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Justicia Para Javier Chocobar

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LA FISCALÍA ARGUMENTÓ QUE AMÍN, GOMEZ Y VALDIVIESO FUERON A CHUSCHAGASTA CON LA INTENCIONALIDAD DE MATAR Y QUE EL AUTOR MATERIAL DEL CRIMEN DE JAVIER CHOCOBAR FUE EL TERRATENIENTE USURPADOR DARÍO AMÍN.
22/09/2018

Las últimas jornadas del juicio por el asesinato de Javier Chocobar fueron claves ya que se determinó que el autor material del crimen de Javier fue Darío Amín y que los tres imputados fueron al lugar con serias intenciones de quitarles la vida a los miembros de la comunidad.

La fiscalía argumentó que a partir de los testimonios y el cuerpo de pruebas presentados queda claro que fue Darío Amín el que disparó el arma que mató a Javier Chocobar. En su relato la fiscal Marta Ignacia Jerez manifiesta en relación a Amín que:

“…Usted soltando la cámara filmadora que colgaba de su cuello sacó de su cintura un arma de fuego (revolver calibre 32 largo, serie n° 070600) cuya tenencia y portación era indebida por carecer de la debida autorización legal, y con total desprecio por la vida humana, disparó contra la persona de Javier Cristóbal Chocobar, que se encontraba enfrente, a escasos metros, a la altura de la pirca de lajas, ocasionándole la muerte; sin cesar en su agresión realizó un disparo en contra de Emilio Mamani, produciendo el impacto una herida en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, para luego efectuar otro disparo en la persona de Andrés Mamani con serias intenciones de quitarles las vidas (ambos)…”

Durante las últimas sesiones, se analizaron los fotogramas correspondientes al vídeo en el cual se filmó el momento de las agresiones y el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar. El Tribunal solicitó la participación de Delfín Cata y Emilio Mamani para identificar al resto de los comuneros que estuvieron en el lugar de los hechos del 12 de octubre de 2009. A medida que iban pasando las imágenes se pudo ir reconstruyendo cómo fueron los hechos.

Se observó cómo Humberto Gómez disparó a los pies de Delfín Cata y acto seguido le pegó un culatazo con la pistola en la cabeza. También se vió que la pistola que tenía Gómez voló sobre las lajas. En los fotogramas N° 1299, 1302 y 1326 se pudo ver la mano de Darío Amín empuñando la pistola.

Carlos Garmendia, abogado de Chuschagasta, solicitó ver algunos fotogramas específicos en los que se pudo observar las posturas corporales de Andrés Mamani, Delfín Cata y Emilio Mamani frente al ataque de Gómez. Por ejemplo, en el caso de Delfín, al momento que Gómez le efectúa el disparo, se lo ve levantando los brazos y pies en los pies y, ante el ataque de Gómez con la culata del arma, sólo atinó a levantar las manos tratando de cubrirse. Lo mismo que Andrés, que al presenciar esa situación retrocede. En el caso de Emilio, éste tenía sus manos entrelazadas. Este análisis dejó al descubierto que los tres comuneros fueron sorprendidos en el primer momento del ataque de Gómez y que sus reacciones fueron defensivas. También se observó detenidamente cómo Javier Chocobar llegaba por detrás de ellos a la escena, al igual que Orlando Mamani, quien presenció los forcejeos con las armas de fuego y también el asesinato de Javier (en ese momento era un niño de 13 años).

Luego se dio lugar a lectura del cuaderno de pruebas instrumental por parte de la fiscalía, la querella y la defensa. El listado incluye pruebas tales como actas policiales, croquis del lugar, pericias de los teléfonos celulares de los imputados, estudios de las armas y de los cartuchos encontrados, actas del secuestro de la cámara con la que se filmó el vídeo, actas sobre las ropas secuestradas de Javier, Andrés Mamani, Emilio Mamani, el informe forense realizado a los imputados, la copia del contrato comercial entre Amín y Gómez, resultados del dermo-test, antecedentes penales de los imputados, informes balísticos de los cartuchos y de las armas, informes de pericias de sangre realizada a los imputados y también a la gente de la comunidad, informe pericias realizadas a la camioneta, copias de las tarjetas de portación de armas (RENAR), la sentencia del caso de Chiarello y el informe del INAI, entre otras.

Respecto al informe del RENAR sobre portación armas de fuego se indicó que tanto Darío Luis Amín como José Valdivieso no contaban con licencia para portación armas de fuego y en el caso de Humberto Gómez era indebida la tenencia y portación de la pistola Taurus PT140 calibre 40, por carecer de la debida autorización por su carácter de arma de guerra.

Luego de que los abogados defensores realizaron una serie de requerimientos al tribunal relacionados con los informes y las pruebas presentadas, Darío Amín se dispuso a prestar declaración. Con voz temblorosa mencionó los hechos que tuvieron lugar el día 12 de octubre en la cantera entre los acusados y los integrantes de la comunidad. En su declaración admitió haber hecho dos tiros hacia el piso y negó haber visto a Javier Chocobar. Asimismo adujo haber ido al lugar para sacar fotos y filmar el camino, porque pensaban hacer una mejora para los trabajos en la cantera.

La fiscalía manifestó que el video presentado como prueba es contundente, ya que en él se observan claramente las responsabilidades de los acusados Amín, Gómez y Valdivieso, la tenencia y portación indebida de armas, las agresiones y disparos contra los miembros de la comunidad y el desprecio por la vida humana. Asimismo se ve que la comunidad estaba desarmada, que había mujeres y niños. Afirmó que hubo un homicidio y que el juicio tiene el fin de establecer quien fue el responsable y juzgar este hecho.

Por último, el Tribunal informó que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, perteneciente al Ministerio Público Fiscal, estará a cargo de la reconstrucción del hecho, la cual se llevará a cabo el martes 2 de octubre. Asimismo, informaron que el juicio finalizará en la semana del 11 de octubre.

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Ningún país protege de verdad a sus indígenas

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La comunidad internacional clama que los pueblos originarios son los mejores defensores del medioambiente, pero los Gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos

Nilson Tuwe Huni Kuĩ, líder indígena de la Amazonia brasileña, durante su intervención en un evento mundial sobre paz y diversidad religiosa en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en febrero de 2013. 


"Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que esté proporcionando una protección real a los pueblos indígenas". Esta no se trata de una opinión cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo, celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las páginas de su informe anual sobre la situación de estos pueblos. Bajo el título Deberían haberlo sabido antes, la relatora denuncia que los Gobiernos y las empresas de todo el mundo están haciendo cada vez más difícil, y letal, que las comunidades indígenas protejan las tierras y los bosques. Estas poseen consuetudinariamente más del 50% del territorio mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da vía libre a los Gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.

Tauli-Corpuz difunde en su informe los datos de la organización Front Line Defenders, que sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas que protegían sus terrenos o sus derechos, casi siempre frente a proyectos del sector privado. De estos, el 80% ocurrieron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, aunque también se resalta la situación de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Perú. La ONG británica Global Witness, por su parte, contabilizó al menos 207 asesinatos en su informe de 2017, presentado el pasado julio y que la relatora también menciona.

"Reconocer la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he asistido no he oído nada sobre la violencia y la intimidación que sufren rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus territorios", señala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante el encuentro en Oslo. Alley habla así durante una de las sesiones paralelas del Foro que él mismo modera. Bajo el título Abordar las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los indígenas, el investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.

Entre ellas, Claudelice Da Silva, del estado brasileño de Pará, que es el lugar del mundo donde más crímenes de este tipo se cometen. "Siempre defendí los bosques, pero me volví más activista a raíz de que mi hermano fuera asesinado junto con su compañera. Los mataron como un recado para que quienes continuaran con la lucha supiesen que tendrían el mismo destino", clama Da Silva ante el auditorio. Se refiere a José Claudio Ribeiro da Silva y su mujer, Maria do Espírito Santo, ejecutados en 2011 de varios disparos de escopeta.

También se pronuncia Julio César López, coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. El líder comunitario explica que la disidencia de la FARC está allí presente y con intención de seguir operando en esos territorios, pero también existen otros actores armados que resguardan los intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios están en medio de esta lucha, lo que les provoca "temor" e "incertidumbre".

De los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas

Para Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los cuales se encuentran sobre todo en tierras indígenas. "Da lo mismo que hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, allí que van a por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y cogen las que quieran aunque pertenezcan a los indígenas. Esa es la foto que tenemos en el mundo de hoy", reconoce a este periódico. "Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás", denuncia, en relación con la expansión de proyectos de desarrollo de infraestructuras, agricultura y minería en tierras indígenas sin el consentimiento previo de los legítimos dueños.

Esta situación ha impulsado el drástico aumento de la violencia y del acoso legal contra los pueblos indígenas por parte del sector privado, que actúa en complicidad con los Gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deberían protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de ejemplos (nueve en países de América Latina, cuatro en África y siete en Asia) de ataques físicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata tan solo de una selección, asevera, porque a sus oídos llegan "cientos".

"Las empresas y los políticos corruptos a menudo se confabulan para otorgar concesiones y contratos. Esta corrupción asegura que las comunidades no puedan exigir responsabilidades a sus abusadores, ni que puedan acceder a los canales legales y democráticos que deberían abrirse a lo contrario. Los perpetradores de la violencia a menudo son la policía y el ejército", opina Alley. El investigador también recuerda que los asesinatos solo son la punta del iceberg: "los defensores del medioambiente se enfrentan a violencia física extrema, intimidación, criminalización… Y las mujeres están particularmente afectadas por la expansión de la violencia sexual".

El modus operandi

Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. Primero, con campañas de difamación y discursos de odio que presentan a los pueblos indígenas como "obstáculos para el desarrollo", o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”, subraya el informe de la relatora. Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son detenidos, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio. En los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los "estados de emergencia" se utilizan para justificar una creciente violencia física.

Victoria Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecución. Mujer y líder indígena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente Duterte pidió incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las autoridades del país en represalia por defender a los pueblos de la isla de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia islámica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de tal lista.

