Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta

Comunidades mapuche Vicente Reinahuel y Juan Painepe 2 de Trafun de la zona de Trafun (zona cordillerana Región de Los Ríos), tomaron posesión efectiva de su sitio ceremonial y reafirmaron su proceso de reivindicación de tierras ante la usurpación que han sido objeto por parte de la empresa “Las Vertientes” y el Estado chileno.

Declaración Pública de las comunidades de Trafun.

Las comunidades mapunche, Vicente Reinahuel y Juan Painepe 2 de Trafun, comunidades históricas que hoy cuentan además con personalidad jurídica, comuna de Panguipulli, región de los Ríos, declaran públicamente, a nivel comunal, nacional e internacional, lo que sigue:

Este sábado 24 de diciembre del presente año (2017) desde las 6 de la mañana, hemos tomado posesión de nuestro sitio ceremonial, que ancestralmente hemos ocupado, con el fin de darle uso por derecho propio y colectivo.

Ante la falta de garantías en las tramitaciones institucionales , la liviandad de la ley indígena 19253, sus reglamentos y la falta de voluntad política de las entidades administrativas de las instituciones públicas, hemos considerado absolutamente legítimo hacer ejercicio de derechos colectivo en lo ceremonial, junto a eso ratificar el proceso reivindicativo de las 13.000 hectáreas usurpado por complicidad del estado Chileno y particulares y que hoy ostenta la empresa “Las Vertientes”, en del fundo Trafun. Nuestra pretensión como mapunche será siempre la restitución de nuestras tierras y la administración de los derechos colectivos que hoy se ven limitados por la reducción de las tierras en la que hoy vivimos.

Considerando que como el estado chileno ha ido gradualmente retrasado nuestras aspiraciones de dar uso por herencia en nuestras tierras históricas, intento, en donde hemos vivido más represión que solución, es que nos hemos instalado en el Rehuel, al interior del fundo Trafun.

Por la Falta de autoridad política y falta de voluntad de los mismos, en favor del progreso de los pueblos indígenas, seguimos convencido en avanzar sin dar un paso atrás hasta la recuperación total de nuestra demanda, reafirmando que derechos legítimos a la restitución de a nuestras tierras están suscrito en la vigencia de derechos internacionales, actuando de firmante el propio estado chileno, como es el convenio 169 de la OIT, la Declaración De las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

Por lo tanto, exigimos y exhortamos a los gobernantes ponerse a la altura de nuestras libertades fundamentales, Manifestamos para ello nuestra voluntad de dialogar con representantes ministeriales, para para el avance de soluciones en este proceso reivindicativo, y no aplicando políticas represivas que vulneran nuestros derecho y estigmatizan a nuestra gente, al negar el acceso a nuestros complejos ceremoniales y avalar la destrucción de nuestros símbolos espirituales, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones por parte de la empresa, en este mismos lugar cada vez que hemos instalado un Rewel y ejercido nuestro derecho a la libertad de culto.

Tomamos la resolución de establecer de forma permanente que todos los años realizaremos nuestro guillatún entre el 22 y 25 de diciembre, como forma de reafirmar nuestra espiritualidad que es la base de nuestro weichan.

Reiteramos el llamado a nuestro pueblo para apoyarnos mutuamente, en cualquier circunstancias agresiva de parte del estado / empresarial. Y mantener nuestro kelluwun como forma de resguardar nuestro bienestar en los distintos territorios.

Comunidad Vicente Reinahuel,

Comunidad Juan Painepe 2

Parlamento mapuche de Koz koz

Trafun, 25 de diciembre de 2017

Las masacres perpetradas por los estados chileno y argentino contra el Pueblo Mapuche en las denominadas “Pacificación de la Araucanía” y “Campaña del desierto”, respectivamente, fueron simultáneas y coordinadas, cuyo propósito era el despojo territorial lo que se concreta a fines del siglo 19 y que arrojó el asesinato de decenas de miles de personas a manos de la acción bélica del ejército chileno en Ngulumapu (centro sur de Chile), encabezada por el Coronel Cornelio Saavedra y en Puelmapu (centro sur de argentina), coordinadas por el General Julio Argentino Roca.

Roca por sus actos genocidas fue premiado con diversos cargos en el estado argentino: dos veces presidente de la República, Senador, Ministro del Interior, Ministro de Guerra. Su homónimo, Saavedra, fue premiado posteriormente a la “Pacificación de la Araucanía” como Diputado y Senador de la República de Chile.

Paradójico resulta que mientras la historiografía colonialista y nacionalista del siglo 20 ha desconocido los orígenes territoriales ancestrales del Pueblo Mapuche indicando desde Argentina que los “Araucanos” mapuche provenían del lado chileno y viceversa desde el otro lado de la cordillera como una forma de deslegitimar los orígenes y derechos, desconociendo su presencia en todo el Wallmapu, de mar a mar (del pacífico al atlántico), por su parte, Cornelio Saavedra era descendiente de un político y militar Argentino, también llamado Cornelio, que incluso juró lealtad a los intereses del imperio británico previo a la conformación de la primera Junta de Gobierno argentino de 1810 y que él mismo encabezó.

Durante todo el siglo 20 los nombres de estos genocidas así como sus imágenes han sido motivo de numerosos actos homenajes por parte de sus respectivos estados: Billetes, estampillas, calles, monumentos, plazas, sin embargo de manera progresiva, las figuras simbólicas de estos genocidas vienen cayendo en diversas formas y lugares.

Algunos casos en ambos lados de la cordillera

Uno de los símbolos más controversiales en Puelmapu – Argentina, es la polémica del monumento a Roca ubicado en la plaza central de Bariloche, con sendos actos de protesta desde las comunidades mapuche y de sectores argentinos defensores de los derechos humanos, el que ha sido objeto de pinturas, intervenciones artísticas de agravio, intentos de voltearla y reclamos formales para que sea de reubicación al interior de un centro militar. Para múltiples expresiones es inconcebible que la figura de Roca esté en uno de los corazones del Pueblo Mapuche que a su vez fue uno de los objetivos militares de la campaña del desierto.

Asimismo, en diversas localidades ha venido levantándose un creciente movimiento por cambiar los nombres de calles y plazas que llevan el nombre de Julio A. roca. En Córdoba, diversas expresiones se han manifestado ante el Consejo Deliberante por cambio de una arteria principal, señalando: “Solicitamos el cambio de nomenclatura de la avenida Julio A. Roca ya que consideramos (…) que el comandante de la llamada Campaña del Desierto es parte de la cruel historia argentina y uno de los actores del genocidio de los pueblos originarios”. En Río Cuarto viene generando una polémica desde hace unos años por el pedido para que se cambiara el nombre de la Plaza central de la ciudad bautizada con el nombre del genocida cuando éste era presidente (1881). El Concejo Deliberante de Villa Allende aprobó el 2013 por unanimidad la designación con el nombre de padre Humberto Mariani a la calle general Julio A. Roca, también una de las principales arterias de la ciudad. En Villa María, en tanto, la avenida Julio A. Roca se convirtió en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz el año 2012. También desde hace algunos años en el Bolsón se instaló con fuerza el nombre de calle, lo mismo ha venido ocurriendo en Río Gallegos, y en Buenos Airesnumerosas intervenciones se han hecho con ese sentido.

Incluso la BBC publicó una situación que ocurrió en un establecimiento escolar de argentina en la localidad de Azúl, indicado que una escuela de la provincia de Buenos Aires cambió el nombre de Roca porque era el de un “asesino” y lo sustituyó por el de otra persona, el de un indígena Ranquel que se defendió de la Campaña del Desierto. Por su parte, en la localidad argentina de Rio Negro que lleva el nombre de “General Roca”, desde diversos sectores cada vez va tomando con más fuerza el reconocimiento popular al nombre original de Fiske Menuko.

Por su parte, en Ngulumapu (centro sur de Chile), un caso es lo que ocurre en la comuna de Saavedra, localidad costera en la Región de la Araucanía con una mayoría en población Mapuche lafkenche, sin embargo debe llevar la carga colonizadora de tener el nombre del genocida “Cornelio Saavedra”, quien encabezó la campaña militar de masacres contra el Pueblo Mapuche en la llamada “pacificación de la Araucanía”.

Parte del territorio ancestral en esta zona costera, era conocida ancestralmente como “Konün Traytrayko” y desde hace varios años, expresiones del mundo artístico (desde el 2006), de comunidades y pobladores de esta comuna vienen levantando con fuerza el cambio de nombre, aspecto al que accedió la actual gestión municipal que encabeza el alcalde Mapuche Juan Paillafil y cuya localidad tiene el 75 % población Mapuche Lafkenche, quien confirmó en agosto del 2017 que iniciaron un proceso de consulta para cambiar el nombre de la comuna a uno que represente de mejor forma, indicando Ufromedios sobre esta noticia: “Paillafil dijo que la iniciativa surge a partir de las inquietudes de comunidades mapuche, juntas de vecinos y otras asociaciones, considerando lo que representa rendir homenaje con el nombre a Cornelio Saavedra, general del Ejército chileno durante el proceso de la denominada “Pacificación de La Araucanía”, por su forma de proceder con respecto a los pueblos indígenas”.

El 19 de marzo del 2017, en la localidad de Collipulli, fue encontrado a los pies del monolito, el busto de Cornelio Saavedra, el que se encontraba cercenado y había rodado hacia las escalinatas del sitio ubicado al centro de la plaza Diego Barros Arana, el que se levantó en ese lugar el año 1952 cuando se trajeron y se instalaron cañones provenientes desde algunos fuertes cercanos, símbolo de la campaña militar Pacificación de la Araucanía. Es importante mencionar que esta localidad fue fundada como fuerte militar por el propio Saavedra en 1867 como una avanzada para las masacres y despojo territorial.

