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Channel: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta - UPNDS
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Kakan el idioma Diaguita

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Para algunos lingüistas no quedó rastro de dicha lengua, ningún vocabulario, ninguna gramática que nos haga saber algo de ella


Territorio Diaguita
Nosotros no estamos de acuerdo con estos lingüistas, nosotros creemos que ha quedado un substrato kakán en la entonación de las personas del Noroeste Argentino sobre todo en la extraña curva melódica y la acentuación en primera sílaba de algunas palabras dentro del grupo fónico que se dá hoy en día, por ejemplo, en ciertas regiones riojanas o catamarqueñas. Por esto disentimos con la opinión de distinguidos lingüistas cuando dicen que ningún rastro quedó de dicha lengua; creemos que el presente artículo mostrará la persistencia de varias voces y, con ello, la posibilidad de traducir algunas expresiones kakanas.

Esta lengua “muy gutural, que apenas le percibe quien no le mamó con la leche”, se habló en territorio diaguita, hoy Noroeste Argentino y parte de Chile. Es una lengua polisintética y nunca fue escrita, también se la conoce como lengua Diaguita o caca, kaka o chaka.

Del Kakan al Quechua

Los invasores españoles se valieron del quechua para someter a las diferentes comunidades y de esta manera ocultaron el Kakan, “una lengua dulce y armoniosa, sus voces se forman sólo en el paladar”, es lo que decía el jesuita Pedro de Lozano (1687-1752) sobre esta lengua oral.

El quechua ya venia propagándose antes de la llegada de los españoles debido a que estas comunidades comerciaban con el imperio incaico, pero con la llegada de los invasores españoles es que se impuso como el idioma para luego poder imponer el castellano.




Aimogasta – Catamarca


El Kakan en el territorio


En la actualidad no hay hablantes de Kakan, sin embargo, se conocen algunas palabras y lo más sorprendente es que esta lengua sirvió también como elemento de resistencia. Donde mayor presencia tiene esta lengua hoy, es en palabras para designar los nombres de territorios, las terminaciones en “anco” en kakan hace referencia a agua, como ser Huillanco “agua de liebre”, Mishanco, “agua del gato” o Suriyanco, “agua de suri”.

Muchos topónimos poseen las terminaciones “huil” o “vil”,“ao” o “gasta”.Las terminaciones en “gasta” significan pueblo. Según las crónicas de los misioneros, los pueblos tenían el nombre de su cacique precediendo a “gasta”, sin embargo también significaba lugar poblado por algo. Como estos pueblos ubicados en la provincia de Catamarca, Tinogasta, tino “encuentro”, y gasta “pueblo”, junta o reunión de pueblos. Aimogasta, el nombre completo significa “pueblo del cacique Aimo“, Villavil “manantial de la liebre”. En la provincia de Salta esta Payogasta “pueblo de Payo”, Collagasta “pueblo del Colla”.

Poblados andinos
Los misioneros españoles Alonso de Barzana y Pedro Añasco escribieron a mediados del siglo XVI, preceptos gramaticales, vocabularios y textos doctrinarios. Barzana expresaba que “es una lengua tan gutural que parece no se instituyó para salir de los labios”, dicha forma de hablar persiste hasta nuestros días, motivo por el cual muchas veces se dice que los norteños hablamos para adentro.

Malas palabras


De las palabras que llegan a nuestros días de origen Kakan, en el noroeste argentino algunas son muy usadas diariamente. En muchos casos estas palabras hoy son denominadas “malas palabras” por hacer referencia a cuestiones escatológicas o sexuales, “cajeta” órgano sexual femenino y la más llamativa es “caca” que hoy en castellano significa excremento, en lo que notamos un claro deseo de denigrar esta lengua perteneciente a la gran nación diaguita por parte de la corona española y sus servidores.

Publicado en: https://calchaqui.com.ar/kakan-el-idioma-diaguita/?fbclid=IwAR2c8OTEB6Ddkp_zDocY-xI_yF4lsBuwaT0I0GMm443Bq54gvqe6XrBUtHc

“Los pueblos originarios, el pueblo diaguita, vamos a estar de pie y vamos a hacer frente a cualquier situación”

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Lo aseguró Héctor Fabián, referente Diaguita.


DDN. La comunidad Diaguita Kallchaki la Aguada se presentó esta mañana en la Fiscalía Penal Nº 6, en barrio Solidaridad, en reclamo por la imputación de nueve miembros de la comunidad.

A inicios de febrero, la comunidad Diaguita Kallchaki la Aguada cortó el Camino a la Aguada, en reclamo por la construcción de “Bodega Puna” por parte de la empresa M. AGROPECUARIA S.R.L y fueron reprimidos por la policía de Juan Manuel Urtubey. Por ese hecho, nueve miembros de la comunidad fueron imputados por amenazas, cortes de rutas y usurpación. La comunidad se presentó esta mañana en la Fiscalía Penal Nº 6 del Barrio Solidaridad.

Héctor Fabián, referente de la comunidad, explicó que son perseguidos con la herramienta judicial y tratados de usurpadores en las tierras que poseen ancestralmente por beneficios inmobiliarios, vitivinícolas y usureros. El territorio se encuentra en el marco y la protección de la ley 26.160, pero el Estado “está mirando para otro lado”, y los funcionarios son “funcionales” a los intereses de la empresa.

“En todo esto hay una envoltura por parte de un testaferro que se hacen de representar pero sabemos muy bien por donde viene la mano de las intenciones de esta situación. Es lamentable y sabemos la complicidad del Gobierno nacional, provincial y municipal responsabilizamos a ellos por el atropello que estamos sufriendo tanto directa e indirectamente la persecución, amenazas, amedrentamiento”, manifestó Fiaban.

Cuando sucedió el corte de ruta y la represión, diversos medios de comunicación aseguraron que la comunidad ingresó a la Bodega y atacó a quienes estaban ahí. El referente señaló que eso no sucedió y están dispuestos a probar los hechos. También, remarcó que la prensa filmó la situación y la policía intentó llevarse los elementos de registro. 

La comunidad inició una investigación minuciosa para saber quién es el dueño de la Bodega Puna, y sería Luis Javier Montero Alessanco. Realizaron diversas denuncias en la Fiscalía de Cachi, por usurpación, que fueron cajoneadas. “Se prestaron con este sistema de mediaciones que entendemos y sabemos que sus únicas intenciones son amedrentar a nuestros hermanos. No respetaron nuestra propia institucionalidad de cómo nos expresamos y defendemos el territorio”, dijo.

El referente sostuvo que hay una “cuestión muy cerrada” y favores que se están devolviendo desde el gobierno nacional, provincial y municipal, por lo que solicitan que los funcionarios “se hagan cargo” del lugar que tienen, garantizando los derechos y velar por la seguridad de cada miembro de la comunidad que permanece y seguirá permaneciendo en el territorio.

“Los pueblos originarios, el pueblo diaguita, vamos a estar de pie y vamos a hacer frente a cualquier situación. No por capricho, sino por convencimiento y por conciencia de que nuestro territorio es el modo de vivir y la continuidad de nuestros hijos”, finalizó Fabián.

El conflicto de tierras en Cachi se dilata y ahora es materia penal

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Quedaron imputados 8 integrantes de una comunidad originaria por agredir a policías y por usurpar el territorio que ellos consideran propio. En el enfrentamiento hubo varios lesionados.

Por Antonio Gaspar

Representantes de la comunidad Diaguita Kalchaquí se presentaron en la fiscalía de barrio Solidaridad días pasados

Los trágicos hechos de La Aguada sucedieron el 5 de febrero del presente año, cuando el personal de la Policía de la Provincia reprimió a los integrantes de la comunidad originaria Diaguita Kallchaki y estos respondieron causando lesiones a varias personas.

Los problemas se originaron por un terreno de unos 6.000 metros cuadrados, que en términos prácticos es como la superficie de una cancha de fútbol.

Se trata de un paraje ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Cachi, en el denominado Camino a La Aguada. En esa inmensidad, al pie del Nevado, hay un terreno pequeño que por estos tiempos se pinta de rojo porque lo utilizan para secar el pimentón.

El 14 de enero los trabajadores de la bodega comenzaron trabajos allí y luego fueron desalojados por los miembros de la comunidad. Se hicieron denuncias cruzadas y finalmente la Justicia ordenó desalojar a los aborígenes, por lo que hubo una violenta represión que fue filmada y luego difundida en medios nacionales.

Por ese espacio de disputa existen acusaciones cruzadas, 8 imputados por una Fiscalía y todo un aparato mediático con voces a favor y en contra, según el interés.

Hay denuncias de mujeres policías golpeadas y por otro lado de "torturas" en la comisaría de Cachi.

El problema es el limbo legal que existe sobre quién es verdaderamente el dueño la tierra. De un lado la bodega Puna tiene todos los papeles que el Estado argentino pueda otorgarle como propietario de ese lote en disputa. Del otro lado, la comunidad originaria presenta un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde reconocen la ancestralidad y la importancia religiosa y espiritual del lugar.

Entonces todo está enfrentado. La propiedad privada y la comunitaria. La forma de ver el mundo y la cosmovisión. El lote y el territorio. Lo utilitario y lo sagrado y ancestral.

De algún modo la Justicia entra en ese dilema y hasta ahora no pudo solucionar un conflicto por el cual se están enfrentando vecinos, amigos y familiares. No es que haya extraños contra lugareños peleando por un pedazo de tierra. Los policías y los autorreconocidos como originarios fueron juntos a la escuela, juegan juntos en campeonatos de fútbol y sus familias tienen definitivamente algún parentesco.

Para el ámbito legal, las cédulas parcelarias, con las matrícula 2857, 1027, 2856 y sus complementarias, indican que Javier Montero Alesanco es el propietario. En el año 2011 le compró la propiedad a la familia Michel.

En ese mismo año, el INAI realizó el relevamiento de la zona para delimitar la posesión de las comunidades Diaguitas. El proceso indicaba que luego del reconocimiento realizado por profesionales, con el apoyo de la gente del lugar, vendría la titularización comunitaria del territorio. Eso nunca llegó y sólo la posesión le reconoce un sector del Estado. Pero Montero Alesanco ni eso está dispuesto a conceder. "Yo tengo la titularidad y la posesión. Pago los impuestos y me pagan por el arriendo. Todos esos papeles están en la Fiscalía VI presentados como pruebas y todos pueden acceder a esa información. Ellos ingresaron a mi predio, cortaron los alambres e impidieron el acceso cuando yo estaba de viaje en el exterior. Cuando volví realicé la denuncia, y tras varias etapas de mediación la Justicia ordenó desalojarlos. Cuando la Policía intentó cumplir la orden atacaron a los uniformados, que estaban desarmados, y lesionaron a varios. Es por eso que ahora hay 8 imputados por usurpadores", dijo Monteros Alesanco a El Tribuno.