¿UN PRIMER PASO HACIA LA PROTECCIÓN REAL DE LOS INDÍGENAS?

PABLO LINDE

La víspera del comienzo de la Cumbre de Acción por el Clima, celebrada desde el pasado 13 de septiembre en San Francisco, 34 gobernadores de los cinco continentes firmaron un acuerdo con las comunidades tradicionales que habitan las selvas para luchar contra la deforestación y nueve fundaciones anunciaron que aportarán 459 millones de dólares (unos 395 millones de euros) para conseguirlo. 

Este anuncio se hizo prácticamente al mismo tiempo que se acordaban los Principios rectores para la alianza entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales. Uno de los objetivos de la cumbre de San Francisco ha sido involucrar a los gobiernos regionales con las acciones contra el cambio climático. Este es justamente la base del acuerdo que 34 gobernadores (equivalentes a presidentes de comunidades autónomas en España) de cinco continentes han comprometido con las comunidades indígenas que viven en sus territorios.

En este sentido, también se pronuncia Víctor Armando López Illescas de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta región formada por comunidades indígenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua, sus tierras agrícolas, etc. "Hay varios ejemplos, como el del pueblo q’eqchí de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus formas de organización y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan tanto a proyectos privados como al establecimiento de áreas protegidas".

Y se refiere al polémico caso del Parque Natural Semuc Champey, joya del ecoturismo en el país, establecido sobre tierras q’eqchí y que las comunidades tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el complejo durante algo más de un año. "Sus tierras les fueron arrebatadas para establecer un área protegida que hoy es un destino turístico de primer nivel en el país", resume López. "Cuando estas comunidades decidieron recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay 15 personas bajo proceso por varios delitos como instigación para cometer delitos, usurpación de bienes del estado... ¿Dónde se ha visto que una comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con órdenes de captura para ir a la cárcel por defender su territorio?, protesta, indignado.

Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los pueblos indígenas, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra ellos. "Unos meses antes de ser asesinado, Claudio me dijo que cualquier día amanecía con una bala en la cabeza. Él escribía cartas a ministros, hacía denuncias ante el Gobierno, y nunca hubo una investigación de qué les pasó. Nadie está preso, hay impunidad total", abunda Da Silva en una de sus intervenciones.

Otro sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta Cáceres, indígena hondureña que llegó a ganar por su labor el máximo reconocimiento para activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la construcción de una presa en un río de su país del que dependen varias comunidades de la etnia lenca. Pese a la presión internacional para que se investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por expertos y las palabras de un testigo presencial, no ha habido condena alguna.

"El caso de Berta muestra cómo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de las personas que están defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en este caso, sus ríos. Esto es una cosa crónica en nuestros países, están siendo asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras", asevera López. "Lo que hace falta es un compromiso de los Gobiernos de una protección mínima".

Los Gobiernos deben actuar

Para López, las demandas más urgentes son completar los procesos de devolución, demarcación y saneamiento de las tierras indígenas. "Hay legislación que en el papel es excelente, pero en la práctica no se aplica, al contrario, se ha mantenido un estado de abandono a la ley del más fuerte", afirma. En segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicción, organización y administración de tierras y bosques que las comunidades tienen. Y en tercero, coherencia en términos de políticas públicas: "que no establezcas por un lado una tierra protegida y estés por otro lado promoviendo la expansión del cultivo de la palma o de proyectos hidroeléctricos abusivos", detalla.

Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás

Para César, el indígena colombiano es también importante brindar medidas de protección colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el Gobierno colombiano. "Lo que se está haciendo actualmente es otorgar medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo que ha hecho que muchos líderes que llevan procesos fuertes en territorios indígenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a resguardar en las grandes ciudades. Ahí quedan totalmente aislados y abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten", denuncia.

"Ellos [los pueblos indígenas] necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y en la práctica. Incluso en los países donde la ley los contempla, no hay ninguna garantía de que no sean menoscabados por intereses económicos, que son los que prevalecen. Así que necesitan una protección real y una implementación real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han votado y aprobado por muchos Gobiernos", recomienda Tauli-Corpuz en Oslo. Entre otras medidas, la Relatora exige en su informe a los Estados que realicen investigaciones prontas e imparciales de los crímenes, que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras sobre las que se realice cualquier proyecto y que la legislación vigente imponga obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.

COMIENZA LA INSTANCIA FINAL DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE NUESTRA AUTORIDAD COMUNITARIA JAVIER CHOCOBAR

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Este vídeo refleja nuestro pensamiento colectivo, la búsqueda de justicia y el proceso que atravesamos Los Chuschagasta durante estos 40 días desde que inició el juicio oral. 

Convocamos a las organizaciones y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y organizaciones de DDHH y a la sociedad en general a acompañarnos en el día de los alegatos (martes 9 de de octubre a las 9hs) como así también el día de la sentencia. Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. Calle España 430 piso 5. San Miguel de Tucumán. 

Contactos Comunidad Los Chuschagasta:

3815999189 Audolio Chocobar (Presidente de la Comunidad Los Chuschagasta)

1158396726 Nancy Chocobar (Vocera de la Comunidad Los Chuschagasta)

1133777684 Ismael Chocobar (Vocero de la Comunidad Los Chuschagasta)

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS

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NACIÓN DIAGUITA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA UNESCO 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, reunidos en Asamblea en nuestro Sitio Sagrado “El Tero”, en el marco del Proyecto de Extensión, “Fortalecimiento jurídico de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta, en un marco interdisciplinario e intercultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, Resol. N° 1047/17, en ejercicio pleno del derecho a la Libre Determinación como pueblos preexistentes, nos PRONUNCIAMOS en CONTRA de la PATRIMONIALIZACION de nuestros TERRITORIOS, y en REPUDIO a las pretensiones de organismos e instituciones estatales que pretendan hablar y decidir sobre nuestros bienes culturales y naturales, nuestros espacios territoriales son el resguardo ancestral que nuestros mayores cuidaron y preservaron por miles de años para nuestro Buen Vivir como Pueblos Libres. 

Los Pueblos Originarios ante la patrimonialización de nuestros Territorios decimos que nuestros espacios y sitios sagrados NO son patrimonializables, nuestra Cultura y Territorios ancestrales NO son recursos mercantiles NI comerciables. 

Denunciamos la NO CONSULTA y la falta de PARTICIPACIÓN de las innumerables actividades llevadas a cabo por los entes gubernamentales en la ejecución de programas nacionales e internacionales como el Qapac Ñan, Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Salta, Paisaje y/o Áreas Protegidas, entre otros. Las aéreas que impulsan estas actividades han desconocido y violado el derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre Previa e Informada. Rechazamos todo lo avanzado en materia de patrimonialización en nuestros territorios. 

Es por eso que, como pueblos originarios entendemos al territorio como la memoria que nos cohesiona y nos une en una relación umbilical, es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve todo, es un ámbito espacial de nuestras vidas donde nacemos y nos desarrollamos. Territorio que debe ser protegido por nuestros pueblos, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad, en una relación de reciprocidad entre nuestra madre naturaleza y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que nos permite un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos que nos provee. Equilibrio que debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones un espacio libre, sano y diverso en bienes naturales y culturales, llenos de memoria e identidad. 

Los Estados deben reconocer nuestros territorios y nuestras culturas preexistentes pues son ellos los que se instalaron en nuestros espacios territoriales. Nuestra preexistencia se traduce en estar desde siempre en nuestros lugares y en el uso cotidiano que hacen nuestras familias de cada uno de los espacios ancestrales que nos legaron nuestros mayores. 

Desde la “ciencia” se justifica y se pretende avalar el DESPOJO una vez más. Se desconoce e invisibiliza el gravísimo daño ambiental, los impactos sociales, económicos y políticos que se producen con la patrimonialización de nuestros territorios. 

Las instituciones internacionales, estatales, ONG y “especialistas”, contextualizan el término patrimonio desde una mirada hegemónica con una visión esencialista como la apropiación material con el énfasis en el objeto, grandioso y espectacular, en la búsqueda de la conservación de la autenticidad, definida desde ópticas externas a la de los sujetos de derechos que nos constituimos como Pueblos Originarios. 

Para nuestro Pueblo Nación Diaguita el término Patrimonio es la puesta en valor de cada uno de nuestros espacios territoriales, resguardando nuestros bienes naturales y culturales en una relación recíproca y continua; desde un conocimiento milenario trasmitido de generación en generación por nuestros ancestros, en clara pertenencia identitaria y cultural. 

La patrimonialización en pos del “desarrollo y el progreso” de unos pocos, pone en riesgo nuestros bienes culturales y naturales, ataca y atropella nuestras formas de vida que por siglos nuestros mayores supieron preservar y resguardar para nuestra continuidad como Pueblos preexistentes. 

¡¡¡ NO A LA PATRIMONIALIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS !!! 

¡¡¡ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN !!! 

¡¡¡ JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO !!! 








Este miércoles, el veredicto por el asesinato del comunero Javier Chocobar - A un paso de la sentencia

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El juicio es contra el empresario Darío Amín y dos ex policías. La fiscalía pidió 18 años para Amín y 10 para los uniformados. La querella, tres perpetuas. Javier Chocobar era autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta, de Tucumán.
Por Carlos Rodríguez

Un día de reconstrucciones del crimen de Javier Chocobar, en Chuschagasta de Tucumán. Imagen: La Gaceta Tv

Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.

Dura condena por el crimen de un líder indígena

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Histórico fallo en Tucumán

Un empresario fue sentenciado a 22 años por el asesinato del diaguita Javier Chocobar. El fallo representa una reparación inédita a las comunidades indígenas en sus reclamos territoriales. También fueron condenados dos expolicías.




Un empresario fue condenado en Tucumán a 22 años de prisión, acusado de haber matado de un balazo en octubre de 2009 a Javier Chocobar, una autoridad de la comunidad originaria Chuschagasta, al intentar entrar por la fuerza a territorio ancestral que habitaba el pueblo originario. También recibieron penas graves, aunque menores, dos expolicías involucrados en el hecho. El fallo representa una reparación histórica para las comunidades indígenas en su reclamo por el acceso a las tierras. 