Hoy, el que se mantengan nombres y símbolos de genocidas dentro del territorio ancestral mapuche, involucrados en las denominadas campañas del Desierto y Pacificación de la Araucanía, es como si algún lugar de importancia judía llevara el nombre de Hitler.

Alfredo Seguel

Publicado en: http://www.mapuexpress.org/?p=22887

CULTO A LA LUNA AZUL

La Comunidad Diaguita realizará por primera vez la Ceremonia de la Luna Azul, será el 31 de enero en la Plazoleta Francisco Herrera del distrito de Huachaschi.

“Nosotros siempre estamos en el rescate ancestral, en la ceremonias originarias, nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado sobre el Inti Raymi y el Kapac. Raymi que era el solsticio de verano, era la fiesta sagrada y mayor del Inca pero resulta que, últimamente, nosotros hemos descubierto que nuestros antepasados estuvieron mucho mas compenetrados con el mundo Cacán, durante 500 años se habló sobre nuestro suelo el Cacán, después vinieron los Incas y estuvieron 50 años en nuestro territorio , los españoles llegan después y nos quieren hacer creer que nunca existió el cacán” comenzó explicando Juan Carlos Allosa, integrante de la Comunidad Diaguita.

Con estos datos avanzaron sobre las ceremonias cacanas que se comenzarán a realizar a partir de este año, la primera sería la Jacuma o Luna Azul prevista para el 31 de enero en la Plazoleta Francisco Herrera del distrito de Huachaschi “las ceremonias cacanas estaban todas dirigidas a la luna a diferencia de las incas que estaban dirigidas hacia el sol, la jacuma o luna azul es una luna llena que se da dos veces en el mismo mes, este año 2.018 va a ser una suerte porque hubo una el 31 de diciembre que se da cada cuatro años y de allí el 31 de marzo se va a dar otra jacuma que va a ser mucho más importante porque es una luna azul que se da cada 30 años aproximadamente, así que vamos a tener una año especial para poder hacer ceremonias cacanas por primera vez en el país tratando de rescatar nuestras costumbres ancestrales”.

Publicado en: https://www.elancasti.com.ar/cultura/2018/1/10/ceremonia-diaguita-andalgal-358281.html

REAPERTURA DEL SITIO SAGRADO DIAGUITA “EL TERO”

El jueves 11 de enero del corriente año se realizará oficialmente la reapertura del Sitio Sagrado “El Tero”, espacio Sagrado del Pueblo Nación Diaguita que se encuentra ubicado en Territorio Diaguita, actual departamento de Kachi, provincia de Salta, Argentina.

En el marco del Dialogo Intercultural entre el Estado, sus Instituciones y las Instituciones propias de los Pueblos Originarios en estos territorios, se viene trabajando articuladamente con el Sujeto de Derecho, estableciendo Convenios colaborativos que recepten y respeten el marco de derecho colectivo a la Consulta y Participación en la búsqueda de revalorizar la cultura ancestral Diaguita.

En ese contexto en el año 2017 se acordó un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Cachi, a través de la Dirección de Pueblo Originario y el Museo Arqueológico de Cachi Pio Pablo Díaz.

En el cual se instituye:

Establecer relaciones interinstitucionales en el marco del reconocimiento de derecho del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la Constitución de la Pcia de Salta, tendientes a fortalecer la gestión y administración conjunta, contribuyendo a la promoción, protección y conservación del Sitio Parque Arqueológico “El Tero”.

El objetivo del presente Convenio es establecer un marco amplio de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia indentitaria, cultural y social, que permita valorizar el Sitio Sagrado tendiente a realizar un intercambio intercultural genuino con los visitantes.

Este jueves 11 de enero, se llevara a cabo un Acto a partir de las 11 de la mañana, con presencia de las autoridades municipales; la Dirección de Pueblo Originario, el Museo de Cachi, Autoridades tradicionales, Delegados y miembros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Se dará recepción a los visitantes presentes, ofreciendo un recorrido por territorio del sito Sagrado, proyección de audio video del Pueblo Nación Diaguita, para dar cierre con palabras y vocerías de las autoridades presentes, además de música y canto del territorio.

Ayer jueves 11 de enero de 2018 se reabrió formalmente el Sitio Sagrado Diaguita a los visitantes que deseen conocerlo. El Sitio “El Tero”, espacio Sagrado del Pueblo Nación Diaguita se encuentra ubicado en Territorio Diaguita, actual departamento de Kachi, provincia de Salta, Argentina.

Luego de un recorrido vivencial por el territorio que ocupa el Sitio se realizo una sahumada y se compartió un fotomontaje que refleja el presente vivo del Pueblo Nación Diaguita en cada uno de sus valles. Del mismo modo para la reinauguración del Sitio Sagrado se llevo a cabo la tradicional “Flechada” Diaguita, a la vez que vocerías de Delegados de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta, de la Dirección de Pueblo Originario de Kachi y direccion del museo, daban el saludo colectivo e institucional.

Se compartieron unas ricas empanadas con sabor Diaguita, bien degustadas y asentadas con un buen Kallchak tinto, marca colectiva Diaguita que plasma en sus productos todo el sabor, el color, la armonía y el equilibrio entre Identidad y Territorio. Músicos y artistas invitados le dieron un marco musical y cultural.

Nuestro agradecimiento a las Autoridades tradicionales, Delegados y Miembros de las comunidades Diaguitas presentes, a los representantes del Municipio, del Hospital de Cachi, y a todas/os las y los visitantes que se acercaron a vivenciar y compartir nuestra propuesta de Intercambio Cultural de la Red de Turismo Diaguita Kallchakí.

Esta propuesta se concreta luego de recorrer un camino de diálogo intercultural hasta acordar un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Cachi, a través de la Dirección de Pueblo Originario y el acompañamiento del Museo Arqueológico de Cachi Pio Pablo Díaz.

El Sitio será gestionado desde la Dirección y el Pueblo Diaguita a través de sus Comunidades miembros de la UPNDS.

POR MEMORIA IDENTIDAD Y TERRITORIO

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD

La orden del Segundo Juzgado Civil de Iquitos incluye los recursos naturales, como bosques y agua, necesarios para la existencia del pueblo Achuar.

Por primera vez en el Perú, el Poder Judicial emitió una sentencia que reconoce a un pueblo indígena su derecho a la autodeterminación y al territorio colectivo.

Se trata de la resolución del Segundo Juzgado Civil de Iquitos, en la región Loreto, que reconoce al pueblo Achuar del Pastaza su derecho a la titulación de su territorio ancestral de manera integral, incluyendo los recursos naturales que se encuentran dentro de su circunscripción como bosques, agua, entre otros, los cuales son necesarios para la existencia del pueblo.

La titulación integral significa que la propiedad se entregará a todo el pueblo originario y no de manera fragmentada a cada comunidad. Para entender la decisión, vale precisar que los miembros de un pueblo originario pueden estar organizados en comunidades o vivir en otros lugares como centros poblados y ciudades.

La sentencia judicial ordena la titulación integral del territorio Achuar. Foto: Amazon Watch

En este caso, el pueblo Achuar reúne a 45 comunidades, con un territorio de 759 805.

97 hectáreas, ubicado entre los distritos de Pastaza, Andoas y Morona, de la Provincia Datem del Marañón, en Loreto.

Un precedente en la titulación

La abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y coordinadora del caso Achuar, explica que con esta sentencia se darán cambios fundamentales en cuanto a titulación.

“La titulación ya no será para cada comunidad que forma parte del pueblo Achuar, sino para las 45 comunidades reunidas en un solo pueblo. El título sería del pueblo no de cada comunidad”, señala Yrigoyen.

La decisión también marca un precedente en materia de titulación ya que los pueblos originarios podrán exigir que todo su territorio sea otorgado en propiedad y no en cesión de uso, como sucede actualmente con las comunidades de la Amazonía, explica la abogada de IIDS, institución que llevo el caso del pueblo Achuar.

El pueblo Achuar reúne a 45 comunidades entre los distritos de Pastaza, Andoas y Morona, de la Provincia Datem del Marañón, en Loreto. Foto: Amazon Watch

Actualmente, el Estado peruano otorga a las comunidades el título de propiedad solo de las tierras de vocación agrícola y ganadera, mientras que los bosques o áreas de uso forestal se les entrega mediante la modalidad de cesión en uso, según lo especifica el articulo 11 de la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario.

En conversación con Mongabay Latam, Jeremías Petsein Peas, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, manifestó su satisfacción por la decisión judicial. “Llevamos luchando más de 20 años por la defensa de nuestro territorio y nuestros bosques y, ahora, finalmente, la sentencia nos permitirá contar con nuestro territorio ancestral y unir a las 45 comunidades”.

El juez Sergio Antonio del Águila Salinas sustentó su decisión en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, que en su artículo 13 dispone que el término tierras incluya el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan.

La decisión judicial marca un precedente en la titulación de los territorios indígenas. Foto: Amazon Watch

“El reconocimiento de un título colectivo para los Achuar servirá como precedente para muchos otros pueblos indígenas que están exigiendo sus derechos territoriales ancestrales en respuesta a la invasión de industrias extractivas como el petróleo, la explotación maderera y la minería”, señala Andrew Miller, Director de Incidencia de Amazon Watch, organización que trabaja en la protección de la selva y los derechos de las poblaciones indígenas de la Amazonía.