A la inversa, si el INAI les certificó la posesión a los Diaguitas, es muy difícil entender los argumentos de la Justicia para imputarlos como "usurpadores". También es difícil entender que 8 Diaguitas le pegaron a un comisario y a policías.

Los detalles judiciales

El pasado lunes estuvieron los 8 Diaguitas en la Fiscalía Penal VI, en una audiencia por imputación en donde los acusan de usurpadores y de haber lesionado a los policías. Es una instancia penal que investiga y es preparatoria para un juicio. Para la defensa legal de los miembros Diaguitas están Martín Plaza, Verónica Uber y Josué Díaz Cueto.

Están imputados

La titular de la delegación Cachi, Ana Inés Salinas, imputó a Norberto M. Humana, Néstor I. Casimiro y Nemesio Fabián por el delito de “usurpación por alteración de límites” en perjuicio de Javier Montero Alessanco, propietario de una finca. La medida fue dispuesta por el incidente del 14 de enero, cuando los autorreconocidos aborígenes alambraron la propiedad. También se les imputa el delito de “usurpación por despojo”, al haberse acreditado que el 5 de febrero “ingresaron a la propiedad en banda, portando palos, piedras y boleadoras con claras intenciones de despojar (por invasión) al denunciante”, según el texto de la Fiscalía. Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Plaza, Ulises Yáñez y Dora Siarez son imputados por “usurpación por despojo”. A Humana, Casimiro, Nemesio, Walter y Amalio Fabián, Plaza, Siarez y Yáñez se les imputa “daño agravado”.
Las inconsistencias de la denuncia por usurpación

“Hay demasiadas irregularidades”, contaron los Diaguitas aportando detalles. 

A Walter Fabián su madre lo había mandado a comprar pan y quedó de repente en medio de la represión policial por lo que inmediatamente quedó detenido y ahora está imputado por delitos que no tiene idea de cómo se cometen. “No nos pueden acusar de usurpación de nuestros propios territorios.

Están criminalizando el reclamo de las comunidades”, dijo el médico Miguel Plaza a quien también lo acusaron golpear policias. Lo curioso es que él filmó los videos que luego se viralizaron por las redes y llegaron a los medios de prensa nacionales sobre cómo trata la Policía de Urtubey a los originarios en Salta.

Lo curioso es que el Ministerio Público Fiscal pone en duda de la identidad de originarios y no tiene en cuenta el autorreconocimiento de las familias de La Aguada como originarios. No tiene el cuenta el relevamiento finalizado, el censo realizado, la verificación de los integrantes, la certificación de lugares y usos del lugar que están avalados por el INAI. Tampoco consideraron la personería jurídica de la comunidad expedida por el Ministerio de Gobierno.

Se debe decir que tras los acontecimientos del 14 de enero los Diaguitas realizaron una primera denuncia por usurpación, el mismo día, y con copia firmada por los abogados. La Fiscalía primero, en plena feria, dicta la cautelar. Días después entra la denuncia de los propietarios y la Fiscalía toma solo en cuenta esa segunda denuncia. El dato es irrefutable porque los acusados hoy son los Diaguitas.

Cuando los originarios son llamados por la fiscal a la primera mediación, la policía ingresa al terreno en disputa. Los efectivos, al estar la cautelar en vigencia, no podía mostrar ninguna orden judicial para esa ocupación y ahí comenzaron los problemas.

No se puede decir enfrentamiento porque la relación de fuerzas es desigual. En los videos de plaza se ve cómo los policías avanzan, golpean, tiran piedras y detienen violentamente a los Diaguitas. El único testigo que presentan para los cargos son aportados por el comisario del operativo, Ramiro Corimayo.

Resultado del mismo operativo, Néstor Casimiro, de 35 años, no más de 1.60 y 50 kilos está acusado de pegarle a varios policías. En su relato, Néstor, casado y con cuatro hijos, dijo que“tiraron al piso violentamente y lo esposaron, que lo tiraron en la caja de una camioneta y que vio a un niño atado en el mismo móvil”. El hombre jura que en la Comisaria de Cachi lo “picanearon”. “Sí, me dieron electricidad, como en la dictadura”, dijo.

YERRA EN PIÚL – TERRITORIO DIAGUITA

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El 17 y 18 de mayo se llevo a cabo la yerra comunitaria en la Comunidad Diaguita Kallchakí de Piúl, con presencia de autoridades, delegados y miembros comunitarios, autoridades y delegados de la UPND Salta, además de visitantes que se acercaron a compartir esta celebración territorial.

La celebración comenzó el día viernes con la juntada y rodeo del ganado para bajarlo a los corrales, al mediodía se realizó la vacunación, cumplimentando con las exigencias de SENASA, para luego dar espacio y tiempo a los preparativos de la yerra del día siguiente.
El sábado a la mañana se arrancó con la yerra colectiva, con marcada, floreada y señalada del ganado que bajó al corral.

Luego se realizó la Ceremonia a nuestra Madre Tierra, abriendo la boca sagrada que a de recibir nuestros convidos comunitarios de hojas de coca, comidas, agua, bebidas, cigarrillos, frutas, azúcar y yerba, con un sahumerio de incienso de hierbas medicinales para alejar los males y las malas energías propiciando un nuevo ciclo pleno de Buen Vivir para nuestros territorios.

Fue momento de compartir la vocería de nuestra autoridad Comunitaria, nuestra hermana Susana Aramayo, quién nos convocó a cuidar y proteger nuestro territorio, para el bien de nosotros y de quienes vendrán mañana, valorando el trabajo colectivo dónde cada uno de nosotros tenemos un rol y una responsabilidad con nuestra comunidad, nuestro territorio y nuestro pueblo.

En eso llego la hora de compartir el almuerzo comunitario, que estaba provisto de asado de vaca, papas, choclo y una sabrosa sopa. Asentado con algunos tragos de kallchak y otros brebajes de nuestros valles.

La hermana Susana Aramayo saludo y dio la bienvenida a todo@s los presentes, en tanto el hermano Juan Laguna le tocó tomar la palabra para dar su mensaje y compartir la información sobre las distintas actividades que estuvo participando como Delegado de Piúl, del mismo modo el hermano Juan Condorí Delegado de la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero sumó su saludo y vocería en el marco de su rol como Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta – Miembro ENOTPO.

A esto ya comenzaba la tarde, entonces, pialadores y corredores volvieron al corral para concluir con el trabajo colectivo de la Yerra.

Finalizada la yerra se comenzó a separar la hacienda para fueriar, previo dar tres vueltas al corral, siguiendo el sentido del sol y la luna, mientras se iba despidiendo al ganao rociando con agua, entre rezos y pedidos de protección a nuestra madre pacha que proteja la hacienda y que vuelvan multiplicadas al año siguiente.

Como cierre de nuestra jornada se celebró el cumpleaños del hermano Pedro Díaz y sus flamantes 64 años, convidándonos con locro, anchi y una gran torta.

Todo se celebró con gran entusiasmo y emoción por los logros comunitarios, y de despedida lo hicimos bailando al ritmo del grupo Los Nenes de la Cumbia, quienes compartieron y ofrecieron su música hasta la madrugada.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a cada hermano y hermana, y a cada visitante que se acerca a nuestros territorios a compartir nuestra vida, nuestra cultura e identidad.









EN EL MES DEL AMBIENTE: PORTAL; VICE DECANO de la UNSA, DESMONTA Y DESTRUYE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL PUEBLO DIAGUITA.

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Nuevamente Carlos Portal; el vicedecano de la Facultad de Cs. de la Salud de la UNSa, continua avanzando y usurpando territorio comunitario del Pueblo Diaguita en la Comunidad Diaguita Kallchakí Fuerte Alto UPNDS.

El atropello nuevamente destruye nuestro patrimonio cultural y arqueológico, desmontando bosque nativo sobre cientos de árboles del territorio ancestral Diaguita (Denuncia 10/19 Fiscalía Penal Cachi), con el consecuente daño ambiental que provoca un desequilibrio a nuestra madre naturaleza. 

Portal; ya fue denunciado en trece ocasiones por el Pueblo Diaguita por USURPACION y TURBACIÓN de la posesión ancestral; por explotación infantil; daños al patrimonio de sitios sagrados (bienes arqueológicos), robo a la propiedad comunitaria y por dejar sin agua a familias Diaguitas. 

Además éste funcionario académico, persigue y hostiga a las autoridades y referentes Diaguitas que son trabajadores de la salud y educación con pedidos de sumario por el solo hecho de defender los derechos de los pueblos originarios. 

La salud para nosotros los pueblos originarios siempre está asociada de manera umbilical al territorio, a la identidad y al acceso pleno de nuestros derechos. 

Denunciamos el cerco corporativo mediático provincial que invisibiliza nuestra realidad territorial, encubriendo el accionar sistemático de Carlos Portal, expresidente de afincas, quien en reiteradas oportunidades atropella y ataca nuestro territorio, desconociendo nuestra Identidad cultural en clara violación a nuestros derechos como Pueblos preexistentes. 

Consideramos que la comunidad universitaria y sus electores deben tomar conocimiento de la situación de litigio y avasallamiento a la propiedad ancestral que el Pueblo Nación Diaguita sufre por parte del vice Decano en su Territorio en la Comunidad Diaguita Kallchakí Fuerte Alto.

POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO.
UPND SALTA
Contactos: 3868457125







CONTINÚA LA PERSECUCIÓN JUDICIAL A LA NACIÓN DIAGUITA EN SALTA

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La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita-Salta informa que del 5 al 9 de agosto del corriente año a partir de hs 8:00, comienza el juicio a 7 miembros de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, personería jurídica 1131/12 por defender el territorio y hacer uso de nuestros derechos como Pueblos Originarios preexistentes al Estado, el mismo se llevará a cabo en el tribunal de juicio sala V-Vocalia II Avda Bolivia 4671-segundo piso-Pasillo “E”, ciudad judicial, Expte N°JUI 111727/17 a cargo de la Dra Mónica Faber. 

Se debe al hecho ocurrido el 20 de enero de 2014 cuando el supuesto titular registral Carlos Robles en compañía de la policía intentó colocar un portón en el camino comunitario, por lo cual la comunidad se opuso, ya que estos hechos atentan contra los derechos de los Pueblos Originarios consagrados en la Constitución Nacional y mandaron a reprimir durante 2 días por la policía de la provincia, donde detuvieron a 8 miembros de la comunidad, entre ellos un menor de edad, del concejo de ancianos y Delegados, luego se celebró la audiencia conciliatoria el día 23 de enero de 2014 en el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de Héctor Martínez que duro unas nueve horas.