Desde que ocurrió el crimen, distintas organizaciones sociales y políticas de la provincia y el país reclamaron el castigo a los responsables. Por el hecho se pronunció también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

Darío Amín fue condenado por el tribunal de Tucumán, integrado por los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, acusado de los delitos de "homicidio agravado" en el caso de Chocobar y de "tentativa de homicidio" en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros de la comunidad diaguita, quienes resultaron heridos en el ataque.

Los dos expolicías condenados son Luis Gómez, que recibió 18 años de prisión; y Eduardo Valdivieso (10 años de cárcel). Ambos fueron acusados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.

En los alegatos realizados el 11 de octubre último, la fiscal Marta Jeréz había solicitado que se condenara a 18 años de prisión a Amín por el homicidio y 10 años de prisión para Gómez y para Valdivieso por ser partícipes del crimen.

Por su parte, las querellas pidieron prisión perpetua para los tres acusados, a quienes consideraron autores de los delitos de "homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado".

Las defensas, en tanto, solicitaron las absoluciones de los tres acusados.

El abogado querellante Pablo Gargiulo se mostró conforme con la condena y consideró que "el tribunal hizo una lectura correcta del daño ocasionado a las víctimas".

Audilio Chocobar, hijo de la víctima, expresó que luego de haber escuchado la sentencia comenzarán a vivir "una nueva vida". "Vamos a poder vivir tranquilos y mi padre descansará en paz porque se hizo justicia", dijo el hombre.

Los imputados, el 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. 

Chocobar, autoridad de la comunidad originaria Los Chuschagasta, recibió un disparo que le provocó la muerte en medio de una discusión con Amín, Gómez y Valdivieso por la propiedad de tierras comunitarias en el paraje El Chorro, departamento Trancas, ubicado al norte de Tucumán.

En ese mismo hecho, fueron heridos de gravedad Emilio Mamaní y el entonces cacique, Andrés Mamaní, quien perdió uno de sus brazos a causa de un disparo.

Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012.

1 DE NOVIEMBRE - CELEBRACIÓN A NUESTROS ANCESTROS DIAGUITAS

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Nuestra Nación Diaguita Kallchakí preserva y mantiene viva nuestra cultura e identidad territorial, realizando y ejerciendo nuestras propias prácticas culturales desde tiempos milenarios.

Hoy en un proceso dinámico de visivilizacion y reconstrucción constante desde la autovaloracion en el hacer, se continua con las diversas actividades y manifestaciones que hacen a nuestra vida cotidiana.

Ahora, en noviembre la/os ña/os trabajan colectivamente con las ofrendas para recibir a las almas de la/os ña/os que pasaron a otro espacio y tiempo territorial; alma y espíritu  que todos los años el primero de noviembre retorna y regresa a reencontrarse y reunirse con cada familia de su Pueblo y Territorio. Relatan la/os abuela/os, que cada ancestro visita a las familias del lugar donde transitaron en vida. Más aun si hay "alma Nueva”, pues esta ·almita” necesitará muchas  fortalezas y fuerzas espirituales para poder transitar un buen camino en su viaje hacia ese otro espacio territorial.

La celebración cobra un sentir único en cada territorio Diaguita. La visita  de los mayores dura 24 horas. Llegan al medio día del primero y se van al  medio día del dos de noviembre.

Las almitas esperan encontrar en su mesa preparada especialmente, aguita, coca, alojita, chichita, algún tabaco pa¨ fumar, vinito y alcohol pa¨ amortiguar los dolores más profundos, y también degustar las ofrendas y comidas que les gustaba comer en vida: guaguas blanqueadas, también la diversidad de creatividad del amasador en escaleras, arbolitos,  perritos, llamas, etc empanadillas de dulce de cayote, pan dulce y salado,  también asao, mote pila, anchi chilkan, tulpo, bebidas,  chancaca, patay, siempre ornamentado con las mejores flores y la mesa debe estar en un lugar tranquilo y protegido, espacio donde nadie molestara a las visitas durante los dos días.

Por la colonización y la cultura invasiva, hoy esta celebración se mezcla con la evangelización occidental, donde también se reza, se hace misa en los cementerios.

Con esta celebración ancestral  continuamos el legado heredado y seguimos ofrendando a nuestros mayores, a nuestros ancestros y a quienes se nos adelantan en el camino, y debemos ofrendar  su retorno de cada año para continuar el viaje eterno de nuestro devenir como Pueblos Vivos.

El "día de las almas" toma su dimensión simbólica dentro del quehacer comunitario y trasciende las fronteras de la misma. Luego del ciclo de recibimiento a las almas y concluido el homenaje se comparte comunitariamente las ofrendas, se comparte y se reparte con  cada uno de los presentes. Se llegan a los antigales y cementerios a enflorar las cruces, a encender el fuego de velas que conectan los mundos y los espacios con cada uno de sus muertos. Con “oración” y reflexión en silencio.  

Así de algún modo es la memoria colectiva que trasciende a los que estuvieron, a los que estamos y estaremos por siempre y para siempre en nuestros territorios. Es saber que olvidarnos de quienes fuimos, nos conduciría a no saber quienes somos y perderíamos nuestra memoria histórica que nos trasciende, y un pueblo sin raíz sin identidad es muy difícil que sobreviva. El legado heredado de nuestros ancestros es mantener viva nuestra Identidad como Pueblo Nación Diaguita.








El Gobierno busca imponer una nueva Ley de Semillas a espalda de todos y todas.

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MULTISECTORIAL CONTRA LA LEY "MONSANTO" DE SEMILLAS

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó para este martes 13 de noviembre a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año.

Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont), Basf y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un/a agricultor/a utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc).

Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Desde el 2012 y hasta ahora en nuestro país, las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.
Ante esta ofensiva, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todxs. 

¿Por qué entendemos que se debe rechazar el proyecto de ley de semillas que el ejecutivo quiere imponer?

- Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.

- Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.

- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.

- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina. 

-Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA. Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as. 

Advertimos que la Justicia (a través del fallo de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires) ha señalado que la Argentina reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales (corporaciones biotecnológicas y semilleras). Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos bajo el espurio argumento de que son necesarios para “favorecer el avance tecnológico del campo” (que ya ha causado graves y negativos impactos ambientales, productivos y en la salud humana que aún no están siendo estudiados).

Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país. 

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Solicitamos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo argentino.
12 de noviembre de 2018

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

Primeras firmas: 
Multisectorial contra la Ley Bayer - Monsanto de Semillas 


(Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Tierra para Vivir en Marabunta, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Patria Grande, Huerquen, comunicación en colectivo, Colectivo Tinta Verde, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Red Semillas de Libertad, Amigos de la Tierra Argentina, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe. Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán).
Acción por la Biodiversidad
Ambiente Saludable San Andrés de Giles
Asamblea Barrial de Beccar
Asamblea Punilla Sur
Asamblea Rio Cuarto sin agrotoxicos
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
Asociación Campesina Comunitaria Juana Azurduy
Asociación Civil Madre Tierra
Asociación de Campesinos Guardianes del Monte (SALTA)
Asociación mutual Sentimiento 
Cátedra Libre de Salud y DDHH (Facultad de Medicina, UBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - FAUBA
Catedra Libre Soberanía Alimentaria Rio Cuarto.
Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico “El Galpón”
Círculo Argentino de Agroecología (CirAA)
Colectivo Orillerxs
Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/ALAMES en Argentina
Cooperativa de Producción Agroecológica (Copa) de Guernica
Cooperativa de trabajo Iriarte Verde ltda
Cooperativa La Asamblearia
Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta!
Corriente Nacional Emancipación Sur
Encuentro de Pueblos y Ciudades Fumigadas
ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios)
Espacio Intercuencas
Foro Ecologista de Paraná
FORO HÍDRICO LANÚS
Foro Hídrico. Lomas de Zamora
Foro por la salud y ambiente de Vicente López
Foro regional en defensa del río de la plata
Foro santafesino por la salud y el ambiente
Frente Nacional Campesino (FNC)
Frente Rural La Cámpora
GAJAT CEPPAS. Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra
GER GEMSAL (Grupo de estudios Rurales – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)
GRAIN
Habitar Argentina
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Junta interna Ate Auditoria general de la Nación
Liberpueblo
MAELA Argentina
Matanza Viva comunicación alternativa
MCL - Movimiento Campesino Liberación
MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)
Movimiento Agroecológico La Plata 
Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR)
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS. Por un socialismo feminista desde abajo (FPDS, FPDS CN, MULCS, J AZURDUY, ILS).
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir
Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina
Movimiento nacional de empresas recuperadas mineros Eduardo vasco Murua
MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) Rural
Música contra Monsanto
Observatorio del Derecho a la Ciudad
Peña Sombra Blanca
Radio libre 99.3
Red de Medicamentos/ALAMES
Red de Técnicxs por la Agroecología del Litoral
Red Federal de Docentes por la Vida
Resistencia Para la Liberación (RPL).
Revista y Editorial Sudestada
Secretaria de DDHH CTA Capital
SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia)
ULTERA (Unión Latinoamericana de técnicos Rurales y Agrarios)
Unidos por el Río de Vicente López
Unidos por la Vida y el Medio Ambiente de Ramallo
Unión de Campesinos Criollos del Impenetrable
UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra)
Vecinos Autoconvocados por el control de agrotoxicos de Trenque Lauquen
Vecinxs Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina
siguen las firmas...

PIUL - Territorio Diaguita Presentación del "Festival de la arveja 2019"

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La Comunidad Diaguita Kallchaki  Piul  juntos a Buena Vista, Payogasta, Palermo, Tonco, Cortadera, participamos de la presentación de nuestros productos autóctonos y regionales en arte textil, cuero, con degustación de comida tradicionales, en la hostería de Payogasta, contó con la presencia del Intendente del municipio de  Payogasta, concejales y el acompañamiento de los docente de la escuela de Piul.


Esta propuesta de trabajo colectivo que se esta llevando a cabo en los territorios es parte de visibilizar nuestra realidad territorial como  Pueblo Originario.