Autonomía en las decisiones

La misma sentencia ordena que se reconozca la personalidad jurídica del pueblo Achuar como pueblo originario, representada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú.

“No tener personalidad jurídica es como si una persona no tuviera DNI, e incluso más que eso, pues los pueblos son como las personas, existen. El DNI no crea a la persona. Con los pueblos ocurre lo mismo, el reconocimiento no crea al pueblo, porque este ya existe, incluso antes que el Estado. Los derechos de los pueblos son intergeneracionales, descienden de sus ancestros, no tienen inicio ni fin, no prescriben”, explica Yrigoyen.

En este caso, la designación de personalidad jurídica comprende a las organizaciones afiliadas a la FENAP, como Achuarti Takat Irunturmau (ATI), la Asociación Indígena del Morona (AIM) y la Organización Achuar Chayat (ORACH), así como a las 45 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Huasaga, Manchari, Huituyacu y Morona.

En Perú, este concepto está sustentado en instrumentos internacionales que reconocen a los pueblos o naciones indígenas y en el artículo 191 de la Constitución que reconoce a los pueblos originarios.

El pueblo Achuar se opone a la explotación petrolera en su territorio. Foto: Amazon Watch

Al respecto, el presidente de la FENAP señala que el pueblo Achuar existía en Perú, pero que jurídicamente no estaba considerado como pueblo originario. “Ahora, con esta resolución el pueblo Achuar podrá decidir de manera autónoma como nación sobre su población y su territorio”, dijo.

Por su parte, Yrigoyen indica que esta sentencia lo que hace es ordenar que se cumpla lo que dice la Constitución Política del Perú y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El artículo 89 de la constitución peruana señala que “las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible”.

Asimismo, el artículo 9 de la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas precisa que “los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate”.

La decision judicial sobre el territorio Achuar se sustentó en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Foto: Amazon Watch

Cabe precisar que en abril de 2017, el Gobierno Regional de Loreto emitió una ordenanza que reconoce a la personalidad jurídica de los pueblos originarios. Por ello, la sentencia ordena al gobierno regional que cumpla con su ordenanza.

“Ahora, el gobierno regional ya debería emitir la resolución de reconocimiento de personería jurídica del pueblo Achuar del Pastaza, que ya lo solicitó hace tiempo”, dice la abogada de IIDS en referencia al cumplimiento de la sentencia.

El pedido pendiente

Por otro lado, el líder indígena manifestó que la demanda de nulidad, por falta de consulta previa, de los lotes petroleros establecidos dentro del territorio Achuar no ha sido aceptada.Por tanto, aseguró que recurrirán a las instancias correspondientes hasta que atiendan este pedido.

La demanda de nulidad de los lotes petroleros no fue aceptada por el juez. Foto: Amazon Watch

Como se recuerda, entre los años 2008 y 2012, los achuar se movilizaron para expulsar a la petrolera canadiense Talismán de su territorio. Esta concesión fue asumida por Petroperú.

En octubre de 2014, GeoPark y PetroPerú firmaron un convenio de inversión conjunta y, el 1 de diciembre de 2016, PetroPerúcedió el 75 % de su participación en el Lote 64, ubicado en la región Loreto, a la compañía GeoPark.

POR YVETTE SIERRA PRAELI

Publicado en: https://es.mongabay.com/2018/01/peru-achuar-titulacion-territorio/

11 DE FEBRERO 2018

La Comunidad Diaguita Kallchakí “Las Pailas” – UPNDS, invita a los hermanos y hermanas, a la sociedad en general a nuestra celebración del “Gran Karnaval Kallchakí” a llevarse a cabo el día 11 de Febrero de 2018 en el Sitio “Resistencia Kallchakí Territorio Diaguita.

Como Pueblos Originarios preexistentes nos convocamos a vivir el tiempo y espacio del Karnaval Kallchakí, donde desenterraremos al pujllay, compartiremos el canto colectivo, la música, el baile, acompañados de albahaca, chicha, aloja, con toda la alegría y el encanto de nuestra cultura ancestral, revalorizando nuestra identidad y cosmovisión milenaria.

BONO CONTRIBUCIÓN para la realización del “Gran Karnaval Kallchakí”

Se invita a todxs quienes quieran y puedan colaborar, a aportar colectivamente con la adquisición de un BONO CONTRIBUCIÓN a solo $ 30 con el fin de afrontar gastos organizativos para realizar el desentierro del Pujllay. Nuestra actividad es al aire libre para celebrar en hermandad y colectivamente como pueblos, tal cual lo hacían nuestros mayores, al compás de Bagualas, música en vivo, chicha, albahaca y mucho más. Esperamos su colaboración.

Podes adquirir el Bono en Local Kallchakí diagonal al correo argentino en Kachi, o a Delegadxs autorizados.

Sortea el 11 de febrero de 2018 antes de finalizar el evento

Contacto: 0387-154892412

0387-155119202

La Comunidad Diaguita Kallchakí Piúl – PJ Nº 84/13, miembro UPNDS, realizo el día 13 de enero del corriente año el evento cultural “Feria de la arveja y el queso”. El mismo se llevo a cabo en el Sitio el Cruce de Payogasta, ruta 40 y 33 a 12 km del Territorio de Piúl – Kachi, Salta.

Esta propuesta colectiva impulsada desde el territorio de Piúl es parte de un trabajo conjunto como Pueblo Diaguita, de reinvindicacion identitaria y cultural. Asumiendo el legado ancestral y de pertenencia territorial, para ofrecer desde el propio territorio los productos que provee la madre tierra, alimentos que se producen desde la agricultura familiar Diaguita, promoviendo y fortaleciendo los sistemas ancestrales y tradicionales de cultivos, respetando los ciclos de la naturaleza y el cuidado natural de los productos para obtener un alimento sano y saludable.

Se dio inicio a la actividad con la presentación de los productos del Territorio, con principal presencia de arvejas y quesos, el lema de la convocatoria, donde cada productor expuso su producto fresco y recién cosechado, también hubo variedad de maíz, papas, miel, etc.

En simultáneo se armaron puestos ofreciendo distintos platos de comidas tradicionales del territorio, donde no faltaron el asao de cabrito, empanadas, locro, humitas, mazamorra, anchi, empanadillas y vinos de color y sabor de los distintos territorios Diaguitas.

El canto ancestral dio marco de algarabía a la “Feria de la arveja y el queso”, cuando hermanos y hermanas Bagualer@s y Copler@s al sonar de las cajas chirleras convidaron a los presentes con racimos de coplas y dichos.

No falto la guitarreada y el folklor para dar lugar a la danza y el baile, espacio donde el hermano Abel Vilte ofreció unos versos en payada como homenaje a Don Hugo Vilte, autoridad Diaguita de Piúl quien hoy nos acompaña desde otros espacios territoriales, sin embargo su legado continúa vivo y presente.

Un Conjunto de música tropical de los valles le puso ritmo a una jornada que comenzaba a cerrarse con el mismo espíritu colectivo y constructivo con el que se dio inicio para propiciar un buen camino de retorno a cada hermano y hermana a su territorio que lo abriga y alberga desde siempre.

Y así nos fuimos despidiendo hasta cada segundo fin de semana de enero, pues esta fecha es agenda del Calendario Diaguita por estos territorios.

Reconocemos y agradecemos a tod@s los que acompañaron y colaboraron para llevar a cabo la “Feria de la arveja y el queso”, desde nuestro territorio de Piúl saludamos a los que se hicieron presentes a compartir estos momentos de intercambio y reciprocidad.

La crisis de derechos humanos con la que diversos organismos internacionales han definido la situación que vive México se distingue de manera alarmante en el ámbito del activismo medio ambiental, donde en los últimos ocho años se ha documentado casi medio centenar de asesinatos de defensores de la tierra. La concentración de homicidios en los últimos años da muestra de la vulnerabilidad que ha afectado a este colectivo de activistas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Según denuncia la organización Global Witness [1], entre los años 2010 y 2015 se produjeron 33 asesinatos, mientras que entre los meses de junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron once ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Isidro Baldenegro, quien había sido galardonado en 2005 con el prestigioso Premio Goldman por su campaña contra la tala ilegal de árboles en la Sierra Madre Occidental.

La alerta sobre la violencia y las amenazas a activistas y líderes comunitarios han llevado a diferentes organismos internacionales a reiterar los llamamientos al Estado de México para que proteja de manera específica los derechos humanos de quienes desarrollan su labor en el marco de conflictos territoriales asociados a las políticas de desarrollo y a la construcción de megaproyectos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha expuesto su preocupación ante el aumento de la vulnerabilidad que presentan las y los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, coincidiendo con el creciente número de conflictos socioambientales desatados por empresas extractivas y energéticas que operan en la mayor parte de los estados de México. La comisión califica de “devastador” el incremento de la violencia contra aquellas personas que defienden la tierra y la protección de los recursos naturales y que constituyen el “41 por ciento de todos los homicidios a personas defensoras en la región”.

Violación de derechos humanos en contextos desarrollistas

El incremento específico de la vulnerabilidad sobre defensores ambientalistas es una consecuencia directa de la proliferación de megaproyectos, que se ubican en la práctica totalidad de los estados del país amparados por las políticas federales que privilegian la inversión del capital privado frente a los intereses de las poblaciones, que ven amenazadas sus formas de vida.

Una de las políticas que persigue incentivar la inversión de grandes empresas es la declaración de determinados territorios como Zonas Económicas Especiales (ZEE), un foco de atracción de capital privado a partir de incentivos fiscales, entre otros estímulos. Desde la perspectiva gubernamental, la implementación de estas medidas se plantea como una estrategia desarrollista para impulsar la dinamización económica de los estados más empobrecidos a partir de la instalación de megaproyectos, habitualmente relacionados con la explotación energética pero también con el turismo o la creación de infraestructuras.