El juez reconoció a la Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí “Las Pailas”, su derecho originario al Territorio, para ordenar posteriormente el retiro de una tranquera que se había puesto en un camino comunitario con el objetivo de impedir el acceso a la comunidad.

El juez Hector Hugo Martinez en su resolución dice, "intima a Robles a remover el portón o tranquera que fuera instalado el día 20/01/14…en especial se prohíbe la destrucción de todo aquello que indique construcción,…"

Cabe recordar que la Jueza Mónica Faber es quien en 2010 dio la orden de desalojar a 5 familias de la comunidad donde les destruyeron sus viviendas y cultivos. 

También decimos que el Pueblo Nación Diaguita no claudicara en los legítimos reclamos al Estado en la aplicación de los derechos de los Pueblos Originarios.
 
POR JUSTICIA, MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO.

Contactos 
3874892412 
3875119202

"CHUSCHAGASTA ES UN TERRITORIO LIBRE"

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La imagen puede contener: 16 personas, incluido Nancy Chocobar, personas sonriendo, personas de pie y exterior

INICIA UN NUEVO JUICIO ORAL

Comunidad Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita - N° de Inscripción en el Re.Na.C.I. 03/2002, Personería Jurídica Nº 4811.
Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26160 - Res. INAI Nº 450/2014 (mediante el cual se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y pública.). Valle de Choromoro, Dto. de Trancas. Actual provincia de Tucumán.

En el mes de agosto los Pueblos Originarios nos encontramos celebrando y agradeciendo a nuestra Madre Tierra por todo lo que nos brinda. Hoy más que nunca reafirmamos nuestra lucha en defensa del Territorio, siendo la continuidad de nuestros ancestros quienes nos dejaron el legado de reivindicar la identidad Diaguita, resguardar la vida de nuestra Pachamama y de todos nosotros quienes la habitamos desde siempre de generación en generación.

En este mes tan simbólico, los Chuschagastas nos encontramos nuevamente enfrentando otro intento de despojo territorial por parte del asesino usurpador Dario Luis Amín (condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Javier Chocobar), su madre Maria Sofia Herrera de Amín y su hermano Santiago Amín.

En este caso, los Amín embisten contra uno de nuestros comuneros, Enrique Ismael Chocobar, haciendo uso de la figura de “usurpación”.

Una vez más, a menos de diez meses de haber finalizado el juicio por el asesinato de nuestra autoridad, debemos enfrentar un nuevo proceso judicial, con todas las implicancias físicas, psicológicas y económicas que estas instancias conllevan, en un contexto de total desamparo por parte del Estado hacia las comunidades de nuestros pueblos.

Ismael es uno de nuestros referentes políticos en la actualidad, lleva adelante diversos roles otorgados por los Chuschagastas. Es acusado de usurpar la casa perteneciente a sus mayores: Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar, ambos abuelos paternos de Ismael Chocobar, quienes vivieron desde siempre en el territorio que los Amín y sus socios pretenden apropiarse para lucro personal.

Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas “usurpadores- terratenientes”, generando las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de "usurpación", modus operandis de los terratenientes en connivencia con la justicia para el despojo territorial. 

La justicia occidental nos juzga de manera individual, pero la afectación es de carácter colectivo, porque perjudica a todo nuestro pueblo. La justicia de la provincia de Tucumán evita pronunciarse respecto del Derecho Indígena, que constantemente está siendo violado por las familias terratenientes que están enquistadas en los distintos ámbitos del estado provincial.

Nosotras y nosotros, Diaguitas, Pueblo originario preexistente a la creación del Estado Argentino, estamos organizados en nuestro Territorio Ancestral a través de una Institución viva propia como Pueblo originario realizando hasta el día de hoy prácticas milenarias: espirituales, culturales, políticas y sociales. Todas ellas enmarcadas en una cosmovisión que nos conecta con nuestra Madre Naturaleza conviviendo en armonía con el sol, la luna, el agua de manantiales, los sitios sagrados, los ríos, la medicina tradicional, los cerros, los sembradíos, los animales y toda la naturaleza en sí. Nuestro territorio no es solo nuestra casa sino qué también es el dador del sustento diario para todos nosotros y en él descansan nuestros ancestros.

La Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17 como así también la Constitución de la provincia de Tucumán en su artículo 149 (entre otras leyes a nivel nacional e internacional) nos reconoce a los Pueblos originarios como un sujeto colectivo (no individual) con derechos especiales. Es decir, los Chuschagastas tenemos los mismos derechos civiles y ciudadanos que el resto de la sociedad argentina, pero además, por pertenecer a un Pueblo Originario y ser parte de ese sujeto colectivo, poseemos un marco de Derecho Indígena que emana del Derecho Consuetudinario (propio) de cada Pueblo, el cual es de incidencia colectiva, “es decir que afecta a todo el Pueblo en su integridad cultural y territorial.

El Estado Argentino nos exige “adaptación” a sus modelos occidentales de justicia, que no es otra cosa que el fraccionamiento de nuestro ser colectivo hacia un despiadado individualismo propio del sistema capitalista opresor, ejerciendo así el control y la persecución hacia los pueblos originarios.

Exigimos que el Estado se adapte a la realidad plurinacional, y ponga en práctica nuestros derechos colectivos, en ese sentido urge la ley de propiedad comunitaria indígena, para poner freno a los ataques físicos y judiciales que sufrimos constantemente los Pueblos Originarios.

Cabe recordar que el 24 de octubre de 2018 finalizo el juicio oral por el asesinato de nuestra Autoridad Comunitaria Javier Chocobar quién fuera asesinado a quemarropa en ocasión de haber estado defendiendo el territorio ancestral y la vida de los que ese día nos encontrábamos en el lugar, por el asesino Dario Luis Amin, y sus sicarios Luis Humberto “el niño” Gómez y José Valdieso Sassi, estos dos últimos ex policías quienes fueron mano de obra de la última dictadura cívica militar. El ataque perpetrado en nuestro territorio fue realizado el 12 de octubre de 2009 en donde además de asesinar a nuestra autoridad comunitaria, hirieron de gravedad a nuestros comuneros Emilio Mamani y Andrés Mamami. La violencia que debimos soportar ese día los niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y mayores de Chuschagasta nos dejaron secuelas irreversibles todas de incidencia colectiva. El juicio dio como resultado las penas de prisión para los asesinos de: Amín 22 años de prisión, Gómez 18 años y Valdivieso 10 años.

Queda en evidencia el constante hostigamiento, persecución y ensañamiento que padecemos Los Chuschagastas solo por el hecho de ser originarios y habitar en nuestros territorios. Esta violencia la viven todos los pueblos originarios en sus territorios en la actual Argentina y se extiende a lo largo y ancho de América. 

Los asesinatos y los conflictos territoriales no cesarán hasta qué el Estado Nacional restituya los territorios ancestrales como parte de la deuda histórica hacia los Pueblos Originarios.

Somos continuidades Diaguitas, deseamos desarrollarnos en paz en nuestro territorio ancestral. Reafirmamos nuevamente nuestra lucha por la identidad, la vida y el territorio. No reconocemos a “ningún dueño o patrón de estancia” CHUSCHAGASTA ES UN TERRITORIO LIBRE, nuestras generaciones han vivido desde tiempo inmemoriales y de la misma manera lo hacemos hoy en el presente nosotros y nosotras y así lo seguirán haciendo nuestras futuras generaciones.

Por todo ello, convocamos a las organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, organizaciones sociales, políticas, organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en general a acompañarnos, con su presencia física o mediante pronunciamientos públicos, para decir basta de despojo territorial!

¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!

Información del Juicio:
- Fecha y Hora: 9 de agosto de 2019. 8:30hs.
- Lugar: Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán, sito en calle España 430, piso 1º, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
El juicio estará a cargo del Juez. Dr Marcelo Mendilaharzu.

Voceras de la Comunidad Los Chuschagasta: 
Nancy Chocobar (381) 155182405
Mariel Tejeira (381) 155765666
Enviar pronunciamientos y adhesiones a :
loschuschagastadiaguitas@gmail.com
FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar

«VAMOS CON LA VERDAD»

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Un juicio por usurpación a los habitantes de los Chuschagastas

POR EL COHETE A LA LUNA AGO 25, 2019 

La comunidad de Chuschagastas es parte del pueblo diaguita. Sus tierras están ubicadas en el valle de Choromono, del departamento tucumano de Trancas. El territorio está dividido en cuatro bases: el Ñorco, el Chorro, la Higuera y Chuscha donde viven unas cien familias. Desde 2007, una de esas cuatro bases, el Ñorco, es territorio de disputa con una familia terrateniente de apellido Amin por la explotación minera de una cantera de laja.

En 2009 cuando mediaba un amparo judicial de no innovar sobre las tierras, Dario Luis Amin con dos sicarios ex policías intentaron un violento desalojo en el que asesinaron al comunero de Chuschagastas, Javier Chocobar. En 2018, la justicia tucumana condenó a Amin y a los ex policías Luis Humberto Gomez y José Valdivieso Sassi a 22, 18 y 10 años de prisión, respectivamente. Mientras la condena que marcó un hito al establecer el derecho indígena sobre la propiedad aguarda la sentencia firma de la Corte tucumana, la comunidad volvió a ser blanco de una nueva embestida: los Amin ahora impulsan un juicio por usurpación contra el hijo de Chocobar para despojarlos del territorio.

Javier Chocobar.



«Mientras estamos a la espera de la sentencia firme, la misma familia nos acusa de haber usurpado el lugar donde se encuentra la casa perteneciente a la familia Ismael Chocobar, que fue de sus mayores, sus abuelos Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar y que está dentro del territorio de la comunidad», explica Mariel Tejeira, vocera de la comunidad.

Ismael es uno de los referentes políticos de la comunidad. El juicio bajo la figura de usurpación en su contra, es impulsado por el propio autor del asesino de su tío, Dario Luis Amín, por su madre Maria Sofia Herrera de Amín y su hermano Santiago Amín.

«Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas de usurpadores-terratenientes», señala la comunidad en un comunicado distribuido en su página de Facebook. Las persecuciones generan «las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de usurpación, modus operandi de los terratenientes en connivencia con la justicia para el despojo territorial».

El juez Marcelo Mendilaharzu del Tribunal Penal en lo Correccional de Primera Nominación de San Miguel de Tucumán sigue las audiencias del juicio oral que comenzaron el 12 de agosto y se extenderán hasta el 18 de septiembre.

Durante las audiencias declaró Elena Perrilli Colombres de Garmendia, quien se presentó, recuerdan en la comunidad como especialista de indios. «En la sala, nos remontó la nefasta época de la colonia. Repudiamos su relato donde en todo momento se refirió a nosotros y nosotras como indios mientras resaltó las bondades de los españoles para con nosotros«.

