cierto grado de consenso, pongamos el caso de (Fernando) De la Rúa. Lo que se viene es sostener los reclamos hasta que se arme una nueva camada de dirigentes”.

Otro: “Estos son pibes duros, curtidos, pero además en los barrios hay toda otra cabeza. No son el papeo del 2001, cuando tenían bronca pero no sabían ni lo que pensaban”.

Como a medida que pasaban las horas el clima se caldeó, buena parte de los gremios se alejó unas cuadras y esperó en la Avenida 9 de Julio. Tenían la intención de reagruparse y volver a entrar en la plaza, pero luego se desató el operativo policial de “barrido”, con gases de toda la zona. 

Así fue la desconcentración, en medio de choques que se trasladaron y siguieron por varias horas, hasta entrada la noche, hacia el Bajo.

Publicado en: Página 12

Barrick Gold va a juicio por el “mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”

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Para Barrick Gold comienzan a cerrarse algunas salidas. Luego de rechazar los pedidos de nulidad, el juez Pablo Oritja elevó a juicio la causa por el primer derrame de solución cianurada que la multinacional canadiense tuvo en la mina de Veladero, ubicada en la provincia de San Juan.

El “incidente” –así prefieren denominarlo desde la empresa– considerado por los ambientalistas como el “mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”, ocurrió entre el 12 y el 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución de este ácido, llegara al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos.

El magistrado, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia cuyana, explicó que la defensa de la minera había impulsado dos pedidos para invalidar la causa, al afirmar que se había tratado de un “simple incidente". Sin embargo, ambos fueron rechazadas por el requerimiento de elevación a juicio y por pruebas que el juez federal Sebastián Casanello sumó al expediente.

Según la denuncia, iniciada por vecinos y ONG´s, la contaminación se produjo por culpa de una compuerta con salida al río que estaba abierta. Esto derivó en el despido de unos quince empleados por no haber "facilitado la investigación de la Justicia" y en el procesamiento por negligencia de nueve ejecutivos de la compañía minera, que pasaron a ser ocho, cuando al gerente General, Antonio Adamez, se lo sobreseyó. 

De esta manera, la Justicia decidirá las responsabilidades que Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos) tuvieron en este desastre ambiental, que afectó a los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas.

La decisión de Cortijo se suma a la del juez Casanello, que el 28 de noviembre pasado procesó a cuatro funcionarios nacionales al entender que tuvieron implicancias en los derrames de Barrick Gold. El fallo, considerado histórico por las organizaciones ecologistas, acusa a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ricardo Villalba) por la violación de la Ley de Glaciares. Además, ordena un embargo por cinco millones de pesos y prohíbe salir del país a los cuatro imputados.

De acuerdo a las investigaciones de Casanello, que contó con los aportes de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Seguí, el razonamiento es sencillo: de cumplirse la legislación, tanto Veladero como Pascua Lama (el otro proyecto minero de Barrick Gold) no deberían existir, por ende, no hubiese habido derrames posibles.

Además de esta, Barrick Gold tiene dos causas más abiertas en la Justicia. La compañía también es investigada por otros dos derrames tóxicos, del 8 de septiembre de 2016 y del 28 de marzo de este año, producidos en la mina de Veladero.

A diferencia de su posicionamiento sobre el caso del 2015, Oritja podría archivar la causa sobre el segundo derrame al entender que no alcanzó ningún curso de agua y, por lo tanto, no se generó ninguna “comisión de delito”.

Esto fue ampliamente rechazado por ambientalistas e, incluso, por algunos especialistas en minería, quienes recordaron que Barrick Gold en un principio (como en las otras ocasiones) intentó ocultar el incidente, confirmándolo recién una semana después, debido a que los propios operarios de la compañía empezaron a reconocerlo públicamente.

Fuente: Foro Ambiental 

TERRITORIO SAGRADO

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Nueva Zelanda otorga a Mount Taranaki los mismos derechos legales que una persona


La montaña sagrada de la Isla Norte es la tercera característica geográfica del país que recibe una 'personalidad jurídica'

Ocho tribus maoríes locales y el gobierno compartirán la tutela de la montaña sagrada. Fotografía: David Frampton / AP

Monte Taranaki en Nueva Zelanda se le otorgarán los mismos derechos legales que a una persona, convirtiéndose en la tercera característica geográfica del país a la que se le otorgará una "personalidad jurídica".

Ocho tribus maoríes locales y el gobierno compartirán la tutela de la montaña sagrada en la costa oeste de la Isla Norte, en un reconocimiento largamente esperado de la relación de los pueblos indígenas con la montaña, que lo ven como un antepasado y whanau, o miembro de la familia .

El río Nueva Zelanda otorgó los mismos derechos legales que al ser humano

El nuevo estatus de la montaña significa que si alguien lo abusa o lo perjudica, es lo mismo legalmente que dañar a la tribu.

En el registro de entendimiento firmado esta semana, Mount Taranaki se convertirá en "una personalidad jurídica, por derecho propio", dijo el ministro para las negociaciones de tratados, Andrew Little, obteniendo derechos similares al río Whanganui, que recibió personería jurídica a principios de este año. .

Little dijo que el acuerdo ofrecía la mejor protección posible para el hito, que se está convirtiendo en una atracción turística cada vez más popular después de que Lonely Planet nombrara la región de Taranaki. el segundo mejor lugar para visitar en el mundo el año pasado.