Es precisamente por ello que la amenaza de las grandes empresas recae con mayor virulencia sobre contextos comunitarios, con alta presencia de población indígena y campesina, y donde la entrada del capital privado rompe los sentidos comunitarios, por ejemplo, con la apropiación de bienes comunes y terrenos ejidales que históricamente han pertenecido a las comunidades y que, sin un certificado de propiedad privada, pierden legitimidad sobre el uso de la tierra.

La vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a las corporaciones se ve potenciada por la presencia de actores armados, legales e ilegales, asociados a la instalación de los proyectos en los territorios. Según ha documentado la organización Global Witness, la violencia adquiere diferentes formas de criminalización y hostigamiento, como detenciones arbitrarias, campañas de difamación y perjurio contra activistas ambientales, acusados de oponerse al desarrollo y la modernización del territorio, y, en los casos más extremos, asesinato de quienes lideran las luchas.

Agresiones con un fuerte componente de género

El componente de género en la persecución de activistas ambientales se constata a tenor de la gravedad de los casos identificados en los territorios. En los primeros días de 2018 se ha tenido noticia de los siguientes hechos: el feminicidio de la defensora ambientalista Guadalupe Campanur, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura; la detención de la activista maya q’eqchi´ Magdalena Cuc Choc, y la alerta sobre el riesgo de la vida e integridad personal de la defensora Bettina Cruz y su núcleo familiar, denunciada por la CIDH.

Se trata de los casos más recientes de una multitud de ataques que han sufrido en los últimos años y de manera específica las mujeres defensoras: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México[2] ha documentado más de cuarenta asesinatos de mujeres activistas desde 2010, mientras que alertan de un incremento del 366 por ciento del total de agresiones a defensoras durante el periodo 2012-2016. Solo en Oaxaca, uno de los estados con mayor conflictividad social a causa de las políticas de desarrollo, se ha podido registrar un incremento exponencial de las agresiones hacia mujeres defensoras: de 11 ataques documentados en 2012 a 35 en 2016[3].

La criminalización de las personas defensoras del territorio adquiere formas específicas en el caso de las mujeres, de manera que las redes de derechos humanos alertan de la vulnerabilidad de las activistas y de la necesidad de integrar una perspectiva de género en las medidas de protección. Por ejemplo, en el caso de las mujeres defensoras se identifican agresiones de componente sexual, insultos, amenazas sobre las familias o campañas de difamación que persiguen la pérdida de prestigio en la comunidad. Las detenciones arbitrarias o ilegales también se convierten en estrategias de criminalización y desmovilización social.

Algunos de los casos denunciados de manera reciente fueron las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, acusada de “obstrucción a la construcción de obra pública”, en el estado de Puebla, y la acusación de María de la Cruz Donantes de robo en el marco de la lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Guerrero.

La lucha contra la impunidad: el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

La ausencia de justicia en los casos de violencia hacia defensores y defensoras de derechos humanos es señalada por las redes de activistas como el principal factor que contribuye a la perpetuación de la criminalidad en los territorios. La violación de los derechos humanos en México se ampara en una alarmante impunidad que niega el acceso a la justicia a las víctimas y familiares y favorece la repetición de las agresiones.

La ausencia de justicia en los asesinatos de la activista mixteca Bety Cariño y del finlandés Jyri Jaakkola se ha convertido en un caso emblemático, incluido en el informe Acuerdos Políticos de Impunidad, en el que también se recoge el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados el 27 de abril de 2010 durante un ataque a la caravana humanitaria de apoyo a miembros de la población triqui que se encontraban sitiados. Los activistas sufrieron una emboscada en la que se produjo un tiroteo que acabó con la vida de Bety y Jyri y dejó heridas a otras diez personas más. El Estado mexicano aún no ha resuelto el crimen de estos dos activistas y se teme por la puesta en libertad de los únicos acusados.

El asesinato de estos dos activistas se ejecutó en un contexto de luchas y defensa del territorio de la población indígena triqui que habita en Oaxaca. El pueblo triqui cuenta con una larga historia de lucha por la autonomía respecto a las instituciones mestizas, que finalmente se materializó en la declaración de San Juan Copala como municipio autónomo. El éxito en la lucha por la autonomía no ha impedido que la violencia y los casos de desplazamiento sean parte de la cotidianidad de un pueblo que trata de superar las divisiones provocadas por intereses externos.

Uno de los casos que crearon más conmoción en la comunidad fue el de los asesinatos en el año 2008 de las jóvenes locutoras de radio Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que se encontraban realizando su trabajo informativo en las comunidades cuando sufrieron un ataque con disparos. Las dos locutoras formaban parte del proyecto radiofónico “La voz que rompe el silencio”, una emisora popular puesta en marcha por un grupo de jóvenes que buscaba fortalecer el proceso autonómico del municipio y que había recibido las amenazas de los sectores opuestos a la lucha del pueblo triqui.

(*) Mª Cruz Tornay es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

La Cámara de Casación apartó a un magistrado que había absuelto a una funcionaria acusada de extorsionar, durante años, a la comunidad Chuschagasta para desalojarla. La disputa llegó hasta el homicidio del comunero Javier Chocobar, en un crimen que quedó filmado y todavía puede verse por YouTube.

El asesinato a sangre fría del comunero Javier Chocobar fue el corolario de una disputa que la Justicia tucumana podía haber frenado a tiempo. Esa apreciación es la que se desprende de un contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela.

Fallo completo: pueblos originarios

Un crimen que se pudo evitar

El asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009 y quedó filmado en un video que todavía puede verse en YouTube. El empresario Darío Amín se presentó en el territorio que disputaba con miembros de la comunidad Chuschagasta, perteneciente a la Nación Diaguita, en la localidad de Trancas, al norte de la Provincia de Tucumán. Llegó armado y acompañado de dos ex policías, Humberto “el Niño” Gómez y José Valdiviezo. Tras un intercambio de palabras, comenzó una balacera contra los comuneros que terminó con dos de ellos heridos y Chocobar muerto.

Uno de los agresores filmó el ataque y perdió la cámara en la revuelta. El video registra claramente el comienzo de la agresión, aunque el disparo mortal contra el cacique sólo queda registrado en audio. Hoy, los imputados enfrentan penas de cadena perpetua en una causa que ya fue elevada a juicio oral y que podría comenzar este año.

Los instantes previos al asesinato de Javier Chocobar

Las advertencias desoídas

Los Chuschagasta ya había recurrido a la Justicia cuatro años antes del crimen de Chocobar. Se generó una causa en Tribunales Federales que fue acumulando pruebas de que la comunidad era legítima propietaria de la tierra. En ese expediente, se fueron documentando las presiones que -según los comuneros- sufrieron sus miembros durante años por parte de la ex delegada comunal de la localidad de Ancajuli, Silvia Chiarello, su hermano Dante y otras personas bajo su mando. Todos, según se detalla en el expediente, amenazaban a los habitantes de la zona con dejarlos sin nada si no firmaban documentos de entrega del territorio al empresario Amín. En muchas oportunidades, los coaccionantes se presentaron armados, señalan las incontables demandas.

Los testimonios, los informes de Gendarmería, el material fotográfico y otros elementos probatorios fueron nutriendo un expediente que terminó, de manera sorpresiva, con la absolución de los demandados (la delegada comunal y su hermano), en octubre de 2012, cuando ya Chocobar había sido asesinado. La sentencia fue firmada por el conjuez Mario Leiva Haro y fue impugnada por la querella (los denunciantes Clementino Salvador Cata y su hermana, Cesárea) y por el Fiscal General, Gustavo Gómez. Pese a ello, dos años más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la desvinculación de los acusados.

Un fallo demoledor

Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal emitió una dura sentencia contra el accionar del juez Leiva Haro y la Cámara Federal de Apelaciones por no dar curso a las denuncias ni contrastar las pruebas recabadas. En una resolución del 21 de febrero de este año, anuló las absoluciones.

“La sentencia, lejos de significar la aplicación de criterios de la sana crítica, trasunta en un acto jurisdiccional teñido de fundamentación aparente lo que fulmina su nulidad”, dice el fallo. “No se advierte por parte del tribunal de la anterior instancia el mínimo esfuerzo por dar respuesta a los embates efectuados por los apelantes en los respectivos recursos de apelación y expresión de agravios. Así pues, no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados y su contraste con la voluminosa prueba que se ha recabado a lo largo de la investigación”, continúa.

La sentencia, además, reconoce la propiedad ancestral de las tierras que defendía Chocobar. “La Comunidad Los Chuschagastas cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, indican los jueces Eduardo Rafael Riggi (presidente), Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, miembros de la Sala I. Los magistrados, además, determinaron que cualquier intento de desalojo constituye un delito: “ello acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas, y deja huérfana y erige en delictiva cualquier pretensión que se articule sobre la disputa por el dominio del territorio que ocupa la Comunidad de Chuscha”.

La Cámara hizo lugar al planteo de Gómez, que había señalado que la muerte de Chocobar es “consecuencia directa de la falta de la legalidad del presente proceso penal” y define al crimen como acontecido en el “contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión”.

Los camaristas, además, resaltan la insistente desobediencia judicial de los acusados y del empresario Amín, que durante años explotó la cantera de piedra laja del lugar, pese a que una medida cautelar se lo prohibía. “El acto de poner en posesión a Amín el 20 de noviembre de 2012 (…) configura por lo menos, a priori, un acto judicial que desconoce la Ley vigente que al momento del hecho establece claramente, que corresponde suspender todos aquellos actos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras pertenecientes a pueblos originarios.”, indica la sentencia.