La comunidad está ubicada a tres horas de la sede judicial con familias localizadas en una montaña a ocho kilómetros de la ruta más cercana. Los días de audiencia, salen a las cinco de la mañana para subir a un tractor comunitario en dirección a la ruta, donde esperan el colectivo de las seis de la mañana para llegar a las audiencias a las ocho y media. El recinto tiene sólo espacio para unas diez personas pero eso no les impone ningún límite. Toda la comunidad viaja hacia el edificio de tribunales para quedarse en la puerta de la sala sólo a acompañar a los que están adentro, una práctica aprendida durante el juicio del año pasado que resulta fundamental.

«Hasta ahora llevamos seis días de audiencias en las cuales se puede ver la inconsistencia de los planteos y de las pruebas de la familia Amin», dice la joven vocera. «Se ve que tienen que mentir pero tan mal que se van pisando unos con otros, ni siquiera se pusieron de acuerdo. Nosotros salimos fortalecidos del juicio del año pasado porque nos tuvimos que enfrentar con tres asesinos y ahora volvemos a enfrentarnos con la misma familia, pero seguros que vamos con la verdad».

Durante el episodio de 2009, uno de los agresores hizo un registro de los momentos previos al disparo mortal. Necesarios para inscribir este nuevo episodio.

Los instantes previos al asesinato de Javier Chocobar
https://www.youtube.com/watch?v=xZq_mzJSO5M


Los Amin reclaman la tierra sobre la cual dicen poseer derechos de propiedad sostenidos en papeles cuya veracidad nunca pudieron demostrar. No es la primera vez que inician un juicio. Y de hecho, los episodios de violencia de 2009 se desataron después de largos procesos judiciales que incluyeron un amparo cuando los Amin iniciaba un permiso de minería para explotar la cantera. Para resumir, dice Tejeira, «todo esto se remonta a la época del padre del asesino Amín que ya venía a hostigar a la comunidad diciendo que era el dueño y reclamando el pago de un derecho de pasaje. Nunca el Estado los reconoció como dueños, pero siempre impulsaron juicios de desalojo para sacar a las familias. Y no lo lograron porque los juicios siempre fueron ganados por la comunidad».

Según los integrantes de la comunidad, los Amin lograron correr los límites de su propiedad para extenderse sobre la cantera. Uno de los temas de disputa en la audiencia. El jueves 15 de agosto declaró Audolio Chocobar, hijo de Javier y primero de Ismael. Al ser consultado por el abogado de la comunidad sobre la ubicación de la cantera de lajas y la casa de Ismael, respondió qué tanto la casa habitada por Ismael Chocobar como la cantera de lajas se encuentran dentro del territorio de Los Chuschagasta y que ambos fueron relevados mediante la ley N° 26.160 en 2013. Datos que se encuentran en la carpeta del relevamiento territorial.

«Para ellos el valor de la tierra es económico, nosotros no queremos el territorio para hacer explotación de la laja porque no es un recurso económico sino el cimiento de nuestras casas», continúa Tejeira. «Sabemos que vamos con la verdad y estamos fortalecidos, pero también sabemos que mas allá del resultado, la lucha por el territorio que no está saldado porque no hay una Ley que respalde la propiedad comunitaria que es el sentido de nuestra lucha».


Un fallo llevó alivio a la comunidad de los Chuschagasta

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La Justicia absolvió a dos comuneros denunciados por usurpación. “Este juicio no se hizo contra dos individuos, es un ataque a toda la comunidad”, consideró Ismael Chocobar
 
Por Valeria Totongi


PRESENCIA. Unos 20 miembros de la comunidad viajaron desde El Chorro para presenciar el final del juicio.

Ismael Chocobar y Demetrio Valderrama regresaron al territorio de su comunidad, Los Chuschagasta, en el paraje El Chorro, absueltos del delito de usurpación. Los había acusado Sofía Herrera, madre de Darío Amín, preso por el crimen del dirigente comunitario Javier Chocobar, en 2009.

Valderrama era cacique en 2011, cuando Herrera inició la denuncia, y Chocobar, sobrino del dirigente asesinado, es el trabajador social de esa comunidad diaguita, que volvió a vivir en El Chorro después del asesinato.

La acusación sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda ubicada junto al lugar donde había colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.

Herrera sostiene que los terrenos donde está emplazada la casa fueron adquiridos por su familia en un remate, en 1952, y que ella los heredó. Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia.

La casa del conflicto -según surgió en el juicio- fue construida por Fortunata Díaz, la abuela de Ismael. Así lo ratificó Néstor Chocobar, padre de Ismael, cuando declaró en el juicio, que comenzó el 9 de agosto y terminó ayer. Así, el fallo del juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, ratifica, según considera la comunidad diaguita Los Chuschagasta, sus derechos sobre las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, entre las que se encuentran las bases territoriales de El Chorro, La Higuera y Ñorco.

Las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, que incluyen la cantera de laja y la casa que son parte del conflicto, son parte de una disputa que tuvo su pico el 12 de octubre de 2009, cuando Amín, acompañado por Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, llegó armado a la base territorial comunitaria de El Chorro. Ese día, Gomez sacó una pistola y se inició un tiroteo que terminó con la muerte de Chocobar y que causó graves heridas a Andrés y a Emilio Mamaní.


EMOCIONES. Chocobar recibió los saludos de sus familiares y amigos.

Pero el conflicto por esas tierras no comenzó ese día, sino que tiene más de 40 años, y así lo expresó Valderrama en sus últimas palabras, antes de escuchar el fallo.

“Desde el año 77 venimos con estos juicios (por la propiedad de las tierras). Primero fue mi padre y ahora yo, a mis 75 años, tengo que seguir con estas denuncias”, dijo el ex cacique de la comunidad. Para él, la defensa y la fiscalía habían pedido la absolución porque no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho de la denuncia.

Chocobar se extendió más en sus últimas palabras, y se refirió al pedido que había hecho el fiscal Ernesto Salas, de que se lo condene a la devolución de la casa en conflicto.“No podría devolver algo que es de mi familia”, dijo.

También defendió la plena vigencia de las leyes que establecen derechos de las comunidades indígenas, como la ley 23.302, que crea del INAI, y la ley 26.160, que declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”. La vigencia de esta última fue prorrogada hasta noviembre de 2021, por la ley 27.400.

Esa normativa “no es una ilusión, como dijo el fiscal”, argumentó Chocobar, antes de volver sobre dichos del fiscal Salas: “El fiscal se refirió al crimen de mi tío como ‘el incidente’ o el ‘hecho desafortunado’. No fue un incidente, fue un asesinato, y Salas lo nombra así solamente porque es la muerte de un Diaguita”, señaló.

Se dirigió también al abogado Juan Robles, representante de Herrera, quien en su alegato dijo que la familia Amín va a estar de nuevo en el territorio. “Ya hubo una muerte y a la comunidad le costó mucho salir del miedo que dejó ese crimen”, insistió.

La Justicia ratificó los derechos ancestrales de Los Chuschagasta

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Viernes 04 de Octubre de 2019

Ismael Chocobar se funde en un abrazo con su familia tras conocer el fallo absolutorio del juez Mendilaharzu./Foto: Carolina Lescano. 

El juez Marcelo Mendilaharzu absolvió a los dos comuneros acusados de usurpar sus propias tierras. La denuncia la había interpuesto la madre del asesino de Javier Chocobar, dos años después de que su hijo matara al referente de la comunidad.


La comunidad indígena Los Chuschagasta vivió una nueva jornada histórica en Tribunales, luego de que el año pasado el Tribunal integrado Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, condenara al terrateniente Darío Luis Amín (22 años) y a los ex policías, Luis Humberto Gómez (18 años) y Eduardo José Valdivieso (10 años), del asesinato de Javier Chocobar.

Este viernes, el juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, decidió absolver a Ismael Chocobar, sobrino del referente originario asesinado, y al ex cacique Demetrio Valderrama, de la denuncia interpuesta por Sofía Herrera, madre del asesino Darío Amín, por usurpar las tierras donde ellos mismos viven y que se encuentran dentro de los territorios que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como patrimonio ancestral de los Chuschagasta. Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de octubre al mediodía.

La acusación, iniciada por Herrera en el 2011, sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda que colinda con el lugar donde habían colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas. En tanto que Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia. La demandante sostiene que los terrenos en donde está emplazada la casa le pertenecen a su familia desde 1959 y que ella los heredó. 

Más allá de la situación de los comuneros acusados, la comunidad entiende que el fallo de Mendilaharzu es una ratificación de los derechos sobre las tierras que ocupan desde el tiempo de sus ancestros y, en consecuencia, puede contribuir a poner punto final a una disputa de vieja data. “Esta sentencia favorable puede ser el impulso que necesitábamos para que el Estado avance en la titularización formal de nuestra propiedad colectiva”, expresó Ismael Chocobar, tras conocer su absolución.

“El fallo se tenía que resolver de esta manera, después de un proceso que ellos no pudieron sostener, porque estaba claro que era un ataque institucional hacia nuestra comunidad. Creemos que la nueva creación de una nueva sociedad más inclusiva y democrática no se puede hacer desconociendo los derechos indígenas y atacando al otro cultural, que somos nosotros los originarios”, subrayó.

El abogado de la comunidad, Dr. Carlos Garmendia, coincidió con la apreciación del originario y consideró que el fallo marca un antecedente importante para todas las comunidades, "ya que conjuga una nueva herramienta jurídica para luchar por sus derechos y quizás sentirse más protegidos".

Con esta nueva herramienta jurisprudencial, Los Chuschagasta esperan que el Estado “dé un salto de calidad en el derecho de los pueblos y empiece a trabajar para resolver estos conflictos, cuya salida no es otra que la ley de propiedad comunitaria indígena”, una herramienta creada a los fines de poner freno a los ataques físicos y judiciales que constantemente sufren los pueblos originarios, pero que lamentablemente nunca superó la instancia de anteproyecto. “Sin esta ley, el resguardo de los derechos comunitarios y de las personas que integran las comunidades va a ser imposible”, remarcó Chocobar.

Sobre la implicancia que la sentencia puede tener en materia normativa, Garmendia fue cauteloso y sugirió esperar a conocer los argumentos del fallo. Sin embargo, sostuvo que “es muy importante para la lucha de las comunidades originarias. Es una costumbre de los terratenientes denunciar por usurpación a quienes siempre han vivido en los territorios que quieren explotar, que son las comunidades originarias. Este fallo es un buen antecedente para poner freno a las pretensiones de los terratenientes”.

“Hoy la comunidad de Los Chuschagasta está muy fortalecida porque la justicia reconoció los derechos que tienen sobre sus territorios”, sentenció.