Dando a conocer nuestro trabajo cotidiano en defensa y resguardo de lo nuestro, poniendo en valor nuestra cultura y nuestra identidad como Pueblo Diaguita.

En esta ocasión se dejó presentada la convocatoria a nuestro festival de la arveja, actividad que realizaremos en nuestro territorio Diaguita Piul  el 26 de enero de 2019, en el cruce de Payogasta de la R.N  40 y R.P 33  e intersección con el camino a Piul.

Quedan todos invitados a esta actividad colectiva de presentación y visiblización de nuestro Pueblo Diaguita, compartiendo nuestra cultura, arte, cosechas de nuestra agricultura familiar como la arveja, papa, choclo, habas, cabrito, otros productos y platos tradicionales como el queso, humitas, empanadillas, hierbas medicinales. También habrá artistas invitados para deleitar con sus bagualas, coplas y danzas al público presente.




 



NO AL PATENTAMIENTO Y LA APROPIACIÓN DE NUESTRAS VIDAS

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El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios, organizados y reunidos en Asamblea territorial en Territorio del Pueblo Nación Charrúa, Chajarí diciembre 2018. 

REAFIRMAMOS nuestro compromiso orgánico y colectivo con cada espacio territorial y con nuestras Instituciones comunitarias, asumiendo el mandato de nuestras autoridades asamblearias, refrendando nuestra condición de Sujeto colectivo, preexistente y con institucionalidad propia. 

En estos tiempos críticos de despojo, persecución y muerte que nos propone el imperialismo usurero, saqueador y colonizador, con sistemas que se reciclan, se perfeccionan y avanzan en la región de la mano de gobiernos neofasistas y de ultraderecha, una vez más, seremos los Pueblos Originarios la moneda de cambio, los conflictivos, los “terroristas”, el estorbo del “progreso” de esos pocos oligarcas a quienes sólo los moviliza el robo, la explotación y la muerte en pos de sus intereses individuales, sin considerar la vida de nada y de nadie, tal como ha sucedido en los últimos tiempos con el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, entre muchos otros atropellos que ocurren sistemáticamente en nuestros territorios. 

En este contexto, son nuestros territorios ancestrales los que se extranjerizan bajo la excusa del “progreso y el desarrollo”, cuando este “progreso y desarrollo” sólo termina trayendo explotación, pobreza y contaminación. Es el agua, la cual es vida para todos, la que se privatiza para beneficio de unos pocos y en favor de intereses foráneos, con el consecuente empobrecimiento de nuestras familias y nuestras tierras. Son los medioambientes en los que todos vivimos los que se destruyen por el uso de agrotóxicos, como es el caso del territorio del Pueblo Nación Charrúa en la provincia de Entre Ríos. 

Frente a este avasallamiento, seremos nuevamente los Pueblos Originarios, quienes durante 500 años hemos actuado como incansables guardianes de la vida, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo. 

En estos tiempos de crisis, tenemos la oportunidad de retomar los caminos y los legados, volver y retornar a un tiempo de paz y Buen Vivir, en un infinito circular hacia lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, retomando los lazos inquebrantables de unidad, de respeto, de reciprocidad y complementariedad. En ejercicio continuo de la solidaridad en colectivo con el/la los/las otrxs seres del mundo que habitamos, compartiendo cada momento, cada tiempo y espacio, amainando los dolores y sufrimientos y fortaleciendo cada logro y sosteniendo cada lucha emprendida. 

DECLARAMOS nuestro RECHAZO al proyecto denominado “Ley de Semilla”, pues atenta contra nuestras vidas y nuestro Buen Vivir. Este proyecto pretende patentar y apropiarse de nuestros sistemas ancestrales de vida, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, nuestros Territorios y nuestra continuidad como Pueblos Naciones Originarias. 

En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias. 

DENUNCIAMOS que esta medida legislativa atenta directa e indirectamente contra nuestros derechos fundamentales y colectivos, afecta nuestro Buen Vivir, nuestra Identidad Cultural y nuestros Territorios, vulnera nuestro derecho a la Propiedad Intelectual, Conocimientos y Saberes Tradicionales, viola el derecho a la Consulta y Participación, conforme a la normativa de base Constitucional, Tratados Internacionales, Pactos y normas concordantes. 

El derecho a la Consulta y la Participación es un derecho fundamental de los Pueblos Originarios y obligatorio para los estados, se encuentra refrendado en una variedad de instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 Inciso 17 y 22, reconoce el derecho que los Pueblos Originarios y sus comunidades tienen a participar “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Sumado a esto, el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley 24.071, establece que es deber de los estados (incluyendo al Poder Legislativo) llevar adelante un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios y sus instituciones representativas, a través de un procedimiento culturalmente apropiado, cada vez que prevean medidas legislativas y/o administrativas que los afecten. Este mismo derecho está revalidado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375- “Art.8J”), en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, ratificado por la Ley 27.246, en las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo: casos Saramaka y Sarayaku), entre otros. 

El modelo colonial instalado en América, el cual desde 1492 a la fecha ha perfeccionado y profundizado sus métodos extractivos de saqueo, contaminación y muerte, se replica hoy en proyectos como el presentado por la coalición gobernante en Argentina desde 2015. A través de este proyecto, se pretende patentar sistemas de vida preexistentes para el beneficio de compañías semilleras multinacionales como Monsanto – Bayer, en connivencia con sectores locales y nacionales, quebrando nuestros sistemas ancestrales de vida, de equilibrio ambiental, de selección y mejoras de las simientes para un Buen Vivir, siempre respetando cada elemento de la naturaleza como reaseguro de nuestra continuidad como Pueblos. 

EXIGIMOS el pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. Es obligación del Estado cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios en el país. 

Como sujetos de derechos colectivos nos reservamos el derecho de accionar a través de las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, en instancias nacionales e internacionales, a fin de dar cumplimiento a nuestros derechos fundamentales a la vida y a nuestro Buen Vivir. 

Juntos por memoria, identidad y territorio. 

NO al Patentamiento de nuestras Vidas. 

Exigimos la Consulta Libre, Previa e Informada. 

Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya. 

NO a la privatización del agua, porque el agua es vida. 

Protección de nuestros humedales. 

NO al agrogenocidio producido por el uso de agrotóxicos.

La Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero hizo su lanzamiento turístico para este verano en Cafayate - Salta (Argentina).

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Ayer miércoles 19 de diciembre de 2018 en el restaurante del Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero - Miembro UPNDS, lanzó sus propuestas de Turismo con Identidad para este verano 2018/19 

Abrió la presentación con las palabras de su cacique Wayra Condorí agradeciendo el acompañamiento de los y las presentes, comentando el trabajo colectivo y organizado que viene transitando el conjunto de la comunidad a fin de generar una propuesta de turismo responsable con identidad. Por ello, recalcó la decisión de continuar el tramite de inscripción para habilitarse como prestador de turismo rural comunitario ante el Ministerio de Turismo de la provincia de Salta y contratar un seguro para viajeros. 

El turismo de gestión comunitaria permite el trabajo organizado e ingresos dignos para un conjunto de familias que decidieron involucrarse en la actividad a fin de generar arraigo y empleo, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, reinvertir en proyectos para la comunidad y ofrecer actividades a los viajeros de manera intercultural y vivencial a precios justos. 

Mariana López, quien coordina el contacto comercial y toma las reservas de los servicios junto a Gustavo, detalló por su parte la diversidad de la propuesta de la comunidad: servicios de guías locales a las 3 Cascadas del río Colorado como al Sitio Arqueológico Cueva del Suri, Gastronomía regional, lugar de Acampe y estacionamiento, Exposición y venta de Arte Diaguita, Peña Folclórica, Tardes vivenciales para aprender a tejer o hacer empanadas, y actividades al aire libre bajo las estrellas. 

Un detalle a destacar, expresaron, es que la comunidad cuenta con un equipo de rescate y primeros auxilios, un sistema de registro de visitantes y un sistema de limpieza que se solventan con lo recaudado a través de un Bono Contribución voluntario no obligatorio, que aporta el viajero al ingresar a los circuitos. 

Acompañaron este evento de lanzamiento turístico, la Directora Municipal de Turismo de Cafayate Lic. Fernanda Pérez Olguin, los técnicos de la Secretaria de Agricultura Familiar Ings. Adrián Acevedo y Ramiro Ragno; el Referente de Turismo de la Comunidad Amaicha del Valle Sr. Sebastián Pastrana; David Vargas de la Comunidad y Ciudad Sagrada de Quilmes; Tupac y Gastón anfitriones del Restaurante Bodega Encantada; el Grupo de Guías Locales de San Carlos Anguinaos; Lic. Livia Saleri de la Sapienza Universidad de Roma y voluntaria de la comunidad; y diversos responsables del sector privado de turismo de Cafayate y San Carlos. 

Finalmente todxs lxs guías Comunitarios Diaguitas habilitados saludaron y se presentaron ante el público, a su vez los presentes pudieron disfrutar de un video promocional que mostró imágenes de esta diversa y tentadora propuesta natural y cultural. 

Cafayate es Territorio de sol, cardones, cielo celeste y limpio; y es también una oportunidad para que los y las visitantes compartan experiencias vivenciales de manera Intercultural con cada Territorio Diaguita.

Hoy con sólo llamarlos o contactarlos via whatsap a los celulares (+549) 387(15)4534286 y 3868(15)469632; se puede informar y contratar los servicios turísticos de la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero y vivir una experiencia viva, segura y amigable. 

 




Territorio Diaguita: mejora en la producción ovina

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El sábado 23 de Diciembre de 2018 en Territorio de la Comunidad Diaguita  Kallchaki "Las Trancas" se entregaron herramientas a las familias que accedieron al proyecto 2018 de Ley Ovina.


Miembros de las comunidades Diaguitas de Las Trancas; El Algarrobal; Fuerte Alto y La Aguada de la UPND Salta realizaron un encuentro compartiendo un asado comunitario y brindis, donde accedieron al material para la construcción y mejoras de corrales, pasturas, forrajes, telares para mejorar la producción ovina y dar un valor agregado a sus derivados. El año 2017 la experiencia se concreto con familias de la Comunidad Diaguita Kallchaki "Las Pailas".