La jueza Figueroa consideró que “el tribunal a quo omitió tomar en consideración el alto grado de vulnerabilidad –social, étnica geográfica, laboral, familiar, personal- que presentaban las víctimas de la comunidad originaria”, planteo al que adhirieron sus dos colegas.

De esta manera, el juez Leiva Haro queda apartado del caso y la absolución de los imputados, anulada. La causa deberá volver al tribunal de origen para que designe un nuevo magistrado que prosiga con la investigación, esta vez “con la celeridad y recaudos que las presentes actuaciones merecen”.

El seguimiento de la tarea periodística estuvo a cargo de Mariana Romero

Fuente Quediario.com.ar

Movilizados por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio.

24 de Marzo - Movilización en Salta - UPNDS ENOTPO junto a organizaciones de DDHH, sociales y políticas.

Los Pueblos Originarios, como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres, desde cada territorio, levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo que lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande, Libre y Soberana.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, y como parte del proceso de conformación del estado-nación argentino, nuestros pueblos y territorios sufrieron campañas de exterminio y dominación ejecutadas por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, con la complicidad de la Iglesia y el aval de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 de compañeros y compañeras desaparecid@s, con asesinatos, torturas, saqueos, robo de bebés y de identidades Estos mismos son los sectores que se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90 y que hoy se reciclan en frentes y alianzas políticas que asaltaron el poder en el 2015, engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha legítima de nuestros pueblos.

Si bien el 24 de marzo es un día de memoria para que NUNCA MÁS suceda lo que tuvo lugar durante la última dictadura cívico-militar, los Pueblos Originarios en Argentina también hemos sido víctimas de la violencia sistemática por parte del Estado. Nuestras identidades han sido negadas y nuestras culturas avasalladas, nuestros líderes han sido (y siguen siendo) asesinados y nuestros niños arrancados de sus familias y distribuidos entre familias blancas porteñas para que sirvan en tareas domésticas. Por eso, en este día especial, también reclamamos justicia y memoria para los Pueblos Originarios. Para que no se olvide el proceso sistemático de eliminación que desde el Estado se ha aplicado sobre nuestros Pueblos, identidades y culturas, y para que NUNCA MÁS se nos invisibilice, suframos explotaciones y desalojos, se ataquen nuestras prácticas culturales y espiritualidad, se criminalicen nuestros reclamos y se asesinen a nuestros autoridades y comuneros.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista, hoy pretenden invisibilizarnos, negar nuestras identidades y desconocernos como Naciones milenarias y preexistentes a la conformación del Estada, para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico.

Exigimos que los organismos del Estado asuman su responsabilidad y pongan freno a esta constante persecución, hostigamiento, discriminación, xenofobia y asesinatos dirigidos y perpetrados contra nuestras familias y autoridades comunitarias.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar, por el etnocidio y genocidio sufrido por nuestros Naciones y Pueblos Originarios exigimos Justicia y Reparación Histórica.

¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!

¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!

¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos fue parte del directorio de Cardero Argentina S.A. cuando ocurrió la muerte de Lucas Salaberría, estudiante de geología de la UNSa. Otro director fue imputado por la Fiscalía pero, hasta el momento, nada se dispuso al respecto del funcionario.

La causa por la muerte del estudiante de Geología de la UNSa, Lucas Salaberría, ocurrida el 13 de noviembre de 2016, le pega en el pecho al Gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey.

El joven falleció tras días de agonía en una expedición minera al Nevado de Cachi en la que hubo serias irregularidades de contratación, sin ART, sin los equipos necesarios, sin revisiones médicas ni permisos de la Dirección de Minería y sin avisar a las autoridades ni mucho menos haber solicitado consenso de las comunidades originarias del lugar.

Lucas tenía sólo 27 años y sus padres son los que están luchando en la Justicia para definir las responsabilidades de la muerte de su hijo. “A nosotros nadie nos escucha porque el poder de Salta oculta a los verdaderos responsables. Uno de los dueños de la empresa que contrató a mi hijo para llevarlo a su muerte es el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias. Yo quiero que me responda y me diga cómo fue que armó toda esa expedición sin nada legal”, dijo Norma Lidia Sona, la mamá de Lucas.

Y mostró el Boletín Oficial de Salta Nº 20184, publicado el día 16 de enero de 2018, donde dice textual sobre la firma Cardero Argentina S.A.: “Directores Titulares: Dr. Mario Luis Castelli Temer, D.N.I. Nº 17.131.844 y Dr. Marcelo Eduardo López Arias, D.N.I. Nº 8.177.207”.

“Yo no quiero más Lucas Salaberría en Salta. Yo no quiero que sigan muriendo jóvenes por contratos basura. Si hay minería en la provincia que se haga con todas las de la ley. Por eso necesitamos respuesta del gobernador Urtubey, que nos diga qué hace su ministro de Gobierno contratando y armando expediciones ocultas a los cerros de Salta. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió la mamá.

La causa

Si bien Lucas murió por el mal de altura, los padres accionaron en la Justicia mecanismos para ver las responsabilidades por una serie de irregularidades que hubo durante la expedición.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, se puso al frente de la investigación y el 8 de noviembre de 2017 oficializó la primera imputación, por la muerte de Salaberría, al acusar formalmente al ingeniero geólogo peruano, Jhon Huaman Canchaguía, quien coordinaba la visita. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo al guía de la expedición.

En febrero de este año se avanzó en la causa y se amplió la imputación a la empresa que contrató al guía. Se trata de Cardero Argentina S.A., subsidiaria de una compañía canadiense. El nombre del presidente de la firma, Mario Luis Castelli, apareció en los diarios mientras que el de López Arias se mantuvo oculto.

Según consta en la investigación del fiscal Paz, Castelli le encomendó a Canchaguía que “se contactara con algunos estudiantes de Geología, proponiéndoles participar en la expedición. Posteriormente, celebró un contrato con aquellos, sin que surja, ni de las tratativas previas ni del contrato, el estado de salud de los estudiantes”.

“Tampoco se previó en dicho instrumento, ni consta de las declaraciones de los testigos entrevistados, que la empresa haya provisto elementos de seguridad o instrucciones de este tipo, en orden a garantizar la preservación de la salud y la vida de quienes fueron por él convocados para emprender la actividad”, agregó Paz.

Cuando llegaron a Cachi, el peruano no informó al destacamento policial del lugar, tampoco al hospital, ni tramitó el permiso para trabajar dentro del territorio diaguita. Realizaron una expedición para ir a tomar muestras mineras a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y no avisaron a nadie. El fantasma del uranio vuelve a rondar las comunidades originarias que son atacadas sistemáticamente por la prensa a favor de la explotación mega-minera. Nada es casualidad.

Lucas murió el domingo 13 de Noviembre de 2016 en el paraje “El Quemao”, en la zona de Palermo, Cachi. Ocurrió durante una expedición de exploración encomendada por Cardero Argentina SA a Canchaguía, quien a su vez contrató a Salaberría, quien falleció tras varios días de malestar.

Según, surge de la investigación del fiscal Paz, Salaberría murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio por falla cardíaca. Varios testigos, principalmente integrantes de la expedición, fueron coincidentes en sostener que Salaberría, días previos a su deceso, manifestó ciertos malestares físicos, síntomas que se intensificaron sin que recibiera auxilios médicos oportunos.

“Sólo le dieron un Tafirol”, dijo Norma y agregó: “No tenían equipo, no hubo control de salud, se peritó luego de un año el celular de Lucas para ver las fotos que fueron borradas, faltan las llamadas del teléfono satelital de Canchanguía, no se hizo autopsia, no hay coincidencias en la hora de muerte que dieron los que estuvieron con mi hijo. Todo está mal en esta causa y quizás sea porque está involucrado el más alto funcionario del Gobierno luego de Urtubey”, presumió Norma.

Fuente: Cuarto Poder

En el marco del día internacional de los campesinos y la semana de los Pueblos Originarios se llevo a cabo una Jornada sobre los Derechos de los Campesinos y de los Pueblos Originarios en la Facultad de Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

La actividad fue organizada desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria en acuerdo con el Centro de Estudiantes. Se convocaron a los Sujetos territoriales a través de las instituciones orgánicas que representan al sector, para dar un relato y un estado de situación ante los distintos ataques y persecuciones que sufren en sus territorios, el marco jurídico, su aplicación y las demandas reglamentarias correspondientes.

La apertura estuvo a cargo de los responsables de la Cátedra, el Centro de estudiantes y la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales. Quienes remarcaron y reflexionaron sobre el estado coyuntural que vive el país, donde se evidencia un claro achicamiento de las políticas públicas para el sector más desprotegido de la sociedad, con ajustes y cierre de áreas específicas, como lo es el caso de los recortes y despidos de trabajadoras y trabajadores del ministerio de Agroindustria de la Nación que impacta directamente sobre el Sujeto de la Agricultura Familiar de Pueblos Originarios y de los Campesinos.

Para el dialogo intercultural se invitaron a la Coordinadora de Tierras de Morillo, MOCASE Vía Campesina, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta - UPNDS, El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, la Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo y el MNCI.

Algunas Vocerías, como el Referente Antolin Soraire de la Coordinadora de Tierras de Morillos remarco, “necesitamos la reparación histórica para los campesinos”, “no todo es llorar sino construir propuestas colectivas”, “nosotros resistiremos aunque nos manden la gabilla”.