El crimen de Javier Chocobar aún sin sentencia firme

A casi un año de la condena de Amín, Gómez y Valdivieso Sassi, aún no quedó firme la sentencia debido a que se tramita un recurso de casación presentado por las defensas de los asesinos del comunero. Por este motivo, el Pueblo de la Nación Diaguita marchará el próximo 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), cuando se cumplan 13 años del asesinato de Javier Chocobar, para exigir celeridad en la resolución del tribunal de segunda instancia. “No tenemos dudas de que la condena va a quedar firme, pero queremos que no se dilate más”, expresaron.

“Juntos por memoria, identidad y territorio”

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Encuentro de pueblos originarios en Salta

Organizaciones indígenas se reunirán para debatir sobre territorio, salud, educación y patrimonio. Será el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta.
Por Claudia Alvarez Ferreyra

Encuentro en la UNSa Imagen: UPND

El encuentro busca generar un espacio de debate, propuestas y consensos sobre las políticas específicas que necesitan los pueblos indígenas. Las actividades tendrán lugar por dos días en jornadas que se extenderán desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Están destinadas a las organizaciones territoriales originarias y se abre a la participación intercultural para quienes quieran compartir espacios de construcción colectiva.

David Pastrana, delegado de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) contó a Salta/12 que este encuentro será continuidad de otros que se realizaron en la provincia y a nivel nacional. En 2017 se hizo el primero de forma ampliada que invitaba a toda la sociedad a participar en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este año se concretará en Salta Capital. Hasta el momento confirmaron su presencia 15 organizaciones indígenas.

Pastrana dijo que en la provincia tienen un registro de 800 comunidades indígenas, con y sin personería jurídica. Desde el encuentro fomentan la participación de las organizaciones con mandatos en los territorios, como instituciones propias de los pueblos, y que desde sus propios procesos lleven la vocería. Pastrana enfatizó que quieren “fortalecer los procesos organizativos”.

Señaló que unidos deben forzar a que se cumplan sus derechos ya consagrados porque ni el Estado provincial ni el nacional los están garantizando. El delegado dijo que los pueblos originarios están requiriendo un cambio profundo y urgente en las políticas que se implementan. En Salta, Pastrana consideró que la mirada del gobierno sobre los y las indígenas se da "desde el asistencialismo, desde la necesidad, o como un problema. Nunca como sujetos de derechos. También le servimos para fines turísticos como folklore".
“Que nos dejen de avasallar”

"Es importante empezar a proyectarnos en nuestro territorio con identidad. Salir del estado de resistencia que tenemos hoy". Para lograr eso, dijo que es prioritario que se resuelvan las titularizaciones de las posesiones comunitarias y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) termine con los relevamientos territoriales.

Los avances y retrocesos que hubo en estos últimos años serán analizados en el encuentro. "Que no tengamos que estar todos los días peleando para sostener nuestra posesión en los territorios, que nos dejen de avasallar. Muchas veces no se entiende un desalojo porque dicen que no invaden nuestras casas, sino los bosques donde desmontan y plantan soja, pero para nosotros es un desalojo porque ya no queda donde ir a cazar, a recolectar frutos y hay que trasladarse a los conurbanos de las ciudades, (relegados a) la pobreza absoluta, a ser mano de obra barata o vivir del asistencialismo ", acotó Pastrana.

La Universidad ofreció el espacio y la comida para que se pueda realizar el encuentro. Pastrana dijo que están gestionando el hospedaje en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para quienes se trasladan del interior. No hay apoyo económico del Ministerio de Asuntos Indígenas, es "un desgaste ir a pedir porque quieren capitalizar todo de forma política". "Nos faltan los traslados", contó el referente, aunque aclaró que es una autoconvocatoria y que el encuentro es autónomo. Las organizaciones originarias deben viajar desde diferentes puntos de la provincia como Aguaray, Tartagal, Embarcación, Orán, Pichanal, Iruya y Santa Victoria, "cada una está viendo cómo llegar".

En tiempos electorales, Pastrana dijo que van a invitar también a candidatos y candidatas: "Hoy no toman la cuestión política de los temas indígenas. Queremos hacerles ver que venimos trabajando en los territorios y que es necesario que haya políticas públicas. Forzar a hacerles hablar sobre qué van a hacer con los desalojos, con la ley de propiedad comunitaria indígena".

"Esperamos la participación de la sociedad, indígena o no, y que los candidatos se hagan presentes para dialogar las propuestas que tienen para nosotros si es que las tienen. En pos de la implementación de los derechos y el buen vivir".

SALTA ORIGINARIA

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"Encuentro de Pueblos Originarios, Juntos por Memoria, Identidad y Territorio” 




Durante los días 10 y 11 de octubre del corriente, en las instalaciones de la Universidad nacional de Salta, las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, reunidas en el “Encuentro de Pueblos Originarios, Juntos por Memoria, Identidad y Territorio”, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre como el ULTIMO DÍA DE LIBERTAD de los Pueblos Originarios en Amerika, haciendo ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios y colectivos, asumiendo la palabra y la vocería en primera persona a través de nuestras autoridades tradicionales, con el mandato de nuestras instituciones organizativas; visibilizamos frente a la sociedad nuestra realidad territorial, cultural y política como Pueblos Originarios preexistentes. Autoridades y miembros de Pueblos y cuerpo de C.P.I. consensuamos el desarrollo de acciones concretas en respuesta a los distintos conflictos territoriales que nos afectan, acordando un posicionamiento político que exija el pleno cumplimiento de nuestros derechos reconocidos, fruto de la lucha histórica de nuestros pueblos. 


Exigimos: 


• La DECISIÓN POLÍTICA DEL ESTADO para atender el reclamo de los Pueblos sobre la posesión ancestral, acelerando los procesos de ejecución y continuidad permanente de la Ley de Relevamiento Territorial, N° 26.160 y prórrogas correspondientes, que se encuentran hoy paralizados. 

• El DIÁLOGO directo entre el Estado y las Instituciones legítimas y representativas de los Pueblos Originarios, sin intermediarios y garantizando la participación plena y efectiva. 

• Una LEY NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN a los Pueblos Originarios, proceso fundamental para la puesta en práctica del dialogo Intercultural con el objetivo de resolver la conflictividad territorial en el marco de los Estados plurinacionales, respetando la diversidad cultural y el Derecho originario a decidir con autonomía y libre determinación sobre todo aquello que nos afecta, partiendo de la implementación del protocolo de consulta y participación elaborado y presentado por las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en el año 2014 ante el Congreso de la Nación. 

• El urgente tratamiento del ante proyecto de la LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA elaborado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y presentado en el Congreso de la Nación. 

• En materia de VIVIENDA Y HÁBITAT, respetar los sistemas propios de los Pueblos, teniendo en cuenta al sujeto de derecho y validando sus conocimientos y saberes sobre un hábitat sustentable. 

• La plena aplicación de la LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR, N° 27.118, con su presupuesto correspondiente y el establecimiento de políticas públicas específicas para el sector que garanticen el acceso a territorios sustentables y al Buen Vivir. 

• La urgente RESTITUCIÓN de los Niños de Llullaillaco por parte de la provincia de Salta, prohibiendo la exhibición de cuerpos humanos. 

• La inmediata REFORMA Y ACTUALIZACIÓN de la Ley N° 7.121 de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta y su correspondiente reglamentación. 

• Que la calidad de atención en materia de SALUD responda a nuestras necesidades como Pueblos y a las condiciones de vida en cada uno de los territorios. Por ello se exige al ejecutivo provincial la urgente reglamentación de la Ley Provincial N° 7.856. 

• El pleno cumplimiento de nuestro derecho a una EDUCACIÓN propia. Es evidente la necesidad de transformar la Legislación de Educación Intercultural y superar la figura del Auxiliar Bilingüe Intercultural, efectivizando la “pareja pedagógica” de forma tal que los docentes de Pueblos puedan definir la selección de contenidos para su enseñanza. Exigimos la presencia de docentes idóneos en las Escuelas de cada territorio originario. 

REPUDIAMOS y denunciamos los hechos de violencia contra nuestros Pueblos Originarios que se vienen generando en todo nuestro Abya Yala, en particular hoy en el Estado ecuatoriano, y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo intercultural, atendiendo a las demandas de un Pueblo movilizado. 


Como Pueblos Naciones preexistentes valoramos y reconocemos el espacio de articulación que se ha consolidado durante el Encuentro entre las Instituciones de Nuestros Pueblos y la Universidad. 

Demandamos la continuidad de estas instancias de diálogo intercultural y la presencia de Instituciones y Organismos de aplicación del derecho indígena, tanto nacionales como provinciales. Les exigimos a los funcionarios de turno que se hagan cargo del rol asumido y trabajen realmente en políticas públicas para los Pueblos Originarios y sus comunidades. 

En el marco de la coyuntura electoral es necesario que los distintos frentes políticos asuman la agenda originaria y recepten nuestras propuestas de políticas públicas como mandato de cada uno de nuestros territorios. 

Saludamos a los cuatros vientos de cada uno de los territorios organizados, a sus autoridades y espacios comunitarios. 

Acá estuvimos, estamos y estaremos por siempre en nuestros Territorios, luchando por lo nuestro, como lo hicieran nuestros mayores. Honramos su memoria continuando el legado de Identidad, Autonomía y Territorio. 

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO! 


¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO! 


¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA! 


¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN! 



Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta 
Red del Pueblo Atacama 
Qullamarka 
Consejo de Organizaciones Wichí zona Bermejo 
Consejo de Caciques Wichí de Metan – Anta 
Consejo de Caciques del Pueblo Weenhayek 
Organización del Pueblo Chorote – Tartagal 
CCOPISA – Organización de Pueblos Guaraní, Wichi, Chorote, Qom - Toba, Chulupí, y Tapiete 
Agrupación de Comunidades Indígenas del Departamento San Martin 
Honat Leles 
Pueblo Iogys 
Consejo del pueblo Tastil 
Pueblo Lules 
Federación Wichi Cuenca del Río Bermejo 
Y demás comunidades participantes,


Contacto Prensa: 387 5886761/387 4892412





El Foro Agrario de Salta llamó a la unidad para terminar con el hambre

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Pidieron la creación de Consejo Provincial 
También solicitaron un comité de emergencia territorial para “canalizar los conflictos territoriales” desde las organizaciones campesinas e indígenas. 



La feria en el centro del estadio 

El Foro Agrario Soberano y Popular se desarrolló en la provincia con más de 300 personas que se reunieron en el Club Libertad de la ciudad salteña. Sus participantes llamaron a la unidad y señalaron la necesidad de implementar un modelo de soberanía alimentaria en todo el territorio. En la declaración final, anunciaron que están “para terminar con el hambre en Salta y Argentina”. Además, pidieron que se cree un Consejo Provincial para elaborar políticas públicas entre las organizaciones y el Estado provincial. 