El proyecto se elaboró con el acompañamiento de técnicos/as de la SSAF; muchos de los cuales se vieron afectados por las políticas de ajuste del gobierno nacional.
Este proyecto de Ley Ovina es la continuidad de nuestro trabajo productivo para afianzar nuestra agricultura familiar, promoviendo y fortaleciendo los procesos productivos propios como pueblos, en búsqueda de la sustentabilidad territorial y del Buen Vivir Diaguita.

Como Pueblo Nación Diaguita continuamos el camino de nuestros mayores, construyendo nuestro Desarrollo con Identidad.

No a la Ley de Semillas
No al Patentamiento de nuestras vidas
No a la Patrimonializacion de nuestros Territorios
Propiedad Comunitaria Ya
No al saqueo y ajuste del FMI








KACHI: BODEGA PUNA USURPA Y ARROPELLA TERRITORIO DIAGUITA

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En la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, Javier Montero y María Carla Morizzio usurparon territorio comunitario y se declararon como supuestos "dueños" de nuestros espacios territoriales, donde pretenden expandir la bodega Puna. Es importante tener en cuenta que estos espacios territoriales ya se encuentran relevados como territorio comunitario, de la Comunidad Diaguita La Aguada, UPND Salta con personaría jurídica provincial N°319 /18), en el marco de la Ley Nacional N° 26 160.

A primeras horas de la mañana del martes 5 de febrero, se desató el conflicto, en territorio comunitario, a 9 km del pueblo de Kachi cuando el usurpador, intentó avanzar en espacios que tiene posesión la comunidad, donde hay canchones para el secado del pimiento para pimentón, corrales, zonas de pastoreo y sitios sagrados como ya lo había hecho en otras oportunidades. La familia Monteros apareció hace un par de años con millonarios recursos del Estado en territorio comunitario, acaparando la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red, quitando fuentes de trabajo y despojando del territorio de uso comunitario, para avanzar con el monocultivo de la vid.
A pesar de las reiteradas denuncias por parte de la comunidad, que datan del 14 de enero, por usurpación ilegítima del territorio comunitario, la justicia, ni las fuerzas de seguridad tomaron las medidas correspondientes para el cumplimiento de derechos comunitarios legítimos.   Sin embargo, en la mañana del martes sin mediar palabras y sin ninguna orden judicial, el comisario Suarez y el inspector Corimayo, dieron orden de represión. Aún ante la presencia de niños, mujeres, autoridades comunitarias, además de contar con un número impresionante de personal policial, dieron inicio a una brutal represión. Muchos comuneros fueron violentamente golpeados, apedreados, picaneados, heridos, otros quedaron con hematomas, niños shoqueados y otros detenidos de una manera violenta y brutal. Sin medir daños y con una brutalidad con la que están acostumbrados a operar las fuerzas policiales se llevaron a un total de 7 hermanos, incluidos un menor de edad, autoridades comunitarias y a un comunicador, mientras tomaba registro de lo que estaba sucediendo en el lugar.
A las 15:00 horas, se hace presente la auxiliar fiscal Maria Juarez Matta informando que hay una nueva medida de no innovar que se extenderá por 5 días con pedido audiencia judicial y comprometiéndose a garantizar nuevas medidas hasta la fecha de la misma.
Es importante insistir que el espacio territorial que se encuentra en conflicto es espacio de uso comunitario, del que la comunidad tiene posesión actual, tradicional y pública, reconocida por el estado a partir de la aplicación de la Ley 26160 de relevamiento territorial. No es nueva noticia la forma de operar que tienen los usurpadores territoriales que, amparados por capitales del estado, poderes políticos y represivos busquen montar contradicciones legales, que no tienen otro fin más que el desconocer y la negar los derechos de los pueblos originarios.
¡EL PUEBLO DIAGUITA SE ENCUENTRA EN ASAMBLEA PERMANENTE HASTA LA AUDIENCIA JUDICIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡BASTA DE ATROPELLOS!
¡BODEGA PUNA USURPADORA!
¡POR JUSTICIA MEMORIA Y TERRITORIO!
Contactos en el lugar: 3874126063; 3874520651; 3874892412; 3875886761;3875119202













KACHI: COMUNIDAD DIAGUITA LA AGUADA CONVOCA EN ASAMBLEA AL MINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS

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Ayer miércoles 6 de febrero, en la Comunidad Diaguita Kallchaki "La Aguada", miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita-Salta (UPNDS), en asamblea permanente recibió la visita del Subsecretario de Regularización Territorial, Ariel Sánchez y el Coordinador del Equipo Técnico Operativo (ETO) de la aplicación de la ley 26.160 Sr jorge Delgado en representación del Ministerio de Asuntos indígenas y Desarrollo Social de la Provincia de Salta.

La visita se dio posterior a los diálogos entablados con delegados de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta y el Vocal del Pueblo Diaguita en el IPPIS, en el marco del conflicto desatado en la Comunidad, después de que Javier Montero, supuesto titular registral, intentara expandir su empresa vitivinícola, Bodega Puna, por territorio comunitario.


En Asamblea, los funcionarios provinciales, en nombre del ministerio, comprometieron a la institución en el acompañamiento hacia la comunidad en su reclamo hasta la resolución del conflicto, en tanto el propio Ministerio se comprometió a solicitar una ampliación de la medida cautelar ya que aún no hay fecha de audiencia y se puso a disposición las herramientas  ministeriales para aportar con los informes que fueran necesarios para la reafirmación técnica cartográfica de la comunidad  



Después de la asamblea los funcionarios, acompañados por algunos comuneros recorrieron el lugar, pudieron verificar la falacia que se informó desde algunos medios de comunicación, que sostuvieron que la comunidad intentó tomar espacios de la bodega, asimismo reafirmaron que el territorio en disputa es territorio que había sido relevado por la comunidad en el año 2011 cuando se ejecutó la aplicación de La Ley 26.160 y sus prorrogas de relevamiento territorial .  Tanto Sánchez como Delgado destacaron la disposición y la voluntad de la comunidad para llegar al fin del conflicto. 

¡¡¡BASTA DE USURPACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS!!!!

¡¡¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!!

¡¡¡POR JUSTICIA, MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO!!!

¡¡¡ SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD!!!

Contactos:
3874892412
3874126063
3875119202
3875886761



Represión a los diaguitas en Salta

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Crónica de una resistencia

Escribe Franco David Hessling
Fotos: Antonio Gaspar


La semana pasada la policía de Urtubey reprimió a miembros de la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, a quienes trató de usurpadores. No hace falta más que un recorrido de un día para subvertir el mantra que repitieron Lanata y Levinas: los usurpadores, en realidad, son los dueños de la bodega apañada por el Gobierno de Salta.

Un derrotero minado de cardones, que se surca en medio de los Valles Calchaquíes de Salta, conduce a un pequeño poblado donde la producción vitivinícola y el turismo son los engranajes capitalistas para aprovechar la fertilidad y la belleza paisajística. La altura sobre el mar genera sopor en quienes provienen del llano, no cuesta sumirse en una especie de letargo que torna todo un poco más pausado, que propicia los saludos entre desconocidos y que edulcora la contracara de lo estéticamente bello: la súper-explotación de las mayorías, la falta de infraestructura básica -pavimento y cloacas- y la desigualdad económica.
Comunidad La Aguada, en los valles calchaquíes.
A pocos kilómetros de los nevados, subiendo más allá de la plaza central de Cachi, se encuentra la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, que la semana pasada cobró relevancia nacional porque sus miembros fueron reprimidos por reclamar una usurpación de la Bodega Puna, propiedad de Javier Montero Alesanco, que sin ser necesariamente pariente de ninguno, lleva apellidos de dos ex funcionarios del gobernador Juan Manuel Urtubey (Javier Montero y Fernando Alesanco).

-Tamos hablando en primera persona, antes no existíamos. Nuestros abuelos estaban invisibilizados, en silencio -Jorge Burgos es representante de la comunidad El Algarrobal, unos 7 kilómetros más empinada que La Aguada y antes de Las Pailas, todas comunidades diaguitas-kallchakies.

-Claro, por eso este proyecto…-en referencia a la iniciativa de turismo sustentable que tienen en sus territorios, donde se recibe visitantes, se ofrece sitio para acampar, cabrito a la parrilla y producción local de especias y yuyos para el mate, como el cedrón o el burrito.

-No sólo eso -interrumpe Carolina Fabián, también miembro de la comunidad diguita de El Algarrobal-. Los hermanos tamos trabajando para mantener vivo lo que construyeron y nos enseñaron nuestros abuelos.

-¿Vio? Es como yo le decía -apunta Juan Condorí, delegado de la UPND-Salta (Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta).

En La Aguada viven unas 40 familias, según calcula Nemesio Fabián de 58 años, por estos días cacique de la comunidad que padece el intento de desalojo de la Bodega Puna. “El presidente-cacique lo elegimos en asamblea cada cuatro años, pero no es lo máximo, el poder mayor lo tiene la asamblea de toda la comunidad”, detalla Juan Condorí de 42 años, quien habla con una convicción digna de gran orador. A su lado está Manuela, también representante de la comunidad diaguita La Aguada, que de a ratos se le arrima al oído y le dicta partes que el entusiasta disertante se viene olvidando. Ella esquiva la mirada hasta que se le hace imposible y, entonces, devuelve una sonrisa que deja ver unos dientes que brillan con más fuerza por el contraste con su tez morena.

La mujer retraída de 35 años estuvo cerca de ser arrastrada por la policía el martes pasado, durante el accionar de la fuerza, que el precandidato presidencial de Alternativa Federal, Urtubey, defendió como garantizar la “seguridad jurídica”. El hermano de ella, Álvaro Casimiro, tiene baja estatura y el mismo contraste en el rostro que Manuela aunque en relación con sus ojos, redondeados, que se imponen como dos botones de contornos blanquecinos. Se acerca y no se apresura a contar lo que pasó el martes pasado, pese a que es evidente que los foráneos estamos en busca de ese relato.
Juan Condorí, en la radio comunitaria.