La compañera Cristina Loaiza del MOCASE puso énfasis en el abandono de las políticas públicas para el sector.

El hermano H Fabián, Delegado de la UPNDS, refrendo el espacio legitimo como Pueblo Nación, saludando la construcción de ámbitos que permitan el dialogo entre iguales y donde cada sujeto pueda ejercer la vocería en primera persona. Ante la coyuntura que hoy sufren los Pueblos ante los ataques sistemáticos de los sectores oligárquicos del poder y de las elites dominantes en connivencia con un sector de la justicia, “los pueblos estamos unidos y organizados en instituciones legitimas”, “deben saber que no habrá método científico que detenga nuestro proceso legítimo como Pueblo Nación, porque es irreversible”

El Lonko Roberto Ñancucheo, referente nacional del ENOTPO, enmarco la realidad de los territorios organizados, las luchas reivindicativas históricas, los procesos constitutivos legítimos propios, la represión como método del gobierno actual, las propuestas y demandas que ejercen los Pueblos ante él y los Estados monoculturales, para su trasformación en estado plurales que den plena participación y contención a los más de 40 pueblos y naciones originarias que preexisten al país.

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios como espacio de articulación de los procesos propios como Pueblos, se viene trabajando por las reivindicaciones históricas, traduciendo en propuestas concretas cada una de las demandas territoriales, como lo es el caso de la reglamentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, deuda del Parlamento Argentino, para lo cual las organizaciones desde el 2010 construyeron el anteproyecto de ley para la Propiedad Comunitaria Indígena ingresado al Parlamento con expediente 5137-D-2017 para su pronto tratamiento, entre otras iniciativas legislativas.

La Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo puso énfasis en las realidades del sector pastoril, sobre todo en Formosa donde se viven procesos de readaptación continua en los sistemas productivos de vida.

El referente Diego Montón del MNCI, remarca las desigualdades y el menosprecio hacia el sector de la agricultura familiar, donde, “el sector tiene regulado solo un 3 por ciento de la tierra, mientras produce para el 75 por ciento de la población a escala mundial”.

Desde el sector campesino se viene trabajando sobre la Declaración de los derechos de los campesinos, y que es documento a consolidar en las agencias y áreas atinentes al tema en Naciones Unidas-ONU.

Durante la jornada se presentaron productos de la agricultura familiar, producidos por hermanas y hermanos de pueblos originarios, de campesinas y campesinos, quienes ofrecieron su producción colectiva como aporte a la soberanía alimentaria.

En un Salón auditorio colmado de referentes de Pueblos Originarios, de organizaciones Campesinas, de referentes de organizaciones sociales y políticas, de catedráticos, de estudiantes y públicos en general se dio cierre a la actividad, intercambiando diálogos panel y público, con los compromisos conjuntos de profundizar dando continuidad a la propuesta de visibilizar en marcos de realidad territorial y de respeto a la diversidad cultural.

Tras la publicación de Cuarto Poder en la que se reveló que Marcelo López Arias es también director de la empresa imputada como responsable por la muerte de un estudiante de la UNSa en 2016, los diaguitas cuestionan la investigación y se solidarizan con la familia de Lucas Salberría. Esta semana la jueza Ada Zunino deberá resolver si sobresee al socio del ministro.

Por Kolla Baltasar

Las consecuencias del caso Lucas Salaberría va tomando caminos inesperados. Se trata del joven estudiante de Geología de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) que falleció en noviembre de 2016 en una expedición de exploración minera en un sector del Nevado de Cachi. Lucas, de 27 años, fue contratado por la empresa Cardero S.A para ir a trabajar a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, de una manera totalmente irregular. Sin estudios médico-físicos, sin cobertura de ningún seguro, sin avisar a ninguna autoridad competente y sin equipos sanitarios para trabajar en las condiciones de altura que imponen las montañas. Su deceso fue tras cuatro días de padecer el denominado “mal de altura”, por la inercia del jefe de la expedición, un geólogo peruano que sólo le dio un Tafirol, que nada hizo ante el edema pulmonar.

El andino John Huaman Canchaguía, quien estaba al frente de la expedición, fue imputado por la Justicia por la investigación llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz. La Fiscalía le imputó el delito de “homicidio culposo” al guía. Loa padres de Lucas lucharon y lograron que en febrero de este año se amplíe la imputación para el titular de la firma Cardero S.A., Mario Luis Castelli, por haber contratado y organizado una expedición minera en total irregularidad. Ahora bien, los padres de Lucas avanzaron otro paso y descubrieron que el otro “director titular” de la firma es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo Eduardo López Arias, tal como se reseñó en la edición del 7 de abril último de este semanario. El jefe de los ministros de Juan Manuel Urtubey está implicado en la muerte de un chico y nadie dice nada.

En el Boletín Oficial 20.184 la mamá de Lucas descubrió que el histórico referente del Partido Justicialista (PJ), es el director titular de la firma que llevó a su hijo a la muerte. No se explica cómo Castelli está imputado y el ministro López Arias no, ya que ambos tienen el cargo de directores en la empresa hallada responsable por la muerte del joven.

Por el lado judicial, Norma, madre de Lucas, tiene ahora una urgencia. Los abogados de Castelli ahora pidieron el sobreseimiento ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Ada Zunino, quien durante esta semana debe definir la situación procesal. “Si lo sobreseen a Castelli se nos cae todo. Nosotros vemos como las estructuras del poder en Salta se tocaron con el caso de la muerte de mi hijo”, le dijo Norma a este semanario.

“El único que se anima a publicar la vinculación del hombre fuerte del Gobierno con la muerte de Lucas es el Cuarto Poder. Nadie más quiere hablar del tema, mucho menos la gente de la Dirección de Minería”, reflexionó. La mujer no sabía que además de no salir a decir nada sobre la muerte de Lucas, López Arias y Castelli son socios de Wealth Minerals Argentina S.A., según el Boletín Oficial 20.041, publicado el 14 de junio de 2017. Se trata de otra firma dedicada a brindar servicios mineros con lo cual habría que al menos aclarar si no existen los ya conocidos “conflictos de intereses”, ya que es bien sabido que el superministro es el encargado de “invitar a invertir” a empresas mineras en Salta. En abril de 2017 estuvo reunido con empresarios suizos y antes, en septiembre de 2016, recibió a la embajadora de Sudáfrica también para mostrarle los beneficios de la provincia como potencia minera. Lo que no se aclarara en los partes oficiales es si López Arias además ofertó los servicios que prestan sus dos empresas.

Aliados

A los papás de Lucas les salieron unos compañeros de viaje inesperados. Los miembros de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, cercanas a Cachi, estuvieron reunidos en asamblea extraordinaria ante la información de este medio sobre las empresas de las que es propietario el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

“Ahora entendemos toda la trama del poder intocable que se teje en torno de las exploraciones mineras a escondidas que se realizan en nuestro territorio”, dijo Héctor Fabián que es el primer representante de la comunidad Diaguita Kallchaki de La Pailas y que además es delegado de la UPND Salta y vocal del Ippis (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas) por el pueblo diaguita.

“Cualquier acción, movimiento o expedición que se realice en territorio diaguita debe contar con aprobación mediante consulta. Eso lo dicen los tratados internacionales y no lo puede desconocer un ministro. Esa expedición que realizaron y en donde muere Lucas nunca estuvo consulta o informada por nadie. Tampoco informaron a la Policía, al Municipio ni al hospital. Entonces, López Arias oculta algo y eso para un funcionario es inaceptable. Si tiene todo en regla y tiene buenas intenciones de negocios hubiera organizado regularmente la expedición y nos habría consultado”, dijo Fabián.

Los Diaguitas desconfían del lugar en donde se estuvieron tomando las muestras minerales. “En el lugar que muere Lucas están las nacientes de una serie de arroyos y manantiales que van a desembocar luego en el río Calchaquí. Nosotros cuidamos nuestras nacientes porque son la base de la vida. Ya tenemos un antecedente de una mina que se llama El Apunao, donde por los años 40 se extrajo material y se usó como base un antiguo lugar sagrado. No vamos a permitir que usurpen nuestros lugares que son ancestrales y aseguran algo tan elemental como el agua”, dijo Fabián.

Los Diaguitas confirmaron que ya están en contacto con la familia de Lucas para compartir información y avances en la investigación.

Ahora se entiende algunos de los “por qué” de este nuevo avance pro-minero apoyado por todo el aparato estatal y la gran mayoría de los medios de comunicación. Nadie dijo nada sobre quién estaba por detrás de una expedición “trucha” y una muerte evitable. Habrá que ver qué dictamina la jueza Zunino. Para quien la recuerde, es la misma jueza que tenía 27 mil dólares, en abril del año pasado, en un despacho de Ciudad Judicial, y que luego nada se supo sobre el tema.

Fuente: Cuarto Poder

El jueves 26 de abril. autoridades y delegados territoriales miembros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta, participamos de una charla taller en el centro cultural Casa Tedín en Cachi.

Junto a estudiantes, docentes de la carrera terciaria de Turismo y de personal del museo, intercambiamos conocimientos y saberes sobre el uso ancestral y actual de nuestras tinajas, yuros, coajadas y virques en los territorios Diaguitas.

El Equipo de Comunicación con Identidad Diaguita presento el material audiovisual que se va generando y produciendo en los territorios, y que son el corolario del propio proceso como Pueblo Nación.

Como organización territorial se hizo entrega del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada al director del Museo. Material elaborado por las organizaciones que articulan en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO como aporte para un dialogo real y entre iguales, siempre respetando la diversidad cultural.