Diversas organizaciones campesinas e indígenas se reunieron el sábado desde las 9 en lo que fue el Capítulo Salta del Foro Agrario Soberano y Popular. El eje central de la jornada estuvo en la importancia de marcar la unidad de las organizaciones campesinas e indígenas, de trabajadores rurales y estatales, acontecimiento que marcó un precedente en la construcción conjunta, algo que, hasta el momento, no se había logrado de manera tan efectiva. 

“Es tiempo para ser protagonistas de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. Es tiempo de Unidad”, dijeron en la declaración final del encuentro.

La referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina Salta, Noelia Lopez, señaló que existe una “gran responsabilidad de venir de los territorios campesinos e indígenas para debatir y poner nuestras problemáticas con la intención de mejorar nuestros territorios”. Instó a replicar lo sucedido desde cada uno de los lugares de las organizaciones. “Para que los y las compañeras que no han podido llegar puedan saber lo que estamos haciendo”. “La unidad es la que nos hace el camino y esto es una gran apuesta”, manifestó.



Por más de cuatro horas, los presentes se dividieron en nueve comisiones: pueblos originarios, género, tierra y territorios, comercialización, trabajo rural, sistema productivo, agua, juventud y arraigo rural y participación y políticas públicas. Muchas de las temáticas estuvieron relacionadas a lo trabajado en el Foro Nacional Agrario que se realizó en Buenos Aires en mayo y que nació desde una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con varias organizaciones de productores. 

El referente de la UTT, Nahuel Levaggi, contó a Salta/12, que lo ocurrido en mayo fue "para discutir la integralidad del modelo agropecuario que tenemos en la Argentina y que nunca se discute. Se da por hecho un modelo agropecuario en relación a la agroexportación y nunca se pone en discusión para qué sirve el campo, la tierra y en función de qué está". 

En este sentido, estuvo la importancia de abordar en profundidad lo que sucede en Salta. El dirigente del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), David Pastrana, afirmó que es necesario ver “cuáles son, en la provincia, los puntos importantes para abordar y proponerlos al Estado provincial y a los municipios como políticas públicas hacia el sector”.

Dijo que uno de los desafíos de los pueblos remite a la lucha por los territorios. “Peleamos para que la tierra sea territorio. Que se hable de territorio porque para nosotros es la forma de vivir, en armonía y es un modelo de producción diferente al modelo extractivista”, advirtió. Señaló que “ahí está el desafío conjunto entre todas las organizaciones nuestras, en poder crear ese modelo”.

En este sentido, destacó la importancia de la soberanía alimentaria. “La soberanía no solo en decir qué podemos comer sino en comer sano también”, aseveró. Un ejemplo fue la feria de productos locales y de cosecha que se pudo observar en el centro del estadio. Allí, los presentes pudieron comprar e intercambiar verduras, frutas, vinos, envasados y tejidos. 

En el documento de cierre, expresaron que la convocatoria fue “para decir que estamos para terminar con el hambre en Salta y en Argentina, y estamos para ser protagonistas del programa de lucha contra el hambre”. Haciéndose eco del programa nacional que anunció en noviembre el próximo presidente, Alberto Fernández. 

“Somos soberanía alimentaria, porque la vuelta al campo, el arraigo, es parte del futuro para nuestros jóvenes. Porque somos parte de nuestros montes y sin ellos no hay vida”, manifestaron. 


La protesorera de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF) y dirigente campesina de Morillo, Lucía Ruiz, hizo hincapié en “buscar la unidad” por el “desastre” al sector de la agricultura familiar que provocó el gobierno nacional de Mauricio Macri. Consideró que si “desde los gobiernos construyen las políticas públicas para nuestro sector, seguramente vamos a empezar a ver mejorar”.

Señaló que en varios lugares “falta agua, caminos, mercados que vengan hacia las grandes ciudades pero desde los pequeños productores. Falta conversar sobre la tierra y el territorio. Pedimos políticas públicas para nuestro sector para que tengamos lo que realmente nos merecemos”.

Desde el Foro solicitaron que se cree un Consejo Provincial “donde las organizaciones y el gobierno provincial puedan elaborar políticas para nuestro sector, así como en los municipios”. Agregaron que también debe crearse “un comité de emergencia territorial donde poder canalizar los conflictos territoriales con la voz de nuestras organizaciones”.

Participaron de la jornada organizaciones campesinas, pueblos originarios, agricultores familiares, trabajadores rurales, trabajadores estatales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y del Instituto Nacional en Tecnología Agropecuaria, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

El compromiso legislativo

Entre las acciones para la jornada estaba la convocatoria a los funcionarios nacionales y provinciales para que escucharan las demandas discutidas. Estuvieron los diputados nacionales Lucas Godoy y Juan Ameri y los diputados provinciales, Ramón “Rana” Villa, Ivan Mizzau y Jorgelina “Koky” Juarez. Todos asumieron el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta.


Para Godoy, “el Estado, las organizaciones del tercer sector, las iglesias, las comunidades, las universidades y los movimientos” tienen que fortalecer el trabajo mancomunado. Además, agregó que fueron "a pedirles que estemos atentos para sostener las conquistas legales que hemos logrado”. Entre ellas, la ley N° 7.658, que en noviembre conquistó la prórroga por dos años para evitar los desalojos a familias rurales y pequeños productores agropecuarios.

El diputado Villa señlaó que “no es fácil (legislar) en una provincia donde gobierna el conservadurismo puro, no es fácil sacar leyes como las que hemos sacado”. Dijo que con la compañía y el sostén de las organizaciones se pudo "luchar leyes en beneficio de la agricultura familiar”. “Nos comprometemos a seguir trabajando desde la Cámara de Diputados”, aseguró.

Godoy celebró la gran convocatoria y pidió por las conclusiones finales de la jornada. “A partir de ahí vamos a trabajar para recuperar los niveles de salud, de alimentaciones. Trabajar en el fortalecimiento y en las creaciones de derechos, que valores fundamentales para nuestra sociedad salteña”, sostuvo.

PIÚL TERRITORIO DIAGUITA – III FIESTA DE LA ARVEJA

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El sábado 26 de enero de 2020 la Comunidad Diaguita Kallchakí de Piúl, Payogasta, Cachi Salta, invita y convida a compartir la celebración de la “III FIESTA DE LA ARBEJA”. 

Esta celebración se relaciona con el ciclo y el tiempo de la cosecha de la Arveja, producto que acompaña el desarrollo productivo de la agricultura Diaguita en estos territorios. 

Esta actividad contará con presencia de autoridades, delegados y miembros comunitarios, autoridades y delegados de la UPND Salta. 

La celebración iniciará con Ceremonia a la Madre Tierra, momento de agradecimiento y convido por todo lo que el territorio provee y alimenta para el Buen Vivir de cada familia Diaguita. 

Al mediodía se ofrecerá una degustación de comidas tradicionales, asados de cabrito y cordero, variedad de empanadas de carne cortada a cuchillo, habas con queso, humitas, empanadas de dulce de cayote, anchi, mazamorra, vinos de altura agroecológicos Kallchák. 

Los productores Diaguitas ofrecerán arvejas, papas, poroto pallar, choclos, habas, zapallos, morrones, zanahorias, tomates, lechuga, pimentón molido, miel, vinos de altura y agroecológicos, hierbas medicinales, cedrón, muña, kimpe, inkayerba, ajenko, arte diaguita, trabajos en cuero, cintos, toquillas, lazos, cabrestos, cabalgatas a caballo con recorridos por partes del Territorio comunal. 

La jornada cultural ofrecerá la música y el canto de nuestros valles con participación de bagualer@s y copler@s, donde el hermano Bagualero Raúl “Tapita” Tapia miembro de Piúl será uno de los anfitriones que saludaran con cantos y coplas a cada visitante. 

El Patio Carpero contará con la presencia de artistas y músicos del Valle, con la participación de Canto Calchaquí, Sangre Vallista, Los Carperos, Los Hermanos Lera, los Nenes de la Cumbia entre otros grupos que darán alegría y color al inicio del “carnaval de ablande”, acompañado de juegos con serpentinas del PUJLLAY, con albahaca y harina. Se invita a tod@sl@smusic@s y artist@s que quieran participar con sus cajas, canto e instrumentos. 

La Comunidad Diaguita Kallchakí Piúl invita y convoca a toda la sociedad y l@s espera para compartir y disfrutar esta fiesta comunitaria y territorial. 

Contacto: 387 5298103

Discriminación y barrera idiomática: grandes flagelos que impiden a los Pueblos Originarios acceder a la salud

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Hombre blanco habla con lengua de serpiente









DDN. Ayer se llevó a cabo la mesa multisectorial convocada por el gobernador Gustavo Ruberto Sáenz, con el objetivo de evaluar la situación en la que se encuentra el norte provincial y discutir las políticas a implementar, aunque no convocó a referentes de las naciones originarias para participar. Tras la reunión se procedió a la declaración de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán. Pese a la delicada situación provincial la prensa tuvo muchos inconvenientes para poder informar lo que allí sucedía.

Según informó el periodista Alexis Miranda para Libertos, se estableció que las y los trabajadores de prensa no podían estar en el espacio por el que ingresaban los asistentes. Además, se negó el ingreso a quienes no portaran una cámara fotográfica. Un dato no menor, es que uno de los asistentes estaba jugando al tetris mientras se desarrollaba la Mesa Multisectorial que tiene como objetivo abordar la crisis que atraviesa el norte y que ya se cobró la vida de 6 niños que tenían entre 0 y 3 años.

La convocatoria fue realizada a las 19 horas y se entendió hasta, aproximadamente, las 22. De la misma participaron funcionarios de distintos poderes y jurisdicciones. Según lo que pudo contabilizar este medio, por la restricción de la prensa, estuvieron presentes los diputados Héctor Chibán, Mónica Juárez, Ramón Villa e Ignacio Jarsún. El senador MashurLapad. Los intendentes Rojelio Nerón, de Santa Victoria Este y Mario Mimessi deTartagal. Los diputados nacionales Lucas Godoy, Verónica Caliva yMartín Grande. Los senadores nacionales Sergio Leavy y Nora Giménez. De los funcionarios nacionales participó Pamela Ares quien es miembro del Consejo Coordinador de Políticas Sociales de Presidencia.

Llamativamente, porque había anunciado que participaría de la mesa multisectorial, el senador nacional Juan Carlos Romero no estuvo en la reunión. Tampoco se hicieron presentes los diputados nacionales Andrés Zottos, Miguel Nanni, Virginia Cornejo y Juan Ameri. También se destacó por su ausencia el intendente de Orán, municipio que también fue declarado en emergencia, Pablo González.