Entonces charlamos de fútbol, acaba de terminar la final de un campeonato corto de los valles que se hace durante el verano, unos conocidos -como casi todos- y amigos -como sólo algunos- se acaban de consagrar bicampeones. Aunque omite responder de qué jugaba cuando todavía iba seguido a la cancha, sus explicaciones técnicas conducen a pensar que corría por una de las bandas y que tiraba centros a la hoya como Sorín en sus mejores tiempos. Sin que haya que preguntárselo, recae en el tema de interés y comenta que a sus hermanas, Manuela y Lorena (25), fueron golpeadas y zamarreadas por los efectivos. El borde de sus ojos se achina y se le dibujan unas líneas irregulares color escarlata alrededor del iris -o tal vez es lo que observa quien llega desde el llano y está inmerso en el sopor al que invitan los 3000 mil metros sobre el nivel del mar-. Denota bronca. “Nosotros no estábamos respondiendo las provocaciones, pero cuando vi que a mi hermana la rameaban por el suelo -señala hacia el terreno entre pedregoso y terroso donde ocurrieron los hechos- y me puse como loco, ¿usté qué hubiera hecho?”.

Descarnado

-Estábamos nosotros ahí y vinieron así, rápido, y nos empezaron a agarrar para llevarnos -rememora Manuela.

-Se lo llevaron primero a Ulises, que estaba filmando, lo pillaron del cuello -Néstor Casimiro, uno de los que luego estuvo detenidos, se enrosca el cogote con su propio brazo-. Y bueno, ahí ya empezamos nosotros también pue.
Juan Condorí y Néstor Casimiro con el cronista.

Manuela asiente lo que afirma Néstor, con quien comparte apellido, pero no parentesco. Aprovecha que la relevan para llamarse al silencio otra vez. Los hombres vuelven a tomar la palabra, se superponen, están ávidos de contar lo ocurrido en la represión.

-¿Pero a vos qué te pasó? -un silencio se constituye en oportunidad para volverla a interpelar.

-Me agarraron los policías y me pisaron los pies para que me caiga, yo estaba con mi hermano y nos abrazamos bien fuerte para que no me pudieran arrastrar.

-¿Y las policías no pudieron tirarte?

-Eran varones, no me agarró ninguna mujer. A mi hermana sí, a ella la fueron a buscar las femeninas. Y a mi hermano lo apedrearon.

-Sí, hasta el comisario tiraba piedras. Y eso que ellos eran más que nosotros -acota Néstor.

A él lo capturaron y estuvo detenido unas seis horas, hasta las 3 de la tarde de aquel martes. Entre las vejaciones sufridas recuerda que lo tiraron al piso y se le pararon encima. En ningún momento dejaron de intimidarlo con amenazas, igual que a toda la comunidad, tal como resalta Lorena, docente de Cachi, quien admite que a una allegada suya la amenazaron con que le desaparecerían las dos hijas si iba a protestar contra la bodega. Néstor es menudo y de espalda angosta, como si nunca hubiese desarrollado la caja torácica a la manera en que lo han hecho todos los demás, acechados por la falta de oxígeno. No pasa el metro setenta y está por debajo de su peso normal.

Un video que muestra Miguel Plaza, delegado de comunicación con identidad, da cuenta de cómo uno de los jerarcas que manejó el operativo ordena avanzar tras salir de la Bodega Puna, apostada frente a los terrenos que la comunidad usa para secar pimientos. La combinación entre comunidades originarias y trabajadores con ideas progresistas posibilitó que los atacados manejaran mejor la situación: viralizaron los videos de modo rampante consiguiendo que medios nacionales recojan la noticia a las pocas horas, lo cual generó presión suficiente para que los presos fueran liberados el mismo día.

La institución azul no presentó ninguna orden judicial para ejecutar la represión, fundamentaron que actuaban de oficio porque el dueño de la bodega les había mostrado un título de propiedad sobre las tierras, por lo tanto, desde el prisma ortiva, las comunidades estaban cometiendo un delito flagrante.

La disputa

En el año 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) llevó a cabo un relevamiento de la zona para delimitar la posesión de las comunidades de Cachi, Salta. Se suponía que luego de eso se venían las titularizaciones comunitarias-jurídicamente no es lo mismo titularizar que poseer-, pero ese derecho no fue garantizado hasta ahora. Entonces, esos terrenos fiscales siguieron vendiéndose a espaldas de quienes los habitan ancestralmente.
Jorge Burgos y Carolina Fabián de El Algarrobal.

Así fue que en el año 2012 desembarcó la Bodega Puna en la zona de la comunidad La Aguada, con aval del Gobierno de la Provincia, durante el segundo mandato del esposo de Isabel Macedo. “Ellos [la bodega] se pusieron en 25 hectáreas que son nuestras, y nosotros no nos resignamos, sólo que en ese momento estábamos en conflicto con otras dos bodegas [Miraluna y El Molino de Cachi] y decidimos priorizar esas luchas”, reseña Juan Condorí y añade: “Esos terrenos son nuestros, como dice el relevamiento del INAI. En ese momento permitimos que la bodega use esos terrenos, pero nos prometimos que no iban a avanzar más allá del camino que va al Algarrobal [la comunidad diaguita-kallchaki que está pasando La Aguada]”.

Hasta fines del año pasado esa situación continuaba: la bodega ocupaba 20 hectáreas que estaban relevadas por el INAI como parte de La Aguada, sin extralimitarse más allá del camino al Algarrobal. Unas ocho familias del lugar trabajan para la Bodega Puna, la mayoría de ellas no se autodefinen como diaguitas-kallchakíes.

En las últimas semanas de 2018, la empresa vitivinícola empezó a ocupar el terreno de secado de pimientos de la comunidad, que además es un antigal, es decir, un lugar sagrado, milenario. El equivalente a expropiar el santo sudario o tener los derechos táctiles de la meca que todo buen musulmán debe querer tocar. El antigal es un espacio que se ha venido conservado por añares, con arraigo real en los pobladores y con un determinado modo de producción: comunitario con prioridad de auto-subsistencia. Las familias de La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal, por sólo citar las de un sector en particular, enfatizan en la economía primaria -agricultura- de subsistencia, en primer lugar, y de intercambio, en segundo. En ese último grupo entran el pimentón -molienda del pimiento- y los porotos, por ejemplo.

Además de las 20 hectáreas que la Bodega Puna ya ocupa y que son de la comunidad según el INAI, la compañía empezó a trabajar con maquinaria en el antigal donde se secan los pimientos, que es una porción de tierra inmediatamente posterior al camino a Las Pailas. La firma de vid rompió el pacto que venía desde hacía un quinquenio. La bodega cuenta con un grupo de edificaciones que dan a la calle y que están rodeadas por viñedos. Son casas para ciertos administradores, oficinas comerciales y un espacio de atención al público, todas con fachada alta, columnas pronunciadas y un resonante blanco. Aunque las y los hermanos de La Aguada nunca atacaron esas construcciones, Lorena Proaño, delegada de educación intercultural, trae a colación que, como medida de amedrentamiento, en algún momento Puna había puesto reflectores para encandilar a los pobladores de la comunidad que viven al frente de sus instalaciones.

Tras la avanzada con máquinas de la bodega, allende al camino a Las Pailas, la comunidad presentó una denuncia por usurpación de su antigal para secar pimientos. Luego de ello, se abrió un proceso judicial -en la Fiscalía Penal de Cachi y en el Juzgado de Garantías 1 de Salta- que derivó en una convocatoria a mediación, el lunes antes de la represión, ya con la imposición “de no innovar” para ambas partes. Cuando regresaron de la audiencia, había custodia policial para topadoras de Puna que iban contra el antigal. Hubo una asamblea y se resolvió impedir pacíficamente la avanzada. Con esa actitud empezaron aquel martes de represión las comunidades diaguitas-calchaquíes.

Después de eso se interpuso una medida cautelar hasta una próxima audiencia que todavía no tiene fecha.

Comunidad

“Acá llega el diario y la AM-840 nomás”, indica Jorge de El Algarrobal. Un reciente editorial del diario El Tribuno, de la familia Romero, tuvo muchas repercusiones en Cachi. Jorge Cabral de 36 años es arqueólogo y la menciona mientras le pega un grito a su hijo para que no se baje de la vereda. Grita e igual mantiene la calma. Señala que La Aguada, contrariamente a lo que deduce El Tribuno, es una comunidad histórica y con mucha importancia en la preservación de restos milenarios. El investigador de Salta capital que lleva mucho tiempo trabajando en los Valles Calchaquíes, firma que si hay algo que destaca a esa comunidad es que ha podido imponer, a través de su propia práctica, leyes de protección del patrimonio cultural, social e histórico.
Nemesio Fabián, cacique de la comunidad La Aguada.

“Lo primero que tomamos es la herencia y la continuidad histórica de pertenencia ancestral -explica Juan Condorí de La Aguada-, eso se hace por un proceso de auto-reconocimiento”. Menciona que se auto-reconocen en función de pautas culturales propias que se están reorganizando bajo la concepción de una continuidad histórica.

Además de los caciques que se eligen cada cuatro años por asamblea, y pese a que ésta sea el máximo órgano de decisión, hay otras formas de organización, como el CPI (Consejo de Participación Indígena). “El CPI es reconocido ante el INAI, organismo responsable del derecho indígena. Nosotros como CPI somos el nexo entre el estado nacional y el pueblo diaguita”, menciona Juan Condorí, que es delegado CPI por el pueblo diaguita en ese ente del gobierno comunitario.

La principal palanca conceptual para estas comunidades es la “identidad”. La autodeterminación como nación diaguita-calchaquí convoca a pensar el Estado argentino como plurinacional y empuja a los integrantes de la comunidad a reivindicar una tradición que no se imita, sino que se reactualiza. No caben, entonces, los argumentos de Jorge Lanata, Gabriel Levinas y El Tribuno sobre la falta de legitimidad de estos diaguitas para decirse diaguitas. La referencia en sus antepasados milenarios, por parentesco y/o por herencia territorial, habilita la “reorganización de pautas culturales” que hacen a su “identidad”.