Concluimos la charla, reafirmando sobre el valor y la importancia del resguardo del legado ancestral heredado de nuestros mayores garantizando nuestra continuidad como Pueblo Nación.

Juntos construyendo Memoria, Identidad y Territorio.

(Ambrosio Casimiro 1981-2011

Autoridad Diaguita y Delegado Territorial de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - UPNDS, con un rol político y comunicacional con participación nacional acompañando el proceso orgánico del Pueblo - Nación Diaguita.

Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta honramos su memoria y mantenemos vivo el legado, multiplicando la lucha identitaria y de reconocimiento territorial por cada uno de nuestros valles.

Ambrosio nació en el territorio Diaguita de la Aguada, el 06 de Octubre de 1981, hijo de Hilda Beatriz Castillo y Teófilo Casimiro, se forjo a la par de sus padres y hermanos viviendo el territorio desde la propia esencia Diaguita, atravesando y superando cada desafío que le propuso la vida en su recorrido por este tiempo y espacio territorial.

Ambrosio Casimiro asumió el legado de los mayores para continuar la lucha de nuestros líderes como Kallchaki, Chelemín, siendo uno de los principales conductores en la reorganización de las bases comunitarias Diaguitas Kallchakí de La Aguada, Las Trancas, El Algarrobal y Las Pailas, encabezando la resistencia al desalojo y al ataque terrateniente a las familias de la Comunidad de “Las Pailas” el 17 de diciembre de 2010, provocado por una orden judicial violatoria de los Derechos de los Pueblos Originarios emitida por la jueza Faber.

El 10 de mayo de 2011 Ambrosio se inmortaliza para el Pueblo Diaguita y va a continuar la lucha desde otro espacio territorial, sumando su legado y mensaje para que cada Diaguita asuma su identidad sin miedo ni vergüenza de nuestra pertenencia cultural milenaria.

Ambrosio vive en cada territorio restituido, en cada Diaguita que lucha, su espíritu está presente y alimenta nuestra esencia como Pueblo Nación, toma vida en nuestra Biblioteca en Pailas, su palabra se multiplica en cada vocería asamblearia, se simboliza en la FM Diaguita Ambrosio Casimiro para ondear los cerros llegando a cada rincón de nuestros valles, retumba y vuelve como un eko en cada grito Diaguita por libertad.

La Radio Diaguita FM Ambrosio Casimiro

La Radio se construyo con esfuerzos propios y trabajo comunitario, realizando distintas actividades para recaudar los recursos necesarios que permitan completar la adquisición del material. La edificación simboliza un rostro que mira hacia el naciente, recibe el mensaje desde el este para proyectarse hacia el oeste, acompañando el ritmo circular y eterno de la naturaleza misma.

Con la puesta al aire de la Radio Diaguita se plasmo el hecho histórico de retomar la palabra en primera persona, revalidando la lucha de las organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, las cuales en el 2009 construyeron la propuesta de COMUNICACIÓN con IDENTIDAD y la militaron desde los territorios junto a todos los sectores políticos y sociales para lograr la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual - ley 26522.

Este espacio refleja el trabajo colectivo, construido para que habite la palabra del mundo Diaguita y expanda su mensaje hacia los valles, retumbando para multiplicarse infinitamente por cada rincón territorial.

Ambrosio sigue presente en nuestra lucha en cada punto del Territorio Diaguita, su fuerza late en cada uno de las/los herman@s Diaguitas, su Pueblo y Comunidad mantiene viva su lucha, su memoria alimenta nuestra esencia como Pueblo Originario y nos fortalece en el desafío de construir un mundo posible, donde se valore el buen vivir y la igualdad en la diversidad.

Por la lucha de quienes nos precedieron.

Por la defensa de nuestros territorios.

Por el fortalecimiento de nuestra identidad.

Por justicia para nuestros pueblos.

Por la Memoria de nuestros Iquines y Titaquines Kallchakí, Chelemin, Javier Chocobar, Ambrosio Casimiro.

Juntos por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta

Por ULISES RODRÍGUEZ

El juez Gustavo Villanueva, que lleva adelante la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, desestimó el pedido de la Administración de Parques Nacionales que solicitó ante la Justicia el inmediato desalojo de la comunidad mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu del predio de Villa Mascardi. Eugenio Breard, titular de Parques, dueño del Country Club Cumelén de Villa La Angostura y amigo de Macri, había vuelto a pedir el desalojo en marzo luego del asesinato de Rafael Nahuel.

La Administración de Parques Nacionales presidida por el empresario amigo de Mauricio Macri, Eugenio Breard, inició en marzo una causa civil en la que requería el desalojo de los “ocupantes y/o intrusos y/o poseedores y/o tenedores, que se encuentren asentados ilegalmente en el predio sito en la Ruta Nacional Nº 40 a la altura del kilómetro 2006”.

En aquel momento Nuestras Voces tuvo acceso a la demanda al magistrado por parte de Parque Nacionales firmada por Eugenio Breard –dueño del Country Club Cumelén de Villa La Angostura– en la que se hace referencia a que la “ocupación ilegal importa la afectación y turbación a un bien de dominio público perteneciente al Estado Nacional” y agrega que “en tal sentido, corresponde entablar todas aquellas administrativas y/o judiciales capaces y tendientes a hacer cesar –de forma urgente e inmediata– la irregularidad anteriormente mencionada”.

La Administración de Parques Nacionales solicitó “con el auxilio de la fuerza pública, además de la expulsión de los intrusos, el retiro de sus pertenencias, el desmantelamiento de las construcciones no autorizadas y retiro de materiales de construcción, las instalaciones accesorias como cercos, alambrados, carteles, como asimismo animales de su propiedad o de terceros que pudieren encontrarse en el lugar”.

Este viernes, el juez Gustavo Villanueva, a cargo de la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, rechazó el pedido de la entidad a través de una sentencia interlocutora dejando asentado que “lo que aquí se pretende, ya fue oportunamente ordenado en dichos autos (en una causa penal en trámite) y cuyo resultado disvalioso ha devenido de público y notorio conocimiento”.

En su sentencia –a la que tuvo acceso Nuestras Voces– Villanueva expuso que “la autoridad de aplicación está facultada para promover la reubicación en las Reservas Nacionales o fuera de su jurisdicción de los pobladores existentes en los Parques Nacionales en las tierras del dominio público. Podrá, igualmente, disponer la expulsión de los intrusos en los inmuebles del dominio público. A tal efecto intimará a los ocupantes a restituir los bienes dentro del término de treinta (30) días corridos. Si no fueran devueltos, podrá requerir a la Justicia la inmediata expulsión de los ocupantes”.

En el caso de los Parques y Reservas Nacionales situados en zonas de Frontera y de Seguridad el juez indicó que “la reubicación y expulsión deberá hacerse previa intervención del Ministerio de Defensa y de acuerdo con la Reglamentación que se dicte al respecto”.

En su resolución final el magistrado resolvió “desestimar la medida de lanzamiento requerida, sin costas, atento la ausencia de sustanciación”.

Vale recordar que el primer pedido de desalojo solicitado por la Administración de Parques Nacionales se concretó el 23 de noviembre de 2017 y terminó con la detención de cinco mujeres y seis niños que fueron llevados precintados a la comisaría de Bariloche.

Dos días más tarde, el 25, el Grupo Albatros de Prefectura perpetró una cacería de los ocupantes que permanecían en el predio y el saldo fue el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel –que se encontraba en el predio en respaldo a la comunidad mapuche–.

Cómo sigue la causa

Tras la declaración testimonial de los 15 efectivos de Prefectura que comparecieron ante el juez Gustavo Villanueva a finales de abril –y aportaron poca información y relatos imprecisos– aún se esperan los resultados de las pericias balísticas sobre las cintas de carbono que se tomaron a Rafael Nahuel, Fausto Jones Huala, Lautaro González y un grupo de Albatros que se realizaron en el Centro Atómico Bariloche y, posteriormente, fueron enviadas a Salta para un detallado informe.

El análisis preliminar constató que en las manos de Rafael Nahuel no había elementos químicos compatibles con restos de pólvora pero sí hallaron componentes en las manos de Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el día de la cacería en Villa Mascardi cuando bajaron a Nahuel del cerro, gravemente herido para que fuera atendido. De todos modos eso no es definitivo para asegurar que manipularon armas de fuego como aseguró meses atrás –y sin pruebas– el diario Clarín.

Con respecto a la situación judicial de Fausto Jones Huala y Lautaro González la Cámara de Casación llevó adelante una audiencia en los tribunales de Comodoro Py el pasado miércoles 2 de mayo para que se revoque la excarcelación de ambos dictada por el juez Gustavo Villanueva.

La fiscal Sylvia Little sostiene que permaneciendo en libertad hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En la Cámara de Casación un representante de los abogados defensores expuso su defensa en la Sala III, presidida por Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El fiscal designado, Raúl Pleé –que convocaba a las marchas de silencio por el caso de su colega Alberto Nisman– no se presentó aquel día y envió un escrito con su actuación. A partir de ahora será el juez Carlos Mahiques el que tendrá en su poder la decisión de mantener en libertad a los dos jóvenes o enviarlos nuevamente a la cárcel.