Waldo Menéndez, uno de los miembros de la comitiva del intendente wichi de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón, solicitó la asistencia del ejecutivo provincial ya que la situación en el municipio es crítica.“Los reclamos de la zona se los cargan al intendente, pero lamentablemente por no tener los recursos para afrontar los problemas la situación se vuelve difícil”, expresó.

“Nuestras problemáticas en el chaco salteño son muy amplias, no las podemos evaluar en segundos. El tema del hambre, la seguridad, el tema de los desbordes de los ríos, la situación de las comunidades, es preocupante”, enfatizó Menéndez y aseguró que en el Hospital cabecera de Santa Victoria falta insumos, medicamentos.

Discriminación y barrera idiomática: grandes flagelos que impiden a los pueblos originarios acceder a la salud


Ulises Yanes, comunicador Diaguita y Delegado en salud intercultural, se refirió a la mesa multisectorial convocada por el gobernador Gustavo Ruberto Sáenz, a la que no fueron invitados los referentes de las comunidades originarias, pese a que 5 de los 6 niños que murieron por causas prevenibles pertenecían a la etnia wichi.

“Lo que sucede es que nunca convocan a las organizaciones o a las instituciones legítimas de cada uno de los pueblos o naciones originarias para ver cómo tratar de resolver estas cosas”, enfatizó Yanes.

Al ser consultado por cuál es la situación en la que se encuentran las comunidades de pueblos originarios frente al acceso a la salud pública, Yanes afirmó que “no hay voluntad política” ya que estuvieron trabajando en una ley de salud intercultural que nunca se reglamentó.

“Nosotros somos parte de una red de salud intercultural que está integrada por la mayoría de los Hospitales cabecera, personas que se comprometen con nosotros los pueblos, y a partir de ahí tratar de resolver algunas cuestiones que pasan los hermanos acá, más que nada en la ciudad”, planteó el delegado de salud intercultural, pero aclaró que la ley aún no se encuentra reglamentada por lo que es necesario que haya facilitadores interculturales que hagan todo el seguimiento de quienes pasan por el Hospital.

Asimismo, planteó:“Se estigmatiza al saber ancestral que tienen los pueblos. Si no se entiende que en la salud intercultural se deben complementar el saber científico de salud y el saber ancestral de los pueblos es difícil”, y agregó: “Muchas veces, los gobierno o los funcionarios que están a cargo de alguna institución piden que los hermanos entiendan. Nosotros exigimos también que el Estado nos entienda a nosotros de qué políticas públicas queremos que se implementen en los territorios porque siempre van con una receta que no está adecuada”.

“Una de las principales causas por la que los hermanos no quieren asistir a los hospitales es la discriminación y otra la barrera idiomática. Son dos factores.


Mascotas sí, Pueblos Originarios no

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Sáenz puso en Salud una dependencia de Bienestar Animal

Así surge de la nueva estructura del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial. Bienestar Animal aparece con una jerarquía que sería más alta que el programa dirigido a los pueblos originarios. 

Por Laura Urbano


La nueva estructura del Ministerio de Salud Pública de Salta salió simplificada. “Achicada”, calificaron algunos gremialistas que la ven con un poco de recelo pues temen que la reorganización implique la pérdida de puestos dentro de la cartera sanitaria.

Pero la mayor advertencia ya se había señalado desde antes cuando referentes originarios se enteraron de que el Programa de Relaciones Interculturales podía desaparecer de la estructura. Otra Secretaría que se quitó y que se encontraba en la anterior estructura fue la de Nutrición y Alimentación Saludable.

Para las comunidades que vienen trabajando en una Red de Salud Intercultural, el Programa de Relaciones Interculturales, que se sostenía con el trabajo de dos personas, representaba la “piedra basal” de un proyecto necesario y más ambicioso. Esa fue la definición del referente de la Unión de Pueblos la Nación Pueblo Diaguita (UPND) y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), David Pastrana. Se mostró preocupado por la decisión ya plasmada con la publicación del decreto N° 124 el jueves que pasó.

La secretaria de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Irma Silva, afirmó ante Salta/12 que quienes estaban dentro del programa van a quedar bajo la órbita de la dependencia a su cargo. Aunque reconoció que aún no se tiene definida la denominación de esta nueva dependencia, dijo que se va a articular lo necesario para continuar con lo que se venía planteando. “Lo importante es que no se pierdan los trabajos”, dijo.

Bienestar Animal

Llamó la atención que dentro de la estructura ingrese “Bienestar Animal” en directa dependencia de la figura del Ministro de Salud. Pese a que se pidió explicaciones, que en principio se derivaron a la titular de Desarrollo Organizacional, Celina Caro, la respuesta fue que “la estructura está en el Boletín Oficial y es lo que está vigente”.

Bienestar Animal es una dependencia que se trasladó desde el municipio de Salta Capital a la Gobernación con el traspaso de cargos de intendente a gobernador de Gustavo Sáenz. De hecho, uno de los principales caballitos de campaña del actual gobernador fue el Hospital de Mascotas, defendido a capa y espada por los proteccionistas de animales. Esas asociaciones salieron a organizarse para erradicar los carros a caballo que manejaban muchas familias de ingresos económicos más bajos de la capital salteña.

Conocedores de la organización del Estado provincial afirmaron que “nunca” había estado Bienestar Animal en la estructura del Ministerio de Salud. En los archivos de los decretos gubernamentales se encuentran rastros del programa de Zoonosis pero en la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

Veterinarios que trabajan en el Hospital de Mascotas entendieron que la incorporación de la dependencia en el Ministerio de Salud es importante. Para ellos, desde allí se pueden tratar las enfermedades que transmiten los animales. Entre ellas, la rabia, o la enfermedad de las garrapatas.

Sin embargo, otros conocedores de la administración pública provincial entendieron que la dependencia no debería incorporarse en la estructura de Salud.

Un Programa con 8 años

El Programa de Relaciones Interculturales apareció dentro de la estructura de Salud en 2012 como una figura en dependencia de la Atención Primaria de Salud (APS). A su vez, la APS dependía de la Subsecretaría de Medicina Social enmarcada en la Secretaría de Servicios de Salud.

Desde el Programa se capacitaba a los agentes de la salud en conceptos de interculturalidad con el fin de acercar a pacientes de las comunidades originarias con los efectores sanitarios. Solo dos personas formaban parte del Programa y, según contó el mismo Pastrana, recorrían distintas dependencias sanitarias parar lograr el cometido.

Este fue el primer paso para luego contar con programas interculturales en los hospitales de referencia de la provincia, como el San Bernardo o el Materno Infantil, ubicados en Salta Capital.

En el espacio físico del Programa, que funcionaba en un sector del viejo Hospital de Niños (hoy Centro de Salud de la Madre y el Niño), se daban cita los referentes comunitarios. Allí debatieron las ideas para cumplir con acciones concretas enmarcadas en la ley N° 7856, que crea la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios, sancionada en 2014, pero que el ex gobernador Juan Manuel Urtubey dejó sin reglamentar. Con las acciones, dijo el referente indígena, se logró contar con algunas camas en albergues de los Hospitales de Tartagal y Orán, que suelen ser los primeros que contactan con las comunidades. En muchos casos, si los pacientes del pueblo wichí llegan a hacerse atender es porque la condición de salud es muy crítica con todo lo que ello conlleva para la familia.

Sin una política pública

En su análisis, Pastrana indicó que la expectativa con el cambio de gestión a nivel provincial era poder continuar con las acciones y lograr un sistema de Salud Intercultural. Se venía logrando con una construcción colectiva entre comunidades y algunos agentes de Salud.

“Había que aportar y avanzar. Pero este Gobierno hizo todo lo contrario. En lugar de acompañar y fortalecer lo que faltaba, vino a desfinanciar”, dijo el referente. Agregó como ejemplos de esa desjerarquización y desfinanciamiento el haber eliminado los Ministerios de Asuntos Indígenas y de Primera Infancia. Entendió que mientras el gobierno de Sáenz solo busca fondos a nivel nacional poco se sabe qué sucederá cuando los recursos se acaben: “¿Qué nos va a quedar como política pública hacia una Salud Intercultural?”, dejó como incógnita.

Para la foto

Por otro lado, la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, se sacó una foto con el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Víctor Claros. Según el comunicado oficial de ese encuentro, “ambos plantearon la necesidad de un trabajo mancomunado con perspectiva intercultural, que favorezca la aproximación de los equipos que desarrollan tareas socio comunitarias y sanitarias en la zona, considerando sobre todo las comunidades wichí”.

Se informó que se acordó relevar el recurso humano ya instalado en los territorios y sumar a egresados y estudiantes de los últimos años de las carreras de Enfermería, Nutrición y Antropología, que manifiesten su deseo de participar en el apoyo y fortalecimiento de las tareas que se realizan en terreno.

Con una mirada a futuro, se planteó la posibilidad de sumar a los próximos egresados de la carrera de Medicina y diseñar sus rotaciones por esas localidades.

También coincidieron en la necesidad de dejar capacidad instalada en la región. El rector de la UNSa puso a disposición las sedes de la Universidad que funcionan en ciudades del interior, para que sus egresados puedan desarrollarse como profesionales en sus lugares de origen.

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"PUJLLAY KALLCHAKI 2020"


Nuevamente la COMUNIDAD  DIAGUITA KALLCHAKI LAS PAILAS hace extensiva la invitación a Bagualer@s, Copler@s y público en general a revivir la esencia ancestral del "PUJLLAY", para celebrar en agradecimiento por las aguas, la fertilidad, la cosecha en el territorio.

Como Pueblo Nación Diaguita revalorizamos nuestra Identidad, Cultura y Cosmovisión a través de unas de nuestras festividades más significativas y reivindicativas de nuestra territorialidad.
 Recibimos a tod@s para compartir, disfrutar y vivenciar en primera persona nuestra celebración cultural.

Degustaremos un almuerzo comunitario regado de chicha de maíz, aromatizado con albahaca y con bandas musicales del valle tocando en vivo.

Todo lo realizado emerge de un esfuerzo y entusiasmo colectivo, donde se solicita colaboración a modo de reciprocidad con lo que la Comunidad y nuestro territorio ofrece, esto nos permite solventar gastos de organización y dar continuidad a nuestra festividad y celebración.

L@s esperamos este domingo 23 de febrero de 2020 en nuestro territorio "RESISTENCIA kALLCHAKI" a partir de horas 12:00, situado a 16 km del pueblo de Kachi-Salta.