Son las doce de la noche y suena una cumbia ensordecedora en el Club Fuerte Alto, hace pocas horas se consagraron bicampeones del torneo de los valles, tal como nos había avisado Álvaro de La Aguada a la tarde. El vino se trae en bidones, la algarabía trae confesiones de todos los integrantes del plantel, desde los jugadores hasta el técnico y el presidente. Las instalaciones del club en gran parte todavía son mampostería, el sonido hace vibrar las estrellas -más cercanas que cuando se está en el llano- y varios se abrazan y hacen glosas alusivas al club. Monólogos de borrachos contentos. El ánimo colectivo es tan efusivo que sólo hace falta llegar con algún conocido para ser aceptado en la celebración. Como falta techo se ve una luna sonriente que evoca la Luna de Avellaneda de Campanella. Club social, ese otro vínculo de cercanía, tan anclado también en la identidad, que a veces sólo lo creemos posible en las urbes. Diaguitas-calchaquíes que se defienden de la usurpación por desposesión y un festejo de bicampeonato, todo en unidad, aún en las diferencias. ¿Vos qué les vas a venir a enseñar de lazos comunitarios, Jorge?


PUEBLO NACIÓN DIAGUITA DENUNCIA TORTURA Y REPRESION POLICIAL POR DEFENDER EL TERRITORIO COMUNITARIO DE LA AGUADA

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La Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, miembro de la UPND Salta con personaría jurídica provincial N°319 /18, denuncia ante el Comite Nacional para la Prevención de la Tortura y la Fiscalía de DDHH, la privación ilegítima de la libertad, tratos crueles, inhumanos, degradantes y tormentos sufridos en territorio ancestral por parte de autoridades y miembros del Pueblo Diaguita. Hechos gravísimos, constitutivos de violaciones a los derechos humanos colectivos e individuales que ameritan una respuesta urgente a fin de evitar que se repitan y se solicita que  se investigue y castigue a los responsables. 

El día 5 de febrero sin exhibición de orden judicial, la policía de la provincia de Salta, a cargo del comisario Suarez, ingresa sin autorización al territorio comunitario donde existen viviendas, zona de secado de verdura, corrales y pastoreo de nuestros animales y sitios sagrados. Al constituirse en el lugar, dos de nuestros hermanos delegados, dialogan con el Comisario y se presentan como autoridades colectivas informando a los auxiliares de la justicia que dicho territorio se encuentra en la posesión ancestral, actual y pública del Pueblo Diaguita, en el marco de la Constitución Nacional, Art. 75 Inc. 17 y 22, territorio relevado por la ley de orden público 26160, Código Civil y Comercial de la Nación, Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas y demas normas concordantes, por lo tanto se solicita el retiro del personal policial y la máquina de la Empresa Puna que se encontraba usurpando y destruyendo el territorio comunitario. El comisario, lejos de escuchar la petición, de manera despectiva contesta a los hermanos presentes que él solo defiende a la propiedad privada y que no se irán de lugar. Pese a que se lo requieren, no exhibe ninguna orden judicial ni da explicaciones del operativo. 

A las 8:20 llega el Inspector Supervisor Corimayo, con más policías, a quien se le hizo el mismo informe y solicitud que a Suarez. Éste respondió de forma prepotente: “yo defiendo la propiedad privada.." e inmediatamente dio la orden de reprimir. 

En ese instante, en primer lugar empezaron a reprimir con golpes a los hermanos presentes y luego, los policías empezaron a lanzar piedras hacia los miembros de la comunidad dejando severas heridas a varios de ellos. 

En el trascurso de la hora que duró el operativo ilegal de represión en el territorio ancestral fuimos víctimas de golpes de puño, patadas, ahorcamiento, golpes en la cabeza, piedrazos, corriente eléctrica mediante “picana”. A una de nuestras autoridades Diaguita varios policías masculinos la golpearon, uno la toma del cuello ahorcándola. Un menor de edad, cuenta como las piedras le lastimaron la espalda. Él mismo fue unos de los detenidos durante el operativo. Mientras lo subían al patrullero recibió golpizas por distintos policías y uno de ellos le sustrajo el celular. Otro hermano miembro comunitario fue golpeado en la cabeza quedando inconsciente, al caer al suelo y estando tirado es golpeado y pateado. Mientras se encontraba en el suelo, un policía saltaba sobre él pisándole la cabeza. Después de realizar varias veces esa agresión, lo levantó para volver a tumbarlo contra el piso y continuar golpeándolo. Al ser subido al patrullero fue nuevamente golpeado por varios policías, siendo picaneado reiterada veces. Otro de los hermanos detenidos ilegalmente también sufrió descargas eléctricas en su cuerpo cuando fue subido al patrullero. El Delegado y comunicador Diaguita que se encontraba registrando el atropello fue llevado violentamente del cuello dejándolo sin respiración y de esa forma lo llevaron al patrullero para ser detenido. 

Una hermana relata que se acerca al lugar del conflicto con su bebé en brazos y cuando quiere acercarse al lugar donde estaban reprimiendo un policía le impide el paso y la amenaza diciéndole: “si pasas te quitamos la guagua”. Otras hermanas y hermanos sufrieron piedrazos en los tobillos, panza, y golpes de distinta índole durante la hora que duro el ataque policial. 

Luego de golpear a mujeres, niños/as, y ancianos/as a las 9 hs aproximadamente se llevaron detenidos a seis refererentes Diaguitas, entre ellos un menor de edad. 

Paralelamente un habitante de Cachi y familiar de miembros de la Comunidad es interceptado por un patrullero mientras se encontraba en el pueblo y sin mediar ninguna explicación fue detenido. 

Todos los detenidos fueron llevados a la comisaría de Payogasta, cuando por competencia territorial debieron ser llevados a la comisaría del pueblo de Cachi. 

En ningún momento a ninguno de los detenidos se les leyó el acta de detención y/o demora ni se les explicó el motivo por el cual estaban detenidos. De la misma forma los mantuvieron incomunicados no permitiendo que familiares y miembros Comunitarios que se acercaron a la comisaría pudieran verlos ni constatar el estado de salud de los mismos. Tampoco exhibieron ninguna orden judicial que dispusiera la incomunicación de los detenidos y demorados. 

Aproximadamente a las 14:00 hs. del mismo martes todos los detenidos fueron liberados tras la presentación de un Habeas Corpus y luego de la gran presión comunitaria y social, y el acompañamiento masivo de medios alternativos de comunicación quienes denunciaron nacionalmente e internacionalmente el atropello. 

Es preciso poner de resalto que el Territorio Diaguita donde sucedieron estos aberrantes hechos constitutivos de violencia institucional, se encuentra relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habiéndose constatado la posesión actual, tradicional y pública de nuestra Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada. No obstante ello, los supuestos titulares registrales de la Bodega Puna Javier Monteros y María Carla Morizzio, intentan usurpar estas tierras, para extender su codicia y usura a través de su empresa vitivinicola. 

Realizamos la presente denuncia ante los organismos que corresponden, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las torturas sufridas por nuestros referentes comunitarios, tal como lo establece el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ratificado en el Artículo 1 de la Ley Nacional N° 26827, en la privación de libertad transitoria del día mencionado que encuadra en la definición del artículo 4 de la Ley Nacional N° 25932. 

Se les solicita de manera urgente ponga en conocimiento a todos los miembros del Comité del asunto para poder darle tratamiento y poder realizar cualquier acción preventiva que esté a su alcance para evitar nuevas situaciones de represión y tortura en nuestro territorio. 

Como Pueblo Nación Diaguita afirmamos que el espacio territorial que pretende usurpar Bodega Puna, es espacio de uso comunitario, del que la Comunidad Diaguita Kallchakí La Aguada tiene posesión ancestral, actual, tradicional y pública, y que quienes pretenden usurpar este territorio utilizan su poder económico para intentar desinformar a la ciudadanía a través de medios corporativos de comunicación, y con operadores mediáticos envestidos de periodistas quienes han vertido información falsa e incorrecta y han calumniando e injuriando a nuestros referentes y autoridades. Dichos personajes serán denunciados por las vías que correspondan. 

NUNCA MAS REPRESIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL POLICIAL HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NI NADIE QUE LUCHE POR SUS DERECHOS!!! 

POR JUSTICIA; MEMORIA; IDENTIDAD Y TERRITORIO!!

Contactos: 
0387 4892412
0387 4520651
uniondiaguitasalta@gmail.com

KARNAVAL KALLCHAKÍ

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La Comunidad Diaguita Kallchaki "Las Pailas", invita a los herman@s baguale@s, copleros y sociedad en general a compartir el desentierro del "Pujllay" con un almuerzo comunitario, chicha, albahaca y bandas en vivo, para celebrar una de nuestras festividades tan significativas para nuestra cultura, que nos permite reencontrarnos y revivir prácticas culturales que nos transmitieron nuestros mayores.


L@s esperam@s este domingo 3 de marzo de 2019 en nuestro territorio "Resistencia Kallchakí" a partir de hs 12:00, situado a 16 km del pueblo de Kachi-Salta.

Contactos
3874892412 
3875119202
uniondiaguitasalta@gmail.com 

ATROPELLO E INTENTOS DE DESALOJO AL PUEBLO NACIÓN DIAGUITA EN LA PROVINCIA DE SALTA

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En el día de la fecha se llevo en cabo un intento de desalojo a la familia Vilte Guaymas, habitantes preexistentes en nuestro territorio, miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki Pucara Angastaco. 

El atropello se llevó a delante por orden de la Jueza María Virginia Toranzo y el juez de paz Francisco Bravo, con el apoyo de la policía provincial, con  intervención e intromisión de un tal "chicho" Aranda, Juan Cruz padre, Juan Cruz hijo y Pablo Cruz quienes aducen ser los  titular registral, acompañados por otra persona desconocida, quienes sustrajeron las pertenencias de la familia amedrentando y amenazando a los miembros de la comunidad.