"Como local de New Plymouth, crecí bajo la mirada de la maunga [montaña], así que estoy particularmente satisfecho con el respeto otorgado a los tangata whenua locales [la población local] y la protección legal y la personalidad otorgada a la montaña", dijo Little. 

"Los acuerdos de hoy son un hito importante en el reconocimiento de las quejas y daños del pasado, ya que Taranaki iwi experimentó algunos de los peores ejemplos del comportamiento de la Corona en el siglo XIX".
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Como parte del acuerdo, el gobierno de Nueva Zelanda se disculpará con los maoríes locales por incumplimientos históricos del Tratado de Waitangi contra la montaña, aunque las tribus locales no recibirán compensación financiera o comercial.

El principal negociador de Taranaki iwi, Jamie Tuuta, dijo a Fairfax que el acuerdo era significativo para los maoríes en todo el país.

"[Mt Taranaki] proporciona ese sentido de lugar, asociación social e identidad", dijo.

Gerrard Albert, quien negoció la personalidad jurídica del río Whanganui a principios de este año después de una pelea de 140 años, dijo que todas las tribus maoríes se consideraban a sí mismas como parte del universo, a la misma altura que las montañas, los ríos y los mares.

Las nuevas leyes introducidas honraron y reflejaron su visión del mundo, dijo Albert, y sentó un precedente para que otras tribus maoríes en Nueva Zelanda sigan los pasos de Whanganui y Mt Taranaki.

"Podemos rastrear nuestra genealogía hasta los orígenes del universo", dijo Albert. "Y por lo tanto, en lugar de ser nosotros los dueños del mundo natural, somos parte de él".

El monte Taranaki tiene 120,000 años de antigüedad y es el volcán inactivo más perfectamente formado del país, que entró en erupción por última vez en 1775. También se cree que es la montaña escalada más frecuentemente de Nueva Zelanda.

Familias cafeteras de Chiapas se independizan de Wall Street y evitan abusos de intermediarios

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La comunidad tseltal, en el norte del estado mexicano de Chiapas, lleva 25 años organizándose cooperativamente con el apoyo de la Universidad Interamericana y ha logrado inaugurar cuatro cafeterías que le sirven de boca de comercialización para su café agroecológico. La experiencia les permitió a los agricultores familiares obtener su propio precio justo y dejar de lado tanto la explotación del coyotaje (intermediarios) del mercado local como la dependencia del precio internacional fijado por los concentradores mundiales del mercado. Una historia que merece ser conocida.

En Chilón, Chiapas, 244 familias indígenas tseltales productoras de café y miel desafían varios de los postulados capitalistas. En un proceso de cooperación iniciado en 1993 han logrado mantener un precio fijo por encima de los mercados internacionales al formar su propia cadena de valor sin necesidad de recurrir a los intermediarios que los explotaban.

En un proceso lento pero firme, lograron organizar una planta-escuela de café que les asegura la continuidad de la producción, abrieron una pequeña cadena de cuatro cafeterías universitarias que les sirven de boca comercializadora, organizaron su propia microfinanciación para evitar la usura de los prestamistas y actualmente exportan el 90 por ciento del café tostado que producen a los Estados Unidos.

La historia comienza con una microempresa llamada Bast’ il Maya, inaugurada en 1993, que buscaba organizar el trabajo y mejorar los ingresos de los productores explotados. Por entonces eran solo 22 familias cafeteras de 30 comunidades, apoyadas por un grupo de jesuitas. En 2001, este grupo original y otros afines formaron la Cooperativa Ts’ Umbal Xitalha’, que desde un principio tuvo en claro que la unión no era un mero emprendimiento comercial sino que también serviría para atender los problemas de la comunidad en la que vivían. Su filosofía es buscar el máximo beneficio social, no la utilidad.

A partir de 2006, empezó a colaborar con el grupo la Universidad Interamericana que los ayudó en la organización de la cadena comercial propia. Fue en la sede del Distrito Federal de esa entidad que se inauguró la primera cafetería Capeltic, que les permitió cerrar el círculo con el manejo de la producción y la venta directa.

Para completar el círculo económico, en 2013 comenzó a funcionar la organización Comon Sit Ca’ Telcic, para asistir financieramente a las familias productoras, con fondos que obtienen del programa estatal FIDES ECOSOL (una línea de microcréditos para empresas de la economía social y solidaria), además de organizaciones y fundaciones internacionales como Caritas Suecia, un programa internacional del gobierno de Japón y un programa social del Banco Nacional de México (BanaMex).

Uno de los secretos del avance del proyecto fue la decisión temprana de apostar a una calidad de café superior. Para eso, reacondicionaron la tierra y se dedicaron a desarrollar cultivos agroecológicos. La creación de la planta tostadora que sirve también de Escuela de Café permitió crear un ámbito para que los hijos de los campesinos puedan especializarse y mejorar la dinámica del trabajo en común.

La producción de la Cooperativa Ts’ Umbal Xitalha’ creció un 300 por ciento en 2013, pero esa mejora de la productividad no es una carrera por acumular capital sino que va acompañada de una mirada que abarca la relación con la comunidad y sus necesidades. Por eso en el proyecto está contemplado el uso de fondos para mejorar la infraestructura, impulsar nuevos emprendimentos (como la Cooperativa de mujeres Yip Antsetic, de productos higiénicos en base a miel) y financiar mejoras en la educación, la salud y la vivienda.

Para una mayor información recomendamos:

www.capeltic.org/blank-1

(*) Fuente: Red PP
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