Por ahora los únicos con posibilidad concreta de ir a prisión son Lautaro González y Fausto Jones Huala –un apellido con peso a la hora de elegir al enemigo en el sur argentino–. Con respecto a los Albatros todo se dilata y el juez espera los resultado de Salta para citar a los ocho agentes que participaron de la cacería entre los que se encuentra el que dio muerte al joven de 22 años aquel 25 de noviembre de 2017.

https://es.scribd.com/document/379071981/JUZGADO-FEDERAL-DE-SAN-CARLOS-DE-BARILOCHE-Parques-Nacionales#from_embed

Fuente: Nuestras Voces

Revista Cítrica

En pleno siglo XXI, en Salta, comunidades arrasadas por la crecida del río Pilcomayo en febrero, quedaron marginadas. Le piden al gobernador que les suministre servicios básicos para la vida. Pero la desidia política en Argentina alcanza niveles de insensibilidad alarmantes.

Los invisibilizan. Y no solamente en forma virtual, cultural, o ignorándolos a través de los medios de comunicación ordinarios. Sino también físicamente. La sociedad en general, sus pares, sus iguales, el "otro", le da la espalda. La insensibilidad estatal -nacional y provincial- que hoy impera en Argentina roza horizontes pavorosos.

El foco es colocado sobre los pueblos originarios solamente con el fin perseguirlos, demonizarlos, criminalizarlos, convertirlos en enemigos, tildándolos con pseudo formatos ridículos como el de "terroristas", y demás acepciones. Sin embargo, cuando la lente agudiza su sensibilidad, la realidad es diametralmente opuesta.

Y allí están. Son. Tienen identidad, arraigo, vida. Existen, aunque traten de esconderlos. No solamente precisan luz eléctrica, sino también luz social. Están. Son. Existen.

Comunidad "13 de enero", 20 familias, Cacique Mateo Torres.

Comunidad "La Golondrina", 19 familias, Cacique Juan Carlos González.

Comunidad "Cruce Nueva", 20 familias, Cacique Ruperto Dixon.

Comunidad "Anglicana 2", 16 familias, Cacique Héctor Constantino.

Comunidad "Cañada Larga", 8 familias, Cacique Lemir Paz.

Comunidad "Padre Coll Vieja", 18 familias, Cacique Moisés Menéndez.

Muchos de los pueblos originarios siguen siendo lanzados sistemáticamente a los deciles de mayor marginación. En Salta, -el feudo de Juan Manuel Urtubey, un gobernador afín a los desmontes, y que se mostró invariablemente como alfil incondicional ante los designios del presidente Mauricio Macri y sus decisiones sociopolíticas- la inundación que provocó el río Pilcomayo, no deja de generar estragos.

Después de las crecidas de enero y de años de falta de planeamiento, los habitantes de Santa Victoria Este, cerquita de Tartagal, tuvieron que huir como pudieron. Pasaron los meses, y el abandono se incrementó. Ahora, los desclasados se manifiestan a través de un corte de ruta. Las comunidades tuvieron que ser trasladadas. La inundación los ha afectado en forma completa.

Salvaron lo que pudieron y movilizaron a todas sus familias a otro lugar, allí donde no pasó el río. Estas comunidades están cortando la ruta 54 desde hace 10 días. ¿Qué piden? Agua y luz. Necesidades por debajo de las básicas del siglo XXI. Agua y luz...

Y quizá, lo más penoso de toda la situación es que la solución se encuentra a tiro de piedra. Sí. Las comunidades están literalmente "al lado" de la corriente eléctrica. Es decir que, al costado de la ruta 54 -donde acampan como pueden- es por donde pasa el tirado de energía. Ante lo cual, este absurdo contexto se solucionaría apenas con tres elementos: decisión política, un transformador y un poste.

A pesar de esta sencillez al alcance de la mano de Urtubey, Macri y sus huestes, no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, tanto nacional como provincial. La invisibilización y la desidia en su estado más puro y desalmado.

El problema del acceso al agua potable, si bien es más difícil de solucionar, no deja de ser una empresa realizable. Es más complejo porque el agua está lejos y -lógicamente- construir un pozo profundo para extraerla no es algo que se solucione de un día para el otro. En la zona hay ausencia absoluta de agua. Y desde el estado provincial se expone una incapacidad manifiesta de acercar unos tinacos y llevar agua potable con un camión, para que las comunidades puedan consumirla con el objetivo básico de la subsistencia. Cada tanto, un móvil municipal acerca un poco de suministro, pero no alcanza para nada.

El bien del agua potable para consumo, en pleno siglo XXI, se manifiesta como una virtual quimera para las comunidades desplazadas. Corridas no solo por el río Pilcomayo, sino -principalmente- por la desidia política. Sin una solución -ni total ni parcial- ante esta situación, el minuto a minuto es violentamente crítico.

Sólo precisan un poste y un transformador para poder hacer la bajada de luz. Urtubey se los niega, mientras firma con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, la autorización para que se lleven a cabo cerca de 30 desmontes en el terruño que gobierna.

Agua y Luz.

Tras la inundación, las comunidades viven como pueden, en casas muy precarias. Construyeron una especie de carpas, con plástico negro. Enfrentan un panorama desolador. Viviendas destruidas, cultivos arrasados, sin animales, sin caminos. Hace diez días que gritan su desamparo. Y no hay respuesta por parte del Estado. No existe ningún tipo de disposición desde el gobierno salteño para atender su pedido. Un drama de otro siglo, ahora.

Fuente: Revista Cítrica

Comunidades originarias, en alerta por las usurpaciones

Temor. El caso de andalgalá encendió la alarma en la comunidad.

Luego del intento de usurpación que denunciaron integrantes de la comunidad indígena de Minas Capillitas, ubicada en Andalgalá, representantes de la Unión Diaguita de Catamarca se mostraron alarmados por la situación y pidieron que los organismos provinciales trabajen para resguardar sus derechos como habitantes originarios de determinadas zonas.

A través de un comunicado oficial la Unión Diaguita expresó que "repudiamos los atropellos de los usurpadores en la comunidad indígena de Capillitas en Andalgalá, y expresamos nuestro apoyo a la defensa territorial comunitaria”.

La usurpación de la vivienda de una mujer de 82 años al Pie de la Cuesta de Minas Capillitas generó el malestar y el alerta en las distintas comunidades. Incluso días atrás el fiscal subrogante de Andalgalá, Alejandro Scidá, dispuso el inicio de una investigación penal preparatoria y una medida cautelar para salvaguardar la situación de los habitantes de Minas Capillitas en el conflicto por las tierras.

“Estos atropellos violan nuestros derechos comunitarios manifestados en los artículos Nº 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y de la Ley de Emergencia Territorial (Nº 27.400) y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, señalaron.

Por otro lado pidieron a las autoridades provinciales y de los distintos organismos que velan por la protección de los derechos indígenas para que colaboren en el cumplimiento de los derechos de las distintas comunidades que habitan el territorio catamarqueño.

El pedido y la preocupación, surge porque tiempo atrás a un integrante de la Unión Diaguita le quemaron su vivienda en las comunidades de Belén.

El documento está avalado por Ingrid Aguilar Villacorta, cacique de la comunidad de Los Morteritos de Las Cuevas; Rubén Casimiro, de Aguas Calientes; Isidro Gervan, de Caracachi; Enzo Gutiérrez de Laguna blanca; Bernardo Gutiérrez, La Costura, y Epifania Rosa Salgado de Corral Blanco.

Fuente: https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2018/5/25/comunidades-originarias-en-alerta-por-las-usurpaciones-372120.html

El sábado 26 de mayo se llevo a cabo en el Territorio d la Comunidad Diaguita Kallchakí Piúl la tradicional Yerra con marcada, floreada y señalada del ganado, los miembros de Piúl juntaron de manera colectiva la hacienda de los pastoreos y las rodearon en el corral de piedra y tapial para llevar adelante el trabajo comunitario de todos los años.

Autoridades, Delegados de la UPNDS y miembros de diferentes comunidades de la Nación Diaguita bajaron al Territorio de Piúl a acompañar dicha jornada de trabajo comunitario.

Durante la mañana en primer lugar se realizó el izamiento del símbolo del Pueblo Nación Diaguita y de la bandera Argentina por parte de las autoridades tradicionales presentes, mientras se realizaban los preparativos del estofado y locro que se degustaría en un almuerzo comunitario, luego se invitó a los/las hermanos/as al corral ancestral, corral comunitario construido por los miembros de Piúl desde tiempo antiguo, para realizar la ceremonia de apertura de la actividad, con un agradecimiento a la madre tierra por permitirnos vivir y habitar el territorio que alimenta nuestras vidas desde siempre garantizando nuestra continuidad como Pueblo Nación.

Luego de la ceremonia a la madre tierra se compartió el almuerzo comunitario degustando un rico estofado y un buen locro pulsudo para estar bien fortalecido para el trabajo de la yerra.

Durante la tarde se dio inicio al trabajo en el corral comunitario, separando e identificando cada familia sus animales de acuerdo al lugar de pastoreo, momentos donde aparecen los conocimientos territoriales, y las destrezas para el manejo de las herramientas de trabajo como los trenzaos que se usan en el pialado o enlazado de cada animal para ser marcado y señalado.

La marcada y señalada se florea con lanas de colores previamente hiladas y teñidas que se colocan en las orejas de cada animal como protección y homenaje a la madre tierra, como elemento propiciatorio por un buen ciclo productivo.

La jornada termino ya casi al anochecer, con la puesta de un sol que acompaño toda la jornada, fueron momentos para las palabras y vocería de la hermana Susana Aramayo Autoridad Tradicional de Piúl en agradecimiento y reconocimiento por acompañar en esta tarea colectiva de la yerra, al mismo tiempo que se despachaba la hacienda arriándola en tres círculos en el sentido del sol para un buen retorno hacia los lugares de pastoreos, ceremonia y costumbre que realiza el Pueblo Diaguita en cada Territorio desde siempre.

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