Reunidos en Asamblea denunciamos y repudiamos los graves hechos de violencia y atropello territoriales e intentos de desalojo con la intención de  turbar la posesión ancestral  y desalojar  nuestras familias, rompiendo el vinculo identitario, destruyendo la memora colectiva que mantiene viva nuestra cultura y la continuidad histórica como pueblo preexistente

La Comunidad Diaguita Kallchaki Pucara Angastaco (Departamento San Carlos) personería jurídica resolución N° 009/13 Re-Na-CI – INAI y  con la aplicación  del Relevamiento técnico jurídico y catastral de la ley 26.160 y sus prorrogas de orden público que relevo la posesión actual tradicional y publica. Dicha ley suspende los actos administrativo y sentencia cuyo fin sea el desalojo de las comunidades de pueblos originario en el país.

Denunciamos públicamente y responsabilizamos  los daños psicológicos a niños, mujeres, abuelos, daños  materiales, la violación de los derechos de incidencia colectiva,  a la Jueza  Toranzo, quien ataca al Pueblo Diaguita y viola  sistemáticamente nuestros derechos colectivos y no nos deja  vivir en paz en nuestros territorios.

Responsabilizamos al Estado Nacional,  Provincial y los organismos responsables de la aplicación del Derecho Indígena, la violación de Derechos de Nuestros Pueblos, reconocidos en la Constitución Nacional articulo 75 Inc. 17 y 22  y convenios internacionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios.

Exigimos pleno y efectivo cumplimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios

Solicitamos el acompañamiento a las organizaciones de Pueblos Originarios, organizaciones sociales y a la  sociedad  que comprende respeta y acompaña nuestro proceso de lucha por nuestros derechos con conciencia de  defender y proteger a nuestras familias y reguardar nuestros bienes naturales y culturales para nuestras futuras generaciones.       
Nos declaramos en asamblea permanente en resguardo de nuestros derechos.

Contactos:
Ester Rios: 3874750847
Liz: 3874750746
Juan Condorí: 3874520651
www.facebook.com/Comunidad-Diaguita-Pucara-Angastaco





COMUNIDAD DIAGUITA CALCHAQUI PUCARÁ ANGASTACO – UNIÓN DE PUEBLOS DE NACIÓN DIAGUITA SALTA

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Reunidos como Pueblos Nación Diaguita, en asamblea permanente las comunidades CDK Jasimana, CDK el Divisadero, CDK Las Pailas, CDK Fuerte Alto, CDK El Algarrobal, CDK Las Trancas, CDK La Aguada, CDK Piul, CDK Churcal, y con el acompañamiento de todos y cada uno de los territorios Diaguitas denunciamos los atropellos de la Justicia y en ese marco la inoperancia del Estado. 

En tanto es el mismo Estado que en su deber y obligación reconoció nuestra preexistencia a partir de la personería jurídica con resolución 009/13; es quien reconoció y dio fe de la posesión comunitaria tradicional y pública al dar cumplimiento de la ley 26160 que releva los territorios originarios, territorio que resguarda ancestralmente a los hermanos Vilte Guaymas. Hoy, es el mismo Estado con su brazo jurídico el que reprimió y violentó a nuestros hermanos, irrumpió ilegalmente en el hogar de la familia Vilte Guaymas, desbarato nuestros bienes, amenazó y amedrentó a nuestros niños, jóvenes y abuelos, incurriendo en acciones que van en contra de nuestros derechos consagrados en el Convenio 169, la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, Art. 15 de la Constitución Provincial y demás normas concordantes,

En ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como Pueblos y en el marco de nuestros derechos consuetudinario, constitucionales y tratados internacionales REAFIRMAMOS LA POSESIÓN COMUNITARIA constatada y reconocida por el Estado Nacional y Provincial a través del Relevamiento técnico jurídico y catastral dispuesto por la ley 26160 que dispone la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios y suspende por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales, administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de nuestros territorios.

Como Pueblo Nación Diaguita reafirmamos nuestra posesión territorial en cada uno de los territorios que habitamos desde siempre en memoria y reconocimiento de nuestros mayores.

Responsabilizamos al Estado Nacional, Provincial y los organismos responsables de la aplicación del Derecho Indígena, ante cualquier acto que viole y vulnere los Derechos de Nuestros Pueblos.

Exigimos pleno y efectivo cumplimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios 

Convocamos a la Nación Diaguita y demás Naciones Originarias, organizaciones sociales y a todos aquell@s  que comprende, respeta y acompaña nuestro proceso de lucha por nuestros derechos, con conciencia de defender y proteger a nuestros territorios, nuestras familias, reguardar nuestros bienes naturales y culturales para nuestras futuras generaciones y nuestra continuidad como Pueblos. 

Continuamos en Asamblea permanente en defensa y en resguardo de nuestro territorio y de nuestros derechos colectivos. 

Contactos: 
Ester Rios: 3874750847
Liz: 3874750746
Juan Condorí: 3874520651

¡¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y DESALOJOS AL PUEBLO TOLOMBÓN!!!

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Pueblo De Tolombón Nación Diaguita

Valle de Choromoro (actual provincia de Tucumán)

La Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón con personería jurídica Nº 0053 (RE.NA.CI – INAI) integrante del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

En el día de ayer 24 de abril de alrededor de las 10:00 hs irrumpieron con un fuerte operativo en nuestro Territorio Ancestral más de 80 efectivos de las fuerzas represivas. El operativo estuvo a cargo de la Regional Norte dirigido por el comisario general René Alberto Soria junto al comisario Sergio Fernando Padilla se hicieron presentes con la Jueza Subrogante en lo penal correccional de la segunda nominación del centro judicial Sra. ANA MARIA IACONO. Y demás jefes de las fuerzas con sus respectivos grupos a cargo: infantería URC, grupo cero, caballeriza, bomberos, ambulancia y personal femenino entre otros. Un despliegue de estas características con la sola intención de amedrentamiento y complicidad; muestra de ello fue la cercanía que se pudo observar entre el USURPADOR/ TERRATENIENTE JAVIER LOPEZ DE ZAVALIA Y dichos funcionarios.

Una vez más REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS EL ACCIONAR VIOLENTO QUE EJERCIERON hacia LA COMUNIDAD PUEBLO DE TOLOMBÓN realizando en reiteradas ocasiones DISPAROS QUE NO FUERON AL AIRE sino en contra de los comuneros y comuneras quienes nos encontrábamos TOTALMENTE DESARMADOS habiendo niños, niñas, mayores, jóvenes, hombres y mujeres en el marco de un “BRUTAL OPERATIVO” cuando nos ENCONTRÁBAMOS RESGUARDANDO A NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL. El operativo se llevo adelante de manera irregular violando todo el marco jurídico vigente en materia de Derecho Indígena, Art 149 Const Prov. Art 75 inc. 17 Const Nac. Ley 26160 Conv 169 OIT, Declaración de Naciones Unidas y la violación a los Derechos Humanos.

DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE UNO DE LOS PRINCIPALES DERECHOS QUE TENEMOS “EL DERECHO A LA VIDA”. Con practicas colonizadoras cargadas de violencia y discriminación hacia nuestra condición de originarios.

RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la complicidad del personal docente y de la autoridad de LA ESCUELA Nº 385 REARTE SUR que deliberadamente se convirtió en “EL CENTRO DE OPERACIONES DEL USURPADOR JAVIER LOPEZ DE ZAVALIA Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD” vimos como tomaron el establecimiento con los niños adentro.
Niñas y niños que son de nuestra Comunidad, cabe señalar que la escuela se encuentra dentro del Territorio, violentaron los DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS causándoles secuelas irremediables y exponiendo la integridad física de cada uno de ellos. NOS ALARMA EL ROL QUE DESEMPEÑO LA ESCUELA en medio de la represión que sufrimos, ya que entendemos que su función es realizar las tareas pedagógicas en cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en el marco de las normas establecidas. Más aún le corresponde a este establecimiento educativo aplicar la Ley 26.206. DERECHO A UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS A LA DOCENTE JUANA URUEÑA quién genero las condiciones para que NO PODAMOS PEDIR AUXILIO ANTE LA EMBESTIDA QUE ESTÁBAMOS SUFRIENDO cortando la señal de wifi existente en la escuela a sabiendas de lo que esto significaba para nosotros “la única vía de comunicación posible”.

CONTINUAMOS EN ASAMBLEAS PERMANENTES, ALERTAS con la firme convicción de seguir RESGUARDANDO NUESTRAS VIDAS Y LA PROPIA VIDA DE NUESTRO TERRITORIO AL QUE PERTENECEMOS DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LA AUTODEFENSA SI FUERA NECESARIO.

LE DECIMOS BASTA A LOS USURPADORES HISTÓRICOS QUE SE QUIEREN APROPIAR DE NUESTRAS VIDAS Y ULTRAJAR A NUESTRA MADRE NATURALEZA.

SE ACABARON LOS PATRONCITOS DE ESTANCIA.
QUEREMOS VIVIR EN LIBERTAD Y EN PAZ EN NUESTRO TERRITORIO DE USO ANCESTRAL TRADICIONAL Y PÚBLICO

Territorio en el qué han vivido las generaciones que nos antecedieron y donde día día seguimos estando y así lo harán nuestras futuras generaciones. 

Nosotros PUEBLO NACIÓN DIAGUITA PREEXISTENTES a la creación del estado argentino y a la fundación de lo que hoy se conoce como provincia de Tucumán. 
Desde nuestro Territorio Ancestral seguiremos luchando con más fortaleza que nunca retomando el legado que nos dejaron nuestros mayores: RESGUARDAR LA VIDA, EL TERRITORIO Y LA IDENTIDAD ORIGINARIA.

¡¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y DESALOJOS AL PUEBLO TOLOMBÓN!!!

¡¡¡DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA!!!

¡¡¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!!

¡¡¡POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!!

¡¡¡NI UN DIAGUITA MÁS DESPOJADO DEL TERRITORIO ANCESTRAL!!!


comunidadtolombon@yahoo.com.ar
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