QUE LINDO ES CANTAR GRITANDO 
QUE RETUMBEN LAS FRONTERAS
PRIMERO NUESTRAS TRADICIONES 
DESPUÉS VENGAN LAS DE AFUERA

Contactos
3874892412
3875119202  
uniondiaguitasalta@gmail.com
http://upndsalta.blogspot.com/

"No somos parte del paisaje, somos sujetos de derecho"

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Pueblos Originarios reclaman discutir la posesión territorial

David Pastrana, del pueblo Diaguita Kalchaqui, integrante del ENOTPO, sostuvo que en la provincia todavía hay discriminación. Dijo que tienen expectativa en el Gobierno Nacional, pero se debe avanzar en la propiedad comunitaria.



En la situación actual, en el que la pandemia del coronavirus es una oportunidad para rediscutir cuestiones de la vida pública, es necesario poner también en discusión la situación de los Pueblos Originarios, aseguró David Pastrana, integrante de la Unión de Pueblos Diaguitas de Salta (UPNDS), que a su vez es parte del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios.

Bajo el título "Hacia el buen vivir", el ENOTPO emitió un pronunciamiento en el que exigió que "el Estado y sus gobiernos apliquen de manera inmediata y responsable el Derecho Indígena para la restitución de lo nuestro en términos de la Constitución Nacional y el Convenio 169 OIT", y garanticen la participación de los pueblos indígenas "en la gestión de todo aquello que nos afecte directa e indirectamente", el "acceso a territorios aptos y suficientes para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios"; la "protección y resguardo de nuestros bosques, nuestras vertientes y ríos, nuestro alimento y nuestra medicina" y "la restitución, posesión y propiedad comunitaria de nuestros espacios territoriales ancestrales y vitales, espacios que nos garantizan poder continuar desarrollando nuestras prácticas ancestrales y sustentables en el tiempo".

Pastrana dijo a Salta/12 que en las actuales circunstancias lo menos que podían hacer es pronunciarse, porque "es momento de discutir todo", de "revisar" y "revisionar", y las demandas de los PO "nadie las está tomando en agenda".

Sin embargo, señaló que ven con "bastante expectativa el cambio de gobierno" a nivel nacional, porque "lo que nosotros estamos planteando hoy en día es algo legal, y como el Presidente es una persona que viene del ámbito de la aplicación de derecho" y "aparte enseña derecho, y ratifica y valora el estado de derecho, ahí estamos esperanzados en el que el derecho nuestro se empiece a cumplir. Se cumple el derecho de todo el resto, pero el nuestro nunca". El pronunciamiento tiene que ver con eso, dijo. Por lo pronto, señaló que esperan que el Estado "empiece a cumplir" con los lotes 55 y 14, en Chaco salteño, donde se debe entregar el título comunitario de 400 mil hectáreas, además de otras acciones de resarcimiento por el daño infligido a la forma de vida de los pueblos que habitan ese territorio, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pastrana sostuvo que, a diferencia de la expectativa con el gobierno de Alberto Fernández, ven "con aflicción las medidas que se fueron tomando dentro de la provincia", porque el gobierno de Salta "hasta ahora ha dado claros indicios de que la cuestión indígena parece un pormenor que lo tiene que trabajar nada más que la Secretaría de Asuntos Indígenas", que reduce la cuestión indígena a esa Secretaría, en lugar de que sea algo transversal en toda la estructura del Estado. "El estado borró totalmente el programa de desarrollo intercultural que había en la provincia", lamentó.

"Todavía hay mucha negación, mucha discriminación"
, sostuvo Pastrana. Como ejemplo, señaló que la falta de acceso de agua en las comunidades del Chaco salteño. "Cuando falta agua y no se pone un pozo, eso ya pasa por otro lado, y la política indígena queda de lado también", aseguró.

En el mismo sentido aseguró que en la provincia no se valora la riqueza de la interculturalidad que aporta la existencia de 14 pueblos originarios en el territorio salteño, "para lo único que se valora es en lo folclórico, para el turismo, bonitos los Valles, bonito el Tren a las Nubes en la Puna, ni sabemos como están los diaguitas o los atacamas, los kollas", o se les saca la foto. "No somos parte del paisaje que se vende, no. Somos sujetos de derecho", enfatizó. "Del Chaco salteño no van a sacar una foto, no hay turismo ahí, entonces no van a sacar una foto".
 
El territorio, lo primero

Pastrana destacó que en los Valles Calchaquíes, el territorio de su Pueblo, lograron avances. "Peleamos mucho el territorio", se logró dejar de pagar los arriendos y "hoy estamos un poquito mejor".

En insistió en que lo central ahora es "rediscutir el tema territorial, de la tierra, no hay otra". Esto es el fondo de la cuestión, "la distribución o la redistribución de la tierra", "llamesé como se quiera llamar, reforma agraria u otro nombre". "Para nosotros es eso, discutamos la posesión territorial de nuestros pueblos". Señaló que está frenadoo el relevamiento territorial de la ocupación ancestral de las comunidades, el paso previo necesario para avanzar en el reconocimiento formal del derecho comunitario a esos territorios.

En este sentido recordó que las organizaciones que están en el ENOTPO trabajaron un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena cuyo tratamiento no avanzó en el Congreso. Dijo que se debería tratar algo así, en cambio, "se siguen poniendo parches y no se está tomando la cuestión de fondo". Y consideró que en este contexto, lo "mínimo" que se puede hacer desde el Estado es que "lo que ya está relevado, que tengan su título de propiedad". "Y ni hablar de los espacios que no están pudiendo ser relevados porque se perdió la posesión", advirtió. El concepto de territorio, recordó, "comprende tierra, agua, todo lo que está ahí, la misma naturaleza".

Antes de que se designara a Magdalena Odarda en la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el ENOTPO se pronunció planteando que a ese espacio fuera ocupado por un miembro de los PO. Pastrana aclaró que no era una objeción contra Odarda, sino que necesitan que "el INAI sea un espacio que tenga contenido político, de discusión de políticas específicas para los Pueblos, hay que discutir la cuestión de fondo, una ley de propiedad comunitaria indígena. Partamos desde ahí". En cambio, consideró que en estos momentos el organismo "está vacío de contenido político" y "lo único que está haciendo es replicando los proyectos que salen por otros organismos como Agricultura Familiar, como el Ministerio de Desarrollo Social" o "lo que salió por Cultura".

"Las tierras aptas y suficientes que dice la Constitución que tienen que ceder a los Pueblos Originarios tampoco están en discusión (...). Hay que tomar dos o tres puntos y discutir sobre eso". El INAI podría ahora, por ejemplo, emprolijar las personerías jurídicas de las comunidades, cuyas fallas les impiden acceder a proyectos, señaló.

En el pronunciamiento se nombra a cada uno de los "Pueblos Naciones Originarias" que habitan el territorio que hoy es Argentina: Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, que están "organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias".

El pronunciamiento (que puede leerse completo aquí http://enotpo.blogspot.com/2020/06/hacia-el-buen-vivir.html?m=1 ) resalta las consignas: "juntos por Memoria, Identidad y Territorio"; la restitución de sus territorios; la aplicación de la consulta libre, previa e informada; una ley de propiedad comunitaria indígena; la defensa del agua como recurso vital, la protección de humedales, lagunas, lagos y ríos, el fortalecimiento de los usos ancestrales de las semillas frente a las pandemias y la delimitación de "Territorios del Buen Vivir, libres de transgénicos y agrotóxicos".
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/273683-no-somos-parte-del-paisaje-somos-sujetos-de-derecho 

COMUNIDAD DIAGUITA KALCHAKI PIUL

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Los miembros de la COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKÍ PIÚL, este viernes 19 de junio, salieron al Cerro a rodear y juntar el ganado, como cada año esta actividad se realiza de manera comunitaria.

El rodeo en el cerro se realiza desde distintos lugares del territorio donde se encuentran las vacas, hay que buscarlas por las aguadas, quebradas, abras, faldas y cerros, juntándolas en las mesadas para luego bajar arriandolas hasta el corral de pirka que se encuentra en el bajo. Corral ancestral que lo construyeron nuestros mayores, y que nuestras familias preservan y protegen desde siempre.
 

La juntada del ganado se realiza a su vez para dar cumplimiento sanitario de SENASA.

Una vez mas denunciamos el hostigamiento sistemático de la policía de Cachi a cargo de la Mediadora Penal Mariana Tolaba, quién intentó impedir nuestras tareas comunales deconociendo nuestros derechos territoriales como Pueblos Originarios preexistentes, establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 inc 17 y 22, Convenio 169 de la OIT y demás normativa que respalda nuestra posesión territorial y ancestral.

El día sábado se llevo a cabo la campaña de vacunación antiaftosa, dando cumplimiento a la misma, vacunando al ganado correspondiente.

Nuestra actividad comunal se desarrolló con resguardo colectivo y de acuerdo a nuestras prácticas ancestrales legítimas como Pueblo Nación Diaguita que vivimos en nuestro territorio ancestralmente.

Todos los años realizamos el rodeo y la juntada de nuestro ganado para hacer nuestra señalada y floreada, siempre agradeciendo a nuestra Pachamama, ofreciendo coquita, cigarros, agua, y bebidas que se tengan para la ocasión. Esta es nuestra manera de agradecer a la Madre Tierra por todo lo que nos dio el territorio durante el año.


Esta ceremonia ancestral nos da las fuerzas, energías y las fortalezas identitarias como Diaguitas en nuestro territorio. 

Pedimos a la Pachita que se lleve todos los males y las pandemias; que llueva mucho en el territorio, para que haya mucho pasto para nuestra ganado, que nuestras aguadas no se corten y nos permitan regar nuestros cultivos y desarrollar nuestra mejor agricultura para nuestra soberanía alimentaria y de ese modo nos permita un buen vivir en nuestro territorio.

Por la memoria de Nuestr@s Mayores !!!

Juntos por Memoria Identidad y Territorio !!!

EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR

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Comunidad Indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita. N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002, Personería Jurídica N° 4811. Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26.160.Res. INAI N° 450/2014 (mediante el cuál se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y pública). Valle de Choromoro, Dpto. de Trancas, actual provincia de Tucumán.


La imagen puede contener: 17 personas, incluido Nancy Chocobar, personas de pie y exterior8 de julio de 2020
EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR


Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios.

Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios.

A casi dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cuál los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira.

La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina?. Resulta urgente la democratización de la justicia y la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos.

Para nosotrxs, no existen los Derechos Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad.

No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común.

Exigimos el resguardo urgente de la vida de toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los Chuschagasta.

¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!
 
Voceras/os de la Comunidad Los Chuschagasta:

Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405
Ismael Chocobar: (381)15-5765666

Enviar pronunciamientos y adheshiones a:
 
loschuschagastadiaguitas@gmail.com
FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar
Canal de Telegram:
Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)
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